Publicado en:
La Razón (La Paz Bolivia)
Los Tiempos (Cochabamba Bolivia)
Correo del Sur (Sucre Bolivia)
El País (Tarija Bolivia)
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La
reforma judicial no puede esperar más. Nueve años de nueva Constitución, doce
del inicio del “proceso de cambio” y nada ha mejorado. Seguimos en un contexto
de predominio de los órganos políticos frente a un Órgano Judicial y demás
instituciones del Sistema de Justicia debilitados por sus propias acciones y
omisiones frente al poder político. A partir de allí, el criterio es que las
autoridades que resulten más votadas en la elección judicial 2017 lideren la
reforma judicial, pero en orden a una estrategia de coordinación para la
cooperación con el Ministerio de Justicia y la Asamblea Legislativa
Plurinacional y no de imposición o sometimiento.
Este
reto mayor es posible de superar si las nuevas autoridades reconocen la
situación de crisis estructural de la justicia y promueven que similar
ejercicio y reconocimiento, entre otros ámbitos, se realicen en la universidad
pública y privada, en los gremios de abogados y medios de comunicación. De
estos sectores, como consecuencia de ese proceso de mea culpa y autocrítica,
deben surgir pautas que, sumadas a las de sociedad civil, ayuden agendar acciones
que en un corto mediano y largo plazo transformen esas situaciones críticas en
acceso efectivo a servicios de justicia justos. Insistimos en que no existe
reforma judicial exitosa que no haya convocado a estos sectores y les permitiera
ser parte importante y específica del proceso.
Bolivia
no mejorará su insuficiente democracia, si sus políticos, el gobierno y otros
sectores de poder no priorizan la reforma judicial y la
promueven desde el enfoque de política pública. Deben comprender que resulta cada
día más peligroso para la gobernabilidad del país que los jueces sigan
perdiendo credibilidad y que el respaldo social del que deben gozar se vaya
trocando en rechazo y desconfianza generalizada.
Las
nuevas autoridades judiciales deberán expulsar del escenario de coordinación y
cooperación interinstitucional aquellas formas de injerencia
existentes. Les corresponderá también, por ser una necesidad, en ejercicio y
lógica democrática, impedir que sigamos con reformas judiciales cosméticas,
mediáticas y coyunturales.
Por la forma como la Asamblea
Legislativa Plurinacional ha llevado a cabo el proceso de preselección de
candidatos, será un imperativo generar legitimidad para las nuevas autoridades
judiciales y es una oportunidad de lograrlo, el establecimiento de las alianzas
que les planteo.
Proteger a las instituciones del
Sistema de Justicia de las presiones que hemos presenciado estos últimos seis
años y antes, pasa por generar un ámbito de participación ciudadana informado que
transforme -haciendo-, cree y afiance mecanismos de control social de la
Justicia. Pasa también por propiciar el liderazgo judicial en su propio proceso
de reforma con la fuerza legitimadora, la cual sólo la puede dar la
contribución de la sociedad civil y la validación social durante su transcurso.
Los órganos políticos (Gobierno y Congreso) deben servir al proceso de
reforma integral del Sistema de Justicia, promoverlo facilitarlo respaldarlo y
no más instrumentalizarlo; como ha ocurrido hasta hoy. Aun están a tiempo y las
nuevas autoridades constituyen una oportunidad, antes de que los déficits
democráticos cedan a una autocracia.