Poder Judicial de Costa Rica: Un ejemplo a seguir

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 Correo del Sur (Sucre Bolivia)

Sin Rodeos (Cajamarca Perú)

El Poder (Tarapoto Perú)

Esta semana estuve nuevamente en Costa Rica, por invitación de la Corte Suprema, para compartir una conferencia sobre transparencia y predictibilidad judicial y litigio ético en su Congreso Anual 2017. En este marco aprecié los ostensibles avances que han logrado en su desarrollo institucional, especialmente en los planos de gestión gobierno y modernización judicial; que se reflejan en los elevados porcentajes de aprobación ciudadana a los distintos servicios judiciales (el segundo puesto en Iberoamérica). Un avance que no hubiese sido posible sin el apoyo democrático y respetuoso de los gobernantes de las últimas décadas y la función legislativa responsable y coherente con el marco constitucional y normativa internacional del Parlamento.

Es el Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial, reimpulsado cada seis años  (2013-2018), el marco para las acciones que orientan el proceso institucional hacia la constante mejora y la eficacia en el desempeño judicial, para ofrecer -a los casi cinco millones de costarricenses- un servicio accesible y de calidad.

El Poder Judicial, como parte del Estado costarricense, tiene una tradicional y firme independencia respecto a los otros poderes y es respetado por gobernantes y gobernados; en la medida que en las últimas décadas ha contribuido al fortalecimiento de la paz y la erradicación de la pobreza, en el marco de la promoción del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 (ONU 2015).

En Costa Rica, país que no tiene fuerzas armadas desde hace 69 años, el presupuesto del Poder Judicial representa el 5.6% del producto bruto interno nacional (promedio de la última década). El ciclo presupuestario permite que los jueces formulen una propuesta de gasto que se presenta a la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, el cual realiza un análisis y efectúa los ajustes necesarios para correr traslado al Legislativo en busca de su aprobación. En este país desde 1957, conforme a la Constitución, el presupuesto del Poder Judicial debe ser del 6%.

Los esfuerzos actuales, en lo tecnológico, están centrados en: avances en el expediente electrónico, inteligencia de negocios, apoyo de las tecnologías para lograr justicia abierta en el Poder Judicial, uso de las videoconferencias, interoperabilidad con otras instituciones (experiencias en depósitos judiciales, migración y extranjería), consulta de expedientes judiciales, envío de demandas y escritos, notificaciones judiciales por gestión en línea, solicitud de órdenes de apremio, solicitud de hoja de delincuencia de citas de tránsito de sentenciados en fuga de impedimentos de salida del país de información geo-referencial, servicios disponibles a través de tecnología móvil y guía integrada de oficinas, entre otras.

También pude apreciar que han perfeccionado los mecanismos de selección de jueces a través de un procedimiento meritocrático, la permanencia en el cargo a través de nombramientos por períodos relativamente largos, la autonomía financiera a través de recursos suficientes para personal e infraestructura, y la profesionalización del personal judicial. En esa medida, su autonomía presupuestaria les ha ayudado a aislar al Judicial de presiones externas (especialmente políticas) e internas y se ha consolidado una burocracia judicial con identidad propia, que lucha constantemente por reivindicaciones laborales.

Costa Rica tiene un PBI per cápita de 11.824,64 USD (2016), al igual que gran parte de los países latinoamericanos, sin embargo, hace más de cincuenta años, tomó decisiones que han colocado a sus instituciones, el Poder Judicial entre ellas, como modélicos de lo que se debe hacer. Un ejemplo a seguir por los pueblos latinoamericanos, en especial en aquellos donde existen gobernantes que se autoproclaman transformadores y revolucionarios. En Costa Rica los políticos pactaron estas medidas, las han sostenido en el tiempo junto a su Pueblo y ahora cosechan resultados.

Justicia boliviana: entrevista a jurista Eddie Cóndor Chuquiruna

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 La Mula (Lima Perú)

1. ¿Desde una perspectiva de reforma integral al Sistema de Justicia, que Usted insiste en promover en Bolivia, qué balance tiene de lo realizado en los en los últimos años, por las autoridades judiciales electas?

