Durante esta semana, tras el anuncio presidencial de
adelantar las elecciones generales para el 2020, gran parte de los sectores
sociales comprometidos con el país -entre ellos algunos académicos- se han
pronunciado y la mayoría coincide en que necesitamos salir del entrampamiento
en el que nos tienen políticos y empresarios corruptos que domina el Congreso y
otros sectores clave del Estado; actitudes que celebro, considerando que vivimos
tiempos en los que el silencio resta doblemente y la indiferencia calculada
suma al fortalecimiento de un Estado débil y dócil.
La polarización que vivimos, y que intereses ocultos hacen
más visible en la relación Ejecutivo y Legislativo, debe terminar y es tarea de
todos lograrlo. En esa línea, la apuesta por avanzar hacia la gobernabilidad
democrática del país, siguiendo constructivas reglas de juego (éticas, morales,
legales, etc) debe ser respaldada con pasión futbolística por todo genuino
peruano. La continuidad -fortalecida por sus últimos reacomodos- de la
corrupción y la impunidad, representada por quiénes hacen mayoría en el
Congreso, que busca su institucionalización utilizando las estructuras y dinero
del propio Estado, aquel que deja de ser utilizado para brindar mejores
servicios al pueblo y va a los bolsillos de los corruptos, debe ser rechazada
con ese mismo sentimiento de amor que nos une a nuestro Perú.
Seamos claros y directos, porque el momento histórico que
vivimos lo exige. Si al Congreso que tenemos no le ponemos un alto ahora, no
sólo obstaculizará el gobierno a cualquier Presidente o Presidenta que no se
someta a sus designios de corrupción e impunidad, sino que también multiplicará
sus artimañas y leguleyadas, para no extinguirse, hasta ganar la elección
presidencial y congresal a futuro; incluso al margen de la ley, como en la
década del 90 lo hizo su mentor y aun guía Alberto Fujimori. Se oponen al
adelanto de las elecciones al 2020, además, porque estando fuera ya nadie le
asegurará impunidad a sus “líderes” y socios políticos y empresariales (los del
"club de la construcción" por ejemplo), y porque saben que bajo
reglas de un debido proceso judicial nadie los salvará de la cárcel. Les aterra
nunca más ser Gobierno nacional, porque sus crímenes acumulados sí tendrían
castigo.
Por eso: ¿A alguien le quepa duda de que nuestro el
Congreso, con su actual composición, predominio e intereses pro-corrupción y
pro-crimen, aceptará reforma política alguna que los afecte mientras dure su mandato?,
porque saben que ya perdieron la posibilidad de reelección. ¿Todavía no es
claro que la protección a algunos jueces y fiscales corruptos, como Chávarry e
Hinostroza, tiene que ver con acuerdos de impunidad para sus actuales “líderes”
políticos y sus congresistas con sentencia judicial o procesos en curso por
corrupción, narcotráfico y otros crímenes? ¿Acaso ya olvidamos, o por
conveniencia lo queremos evadir u ocultar, que los que dominan hoy nuestro
Congreso, son los mismos que violaron la Constitución de Haya de la Torre,
cerraron el Congreso y capturaron el Poder Judicial el 5 de abril de 1992,
crearon el Grupo Colina para asesinar secuestrar y perseguir opositores y,
entre otros tantos ilícitos, cometieron el robo más grande de nuestra historia
bajo las directrices de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos?
Entonces, necesitamos generar condiciones para que haya una
alternancia política democrática, esto es “se vayan todos” el 2020, y siguiendo
procesos transparentes y de renovación legal de autoridades del sistema
electoral (ONPE- JNE fundamentalmente), eligiendo mejor, nos gobierne gente
capaz y honesta. Esto es viable, nos conviene y ya lo hicimos cuando cayó la
dictadura de Alberto Fujimori el año 2000.
No podemos seguir permitiendo que el abuso de un poco más de
70 legisladores, que por sus antecedentes, vínculos y acciones, han perdido
total respaldo ciudadano, sigan imponiendo sus reglas de juego pro-crimen sobre
los intereses de más de 33 millones de peruanos. No fueron elegidos para desnaturalizar
y envilecer el orden democrático. Por eso, interpelarlos y pedirles acorten su
mandato, es un derecho constitucional de todos y todas que ha canalizado bien
el presidente Vizcarra.
El crimen y la impunidad no pueden eternizarse en la vida
social y política peruana, como lo pretenden los fujialanistas y sus aliados.
En ese sentido, efectivizar el recorte del mandato presidencial y legislativo,
debe ser parte de la agenda diaria de ese 77% de nuestra población nacional que
lo respalda. Necesitamos generar y garantizar un apoyo ciudadano más sostenido
a esta necesidad nacional. Uno de sus instrumentos -el más potente- es la
movilización ciudadana informada y organizada. Otro es la generación de
corriente de opinión para que esa movilización tenga -en paralelo- cada vez más
adeptos y argumentos sobre los beneficios de ganarle la guerra a la corrupción
e impunidad. Uno más, accesible para todos, es exponer por redes sociales
-constructiva y respetuosamente- cada paso que siguen los acusados de corrupción.
En nosotros está impedir que los persistentes atracos a
nuestra democracia pasen a ser parte de la “normalidad” que sus perpetradores
buscan. No esperemos, porque la gravedad de lo que nos ocurre no da más tiempo,
que los poderes del Estado resuelvan esta crisis que, si bien es cierto tiene
responsables políticos, la generamos -en el tiempo- los peruanos y las
peruanas.
Asumamos el papel que, por responsabilidad social, nos
corresponde y actuemos antes que esta oportunidad de sumar a la moralización
del país, otra vez y otra vez y otra vez, la perdamos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario