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La Mula (Lima Perú)
1. ¿Desde una perspectiva de reforma integral al Sistema de Justicia, que Usted insiste en promover en Bolivia, qué balance tiene de lo realizado en los en los últimos años, por las autoridades judiciales electas?
El balance es negativo. La transición hacia el desarrollo del modelo integrado de justicia plural, que la Constitución de 2009 reconoce a los bolivianos, no contó con instrumentos técnicos, como un plan estratégico de reforma integral al Sistema de Justicia, emergente de un proceso participativo plural e incluyente, que lo viabilice. Fue el Gobierno, con una presencia predominante del Ministerio de Justicia y la Asamblea Legislativa Plurinacional (con mayoría oficialista), los que concentraron y dirigieron la agenda judicial, en orden a sus tiempos prioridades e intereses.
Si las instituciones que hacen al Sistema de Justicia, hubiesen tenido la capacidad de hacer propuesta en materia de gestión y gobierno y en lo jurisdiccional, entre el primer y segundo año de su mandato, a lo mejor se hubiese evitado la mediática Cumbre Nacional de Justicia Plural, cuyas conclusiones, hoy, son la hoja de ruta de lo judicial; un grave error, en la medida que materializa la agenda política del Gobierno en lo judicial, situación que sigue agudizando la estructural crisis judicial.
En estos cinco años, el Sistema de Justicia brindó sus servicios sobre gran parte de las mismas estructuras organizativas del pasado, con el mismo recurso humano y con igual y/o menor presupuesto de hace diez años. Sólo se cambió de nombre a las instituciones y se dictó algunas normas sustantivas y adjetivas, algunas incoherentes y contradictorias con el marco constitucional, que sería buena ponerlas en debate público nacional para su adecuación constitucional.
2. ¿Qué debería ocurrir, considerando lo que señala, para sentar bases para una genuina reforma judicial?
Nuestros países necesitan líderes en las instituciones judiciales. Me refiero a autoridades con una fuerte y extendida legitimidad social a nivel nacional. Personas que además tengan conocimiento y experiencia en lo jurisdiccional gobierno gestión y realidad judicial; perfiles que de manera permanente y persistente creen propongan y aprueben las medidas que ayuden afianzar el desarrollo institucional e independencia del Sistema de Justicia. Este trabajo debe darse en coordinación con los otros órganos del Estado y no en una relación de sometimiento. Es un contrasentido, y conspira contra cualquier genuina reforma judicial, cuando los integrantes de los órganos políticos (los gobiernos de turno) consideran que dicho proceso es su patrimonio.
Se necesita además un acuerdo nacional por la justicia, un pacto político que emerja de un espacio plural y convocante que, a partir del enfoque de política pública, proponga al país, los componentes de la reforma en el corto, mediano y largo plazo. En el caso boliviano el Tribunal Supremo de Justicia tiene iniciativa legislativa y podría, vía este mecanismo constitucional, proponer algo así y con ello asumir liderazgo en la anhelada reforma.
3. ¿El Ministerio de Justicia y la Asamblea Legislativa Plurinacional, en estos años, sumaron o restaron a la crisis existente?
Tengo dos valoraciones al respecto: La primera me permite decir que el Gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional, en estos años, han demostrado no tener interés en apoyar el desarrollo de una auténtica reforma judicial; pese a tener una misma línea política que facilitaría enormemente el proceso. Si ese supuesto no corresponde, han demostrado incapacidad total, porque se han limitado a hacer parches normativos, la mayoría mediáticos, pese a que la Constitución les impone un esfuerzo mayor.
Esta realidad se expresa (para citar algunos ejemplos) en leyes como la 025, 073 y otras, que construyeron y aprobaron -coordinadamente- y que han vaciado de contenidos a la carrera judicial, régimen disciplinario de jueces y han limitado el fortalecimiento de la justicia indígena.
4. ¿Encuentra Usted una relación entre la elección de autoridades judiciales y la falta de reforma judicial?. ¿Puede ser una oportunidad para iniciar la reforma judicial, el contar con nuevas autoridades que resulten elegidas en diciembre?