El balance es negativo. La transición hacia el desarrollo del modelo integrado de justicia plural, que la Constitución de 2009 reconoce a los bolivianos, no contó con instrumentos técnicos, como un plan estratégico de reforma integral al Sistema de Justicia, emergente de un proceso participativo plural e incluyente, que lo viabilice. Fue el Gobierno, con una presencia predominante del Ministerio de Justicia y la Asamblea Legislativa Plurinacional (con mayoría oficialista), los que concentraron y dirigieron la agenda judicial, en orden a sus tiempos prioridades e intereses.

Si las instituciones que hacen al Sistema de Justicia, hubiesen tenido la capacidad de hacer propuesta en materia de gestión y gobierno y en lo jurisdiccional, entre el primer y segundo año de su mandato, a lo mejor se hubiese evitado la mediática Cumbre Nacional de Justicia Plural, cuyas conclusiones, hoy, son la hoja de ruta de lo judicial; un grave error, en la medida que materializa la agenda política del Gobierno en lo judicial, situación que sigue agudizando la estructural crisis judicial.

En estos cinco años, el Sistema de Justicia brindó sus servicios sobre gran parte de las mismas estructuras organizativas del pasado, con el mismo recurso humano y con igual y/o menor presupuesto de hace diez años. Sólo se cambió de nombre a las instituciones y se dictó algunas normas sustantivas y adjetivas, algunas incoherentes y contradictorias con el marco constitucional, que sería buena ponerlas en debate público nacional para su adecuación constitucional.

2. ¿Qué debería ocurrir, considerando lo que señala, para sentar bases para una genuina reforma judicial?

Nuestros países necesitan líderes en las instituciones judiciales. Me refiero a autoridades con una fuerte y extendida legitimidad social a nivel nacional. Personas que además tengan conocimiento y experiencia en lo jurisdiccional gobierno gestión y realidad judicial; perfiles que de manera permanente y persistente creen propongan y aprueben las medidas que ayuden afianzar el desarrollo institucional e independencia del Sistema de Justicia. Este trabajo debe darse en coordinación con los otros órganos del Estado y no en una relación de sometimiento. Es un contrasentido, y conspira contra cualquier genuina reforma judicial, cuando los integrantes de los órganos políticos (los gobiernos de turno) consideran que dicho proceso es su patrimonio.

Se necesita además un acuerdo nacional por la justicia, un pacto político que emerja de un espacio plural y convocante que, a partir del enfoque de política pública, proponga al país, los componentes de la reforma en el corto, mediano y largo plazo. En el caso boliviano el Tribunal Supremo de Justicia tiene iniciativa legislativa y podría, vía este mecanismo constitucional, proponer algo así y con ello asumir liderazgo en la anhelada reforma.

3. ¿El Ministerio de Justicia y la Asamblea Legislativa Plurinacional, en estos años, sumaron o restaron a la crisis existente?

Tengo dos valoraciones al respecto: La primera me permite decir que el Gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional, en estos años, han demostrado no tener interés en apoyar el desarrollo de una auténtica reforma judicial; pese a tener una misma línea política que facilitaría enormemente el proceso. Si ese supuesto no corresponde, han demostrado incapacidad total, porque se han limitado a hacer parches normativos, la mayoría mediáticos, pese a que la Constitución les impone un esfuerzo mayor.

Esta realidad se expresa (para citar algunos ejemplos) en leyes como la 025, 073 y otras, que construyeron y aprobaron -coordinadamente- y que han vaciado de contenidos a la carrera judicial, régimen disciplinario de jueces y han limitado el fortalecimiento de la justicia indígena.

4. ¿Encuentra Usted una relación entre la elección de autoridades judiciales y la falta de reforma judicial?. ¿Puede ser una oportunidad para iniciar la reforma judicial, el contar con nuevas autoridades que resulten elegidas en diciembre?

Encuentro una relación directa entre la actual situación de la justicia, el perfil de las autoridades electas el año 2011 y la conducta del Gobierno y el Legislativo. Estos últimos, por falta de liderazgos de las nuevas autoridades, se apoderaron de la agenda judicial e impidieron que éstas, en su mayoría debilitados por los escándalos personales que generaron, propongan e implementen medidas trascendentes que afiancen su independencia. Las autoridades judiciales fueron limitadas a través de la imposición de un marco jurídico y presupuesto insuficientes, pero además por la designación de autoridades en el Ministerio de Justicia con perfil autoritario. Es bueno recordar que una vez posesionadas las actuales autoridades judiciales, éstas fueron abandonadas -a su suerte- por los órganos políticos, los que paradógicamente años después aparecieron criticando la situación y olvidando que son los causantes de gran parte de la crisis.

