Cerremos filas contra la corrupción y la impunidad

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El Clarín (Cajamarca Perú)

“Asistimos a un momento crucial de la historia de nuestro Perú, en el que la población tiene nuevamente el sagrado deber de cerrar filas contra la corrupción”. Así lo expresamos en nuestra anterior columna y hoy ratificamos como apremiante esa necesidad, porque si gana el cáncer social de la corrupción el gran perdedor será nuestro país.

Ya no existe duda que los fines del accionar “fuji-montesinista”, sus aliados “alanistas” y un sector del mundo empresarial, desde los espacios institucionales de nuestro Congreso intentan controlar a algunas instituciones contraloras y fiscalizadoras, es para “blindarse” y seguir ampliando sus márgenes de impunidad y vigencia política en el país que, antes que de ellos, es nuestro.

Ayudar a fugarse a España al juez supremo César Hinostroza Pariachi y mantener en su cargo al fiscal de la nación Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, pese a ser de público conocimiento sus vínculos con la red de corrupción conocida como "Los Cuellos Blancos del Puerto", es parte de una malévola estrategia, urdida en alianza de los “fuji-montesinista” y los “alanistas”, que busca evitar investigaciones y juzgamientos imparciales por corrupción contra la dos veces candidata presidencial Keiko Sofia Fujimori Iguchi y el dos veces presidente Alan García Pérez.

Recodemos que fue Yhenifferd Bustamante Moretti, cónyuge del congresista fujimorista Juan Yuyes Meza (hoy con detención preventiva), quien ayudó a fugar del país a César Hinostroza pariachi, por el puesto migratorio de la frontera de Tumbes. Tengamos presente también que, desde que se “destapó” la existencia de tres redes de corrupción judicial vinculadas a sectores de la política nacional y el mundo empresarial, los cinco congresistas apristas -abusando de sus prerrogativas funcionales (éticamente hablando)- han hecho caja de resonancia de las acusaciones y psicosociales de su líder Alan García y están en campaña de desprestigio del trabajo del juez Richard Concepción Carhuancho, del fiscal José Domingo Pérez Gómez y del propio presidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo.

Son sintomáticas sus conductas y darían seña del temor y desesperación que tienen, de que los peruanos conozcamos más de sus relaciones privilegiadas y negociados. Saben que será su ruina política y personal que nos enteremos, vía procesos judiciales, del modo de operar de la corrupción y en qué niveles y personas de los últimos gobiernos se dio. Buscan impedir que fiscales y jueces independientes los juzguen, por eso los atacan coordinadamente y no han dudado en plantear -el pasado martes- una “cuestión de orden” en el Congreso para dejar por fuera la sustentación del dictamen en minoría del congresista Morales que incluye a Alan García Pérez y Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Más claro no puede resultar el “blindaje” del que los pensantes del Perú hablan.

Los ex presidentes Alejandro Toledo Manrique, Ollanta Moisés Humala Tasso y Pedro Pablo Kuczynski Godard, formarían parte de este tinglado de millonarios negociados y coimas. Los tres tendrían “rabo de paja” y les conviene que la lucha contra la corrupción que lidera el presidente Vizcarra y el sector institucionalista y democrático del Poder Judicial y del Ministerio Público no avance, no genere resultados, no los exponga. Ellos lo saben y los directivos de la empresa brasileña Odebrecht lo habrían confirmado. En este mismo círculo dorado estarían la ex alcaldesa de Lima Susana María del Carmen Villarán de la Puente y el todavía alcalde Luis Castañeda Lossio

El tiempo y el oxigeno político se les acaba, a todos estos personajes y sus operadores, considerando que el derecho penal los está arrinconando, al igual que la prensa independiente y que las calles les está pasando factura. Por eso, no están dudando en usar sus secuaces como el ex cardenal Juan Luis Cipriani, el ex congresista y ministro de Estado Rafael Rey Rey, la ex candidata presidencial Lourdes Flores Nano, entre otros. Todos ellos han terminado desnudando, por sus públicas opiniones, sus vínculos con la corrupción; porque saben que tarde o temprano Odebrecht volverá a “cantará” y, en esa medida, un día no lejano el brazo largo de la ley los alcanzará.

Evitemos que la historia se repita una y otra y otra vez. Los peruanos honestos, que somos más, podemos vencer a la corrupción. Demandemos que día a día más voces se alcen contra ella, sumando la de los pensadores e intelectuales y de cada personaje -no político- que tiene influencia positiva en la vida nacional. En este tiempo, si existe compromiso con nuestro Perú, no se admiten los silencios y las medias voces.

Chávarry debe irse y es el Congreso (controlado por el “fuji-montesinismo” y sus aliados “alanistas”) la única institución que lo puede sancionar. Esto debe quedar muy claro. Hinostroza debe ser extraditado de España y juzgado. Cada autoridad o ex autoridad política con cargos penales por corrupción, de las últimas décadas, deben tener un debido proceso.

Los peruanos con esencia y visión de país mejor, no debemos bajar la guardia y más bien cerrar filas contra los corruptos. Usemos información válida, argumentos propios y afirmemos nuestra peruanidad.

Les dejo con esta interrogante: ¿Es justo que nuestros hijos y los hijos de ellos y los que los sucedan, reciban de herencia un país enajenado a la corrupción y con políticos de perfil delictivo?

Algunas reflexiones que nos va generando el caso Keiko Fujimori

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El Clarín (Cajamarca Perú)

Todos los días, pese a vivir fuera de Perú, sigo los acontecimientos que marcan nuestra agenda nacional. Siento que es un deber estar informado y un compromiso expresarme, en la lógica de generar -entre los que me leen- corriente de opinión a favor de la construcción y afianzamiento de valores y principios que ayuden a fortalecer nuestra incipiente democracia y débil estado de Derecho.

Primeramente recordar que el destacado papel que están desarrollando operadores y administradores de nuestro sistema de justicia, como el juez Richard Concepción y el fiscal José Domingo Pérez y sus respectivos equipos, es una regla y no una excepción en una democracia. Según nuestra Constitución Política y leyes que plasman su desarrollo, todos los jueces y fiscales, tienen el deber de cumplir función bajo los parámetros y principios que hacen a la idoneidad, independencia, celeridad y con compromiso con los derechos humanos y respeto al estado de Derecho. Conozco decenas de jueces y fiscales, en casi la mitad de cortes superiores del país, que así lo hacen. 

Nos extraña el papel de Concepción, Pérez y de algunos abogados que defienden la corrupción, porque aun vivimos en un país de prejuicios y discriminación, de desinformación, escasa lectura y porque nos gusta ser caja de resonancia de los discursos predominantes y de moda política. Cómo lo expresé en mi anterior opinión, “los peruanos somos prisioneros de nuestras propias pasiones” y aun no comprendemos que para dar un salto cualitativo como país, necesitamos madurar como individuos y en conjunto como sociedad; despojándonos de muchos lastres y taras culturales.

En esa línea de valoración, de lo que nos falta aprender y hacer para mejorar, queda en evidencia de que, en general, desconocemos cómo funciona un circuito judicial en materia penal (hablo de la necesidad de contar con cultura básica en materia judicial). También de que es imperativo promover e institucionalizar una cultura del reconocimiento desde el Estado y desde lo social, a aquel servicio que sí se brinda bien (para esos buenos jueces y fiscales que tenemos a lo largo y ancho del territorio “que se las juegan” para que tengamos un mejor futuro - separando la paja del trigo). Subyacen también mensajes para las jerarquías y formas o niveles de organización del Poder Judicial, del Ministerio Público y de aquellas instituciones que hacen al sistema de justicia, de despojarse de todo vestigio de corrupción (rompiendo el pacto infame de hablar a media voz), de respaldar institucionalmente a los jueces y fiscales honestos que tienen casos emblemáticos y de trascendencia nacional que, como Pérez o Concepción, son objeto de amedrentamiento y acoso y de promover una relación constructiva y de acercamiento institucional con la población. 

Necesitamos desarrollar una justicia fuerte y respaldada socialmente, como forma concreta de enfrentar formas de injerencia desde lo político, económico, o de corrupción. Nuestras autoridades nacionales debe comprender que sólo se puede querer y valorar (en positivo) lo que se conoce, resulta accesible y respecto al cual hay algún sentido individual o social de pertenencia. Las instituciones judiciales, a nivel de nuestro Estado, deberían iniciar esa tarea y trabajar en esa orientación; considerando que éste es un excelente momento. Lograr sensibilidad social a favor de lo judicial y la lucha contra la corrupción, es una oportunidad imperdible. 

