Publicado en:
Correo del Sur (Sucre Bolivia)
El Clarín (Cajamarca Perú)
La Verdad (Chiclayo Perú)
La lucha contra la corrupción demanda acciones integrales y colectivas de lo público y privado, de gobernantes y gobernados, y puede tener como una de sus mejores herramientas a la educación de los pueblos.
El último 13 y 14 de abril, se llevó a cabo en Lima la VIII Cumbre de las Américas, el máximo foro de diálogo de los gobernantes de los países de América, bajo la reseña “gobernabilidad democrática frente a la corrupción”. Todos los presidentes expresaron su vocación de ejercitar los mandatos del artículo 27 de la Carta Democrática Interamericana, referidos al papel de la OEA frente a la gobernabilidad, la buena gestión, los valores democráticos y el fortalecimiento de la institucionalidad política y de las organizaciones de la sociedad civil, a fin de asegurar la libertad y la justicia social; y del primer considerando de la Convención Interamericana contra la Corrupción “que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos”. No obstante, en la mayoría de nuestros estados la corrupción en la administración gubernamental no deja de hacer noticia cada día y la rendición de cuentas sigue siendo nominal, debido al progresivo declive de las instituciones contraloras y fiscalizadoras, como consecuencia de la concentración del poder, el autoritarismo, el continuismo en base a caudillismos y, entre otras, la deficiente educación de los gobernados.
En diciembre de 2017, en Ciudad de México, se desarrollaron unos diálogos sobre experiencias internacionales para combatir la corrupción. En ese marco, Mayra Veliz, subsecretaria general del Ministerio Público de Guatemala, expresó: "Las acciones de corrupción deberían ser catalogadas como delitos de lesa humanidad, porque permiten que haya un enriquecimiento ilícito a través o a costa del dolor, de la salud, de la muerte, de la educación y del desarrollo de un país". Hace unos días se conoció la decisión del Gobierno de Jimmy Morales de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala – CICIG de Naciones Unidas, contrariando y debilitando la lucha conjunta contra la corrupción del Ministerio Público y la CICIG. Las escasas reacciones en las calles pasaron desapercibidas.
Este sombrío escenario, que se repite con sus elementos característicos en cada país, nos lleva a plantear, en la línea de los objetivos de desarrollo sostenible adoptados por la comunidad internacional en la Agenda 2030, relativos a la “reducción de la corrupción y el soborno en todas sus formas”, “la rendición de cuentas” y “una educación inclusiva”, la necesidad de elevar y potenciar la calidad de los servicios de educación en sus distintos niveles.
Una educación en un contexto de corrupción generalizada, según la especialista Elvia Miranda de Ortiz (Panamá), está condenada a que sus resultados sigan siendo deficientes, pues los estudiantes no se sustraen del espejismo de que hay fórmulas más fáciles, sin quemarse las pestañas, para lograr inmensas fortunas mal habidas.
En ese sentido, si la educación se realiza en un contexto social concreto, a su proceso debemos interpelarlo, partiendo de la necesidad de presupuestos suficientes, repensando los contenidos sobre ética y valores humanos y colocándolo como sinónimo o instrumento de paz, libertad y desarrollo de los países. Por su naturaleza e importancia, la educación, especialmente la pública, es un derecho inalienable en el que nuestros pueblos no deben transigir.
Si las empresas y los individuos en el mundo estarían pagando 1,5 billones de dólares en sobornos cada año, debemos valorar cómo esta situación impacta en nuestros derechos y de los servicios básicos que dejamos de recibir de nuestros estados. En ese orden fáctico, si en nuestros países escasean los recursos para la educación y los sistemas de justicia y sobran para la corrupción ¿qué tipo de sociedades estamos construyendo?, ¿a quiénes les conviene que sigamos así?, ¿qué sectores de nuestras sociedades son los más afectados?, ¿hasta cuándo lo vamos a permitir?...
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