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La gobernabilidad de un país no solo depende de las líneas de un gobierno eficiente y de la relativa paz social. La gobernabilidad incluye entre sus conceptos la probidad de los principales funcionarios y la transparencia de sus instituciones públicas. Por tal razón, los Estados que aspiran a la gobernabilidad conciben mecanismos de lucha contra la corrupción. Fue por corrupción, precisamente, que el gobierno de Alberto Fujimori en Perú, cayó en el 2001. No fue el desgaste o los errores políticos sino un video que puso en evidencia los movimientos debajo de la mesa. La compra de congresistas, grabada y difundida por televisión una de ellas, llevó a que la opinión pública se enardezca y a que los cimientos de un gobierno que había logrado reelegirse dos veces se quebraran.
La corrupción no solo afecta la credibilidad de un Estado y lleva a la debilidad de las instituciones sino que, además, genera un efecto de arrastre. Por ejemplo, la gente ve un caso de corrupción e, inmediatamente, asume que el gobierno y toda la Administración Pública también es corrupta.
Su gobierno, Sr. Morales, nunca dejó de enarbolar la bandera de la lucha contra la corrupción. Esa línea de principio ha servido para que millones de bolivianos apuesten por Usted, descartando una supuesta vieja política enraizada en la corrupción y falta de transparencia. Sin embargo, pese a las buenas intenciones, las señas de la corrupción son visibles aun, con lo que la materia es aún un asunto pendiente en los hechos. Existe una brecha por superar entre el discurso y la acción.
La acción, que permita dilucidar que existe, con los principios e intenciones, verdadera voluntad política, pasa por reconocer primero que la corrupción está presente en diversos ámbitos del poder y uno de ellos, el que más resalta y al que con más energía hay que combatir es la que atañe a la llamada "nueva Justicia". Es el caso de los procesados del Ministerio de Gobierno, que han actuado por más de cinco años con aparente impunidad. No es concebible la pasividad anterior y que solo surja el interés por investigar y sancionar cuando se afecta a una transnacional o a un empresario norteamericano y, subsecuentemente, cuando un país determinado añade su cuota de presión. La lucha contra la corrupción debe ser una consecuencia directa de la línea de principio ya trazada por todo gobierno.
En esa perspectiva, Presidente Morales, usted tiene el margen de maniobra para impedir que su gestión se vea apañada por quienes se aprovechan del poder para medrar de él. Un primer paso sería decidir cortar el nudo y enfrentar con la legitimidad que tiene a las mafias enquistadas en aquellas esferas de su propio gobierno y en las instituciones del Sistema de Justicia. Se trata de dar operatividad a los mecanismos existentes para rastrear, investigar, juzgar y sancionar a los funcionarios de gobierno, jueces y fiscales corruptos, que infestan el sistema y llevan a la opinión pública a creer que la corrupción atañe a todo el Estado y, por consecuencia indirecta, al propio gobernante. Desde luego que no es necesariamente así, pero las percepciones populares podrían asumirlo así si es que su gobierno no actúa, pues la inacción es interpretada gruesamente y en muchas ocasiones como complicidad.
La gobernabilidad, en efecto, depende de la decisión del gobierno de combatir la corrupción pues existe en la institucionalidad lo que debemos denominar "efecto de la manzana descompuesta". No solo es que la ciudadanía lo crea, es también un efecto real que se produce si es que nos descuidamos, la podredumbre del fruto afecta una zona y se expande hasta invadirlo todo. Un ámbito corrupto se expande y termina por afectar a todo un gobierno o, al menos, por hacer parecer que todo el Estado es corrupto porque algunos jueces y fiscales lo son y porque el gobierno no hace nada por impedirlo.
La acción inmediata en pos de la gobernabilidad es que a menos de un año de ejercicio de las nuevas autoridades judiciales, la mirada pública y gubernamental se fije en las malas acciones y acciones sospechosas de aquellos personajes oscuros aparentemente ligados a la corrupción. Se trata de respaldar y complementar las buenas intenciones de algunas autoridades judiciales como Bernardo Huarachi, Cristina Mamani u otros, para que sus esfuerzos no deriven al tacho de la indiferencia y la docilidad.
Presidente Morales debe escuchar el clamor del pueblo que lo eligió y poner el dedo en la llaga. Su voluntad política de lucha contra la corrupción y en favor de los derechos de las personas, aspectos descuidados, debe visibilizarse con medidas drásticas. Existen casos patentes que debe atender en primera instancia, como la vulneración de derechos flagrantes a los policías Navia (Padre e Hijo), al norteamericano Jacob Ostreicher, a la colombiana Claudia Rodríguez entre otros.
La pasividad, como en la manzana que se pudre, podría pasarle la factura si es que no repara a tiempo que la corrupción no es un asunto de otros, sino que le atañe a Usted y a su futuro político y el de la gobernabilidad boliviana.
*Las opiniones contenidas en este mensaje son de responsabilidad exclusiva de quien las remite y no reflejan posiciones institucionales de la Comisión Andina de Juristas (CAJ).