sábado, 30 de marzo de 2019

El Perú es multicultural

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El Clarín (Cajamarca Perú)

Los peruanos no tienen una característica particular, pues en una sociedad como la nuestra rige la diversidad, y en ella caben tanto los que valen su peso en oro como los que no tienen por bandera la dignidad.

Empero, mientras haya gobernantes (a nivel municipal, regional o nacional), políticos, periodistas y otros personajes con espacios para influir que asocien al peruano con la tristeza la desconfianza la pandilla o el robo, hay razones para la réplica, porque peruanos son los empresarios emergentes que crean riqueza y desafían la ‘gravedad’, peruanos son los que socavaron los túneles y sembraron en las laderas desde tiempos ancestrales, peruanos son hoy los que abren zanjas para que discurran las aguas hayan cosechas y se alimenten los más de 32 millones de compatriotas y los amigos migrantes que ahora acogemos con comprensión cariño y solidaridad.

No es la tristeza la desconfianza la pandilla o el robo las que nos caracterizan, sino el coraje frente al reto y la derrota. No fueron tristes ni resignados, sino rebeldes empedernidos, personajes como Túpac Amaru, quien resistió que los invasores lo desmembraran en pedazos; o Bolognesi, quien eludió la fuga en nombre del honor y la muerte digna ¿Y qué decir de Grau que puso en vilo a toda una escuadra de la oligarquía sureña y sus aliados imperiales? ¿Y qué del pueblo -de hoy- que ganado por el civismo toma las calles en defensa de sus jueces y fiscales independientes y lucha contra las organizaciones criminales que tienen secuestradas algunas de nuestras instituciones democráticas? 

Que hay tristes al margen, los hay, como también hay desconfiados, degenerados y rufianes, pero personajes como Carlos Tubino Jaime Bayly Milagros Leiva y otros abusan de la generalización y sin recusar el exceso, se pierden en la exageración. Alguna vez, el inefable Bayly resintió que los peruanos altoandinos votarán por Ollanta Humala, porque en la serranía lo que escasea es el oxigeno. Quienes sostienen tales teorías, tan ligeras, olvidan la diversidad y que el criollismo, así como es melancolía, también es jarana y cajón; olvidan la marinera y el cimbreo de la negritud; olvidan las hazañas alegres y las formas de dolerse y condolerse.

El Perú es diversidad, y así como en mi Agua Blanca (San Miguel - Cajamarca) lloran y hacen la lava y guardan luto por sus muertos, en Chincha a la muerte del cercano todos bailan entre velas sobre el cadáver. En otras comunidades del sur fiestean por la tierra y la consagran como un don.

Tan plurales somos que toda generalización deviene en una afrenta y en una señal, la que indica que pocos son los que entienden que el Perú se ha erigido y se sigue construyendo en base a la ‘variedad’, y que en la variedad se expresa nuestra pluralidad cultural.

Mientras juzgo la tristeza del vals de Pinglo o la amargura de un huaylas, quizás en alguna comunidad campesina de Chuquinga o Tapairihua (en Apurímac) o entre los nativos de la fronda más agreste de Iñapari (en Madre de Dios), la alegría sea una constancia, cuando no un don.

Muchos son los vehículos para entender esta diversidad, que diversas emociones expresa, uno de ellas es la justicia. Son los jueces los que están llamados a entender el conjunto en cada una de sus partes y los propios límites de su justicia más allá de los estereotipos de la urbe occidental.

Los jueces, en su interacción con las comunidades, van comprendiendo, precisamente que muchos son los valores y las sensibilidades, como muchas son las normas y las autorreferencias. Por tales motivos, no hay forma de entender al Perú a través de un único término o categoría, a ese Perú plural y cargado de laberintos raciales y culturales.

Que el próximo “Día de la Eliminación de la Discriminación racial”, el 2020, sea un motivo de celebración y no de continuismo e indiferencia socio-político frente a un problema nacional que nunca fue un juego. 

Que la interculturalidad y el diálogo sean una forma de entender que en el espejo nacional no siempre nos reflejamos nosotros, sino una multitud que nunca acabamos de comprender y menos de asimilar.


Contraloría y lucha contra la corrupción

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El Clarín (Cajamarca Perú)

La lucha contra la corrupción en nuestros países, desde una perspectiva de real vigencia de derechos y mejor salud de las instituciones democráticas (sistema de justicia, parlamento, etc.), debe consolidarse como la agenda central necesaria y de impostergable atención por parte del marco jurídico e institucional de todo Estado y nivel o tipo de organización social. No hay otra opción y el momento para afianzar este proceso, que por hoy es más social que estatal, es ahora. 

