Cuidado Señor Presidente

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La Patria

Los Tiempos

La gobernabilidad de un país no solo depende de las líneas de un gobierno eficiente y de la relativa paz social. La gobernabilidad incluye entre sus conceptos la probidad de los principales funcionarios y la transparencia de sus instituciones públicas. Por tal razón, los Estados que aspiran a la gobernabilidad conciben mecanismos de lucha contra la corrupción. Fue por corrupción, precisamente, que el gobierno de Alberto Fujimori en Perú, cayó en el 2001. No fue el desgaste o los errores políticos sino un video que puso en evidencia los movimientos debajo de la mesa. La compra de congresistas, grabada y difundida por televisión una de ellas, llevó a que la opinión pública se enardezca y a que los cimientos de un gobierno que había logrado reelegirse dos veces se quebraran.

La corrupción no solo afecta la credibilidad de un Estado y lleva a la debilidad de las instituciones sino que, además, genera un efecto de arrastre. Por ejemplo, la gente ve un caso de corrupción e, inmediatamente, asume que el gobierno y toda la Administración Pública también es corrupta.

Su gobierno, Sr. Morales, nunca dejó de enarbolar la bandera de la lucha contra la corrupción. Esa línea de principio ha servido para que millones de bolivianos apuesten por Usted, descartando una supuesta vieja política enraizada en la corrupción y falta de transparencia. Sin embargo, pese a las buenas intenciones, las señas de la corrupción son visibles aun, con lo que la materia es aún un asunto pendiente en los hechos. Existe una brecha por superar entre el discurso y la acción.

La acción, que permita dilucidar que existe, con los principios e intenciones, verdadera voluntad política, pasa por reconocer primero que la corrupción está presente en diversos ámbitos del poder y uno de ellos, el que más resalta y al que con más energía hay que combatir es la que atañe a la llamada "nueva Justicia". Es el caso de los procesados del Ministerio de Gobierno, que han actuado por más de cinco años con aparente impunidad. No es concebible la pasividad anterior y que solo surja el interés por investigar y sancionar cuando se afecta a una transnacional o a un empresario norteamericano y, subsecuentemente, cuando un país determinado añade su cuota de presión. La lucha contra la corrupción debe ser una consecuencia directa de la línea de principio ya trazada por todo gobierno.

En esa perspectiva, Presidente Morales, usted tiene el margen de maniobra para impedir que su gestión se vea apañada por quienes se aprovechan del poder para medrar de él. Un primer paso sería decidir cortar el nudo y enfrentar con la legitimidad que tiene a las mafias enquistadas en aquellas esferas de su propio gobierno y en las instituciones del Sistema de Justicia. Se trata de dar operatividad a los mecanismos existentes para rastrear, investigar, juzgar y sancionar a los funcionarios de gobierno, jueces y fiscales corruptos, que infestan el sistema y llevan a la opinión pública a creer que la corrupción atañe a todo el Estado y, por consecuencia indirecta, al propio gobernante. Desde luego que no es necesariamente así, pero las percepciones populares podrían asumirlo así si es que su gobierno no actúa, pues la inacción es interpretada gruesamente y en muchas ocasiones como complicidad.

La gobernabilidad, en efecto, depende de la decisión del gobierno de combatir la corrupción pues existe en la institucionalidad lo que debemos denominar "efecto de la manzana descompuesta". No solo es que la ciudadanía lo crea, es también un efecto real que se produce si es que nos descuidamos, la podredumbre del fruto afecta una zona y se expande hasta invadirlo todo. Un ámbito corrupto se expande y termina por afectar a todo un gobierno o, al menos, por hacer parecer que todo el Estado es corrupto porque algunos jueces y fiscales lo son y porque el gobierno no hace nada por impedirlo.

La acción inmediata en pos de la gobernabilidad es que a menos de un año de ejercicio de las nuevas autoridades judiciales, la mirada pública y gubernamental se fije en las malas acciones y acciones sospechosas de aquellos personajes oscuros aparentemente ligados a la corrupción. Se trata de respaldar y complementar las buenas intenciones de algunas autoridades judiciales como Bernardo Huarachi, Cristina Mamani u otros, para que sus esfuerzos no deriven al tacho de la indiferencia y la docilidad.

Presidente Morales debe escuchar el clamor del pueblo que lo eligió y poner el dedo en la llaga. Su voluntad política de lucha contra la corrupción y en favor de los derechos de las personas, aspectos descuidados, debe visibilizarse con medidas drásticas. Existen casos patentes que debe atender en primera instancia, como la vulneración de derechos flagrantes a los policías Navia (Padre e Hijo), al norteamericano Jacob Ostreicher, a la colombiana Claudia Rodríguez entre otros.