Este complejo escenario, que no debería repetirse, eleva aun más la valla a las nuevas autoridades judiciales que resulten elegidas en diciembre, porque les plantea el desafío de lograr consensos que permitan tener una agenda común con los demás órganos del Estado. Es una oportunidad, no obstante, que debe ser aprovechada desde el primer día de trabajo de las nuevas autoridades.

Queda claro que las experiencias exitosas de reforma judicial en el mundo, han superado estas barreras, que en el caso boliviano aun siguen latentes debido a la excesiva presencia de los órganos políticos en lo judicial.

5. Si la crisis judicial tiene (así se entiende de su análisis) como una de sus causas la elección popular de sus autoridades, ¿debe mantenerse o modificarse el mecanismo constitucional existente?

El mecanismo de elección popular de autoridades judiciales, que por cierto no comprendo porqué no involucró al Fiscal General, aun no ha sido puesto a prueba desde una lógica de construcción democrática de la justicia, esto es en orden al espíritu de la Constitución y a los estándares del derecho internacional sobre selección y nombramiento de “altas autoridades”.

Sí creo necesario que actual Gobierno debe comprender que no suma -en absoluto- al desarrollo de la independencia judicial, el acceso a sus servicios y la credibilidad social, si mantiene el mismo nivel de intromisión y manipulación del proceso de pre selección de candidatos. Si los políticos en gobierno siguen en esta misma lógica y conducta, habría que repensar el mecanismo y recrear uno que democratice -realmente- el acceso de las autoridades judiciales.

Para la población no sólo debe estar reservado el voto de los pre seleccionados, que debería ser informado, sino que se le debe promover y facilitar su participación durante todo el proceso, ya sea como candidatos (los que tienen mejores meritos) o siguiendo el mismo a través de veedurías y otros mecanismos de participación y control social técnico y no político.

6. Sólo es responsabilidad de autoridades judiciales, Gobierno Nacional y Asamblea Legislativa Plurinacional, la falta de reforma judicial?

La crisis de la justicia en Bolivia es estructural y superar sus déficits demanda la participación de gobernantes y gobernados. Son las autoridades judiciales las que deben liderar dicho proceso, en una relación efectiva de coordinación y respeto y en orden a las competencias de cada órgano del Estado y demás instituciones concernidas. Se debe trabajar en la construcción de coaliciones a favor de la reforma judicial.

La universidad debe abandonar su estado de comodidad indiferencia anomia y parálisis institucional, en relación a la estructural crisis judicial. Los colegios de abogados deben seguir siendo centro permanente de interpelación, de propuesta especializada y estar integrados por miembros con prácticas de litigio ético. Los medios de comunicación deben orientar su conocimiento al periodismo judicial y la población en general debe desarrollar cultura jurídica y judicial básica.

Es opción limitarse a la crítica descarnada o pasarse la vida de espectador. No obstante, las personas con ciudadanía activa y visión y prácticas democráticas buscan la forma de ser parte de cualquier proceso de mejora institucional; inclusive cuando las reglas de juego son desfavorables.

7. Para finalizar, a modo de conclusión, ¿qué recomienda a las autoridades judiciales actuales?

Que trabajen en la transición judicial, en aquellos aspectos que tienen que ver con lo jurisdiccional (casos y carga procesal), gobierno institucional y gestión de despachos, que toca el recurso humano con el que cuenta cada institución. Se debe evitar que haya pérdidas de tiempo y recursos económicos que no se tienen.

Las nuevas autoridades, que inicien funciones en enero de 2018, deberían encontrar instituciones con relativo orden, con planes básicos estructurados y presupuesto asignado. En esa medida, es su responsabilidad de las actuales autoridades generar esas condiciones, en coordinación con los sectores concernidos del Gobierno Nacional.

La sociedad debe ser vigilante de este importante momento y en ese cometido los medios de comunicación deben jugar un papel central; considerando que necesitamos desarrollar cultura judicial y jurídica en nuestros países.