Siguiendo lo anterior, en segundo lugar debo destacar la complejidad del caso seguido a la señora Keiko Sofia Fujimori Iguchi, considerando el tipo penal (lavado de activos de US$1.2 millón provenientes de Odebrecht para su campaña presidencial de 2011) y la pluralidad de procesados (once). Asistimos a un proceso que apenas inicia y que, si bien es cierto ya cuenta con una decisión de detención preventiva de 36 meses contra Keiko, por su complejidad, para una decisión judicial final, necesitará tiempo. Esto es muy importante que la población comprenda, considerando que ya se escuchan voces de reproche por lo extendido de las últimas sesiones de audiencia. 

Debemos tener en cuenta, en ese sentido, que no sólo se trata de una investigación fiscal compleja, sino que en su mayoría los procesados no han logrado desvirtuar los cargos que se les imputa ni deslindar del conocimiento presunto de la caja negra de Odebrecht, que podría culminar (detención previa también para el resto de acusados) en una condena que los impute dentro del delito de Lavado de Activos. Para completar la justicia, todos los gobiernos y aparatos no estatales vinculados al huracán Odebrecht (Lavado de Activos y Cohecho) deben pasar por el mismo trance. En el caso del fujimorismo, las detalladas investigaciones del fiscal Pérez sindican a Keiko como cabecilla de una cúpula que tiene una presencia política y mediática y que cumple los estándares de organización criminal. Queda establecido además que este partido fue penetrado y convertido en instrumento de sus fines criminales, sin que eso indique que su partido y los demás partidos (donde militan miles de ciudadanos) sean, per se, organizaciones criminales. 

Asistimos a un momento crucial de la historia de nuestro Perú, en el que la población tiene nuevamente el sagrado deber de cerrar filas contra el accionar “fuji-montesinista” (conviene recordar el papel de Silva Checa en la cúpula actual y su cercanía a Montesinos). Esta organización política ahora, desde los espacios institucionales del Congreso, intenta controlar a algunas instituciones contraloras y fiscalizadoras para blindarse (casos, en lo judicial, del magistrado supremo Hinostroza y del fiscal de la nación Chávarry). Este llamado también aplica respecto a otros grupos de poder (político, económico, Etc.) con denuncias por vínculos con la corrupción.

Los peruanos podemos cambiar el rumbo de nuestra historia y éste es el momento. Si queremos sanar la salud moral, política, democrática y económica de nuestro país, no dejemos solos, frente a la banda criminal de los “fuji-montesinistas” y sus aliados los “alanistas”, al juez Concepción, al fiscal Pérez y otros de su perfil que surjan en casos futuros. 

El mundo tiene sus ojos y reflectores sobre nosotros. No permitamos que nos sigan viendo como una República sin alma, sin identidad y sin objetivos éticos de país. Los peruanos, somos los mejores y podemos vencer a la corrupción, sea cual sea el disfraz que use. 

Todo estará perdido si le das la espalda ahora a esta lucha.

Perú: prisionero de sus bajas pasiones

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El Clarín (Cajamarca Perú)

El Poder (Tarapoto Perú)

Los peruanos tenemos la fortuna de haber nacido en uno de los países más extraordinarios del mundo. Tenemos diversidad y culturas, como ninguno otro, que constituyen fortalezas para proyectarnos y tener un sitial propio y perdurable en la comunidad internacional. No obstante, estando próximos al bicentenario, no logramos superar la mayor herencia colonial y seguimos anclados en el pasado prisioneros de la improvisación, el clientelaje, la corrupción y dirigidos por una clase política sin visión y hoja de ruta del Perú que queremos y merecemos.

Salvo Mariátegui, Arguedas, Vallejo, Basadre y otros pensadores con vivencia y esencia andina, nuestra perspectiva de país siempre ha estado marcada por el alcance de las miradas del centralismo limeño e intereses de grupo ligados al mercado y la economía. Nuestro mundo empresarial, calculador y temeroso, ha cedido con facilidad su papel de actor relevante y liderazgo del curso de nuestra historia y, a cambio de ciertos beneficios, no ha dudado incluso en aliarse con dictaduras y el delito; en la lógica de mantener su status quo. Su relación con nuestro Perú ha sido y es utilitarista, porque poco o nada ha madurado en lo que va del siglo XXI.