Está en juego un mejor o peor futuro de los peruanos que nos suceden. Es la apuesta por construir un país con principios y valores democráticos o darse por vencidos ante la corrupción y cederles espacio a las organizaciones criminales que pululan y se multiplican y, en su lógica delictiva incluso desde el propio Estado, se resisten a perder sus privilegios y espacios en la vida pública y privada. Los casos del ex fiscal de la nación Pedro Chávarry, del prófugo ex magistrado supremo César Hinostroza, los “cuellos blancos del puerto” y sus nexos con Odebrech y las figuras más visibles de la política nacional, son apenas una parte de la radiografía de esta lacerante realidad. 

Como lo hemos expresado antes, en este y otros espacios de opinión, la corrupción acosa a nuestro país y en esa medida ha penetrado transversalmente los diversos espacios de la vida estatal (principalmente alcaldías, gobernaciones regionales y los últimos gobiernos nacionales) y no estatal de nuestras sociedades (como la prensa, la empresa privada, etc.) y debemos combatirla sin tregua hasta vencerla. En ese sentido, es destacable que en nuestro Perú, además de la vía judicial y los mecanismos que prevé el sistema electoral, tengamos desde casi un año, la posibilidad de suspensión e inhabilitación de gobernadores regionales y alcaldes por parte de la Contraloría General de la República. Resulta claro que los propios mecanismos de autocontrol de las alcaldías y gobiernos regionales, reconocidas por sus propias leyes, hasta ahora en la mayoría de casos, han favorecido y afianzado la corrupción y la impunidad.

A inicios de este milenio, con un amigo querido, dimos batalla judicial para vacar a un alcalde que -con todo desparpajo- compró votos con dinero del municipio para reelegirse (en Agua Blanca - San Miguel - Cajamarca), y lo logramos faltando unos meses para que concluya su mandato. Enfrentamos, como personas comunes y con nuestros propios recursos económicos y el apoyo de unos cuantos paisanos honestos de nuestras colonias, las peores expresiones y rostros de la retardación y la corrupción judicial en Cajamarca. Lo refiero, porque luego del Poder Judicial (en el que ganamos el proceso hasta en la Corte Suprema) nos tocó enfrentar al alcalde, que seguía usando el dinero de mi pueblo, en el Jurado Nacional de Elecciones. Un mal ejemplo, que grafica los amplios márgenes de impunidad que aun existen para autoridades políticas elegidas por voto popular en los distritos, provincias y regiones del país; como consecuencia de una insuficiente legislación y una acentuada tolerancia social y de los servidores públicos a las diversas formas de corrupción. 

En orden a lo anterior, considerando que el actual Congreso es el peor que hemos tenido desde la década de la dictadura de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y las FFAA y a lo mejor de nuestra historia de país, al cumplirse casi un año de la aprobación de la Ley Nº 30742 “Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control”, es importante conocer cuál es el balance de labores en la lucha contra la corrupción que ofrece la Contraloría al país. Importa saber ¿a cuántos gobernadores regionales y alcaldes suspendieron e inhabilitaron, al encontrar irregularidades en su gestión?, ¿Qué infracciones administrativas, de las identificadas por la Contraloría, son las más recurrentes?, ¿qué niveles de coordinación tienen con el sistema de justicia anticorrupción?, ¿Qué responsabilidades compartidas con la población han identificado, para un trabajo articulado?, ¿Es necesario potenciar a otras autoridades (prefectos y subprefectos por ejemplo) o con la estructura y recursos humanos que tiene la Contraloría es suficiente?.

Es importante conocer el impacto de esta ley en la vida del país o seguimos inmersos en el espiral ¿a mayor lejanía de las grandes urbes y capital mayor corrupción e impunidad?.

Somos el tercer país con más territorio en el sur de América y durante el año 2018 el segundo con mayor PBI de América Latina. Por eso, y más razones, necesitamos leyes útiles, eficaces y contextualizadas. Dejar de ser uno de los paraísos de la corrupción e impunidad, es no soslayar estos elementos y presupuestos. Luchar contra la corrupción, desde el Estado con estos enfoques, también es promover y defender los derechos humanos de aquellos sectores en situación de vulnerabilidad.