Bolivia: Reforma judicial y elecciones 2017

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La Razón (La Paz Bolivia)
Los Tiempos (Cochabamba Bolivia)
Correo del Sur (Sucre Bolivia)
El País (Tarija Bolivia)

La reforma judicial no puede esperar más. Nueve años de nueva Constitución, doce del inicio del “proceso de cambio” y nada ha mejorado. Seguimos en un contexto de predominio de los órganos políticos frente a un Órgano Judicial y demás instituciones del Sistema de Justicia debilitados por sus propias acciones y omisiones frente al poder político. A partir de allí, el criterio es que las autoridades que resulten más votadas en la elección judicial 2017 lideren la reforma judicial, pero en orden a una estrategia de coordinación para la cooperación con el Ministerio de Justicia y la Asamblea Legislativa Plurinacional y no de imposición o sometimiento.

Este reto mayor es posible de superar si las nuevas autoridades reconocen la situación de crisis estructural de la justicia y promueven que similar ejercicio y reconocimiento, entre otros ámbitos, se realicen en la universidad pública y privada, en los gremios de abogados y medios de comunicación. De estos sectores, como consecuencia de ese proceso de mea culpa y autocrítica, deben surgir pautas que, sumadas a las de sociedad civil, ayuden agendar acciones que en un corto mediano y largo plazo transformen esas situaciones críticas en acceso efectivo a servicios de justicia justos. Insistimos en que no existe reforma judicial exitosa que no haya convocado a estos sectores y les permitiera ser parte importante y específica del proceso.

Bolivia no mejorará su insuficiente democracia, si sus políticos, el gobierno y otros sectores de poder no priorizan la reforma judicial y la promueven desde el enfoque de política pública. Deben comprender que resulta cada día más peligroso para la gobernabilidad del país que los jueces sigan perdiendo credibilidad y que el respaldo social del que deben gozar se vaya trocando en rechazo y desconfianza generalizada.

Las nuevas autoridades judiciales deberán expulsar del escenario de coordinación y cooperación interinstitucional aquellas formas de injerencia existentes. Les corresponderá también, por ser una necesidad, en ejercicio y lógica democrática, impedir que sigamos con reformas judiciales cosméticas, mediáticas y coyunturales.

Por la forma como la Asamblea Legislativa Plurinacional ha llevado a cabo el proceso de preselección de candidatos, será un imperativo generar legitimidad para las nuevas autoridades judiciales y es una oportunidad de lograrlo, el establecimiento de las alianzas que les planteo.

Proteger a las instituciones del Sistema de Justicia de las presiones que hemos presenciado estos últimos seis años y antes, pasa por generar un ámbito de participación ciudadana informado que transforme -haciendo-, cree y afiance mecanismos de control social de la Justicia. Pasa también por propiciar el liderazgo judicial en su propio proceso de reforma con la fuerza legitimadora, la cual sólo la puede dar la contribución de la sociedad civil y la validación social durante su transcurso.

Los órganos políticos (Gobierno y Congreso) deben servir al proceso de reforma integral del Sistema de Justicia, promoverlo facilitarlo respaldarlo y no más instrumentalizarlo; como ha ocurrido hasta hoy. Aun están a tiempo y las nuevas autoridades constituyen una oportunidad, antes de que los déficits democráticos cedan a una autocracia.

¡Los jóvenes a la política!

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Semanario Expresión (Chiclayo Perú)

Hoy recordé a Saúl Cóndor Medina y con él a Víctor Raúl Haya La Torre, porque ambos hicieron de la política un apostolado. Haya solía concluir que la verdadera misión es la que se reviste de corazón. Saúl demostró que solo la pasión que enraíza en nuestros actos e intenciones es la que nos forja para el reto de la buena política. Lo demás es espíritu acomodaticio e interés. El político genuino es el que comprende que su sacerdocio y su magisterio trascienden al poder efímero. Decía Haya: “Quienes han creído que la misión del aprismo es llegar a Palacio, están equivocados… la misión del aprismo es llegar a la conciencia del pueblo, antes que llegar a Palacio. A la conciencia del pueblo se llega… con la luz de una doctrina, con el profundo amor a una causa de justicia, con el ejemplo glorioso del sacrificio…”

Luis Alberto Sánchez también nos transmitió la sustancia de la política. El éxito no es alcanzar los pináculos deseables o el poder, es servir, “servir en cualquier capacidad. Realmente gozo sirviendo, me molesta mucho cuando no puedo servir. No me ha interesado mucho el sobresalir. … lo que me interesa es seguir sirviendo y seguir haciendo cosas”. Saúl vivió para servir a su San Gregorio y Agua Blanca en San Miguel Cajamarca.

