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En Bolivia se han planteado diversas vías para la reforma judicial. Por un lado, la trasformación a partir de las iniciativas del Ejecutivo y el Legislativo; lo que ha derivado en una injerencia inadecuada dentro de la democracia. La otra vía ha sido la promovida por los jueces, que no ha funcionado porque serían los actores modificando sus propias pautas de acuerdo a sus intereses y nunca contra ellos. Ambas vías no han sido fluidas y eficientes lo que motiva repensar el cómo retomar la agenda de la reforma judicial, tras el predecible fracaso de la Cumbre Nacional de Justicia Plural.
Existe, no obstante, una tercera vía, que no supone invasiones institucionales ni sesgos interesados, es la que se sustenta en la participación ciudadana técnica, especializada y con visión de país. Es la sociedad civil independiente y los ciudadanos creando corrientes de opinión y tendencias al cambio en temas concretos de la realidad judicial, instituciones judiciales funcionando como Sistema, con equipos interdisciplinarios específicos, abiertas y apropiándose de esas propuestas, un Ejecutivo que las respalde y financie y un Legislativo que las viabilice por medio de un marco jurídico consensuado y coherente con la Constitución.
La reforma judicial no puede esperar más. Vivimos tiempos de inercia funcional, porque nada ha cambiado desde junio de 2016, y seguimos en un contexto de cada vez mayor predominio de los órganos políticos frente a un Órgano Judicial día a día más debilitado por factores internos antes que externos. A partir de allí el criterio es que los jueces lideren la reforma judicial, pero con las pautas que les puedan proveer la sociedad civil, los administradores y los operadores del Sistema (abogados, litigantes, estudiantes de Derecho, Facultades de Derecho, etc).
Éste reto mayor es posible, y con éxito, si los concernidos reconocen que similar crisis estructural al de la “justicia” tienen, entre otros ámbitos, la universidad pública y los abogados y desarrollan, en orden a su mandato constitucional y legal, acciones de corto mediano y largo plazo que transformen esas situaciones críticas, que hoy las caracterizan. No existe reforma judicial exitosa que no haya sido convocante de estos sectores.
En esa medida, desde una perspectiva de -real- construcción y fomento de institucionalidad democrática, no ayuda endosar toda la responsabilidad de la crisis estructural de la justicia a los jueces. La tendencia, en países con democracias insuficientes, es que los políticos en gobierno y otros sectores de poder busquen aquello, por lo que resulta peligroso para la gobernabilidad que los jueces sigan perdiendo credibilidad y que el respaldo social del que deben gozar se vaya trocando en rechazo y desconfianza generalizada. Éste es caldo de cultivo para acentuar formas de injerencia.
Los gobernantes democráticos no deben temer a la autonomía judicial y percibirla como un recorte de su poder. Un gobernante con lógica democrática no promueve reformas judiciales cosméticas sino reformas integrales con enfoques de política pública, progresivos, eficientes y con legitimidad.
Proteger al Órgano Judicial de cualquier presión pasa por generar un ámbito de participación ciudadana que transforme -haciendo-, cree y afiance mecanismos de control social de la Justicia. Pasa también por propiciar el liderazgo judicial en su propio proceso de reforma con la fuerza legitimadora, la cual sólo la puede dar la contribución de la sociedad civil y la validación social durante su transcurso. Los órganos políticos deben autolimitarse en sus contribuciones.
Proteger al Órgano Judicial de cualquier presión pasa por generar un ámbito de participación ciudadana que transforme -haciendo-, cree y afiance mecanismos de control social de la Justicia. Pasa también por propiciar el liderazgo judicial en su propio proceso de reforma con la fuerza legitimadora, la cual sólo la puede dar la contribución de la sociedad civil y la validación social durante su transcurso. Los órganos políticos deben autolimitarse en sus contribuciones.