FFAA y servicio militar obligatorio

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El Clarín (Cajamarca Perú)

Hace unos días comenté, siempre constructivamente y sin interés propio, una publicación en Facebook de un amigo y ex colega de trabajo y recibí, de otro amigo común al que aprecio y respeto, una opinión contraria que me motiva a retomar y visibilizar mi perspectiva de este tema en la presente columna de opinión. 

Ante la posibilidad de que el servicio militar vuelva a ser obligatorio, si el proyecto del congresista de Cambio 21 Luis Yika prosperase, expresé que “todo esto nos lleva a replantear el papel de las FFAA en la Región. NO APORTAN EN NADA...!!! Lo que consumen debe reorientarse a educación, salud, justicia y otros ámbitos de nuestros ordenamientos de Estado.”

Primeramente decir que es bueno abordar un tema del que los grupos de poder (económico fundamentalmente), sus aliados y operadores, en nuestro país evitan debatir. Esto debe cambiar y lograrlo implica que nuestros gobernantes y generadores de opinión abran su mente. El estatus que tienen organizaciones como la iglesia católica, las FFAA y otras de estructura vertical, que hacen a la “vida nacional”, no debe seguirlas colocando en una ubicación de intocables. 

Luego dejar anotadas algunas interrogantes para la reflexión colectiva ¿Cuál es el papel que tienen -hoy por hoy- las fuerzas armadas en países en los que hay caudillismo, concentración de poder en la figura presidencial y declive de la institucionalidad democrática? y, mirando en la historia reciente de nuestro país (puedo citar decenas de casos en América Latina), ¿Qué de rescatable nos dejó lo que hicieron las fuerzas armadas de la década del régimen de los reclusos Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos? ¿Qué aportes concretos (verificables y medibles) están realizado al país? ¿Es o sólo debe ser su rol la defensa territorial?. 

En Costa Rica, país que no tiene fuerzas armadas desde hace más de 70 años, el presupuesto del Poder Judicial representa el 5.6% del producto bruto interno nacional (promedio de la última década). Tiene además, producto de estas medidas, un servicio de salud y educación con indicadores positivos reconocidos por su población y destacados por la comunidad internacional. ¿Ha sufrido recortes de su territorio por invasiones o guerras desde entonces?

Cómo están organizadas las fuerzas armadas jamás será útil al Perú. Privilegios, que ofenden la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran sectores excluidos del país, como clubes con piscinas, canchas para diversos deportes, salones de diversión, etc, etc) sólo para militares y sus familias, vehículos con dinero y gasolina para la cúpula (que paga la población vía impuestos) ministerio y una burocracia innecesaria, etc, etc, debe desaparecer hasta lo estrictamente necesario. No pueden seguir usando de esta manera el dinero de los peruanos, cuando hay centenares de personas que año a año mueren de frio en la sierra.

No estoy abogando por la desaparición de las FFAA, a lo mejor más adelante lo haga cuando hayan consensos en esa dirección en los países de la región, pero para que justifiquen -mínimamente- su existencia éstas deben pasar por un proceso de auto reingeniería institucional y verdadera profesionalización. 

En este marco, promover el retorno del servicio militar obligatorio resulta absurdo y ofende, porque -además de distraer a la población de los temas centrales como la crisis de gobernabilidad por la corrupción- intenta afirmar un poder impuesto y de culto a las jerarquías; que es incompatible con una sociedad con cultura y vocación democrática. Pretende además incrementar el presupuesto de las FFAA y poner al servicio de las camarillas militares mano de obra barata y hasta gratis.

¿No es cierto acaso que el servicio militar obligatorio es solo para población reclutada de los sectores marginales? ¿Cuándo los adinerados e influyentes han hecho el servicio militar? ¿Tiene utilidad militar propiamente este mal llamado servicio?

Por eso, me ratifico, las FFAA de hoy no aportan al desarrollo de un Perú con oportunidades para todos y todas; sólo mantienen un status quo que los grupos de poder aplauden y defienden (iglesia, prensa, empresa, políticos) porque les asegura sostenibilidad.

Otros aspectos que fortalecen la justicia

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El Clarín (Cajamarca Perú)

Nuestros sistemas judiciales no han logrado, pese a sus avances normativos (en lo pluricultural, género, etc), internalizar en los jueces y fiscales criterios de acción. El cumplimiento de normas y estándares internacionales de derechos humanos (DDHH), la independencia judicial (IJ), la transparencia institucional (TI) y el acceso a la justicia (AJ), son algunos ámbitos.