Ahora que la corrupción acosa a América Latina y cuestiona la esencia de la política, los jóvenes que pisan en el umbral de la política deben memorizar estas frases y entender que la verdadera transformación del Perú y el mundo está en sus manos si es que entienden la política como una entrega, como una misión, como una docencia del desprendimiento, como un trabajo del No Yo. Pero el espíritu no es suficiente, debe ser una entrega colmada, con contenido de ideas y propuestas. Los jóvenes deben comenzar estudiando, para dilucidar qué ha cambiado desde los años germinales de los grandes debates en el siglo XX hasta hoy ¿Es una señal de nuestra decadencia como países que las grandes preguntas se respondan en una fiscalía o ante un juez o una comisión investigadora? La política no debe quedarse en los periódicos, debe explorarse en los grandes libros y en las líneas de los grandes maestros ¿Cuáles son hoy las grandes preguntas que se hacen los jóvenes? ¿Las que leen con pasmo en las portadas de los diarios? ¿Debemos volver atrás e inspirar nuestra acción en las interrogantes sobre el régimen económico que Haya, Mariátegui y Víctor Andrés Belaunde gestaron en la conciencia nacional? ¿Debemos resolver el gran reto geográfico que se planteó Belaunde Terry? ¿Y el espíritu de exploración y respuesta que se planteó el joven Riva Agüero de los “Paisajes peruanos? ¿Y las grandes dudas sobre la educación de los sabios pioneros?

No hay futuro sin jóvenes que vuelvan a las viejas grandes preguntas, porque de la ausencia de preguntas nace la sed mercantil y el espíritu fenicio, el hambre de fugaces lumbres, la avidez de fama. Los jóvenes deben entender, como Haya, Sánchez, Mariátegui y los Belaunde, que la política es un sacerdocio, una misión, un servicio; pero que fertilizarán la tierra solo si se acompaña de preguntas, de doctrinas, de propuestas claras.

¿Qué papel les toca a los jóvenes políticos para adecentar y centrar el debate? ¿Qué papel tienen los partidos políticos para formar nuevas generaciones? ¿Qué puede aportar una ley de partidos para que los jóvenes sean visibilizados?.

Por tal razón es pertinente mencionar que uno de los actuales temas de reforma en Perú y Latinoamérica es el de la crisis estructural de los partidos políticos. Muchos de estos son combis electorales (alimentadas por el voto preferencial) que lleva a las organizaciones a preferir la participación de solventes postulantes a la de aquellos jóvenes que, desprovistos de recursos, solo tienen como sustento su capital intelectual. Pero el intelecto no paga una campaña, la paga el financista al que lo mueve poco o nada el cambio, el ideal o el apostolado. La regeneración de la política solo será posible si es que cambiamos los viejos patrones de juego y apoyamos el encumbramiento de jóvenes valores, de esos que en germen constituyen la base de la institucionalización de las organizaciones con vista a futuro. A ellos debemos formarlos en democracia, en Estado de Derecho, en pasión por la justicia social y en vocación por la libertad.

El Perú a 196 años de vida independiente y otros países no se definen, han perdido el gesto de la pregunta, son países cuyas generaciones se suceden sin fecundar, por eso no tienen nuevos líderes con visión apostólica sino -en su mayoría- mercaderes haciendo política. La voz lapidaria de González Prada no tiene eco en la formación de una nueva intelectualidad, joven, potente, estremecedora, que nos arrastre y nos subvierta.

Los años venideros deben ser un tiempo para ellos, para los que postulen una conciencia limpia, una doctrina clara y una virtud sólida. Solo así afrontaremos el bicentenario con la génesis de la esperanza ¿Estamos preparados para una política en serio desde los jóvenes? La respuesta subyace como médula en el mensaje del maestro en el Politeama: “los troncos añosos y carcomidos produjeron ya sus flores de aroma deletéreo y sus frutas de sabor amargo. ¡Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutas nuevas! ¡Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra!”

La meritocracia y el Estado

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Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia

El Poder (Tarapoto Perú)

La Verdad (Chiclayo Perú)

Correo del Sur (Sucre Bolivia)

Los Tiempos (Cochabamba Bolivia)

"Venganza" es una película de Hollywood interpretada por Liam Neeson, en la que es recurrente la frase "¡Adiós y buena suerte!". "¡Adiós y buena suerte!" es también la fría expresión de muchos empleadores que se deshacen de sus trabajadores arbitrariamente. El problema es cuando no se trata de un "rapaz capitalista" el que lo hace sino del Estado y peor aun cuando lo hace un Estado que se llama transformador inclusivo y revolucionario.

