Es, entre otros, objetivo consustancial de todo Estado, la
búsqueda de la convivencia a partir del respeto y garantía de los derechos
humanos; a través de la prestación de servicios eficaces y eficientes como los
que hacen a la salud.
En esa perspectiva, nuestras autoridades están instituidas
para servir a la población y proteger a todas las personas residentes en sus
-respectivos- territorios (dependiendo de sus niveles de gobierno), en su vida,
honra, bienes, creencias, y demás derechos como la salud y libertades, y para
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares.
Las instituciones del Estado, que también son nuestras
porque como población hacemos Estado y se deben a nosotros, deben tener su ruta
trazada y todas hacia una misma dirección; cuando de prestación de servicios se
trata. Lo lógico es que, más allá de la caracterización de su mandato legal, se
complementen en sus distintos niveles de organización. Lo absurdo es su
inacción, que se entorpezcan u obstaculicen; como ocurre en algunos países en
nombre de las autonomías, la libertad de expresión e incluso derechos
políticos.
Una autoridad siempre sumará si se informa y disemina
-oportunamente- con criterios de razonabilidad y pedagogía social datos
sistematizados de la realidad y su labor. Si es coherentes y previsor, que es
lo óptimo, afirma su función y legitima a la institución que representa.
Resta que cada uno de los niveles de Gobierno en nuestros
países, como hasta ahora está ocurriendo, atienda necesidades a su manera y
-donde lo hay -con su propio “plan”. Un Estado con autoridades y servidores
eficientes eficaces y con mente abierta, si produce cambios en el transcurso de
sus funciones o de autoridades, evita que los reemplazantes traigan un nuevo
plan, no deja de lado lo que ya está hecho por el saliente; sigue una hoja de
ruta temática e institucional, afirma y busca que sus acciones sumen y hagan
política de Estado.
En este marco, siguiendo lo que nos ocurre -como humanidad-
con el Coronavirus, es agravante inmoral e inaceptable que los políticos y sus
operadores -principalmente mediáticos- inmiscuyan sus intereses partidarios con
el fin de afectar una gestión que, dadas las excepcionales circunstancias,
representa una única lucha; cuyo desenlace aún es incierto.
Por eso, para una autoridad, siempre suma informarse e
informar -oportunamente- con criterios de razonabilidad y pedagogía social.
Evitar las improvisaciones, porque afectan intereses que hacen a la existencia
de sus pueblos como tal, debe ser regla.
En todo orden de intervención de un Estado, si existen
objetivos -conocidos- a alcanzar, ayuda a la posibilidad de controlar la marcha
de sus gobiernos de turno (alcaldes, gobernadores, presidentes y otras
autoridades); en el sentido de apoyar sus aciertos y demandar a tiempo la
corrección de sus errores.
Para no seguir lamentándonos, como veo ocurre hoy en mi
Cajamarca y otros pueblos del mundo, los distintos niveles de Estado deben
trabajar de modo articulado. Abordar la complejidad de los desafíos de este
tiempo, desde este enfoque, también es una necesidad fundamental que sólo exige
voluntad y desprendimiento de nuestras autoridades y el ejercicio de una ciudadanía
responsable.
Si queremos revertir la imagen de que en nuestros países
tenemos sistemas políticos fallidos y cerrar el paso a aventuras personales de
caudillos y mesiánicos, nuestros Estados deben trabajar de modo articulado en
sus distintos niveles de gobierno. Si es afirmado con marcos permanentes y
persistentes de participación social, y en una relación de corresponsabilidad y
coordinación colaborativa, podemos mejorar realidades.