Tenía previsto no opinar más, al menos por el momento, sobre la ruta crítica que debe transitar la justicia boliviana, para iniciar su reforma, desde una perspectiva de política pública. No obstante, debido a los últimos sucesos, que dan cuenta de una propuesta del Órgano Judicial (OJ), tras su Precumbre, y de las reacciones antidemocráticas de la Ministra de Justicia, otros interlocutores del Gobierno y hasta algunos generadores de opinión, resulta irresponsable no pronunciarse por la identidad, compromiso y trabajo de décadas en la materia.
Y más allá de la forma en que fueron elegidas y el perfil de las autoridades que han gobernado a las instituciones de justicia en los últimos años, lo que ha caracterizado su relación entre ellas y con la población, es la primera vez, en los últimos diez años, que el OJ, liderado por su Presidente, gracias a la cooperación de la Unión Europea, realiza el ejercicio de discutir pluralmente su situación y plantea con firmeza al país, una propuesta.
Horas después tirios y troyanos enfilan sus baterías para descalificarlos; exhibiendo un supino desconocimiento de datos y cifras que –vistos de modo coherente en orden a lo que es un Sistema de Justicia– niegan la posibilidad de que el OJ posicione sus propuestas y avance hacia su independencia. No los entiendo, sobre todo a los que critican con sesgo y mezquindad, haciendo comparsa al discurso predominante, pese a haber tenido gestión y gobierno en instituciones judiciales, en décadas pasadas.
¿No es acaso una tarea pendiente en el país consolidar la autonomía judicial y la independencia de los jueces? Sin estos presupuestos, ¿en Brasil habría un Tribunal que esté investigando al ex presidente Lula?, ¿en Colombia la Corte Constitucional le hubiese negado a Álvaro Uribe la opción de ser reelegido presidente?, ¿o en Perú la Corte Suprema, en un proceso impecable, hubiese dispuesto el encarcelamiento (por 25 años) de Alberto Fujimori, por violación a derechos humanos?
Soy de los que cree en las propuestas formuladas por el OJ, sobre todo en materia económica, por ser precondición para su autonomía institucional y aquellas que suman al desarrollo del pluralismo jurídico. No habrá reforma judicial con un presupuesto reducido al 0.56%, cuando en propaganda estatal se gasta cuatro o cinco veces más. La justicia jamás será accesible si es que jueces, fiscales y defensores de oficio existen en menos de la mitad de municipios del país. La mora judicial no desaparecerá si para 10,5 millones de habitantes (con crecimiento de 3% anual) hay apenas 1006 jueces y si en los tribunales del país anualmente se atienden más de 810 mil casos. Los procesos judiciales seguirán siendo enmarañados y demorados si es que el Órgano Legislativo no cumple su función –ya aplazada por años– de dictar un marco jurídico coherente con el mandato constitucional y el Derecho Internacional de los DDHH; pero sobre todo coordinado con el Ejecutivo para asegurar su implementación y respetando al Judicial. Puedo seguir enunciando realidades que se ignoran deliberadamente, por lo que igual o mayor responsabilidad tienen de la crisis judicial los Órganos Ejecutivo y Legislativo. Así, una Cumbre Nacional de Justicia resulta innecesaria, porque no exhibe una real voluntad política de dar independencia ni recursos económicos y legales a la justicia. Ya el OJ hizo mea culpa en la Precumbre y está dispuesto a trabajar coordinadamente con los demás Órganos del Estado. El reto está planteado y el país debe saberlo.
En esa perspectiva, la Ministra de Justicia y su equipo cometen el grave error de seguir excluyendo, descalificando e irrogándose la titularidad y exclusividad de propuestas de cara a mejorar la justicia. Han tenido diez años para hacerlo. Están perdiendo la perspectiva de proceso plural y de consenso, que conlleva una reforma judicial; la que por cierto, además, deberá estar respaldada por las instituciones de sociedad civil independientes, con opinión, propuesta y apoyo crítico, una cooperación internacional desconcentrada y ampliada y medios de comunicación responsables. No se le puede seguir negando al pueblo de Bolivia, con un doble discurso, la posibilidad de tener una justicia democrática.