Al decir verdad, nada hay de transformador inclusivo y revolucionario cuando ese Estado continúa las prácticas del viejo modelo y la transformación cantada no es sino la continuación impensada. Muchos funcionarios, en efecto, son dejados de lado para dar paso y espacios a la clientela política del poder, destruyendo el mérito y tornando a las instituciones públicas en agencias de empleos y mecanismos de gratitud política.

Lo terrible es cuando este fenómeno propio de las burocracias del Gobierno Nacional, Departamental o Municipal se hace regla y se replica en toda la estructura del Estado; esto es usar la función para repartir cargos y satisfacer, entre otras formas, las demandas de aquellos que financiaron o respaldaron sus campañas. La politización los empodera a tal punto que nuestras autoridades devienen en reyezuelos y los reyezuelos, desde luego, hacen y deshacen los destinos de la institución sin más discreción que el interés propio y el propio arbitrio.

En esa línea, se debe cuidar, colocando en la plataforma del debate público estos aspectos, para que las instituciones públicas secuestradas por las clientelas políticas realicen autoevaluación y autocrítica, si de tener un gobierno gestión y servicios con autonomía e independencia se trata. No decimos necesariamente que todas las instituciones estatales estén ganadas por esta perniciosa práctica, pero es un lugar común en el mundo, allí donde la institucionalidad es precaria.

En estos últimos años se pudo ya visibilizar algunos niveles de abuso de poder por malas copias en los espacios institucionales, debido a la elección o designación de puestos clave regido por el viejo lastre clientelista; esto es decisiones basadas en el libre arbitrio y la imposición de sus reglas (con los intereses personales que subyacen), convirtiendo lo que debe ser una estructura institucional en un archipiélago de feudos particulares.

Invocamos a la población a una vigilancia cabal en aras de la no continuidad de tan vetustos hábitos. Llamamos la atención a los políticos (quienes deberían responder por la calidad de servicios públicos que tenemos), para que desarrollen y trabajen con una visión de país que queremos. Una prioridad en lo inmediato es contrarrestar la crisis institucional, crisis que corroe las estructuras del Estado.

Demandamos que la clientela cese y la selección del personal sea sobre el fundamento del mérito. No se puede sacrificar carreras consolidadas y a funcionarios honrados y capaces por personajes cuyo único “mérito” es haber realizado campaña, financiado candidaturas o haber integrado el partido gubernamental.

Que los intereses subalternos no prevalezcan a la carrera pública. Weber hablaba de la necesidad de una "burocracia ilustrada", lo que vemos es, por el contrario, la gratitud política como condición y la medianía como un requerimiento básico para los nuevos cargos en el Estado.

El valor de los jueces en un sistema democrático

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Correo del Sur (Sucre Bolivia)

Sin Rodeos (Cajamarca Perú)

Lea (Chiclayo Perú)

La Mula (Lima Perú)

Cuando nos referimos a la democracia, no sólo aludimos a la elección periódica y alternada de autoridades o al respeto a la Constitución y los derechos fundamentales, sino también al buen funcionamiento de las instituciones. En un absolutismo el funcionamiento se encamina a la eficiencia administrativa. En una democracia, tal eficiencia es insuficiente, pues se espera algunos otros atributos sustanciales. En el Sistema Judicial estas cualidades serían su independencia frente a otros poderes estatales o económicos, la transparencia, predictibilidad y probidad en el ejercicio de las funciones de los magistrados y el respeto del debido proceso. En una dictadura tales atributos son impensables, pues de lo que se trata es de ocultar, manipular, torcer el Derecho, apelar a la fuerza y corromper, sea a través de sobornos o con amenazas.

El papel social del juez en una democracia es, por tanto, coherente con los valores que la sustentan. Tales valores deben ser, esencial sustento que informe, por ejemplo, las normas procedimentales. Si no es así, las leyes procesales son cuestionables por discordar con la Constitución, el Derecho Internacional y el sistema democrático.