La pasividad, como en la manzana que se pudre, podría pasarle la factura si es que no repara a tiempo que la corrupción no es un asunto de otros, sino que le atañe a Usted y a su futuro político y el de la gobernabilidad boliviana.

*Las opiniones contenidas en este mensaje son de responsabilidad exclusiva de quien las remite y no reflejan posiciones institucionales de la Comisión Andina de Juristas (CAJ).

Bolivia: la estabilidad de la justicia

Desde hace algunos años es patente el esfuerzo del Gobierno y del Legislativo por propiciar y encauzar un proceso de reforma en el Sistema de Justicia. En esa línea, es justo reconocer que ha habido un avance y una racionalidad destinada a mejorar el Órgano Judicial. No concuerda con ese esfuerzo, el afán visible de algunas autoridades del Ejecutivo y el Parlamento por desacreditar a la administración de justicia, al sostener que ella ha colapsado. 

Extraña la premura en asumir tal colapso, más aún cuando no han transcurrido ni siquiera un año de la entrada en funciones de las nuevas autoridades. Por tanto, media todavía un proceso en el que los cambios deben ser observados y monitoreados, de ninguna manera cortados por razones que no quedan claras.

Es usual, según lo demuestra la experiencia histórica de las Naciones, que cuando el objetivo del poder político es capturar las instituciones (o capturarlas completamente cuando ya existe incidencia de intervención), se inicien una serie de aseveraciones extremas y apocalípticas sobre ellas. Ocurrió en el Perú durante el gobierno fujimorista y en el mismo periodo en Venezuela. 

Antes de emitir críticas que amenazan y no aportan a los cambios, convendría que los representantes del Ejecutivo y el Legislativo atendieran aspectos fundamentales del funcionamiento de la Justicia, el más gravitante es el del presupuesto judicial ¿Qué porcentaje del presupuesto general se destina a la Justicia?

Históricamente el promedio determinado para el Poder Judicial no ha superado el 1.5% del presupuesto general del Estado. Más aún, según las estadísticas del Centro de Estudio de la Justicia de las Américas (CEJA), la tendencia en Bolivia es el decrecimiento presupuestario. Entre los países andinos, Bolivia es el país en el que ha decrecido el presupuesto judicial, mientras que en Perú, Ecuador, Chile o Colombia, los montos se han incrementado. Con esa afirmación de base ¿Pueden las autoridades del Gobierno hablar de un colapso, cuando tal situación deviene, entre otros aspectos, del nivel de sus ingresos? Este nivel es un tema de voluntad política gubernamental más que de eficacia o ineficacia de los jueces. Es importante resaltar que si bien Bolivia tiene la menor población en la Región Andina tiene no solo el presupuesto institucional más bajo; sino que además es el presupuesto por habitante más bajo del grupo de países (5.3 dólares por habitante según el órgano parte de la OEA - CEJA).

Lo que se espera del Gobierno es un aumento del presupuesto de la Justicia y reformas que respeten la independencia judicial y la separación de poderes, pero que, fundamentalmente, sean orientadas y ejecutadas, entre otros, por los propios jueces. 

Se dice, de otro lado, que los jueces cautelares vienen sufriendo una persecución, que dejaría ver una sutil injerencia y un acoso del propio Ministerio Público. Se han iniciado acciones legales contra jueces, pretendiendo conseguir la suspensión de los mismos a sola imputación. 

Es necesario calmar los ímpetus y entender que los jueces necesitan, en la línea del Estado de Derecho, tener un mínimo de estabilidad y seguridades para juzgar, lo que debe incidir en la formulación adecuada de una carrera judicial y de regímenes razonables de disciplina (sobre todo a nivel de los fiscales). Lo que se requiere son reglas claras que impidan la arbitrariedad. Todo esto debe sumarse a la composición de una reforma de la Justicia. En la misma perspectiva y para evitar interpretaciones adversas al Gobierno, la independencia no solo debe ser asumida como la del juez, respetándolo en su fuero, sino también la de la administración de justicia, en general; incluyendo todo el Sistema, tanto jueces como fiscales y operadores. Cuando los jueces reciben denuncias o cuando un ministro y un legislador afirman que la administración de justicia está colapsada lo que se pone en jaque es la confianza en la estabilidad de la Justicia.

Es importante, ser sensibles desde la sociedad civil a cualquier clarinada de alerta sobre la estabilidad de la administración de justicia. Se trata de ejercer la sana crítica sobre todos los argumentos maximalistas, esto es, aquellos que apuestan por la posibilidad de “patear el tablero” cuando algo funciona mal.