DDHH: El juez es aplicador del Derecho, aunque históricamente se asuma que en ejercicio de la soberanía jurídica le corresponda -en específico- aplicar las normas nacionales. Dictar Derecho entonces se torna en una actividad que descarta los estándares internacionales.

Es necesario, en ese sentido, asumir que el proceso de formación judicial en las academias o escuelas judiciales y fiscales debe contemplar en sus currículas la complementación de la norma nacional con la norma internacional de derechos humanos. Sumaría igualmente que las facultades de Derecho con la judicatura, desarrollasen capacitaciones que fuercen al juez a dar una mirada a las normas y principios internacionales y avizorar los supuestos de hecho en los que esta normativa internacional se aplica. Importaría también que la asistencia técnica de ONGs y agencias de cooperación incidan en la formación judicial y en la búsqueda de indicadores, identificando aleatoriamente aquellos casos en los que el juez dictó justicia prescindiendo de estos principios y normas internacionales.

Por otro lado, no se constata la existencia de bases de datos electrónicas ni bibliotecas virtuales que favorezcan el acceso a fuentes del Derecho Internacional. De esta manera, el problema no es que exista una exclusión deliberada en los sistemas judiciales, con relación a estas normas, sino que no hay facilidades de acceso a la información ni la propiciación de una cultura de derechos humanos. 

IJ: La mayoría de jueces y fiscales no conocen necesariamente todos los supuestos en los que operan casos de falta de independencia judicial, asumiéndose que ésta se concreta solo cuando el poder político pretende intervenir; dejando de lado la presión de la prensa y la opinión pública en determinados casos.

Conviene distinguir, en esa línea, la independencia del Órgano Judicial de la independencia del juez, individualmente considerado. Esta diferenciación nos permitirá plantear estrategias disímiles. Unas que ataquen el problema de la presión política al Órgano Judicial y otras que ataquen el problema cotidiano del coso a cada juez en determinados casos. El juez, en este último supuesto, debe sentir el respaldo del Poder Judicial y formarse en la línea de sentenciar conforme a Derecho y no conforme a lo que sectores de poder de la sociedad esperan de su fallo.

TI: La corrupción está vinculada a la transparencia, pero también a la falta de independencia. Sería necesario establecer, de modo obligatorio, la publicidad individual de las decisiones judiciales (como en Perú) y la identificación de la línea jurisprudencial de cada juez por parte de las facultades de Derecho y la escuela itinerante de lucha contra la corrupción, proveyendo de conocimientos específicos y aplicables que coadyuven a la lucha contra la corrupción.

Es necesario que las universidades involucren a los estudiantes en el control social de la justicia (creando plataformas de acercamiento entre jueces y ciudadanos) y una forma real de hacerlo sería informando de las líneas individuales de pensamiento jurisdiccional de los jueces ¿Se han apartado de su línea de decisión los jueces o son coherentes en el tiempo cuando resuelven casos iguales?

AJ: Pocas veces en la Región Andina se han desarrollado procesos de rastreo de indicadores judiciales y de funcionamiento administrativo. Podría ser promisorio impulsar estos procesos. 

Los indicadores permiten calcular y diferenciar las medidas del problema por cada tipo de caso, de manera que se puedan identificar las causas de los problemas y plantear mecanismos de solución con participación de aliados estratégicos en sociedad civil y la cooperación internacional. 

Es importante para la credibilidad y servicio a la ciudadanía que se incorporen a la legislación y a las políticas públicas determinaciones que hagan posible el acceso a la justicia. Algunos medios y herramientas para avanzar en este propósito, además de los indicadores, lo ofrecen los juzgados itinerantes o los mecanismos que inciden en el tránsito de los jueces por los poblados lejanos de las sedes de la justicia formal, la orientación legal a los ciudadanos de poblados remotos que puedan ofrecer los estudiantes de último año de Derecho y, entre otros, la creación o ampliación de los Juzgados de Paz a ciudades intermedias, en una perspectiva de la asimilación de la justicia a la cultura de paz. Necesitamos iniciar un proceso de internalización en facultades de Derecho, escuelas y gremios de abogados de la importancia de la cultura de paz para alcanzar una genuina justicia, una justicia de cooperación y diálogo antes que de litigio.

En nuestros países, no hay voluntad política para el inicio y desarrollo de genuinos procesos de reforma integral al sistema de justicia. No obstante, debemos sentar bases de una política pública judicial y una forma es promover e institucionalizar medidas como las que planteo.

jueves, 28 de marzo de 2019

Poder judicial: ¿“cenicienta” de las funciones del Estado?

