Publicado en:
El Clarín (Cajamarca Perú)
“Mientras exista corrupción
y nuestras instituciones estén tomadas por mercaderes haciendo política, no
tendremos progreso, no podremos hacer nada a favor del desarrollo de nuestros
pueblos”, fue una máxima que usó un candidato muy querido y respetado, hace
unos días, en su campaña municipal en mi Agua Blanca (San Miguel – Cajamarca -
Perú); y pese a la claridad de su propuesta y perspectivas futuras para mejorar
la educación, salud, transporte, comunicaciones y otros servicios elementales,
perdió la elección abrumadoramente y con él perdió más nuestro pueblo que no
comprendió su mensaje.
Este dato de la
realidad, que me tocó vivirlo muy de cerca, refleja lo que ocurre en buena
parte de los distritos rurales de nuestro país. La corrupción ha ganado terreno,
gracias a sus cada vez más abiertas, reiteradas, perfeccionadas e impunes
prácticas prebéndales. La población lo ha aceptado por eso no lo cuestiona y
ésta no necesita tener los mejores argumentos y tampoco discutirlos o defenderlos
en espacios de debate, ni propuestas concretas; pero se proyecta y crece de
modo incontenible como la mala hierba. Todo este proceso de afianzamiento de la
corrupción es con dinero de los mismos pueblos, los sustraídos por las
autoridades a través de prácticas corruptas, que el Gobierno Nacional
transfiere, vía el Presupuesto General del Estado, a través del Ministerio de
Economía y Finanzas. Transfiere pero no tiene capacidad de controlar en sus
fines, y su uso queda librado a la decisión del Alcalde; porque el Consejo
Municipal cumple un papel decorativo, tanto como los mecanismos de
participación ciudadana. En la práctica tenemos en los distritos como alcaldes
a reyezuelos que hacen y deshacen.
En el Perú ni un 10 por ciento del electorado rural apuesta por
enfrentar y eliminar la corrupción, en contraposición a un 70 por ciento que respalda
a quiénes representan el continuismo con impunidad y la experimentada, robusta
y atrevida corrupción que, en muchos casos, está representada por testaferros políticos
del “Fuji-Montesinismo”, del “Keikismo”, del “Alanismo” y uno que otro “ultra” los
que -como sabemos- en más de una década sólo mejoraron sus propias economías. Esto
es verificable y refleja cuán descompuesto está el tejido moral y ético de
nuestra sociedad, el tipo de herencia que le estamos dejando a los que nos
suceden y el perfil de quiénes en nombre de la política viven de ella y no
dudan en sacrificar a sus propios pueblos valiéndose del engaño, pero también
de la amenaza y el miedo.
Esta realidad no es
que sea desconocida para los actores relevantes del centralismo limeño y
regional. Estamos en el siglo XXI. Políticos, empresarios, medios de
comunicación, autoridades de fiscalización y control, sistema de justicia
anticorrupción, etc, conocen bien lo que ocurre pero la consienten y con su
pasividad la facilitan. ¿Cómo entender, sino, que existan casi 700 procesos
judiciales, sólo en la Región Cajamarca, según el mismo Poder Judicial, contra autoridades
y ex autoridades del gobierno regional y municipal, por corrupción al 2017?; de
las 15 mil que habría en todo el país. Este dato, que llama la atención, se
vuelve sombrío, genera impotencia y nos aproxima al estado de patear el tablero
cuando intentamos identificar cuántos de estos procesados han recibido sentencia
y, de ellos, cuántos con pena privativa de la libertad. Estos últimos datos son
inaccesibles y si los hay no son públicos.
No tenemos entonces
un sistema jurídico (leyes) ni institucional (Consejo Municipal, Consejo
Regional, Ministerio Público, Poder Judicial, Contraloría, Procuraduría,
Defensoría del Pueblo y otros) que estén dando batalla efectiva y soluciones integrales
a la enfermedad social llamada corrupción. Desconozco qué están haciendo desde
el sector Educación en la materia, que alcanza a la universidad pública y
privada. Y contamos, salvo honrosas excepciones, con políticos inescrupulosos, sin
formación y sin visión de sociedad y país querido; y algo terrible, son cada
vez menos los jóvenes a los que les interesa participar en política.