Lo conveniente, en cualquier caso, es que juntos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Sociedad Civil, de la mano de los jueces, determinen las falencias del Sistema (incluyendo el presupuesto) y las maneras posibles de cómo corregirlas. Lo que no se debe alimentar es el temor, ni desequilibrar el terreno, tentando medidas extremas, medidas que derivan siempre en una mayor concentración del poder y en menores garantías para el ciudadano.

Bolivia: La justicia y los retos pendientes

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Projusticia

Las autoridades judiciales electas iniciaron sus funciones en el marco de la ley y de la Constitución. Más allá aún de los cuestionamientos que algunos esbocen sobre presuntas faltas de legitimidad o el sustrato político de algunas de las críticas, lo importante es evaluar el tema desde las perspectivas del Estado de Derecho. Si bien, la presencia del Ejecutivo y el Legislativo en los actos aurorales de la gestión pueden sugerir una mala señal, lo que se viene procesando corresponde con la constitucionalidad y la legalidad.

Dado que lo que debe prevalecer es el análisis constitucional, la aparente injerencia política o la polémica en torno a un supuesto protagonismo del Gobierno en este proceso de democratización de la Justicia, debe dar paso a una mirada más cabal, pero vigilante del respeto al marco institucional.

Este proceso de reformas no es único, conviene señalarlo, pues diversos países en la Región Andina vienen buscando fórmulas para mejorar su Sistema de Justicia. Uno de esos casos es Ecuador. Otros casos que deben identificarse es el de Chile, Colombia y Perú, que en algún momento plantearon cambios tomando en cuenta la experiencia internacional. Cada reforma debe considerar no sólo las necesidades de la impartición de justicia sino también lo que el mundo pueda enseñar en materia de reformas. Incluso, a nivel de sociedad civil, se puede seguir la línea de diversas iniciativas (cabe mencionar el Programa Andino Justicia y Derechos Humanos, de la Comisión Andina de Juristas) que busca desde hace más de tres años generar diálogos y retroalimentación entre sistemas jurídicos, esto es, los sistemas jurídicos ordinarios y los construidos por los pueblos indígenas, originarios y campesinos (en el caso de Bolivia).

En esa línea, la experiencia boliviana debe aspirar a ser un referente en el mundo y sus reglas de implementación deben ser herramientas a imitar. La alimentación recíproca es importante y Bolivia, a la vez que debe ser un ejemplo en materia de reformas de la justicia, sorber de los buenos ejemplos que la comunidad internacional permiten ver ¿Y qué es ser un ejemplo para el mundo? Seguir la línea de los cambios en el marco de valores y criterios que deben prevalecer: la independencia judicial, la autonomía de los jueces y la transparencia administrativa y jurisdiccional. Esos fueron los mensajes recurrentes de los discursos de orden en el inicio de las funciones de las nuevas autoridades. Y esos son los criterios que cualquier persona debe defender, en una línea de pleno ejercicio de su ciudadanía.

No obstante, los conceptos deben ser validados por la práctica y el ejercicio que cotidianamente los revalida. No deben ser conceptos huecos y para la platea, sino auténticos compromisos de las autoridades de todo orden con el Estado de Derecho y la democracia.

Es necesario que, en el marco de esos compromisos gravitantes, la Asamblea Legislativa Plurinacional complemente el marco jurídico para la implementación del nuevo Órgano Judicial, el cual puede verse fortalecido con procesos participativos y de empoderamiento en los que las propias autoridades judiciales "ahora producto de una elección popular" sean los que hagan realidad los mandatos constitucionales de construir una justicia plural y mejor; pero sobre todo liderarla. Son retos, entre otros, posicionar a la justicia como un factor de desarrollo institucional. Aportar líneas de acción concretas al pluralismo jurídico. Desarrollar planes estratégicos para mejorar el acceso a la justicia. Avanzar hacia un espacio de transparencia jurisdiccional vía una vitrina de sentencias de toda materia y niveles funcionales. Relacionar a los operadores judiciales con las universidades, dándole mayor valor a la jurisprudencia. Promover la participación y el control ciudadano en la justicia. Construir una estrategia integral de comunicación entre la justicia y la prensa. Fortalecer las capacidades en gestión y política de despacho judicial, entre otros. Estos esfuerzos, deberían orientarse en la línea de construir una Política Pública de Justicia Plurinacional en Bolivia.

Es tiempo de trabajar bajo un paraguas de coordinación y confianza intergubernamental, las organizaciones sociales, la sociedad civil y la ciudadanía.