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El Clarín (Cajamarca Perú)

Sí lo sería. Una realidad, con múltiples expresiones, que la encontramos en gran parte de los países con sistema de gobierno basado en la separación de poderes; también llamadas naciones democráticas.


En nuestra región, entre otras razones, esta situación tiene su origen en la forma en que se han desarrollado las relaciones institucionales entre las ramas (órganos, poderes o funciones) políticas y el Judicial que es eminentemente de naturaleza técnica y especializada.

El Ejecutivo -mayoritariamente- por el perfil desarraigado, corrupto y antidemocrático de sus gobernantes, en sus diversos periodos, ha preferido -aprovechando la inexistencia o débil carrera pública- la parálisis (status quo), pero también el control político y la instrumentalización de puestos clave del sistema de justicia; lo que les ha permitido perseguir a opositores políticos y, entre otras forma, generar impunidad a sus crímenes ligados al abuso de poder y a la corrupción. 

El Congreso, ha tenido similar línea de conducta, pero agravada, debido a que ha declinado de su función de fiscalización de los actos de gobierno y ha permitido que se inicien y -en algunos países- afiancen los procesos de copamiento político del Órgano Judicial. En algunos países, especialmente en aquellos cuyos gobiernos pregonan tener un proceso revolucionario, el Congreso funciona como apéndice del Gobierno Nacional. Suma, el que históricamente han demostrado desinterés por construir un marco jurídico coherente que permita a jueces, fiscales y otros operadores y administradores de justicia, desarrollar sus funciones en orden a sus mandatos constitucionales y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

Junto al Gobierno, por acción y omisión, el Congreso -siempre además de lo señalado- ha subordinado al judicial al aprobar mínimos presupuestos que no cubren el servicio judicial siquiera en el 30 ó 40% de municipios de los respectivos países. Se aprecia una relación de dependencia, además, debido a que éste presupuesto está librado a la arbitrariedad de congresistas, dos o tres ministros y el Presidente del respectivo Estado. En Bolivia, por ejemplo, el presupuesto asignado al Judicial ha oscilado entre 0.54 y 0.58% del presupuesto general del Estado (menos del 1%), en los últimos 12 años.

El judicial, por su parte, ha demostrado escasos liderazgos. Hugo Sivina Hurtado (Perú), Luis Paulino Mora Mora (Costa Rica) y Jorge Chediak González (Uruguay) siguen siendo excepciones en la región, porque superaron la comodidad de no hacer nada y promovieron propuestas concretas y viables para sus respectivos países. Esta situación de parálisis se ha traducido en cuotas de poder (para el control judicial al ejercicio del poder) perdidas, que los políticos han tomado y que -paradójicamente- usan para enfrentar a jueces y fiscales honestos a la población, agrediéndolos cuando les conviene. 

En la mayoría de nuestros países los políticos carecen de cultura político-jurídica, por eso no tienen vocación democrática y en esa medida no entienden que apostar por una reforma integral al sistema de justicia es construir un mejor país. Habría que renovar la “clase política” eligiendo mejor; pero además mejorando el sistema electoral y promoviendo la coexistencia de partidos políticos con representación nacional y alternancia periódica. Está demostrado que los caudillos emergen y buscan su perpetuidad en aquellos contextos en los que no hay partidos políticos fuertes.

Como se aprecia, existe una relación de maltrato direccionada y permanente de los órganos políticos hacia el judicial que, pese a las décadas transcurridas y millonarios procesos de reforma judicial fallidos, no se ha superado. El sostenimiento de esta situación, además de los propios órganos del Estado, encuentra responsabilidades en la población que elige pésimos políticos (salvo algunas honrosas excepciones), los medios de comunicación que no invierten en un periodismo judicial, las universidades que optaron por vivir en su propia burbuja (el de la autonomía), las agencias de cooperación que últimamente sólo se preocupan de “colocar” sus ayudas; pero sobre todo en la mayoría de las organizaciones especializadas en materia judicial (ONGs) que prefieren una relación complaciente con los gobiernos que los lleva a la autocensura.

Queda claro que también hay países en los que el sistema de justicia ha pasado a ser un apéndice del Gobierno Nacional. 

A nuestros pueblos nos conviene que esta perversa relación de abuso de poder la cambiemos por una de respeto y no injerencia. Los que hacen política deben comprender este extremo y en lugar de seguir avasallando e instrumentalizando al judicial, deben promover su auto reforma, auto limitándose. Todo tiempo es bueno para este objetivo de construir un país con justicia.