La masa, el grueso de nuestra población, estratégicamente, ha sido excluida de los espacios formales de participación política y económica. Por eso el Perú sigue siendo Lima. En esa relación, las herramientas que nuestro Estado, desde que nacimos como República, ha usado para “mantenernos en raya”, han sido la educación, la religión, la política, los medios de comunicación y otros mecanismos sutiles de control.

Las huellas de aplicación de estos mecanismos de control son visibles en el tiempo y en algunos planos, como los de la educación, la religión y la política, dan cuenta de que en los últimos doscientos años nada hicimos bien.

Hemos sido “educados” para ser gobernados, considerando los contenidos de las mallas curriculares en cada uno de los niveles educativos de nuestro “sistema” y de la insignificante inversión pública en el Sector Educación. Esta conducta de Estado, en su relación con su elemento población, ha impactado en nuestra educación política, jurídica, cívica, religiosa y sobre principios y valores. Por eso, entre otras expresiones, asumimos como patriótico ir a “elegir” a nuestras autoridades cada 4 ó 5 años; desprovistos de información y elementos de valoración de los candidatos, del proceso mismo y su valor para la afirmación de nuestra democracia.

En este contexto, elegimos al que más miente y mejor habla, al que más invierte en campaña, al que compra votos con dinero “sucio”, al que mejor baila y al que esconde su falta de propuestas con circo y discursos egocentristas y mesiánicos. Este ha sido el origen de gobiernos improvisados y de ensayo y, en las últimas décadas, de cuadillismos y cleptocracias (gobierno de ladrones), que en nombre de la democracia no dudaron en desarrollar terrorismo de Estado, esto es asesinar, torturar, perseguir, encarcelar usando el sistema de justicia, secuestrar y amenazar. 

Que hayamos elegido como presidente en 1985 a Alan García Pérez, a sus 36 años, y que, pese a su desastroso gobierno, lo hayamos vuelto a elegir el 2005, da contenido a las afirmaciones de esta columna. Lo es aún más grave, que en la última elección parlamentaria, el mutante fujimontesinismo a través de su organización “Fuerza Popular”, haya logrado 71 de los 130 escaños en el Congreso; pese a la batalla que libramos, hace apenas unos años, para sacar del gobierno al dictador Alberto Fujimori Fujimori, su socio Vladimiro Montesinos Torres y sus respaldos logísticos y operativos en la cúpula corrupta de las Fuerzas Armadas, el empresariado corrupto y la prensa vendida. 

Hoy, quince años después, la señora “K”, brazo operativo (no pensante) del ex dictador y sus antiguos y nuevos socios, por medio de sus huestes en el Poder Legislativo, el primer Poder del Estado, nos tienen en el filo de la navaja. Negociaron la libertad del preso Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad, a cambio de impunidad con el ex presidente PPK acusado de corrupción. Desde que su sucesor Martín Vizcarra no se alineó con sus designios, corruptos y corruptores, intentan -cada día- boicotear su gestión con medidas legislativas y políticas. Abuso de poder en democracia, con similares formas de la década del 90 y los afectados más de 30 millones de peruanos.

No les importó en el pasado nuestro Perú y menos ahora. Su propósito es retomar el poder y repetir la historia de latrocinio, sangre y muerte. Por eso, sin reparo ni remordimiento, protegen desde el Congreso al fiscal de la nación Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos y al suspendido y prófugo magistrado supremo César Hinostroza Pariachi y, a través de ellos, a cada integrante de la red de corrupción identificada por el IDL, en los últimos meses, en el sistema de justicia. Se protegen en sus actos delictivos pasados flagrantes y futuros protegiendo. Los lobos cambian de pelaje pero no de piel, queda claro.

Esta realidad debe llamarnos a la reflexión y encaminarnos a la acción en pro de recuperar y fortalecer nuestras instituciones democráticas (esta vez los poderes Legislativo y Judicial) del secuestro político en el que se encuentran. Creo que el Presidente Vizcarra hace esfuerzos importantes por contrarrestar los embates de los corruptos de nuestra política actual; pero necesita, de modo indeclinable y permanente, del respaldo popular. Yo lo apoyo y confío que cada día seamos más.

Vivir en democracia es un logro superior de un país. Trabajemos en ese horizonte, aniquilando -políticamente- a los interlocutores de la corrupción en la escena distrital, provincial, regional y nacional. Las calles esperan, pero también usemos los mecanismos legales e institucionales, no infestados por la corrupción, para desmontar las estructuras creadas por la mafia. Es éste el mejor momento.