Encuentro una relación directa entre la actual situación de la justicia, el perfil de las autoridades electas el año 2011 y la conducta del Gobierno y el Legislativo. Estos últimos, por falta de liderazgos de las nuevas autoridades, se apoderaron de la agenda judicial e impidieron que éstas, en su mayoría debilitados por los escándalos personales que generaron, propongan e implementen medidas trascendentes que afiancen su independencia. Las autoridades judiciales fueron limitadas a través de la imposición de un marco jurídico y presupuesto insuficientes, pero además por la designación de autoridades en el Ministerio de Justicia con perfil autoritario. Es bueno recordar que una vez posesionadas las actuales autoridades judiciales, éstas fueron abandonadas -a su suerte- por los órganos políticos, los que paradógicamente años después aparecieron criticando la situación y olvidando que son los causantes de gran parte de la crisis.
Este complejo escenario, que no debería repetirse, eleva aun más la valla a las nuevas autoridades judiciales que resulten elegidas en diciembre, porque les plantea el desafío de lograr consensos que permitan tener una agenda común con los demás órganos del Estado. Es una oportunidad, no obstante, que debe ser aprovechada desde el primer día de trabajo de las nuevas autoridades.
Queda claro que las experiencias exitosas de reforma judicial en el mundo, han superado estas barreras, que en el caso boliviano aun siguen latentes debido a la excesiva presencia de los órganos políticos en lo judicial.
5. Si la crisis judicial tiene (así se entiende de su análisis) como una de sus causas la elección popular de sus autoridades, ¿debe mantenerse o modificarse el mecanismo constitucional existente?
El mecanismo de elección popular de autoridades judiciales, que por cierto no comprendo porqué no involucró al Fiscal General, aun no ha sido puesto a prueba desde una lógica de construcción democrática de la justicia, esto es en orden al espíritu de la Constitución y a los estándares del derecho internacional sobre selección y nombramiento de “altas autoridades”.
Sí creo necesario que actual Gobierno debe comprender que no suma -en absoluto- al desarrollo de la independencia judicial, el acceso a sus servicios y la credibilidad social, si mantiene el mismo nivel de intromisión y manipulación del proceso de pre selección de candidatos. Si los políticos en gobierno siguen en esta misma lógica y conducta, habría que repensar el mecanismo y recrear uno que democratice -realmente- el acceso de las autoridades judiciales.
Para la población no sólo debe estar reservado el voto de los pre seleccionados, que debería ser informado, sino que se le debe promover y facilitar su participación durante todo el proceso, ya sea como candidatos (los que tienen mejores meritos) o siguiendo el mismo a través de veedurías y otros mecanismos de participación y control social técnico y no político.
6. Sólo es responsabilidad de autoridades judiciales, Gobierno Nacional y Asamblea Legislativa Plurinacional, la falta de reforma judicial?
La crisis de la justicia en Bolivia es estructural y superar sus déficits demanda la participación de gobernantes y gobernados. Son las autoridades judiciales las que deben liderar dicho proceso, en una relación efectiva de coordinación y respeto y en orden a las competencias de cada órgano del Estado y demás instituciones concernidas. Se debe trabajar en la construcción de coaliciones a favor de la reforma judicial.
La universidad debe abandonar su estado de comodidad indiferencia anomia y parálisis institucional, en relación a la estructural crisis judicial. Los colegios de abogados deben seguir siendo centro permanente de interpelación, de propuesta especializada y estar integrados por miembros con prácticas de litigio ético. Los medios de comunicación deben orientar su conocimiento al periodismo judicial y la población en general debe desarrollar cultura jurídica y judicial básica.
Es opción limitarse a la crítica descarnada o pasarse la vida de espectador. No obstante, las personas con ciudadanía activa y visión y prácticas democráticas buscan la forma de ser parte de cualquier proceso de mejora institucional; inclusive cuando las reglas de juego son desfavorables.
7. Para finalizar, a modo de conclusión, ¿qué recomienda a las autoridades judiciales actuales?
Que trabajen en la transición judicial, en aquellos aspectos que tienen que ver con lo jurisdiccional (casos y carga procesal), gobierno institucional y gestión de despachos, que toca el recurso humano con el que cuenta cada institución. Se debe evitar que haya pérdidas de tiempo y recursos económicos que no se tienen.
Las nuevas autoridades, que inicien funciones en enero de 2018, deberían encontrar instituciones con relativo orden, con planes básicos estructurados y presupuesto asignado. En esa medida, es su responsabilidad de las actuales autoridades generar esas condiciones, en coordinación con los sectores concernidos del Gobierno Nacional.
La sociedad debe ser vigilante de este importante momento y en ese cometido los medios de comunicación deben jugar un papel central; considerando que necesitamos desarrollar cultura judicial y jurídica en nuestros países.