Publicado en:
Expresión (Chiclayo Perú)
El Clarín (Cajamarca Perú)
El Poder (Tarapoto Perú)
Estoy entre quienes sienten indignación frente al nuevo
“destape” de corrupción en nuestro Perú, esta vez de parte de jueces (César
Hinostroza, Walter Ríos Montalvo, Emperatriz Pérez Castillo y José Luis Cavassa
Roncalla) y consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura – CNM (Iván
Noguera, Julio Gutiérrez, Guido Aguila y Orlando Velásquez Benites), que sigue
exhibiendo a nuestro país como uno de incipiente institucionalidad y mayor
corrupción e impunidad en la región.
Esta situación me lleva a compartir mis perspectivas
sobre cómo enfrentar y derrotar a la corrupción judicial, desde los espacios y
funciones en los que nos encontramos.
En primer lugar debemos hacer el esfuerzo de
individualizar y exponer por su nombre y función, uno a uno, a los implicados
en este y cualquier caso. No contribuimos a fortalecer la institucionalidad si
caemos en generalidades, al hablar de la
justicia de los jueces o del Poder Judicial, debido a que dañamos la imagen de
instituciones que son de todos y que resultan centrales en cualquier proceso de
construcción de democracia. Debemos recordar siempre que las responsabilidades
son individuales y no institucionales y si seguimos generalizando y no
separando la paja del trigo, a los corruptos de los honestos, le hacemos un
gran favor a aquellos políticos tendenciosos y a la corrupción en sí que se
nutre y necesita instituciones débiles.
También considero que este es un buen momento, por las
características del caso, para volver hablar de la necesidad de una reforma
integral al Sistema de Justicia (interprétese en la extensión y significado de
los términos que uso); más allá de que políticamente no haya condiciones. En
ese sentido, ayuda afianzar la corriente de opinión que germina a favor de este
proceso; el que podría tener respaldo más adelante cuando contemos con un
efectivo y democrático contrapeso de poderes. Es importante que la población
tome conciencia de romper con esa tara cultural de tolerancia a las formas
diversas de corrupción y eso demanda tiempo y acciones sostenidas desde todos
los espacios, principalmente los sociales. Nuestro Estado, debido al perfil de
la mayoría de sus interlocutores, poco o nada hará para cambiar el estado de
cosas.
En la línea de lo anterior, como tercera reflexión,
considero que debemos demandar y promover una reforma judicial con
participación social efectiva y no nominal, como ha ocurrido en los últimos
“intentos”. Una reforma concebida como un proceso social plural e inclusivo de
corto mediano y largo plazo, con enfoques más de orden técnico (el de política
pública, de interculturalidad y de derechos, por ejemplo) y no basado en
elementos políticos que, como sabemos, tienen carácter coyuntural y se basan en
intereses de los gobiernos de turno en la lógica de controlarlos e
instrumentalizarlos.
Finalmente, decir que mientras sigamos considerando que
no somos parte del problema, no avanzaremos en la lucha contra el cáncer de la
corrupción que sigue haciendo metástasis. Mientras no entendamos que las
autoridades que tenemos son las que deseamos, porque de alguna forma llegaron
al puesto que ocupan y alguien las eligió o designó, tampoco tendremos mejoras
sustantivas en el perfil de nuestras autoridades. Somos parte del problema y la
solución debe partir de cada uno, a través de un proceso educativo que genere
ciudadanos.
Planteo entonces llevar el abordaje de este problema a un
nivel superior y no quedarnos en los lamentos y las acusaciones que, si bien es
cierto ayudan a construir conciencia social, no resuelven un problema que tiene
raíces culturales y expresiones de crisis estructural.