En una democracia, la aplicación de la justicia debe seguir la línea que se desprende de esos valores, y son los ciudadanos quienes tienen la obligación, correlativa a sus propios derechos de pertenencia a la comunidad política, de defenderla. La ciudadanía impone el deber de defender la democracia y, subsecuentemente, el funcionamiento democrático de la justicia. Pero la comunidad política democrática no sólo la componen los individuos, también las instituciones privadas y públicas. De esa pertenencia al sistema es que nace el imperativo de todos de defender la Constitución, el estado de Derecho, la independencia de poderes, entre otros. No se puede hablar de pertenencia sin compromiso. Compete, por tanto, a la prensa (que goza sólo en una democracia de la libertad de expresarse), la función de defender el sistema político. Compete también a los académicos (particularmente del mundo jurídico), que conocen el Derecho y sus fundamentos. A estos últimos les cabe la mayor responsabilidad, porque en su formación bebieron de las fuentes históricas que dan sustento a los Derechos Humanos y la supremacía de la Constitución.

Una sociedad democrática en la que sus juristas y libertarios esconden la voz, es una sociedad de siervos. El genuino coraje pertenece a aquél que defiende la justicia democrática porque tiene las herramientas académicas e intelectuales para hacerlo. Los jueces tienen la academia, son quienes dictan el Derecho e interpretan las normas. Por lo tanto, figuran entre los actores que más conocen y más argumentos y fundamentos tienen para promover y defender los valores democráticos.

Pero como en todo ámbito, no hay voz primera ni segunda que se alce contra la injusticia del sistema sin liderazgos. Un juez tiene la capacidad para distinguir las malas leyes del procedimiento, o las presiones exteriores a la majestad de ser el dador de justicia. De allí la necesidad de promover líderes en el Sistema de Justicia, en la línea de propugnar los grandes cambios que el mandato constitucional exige; pero quienes deben tomar las riendas de ese cambio, en la perspectiva del funcionamiento democrático, deben ser los propios jueces. Por lo demás, los cambios que no tienen como fin esencial el principio y el valor cabal de la justicia, fenecen con las coyunturas. Este razonamiento vale para la reforma de cualquier Sistema Judicial en cualquier parte del mundo.

Se trata de evitar perniciosas intromisiones y que los objetivos democráticos de la justicia no se pierdan entre los objetivos de los otros poderes del Estado. Sólo en una justicia democrática se cumplen las sentencias, basadas en el Derecho.

La justicia democrática que reclamamos y debemos reclamar en toda instancia, es aquella que resulta efectiva en su papel de cumplir la Constitución y las leyes. Lo demás es sólo una democracia que se sostiene en una delgada página de papel: endeble, aérea, cuando no irreal.

Es necesario democratizar las elecciones judiciales 2017

1. ¿Qué evaluación tiene del proceso electoral judicial boliviano de 2011?

Fue una oportunidad que se debió aprovechar para evaluar el mecanismo constitucional de elección popular de jueces de las “altas cortes”. El proceso fue la imposición de una agenda gubernamental predefinida. Por un lado, la postulación y preselección de los candidatos, 118 para 56 cargos -a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional- se basó en criterios políticos y subjetivos y no en el mérito (en orden a lo que establece la Constitución). La segunda etapa, de organización y administración del proceso electoral, a cargo del Órgano Electoral, estuvo plagada de controversias, debido a que los candidatos (o a través de terceras personas) no pudieron realizar campaña electoral, bajo sanción de inhabilitación; situación que limitó el debate sobre los méritos de los candidatos, negando el derecho a un voto informado de la población. Consideremos, además, que las diferentes campañas por el voto nulo, voto blanco y voto de rechazo, generaron desinformación y confusión entre el electorado y nunca se discutió la necesidad de una política pública sobre el Sistema de Justicia.

2. Está en debate nuevas reformas a las normas que regulan la elección judicial, ¿qué valoración tiene de las mismas?

No conozco cuál es la agenda que se sigue. Entiendo que se trata de modificaciones a leyes centrales de desarrollo constitucional: La 025 del Órgano Judicial, 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional y 026 del Régimen Electoral; y pese a que cada Órgano del Estado tienen un sitio web y recursos para acercar esta información a la población, en espacios abiertos de debate, no se conoce de qué reformas se trata y quiénes las están elaborando.

En ese marco, es responsabilidad exclusiva de la Asamblea Legislativa y el Gobierno Nacional generar credibilidad en la población sobre el mecanismo de selección que logren tras los ajustes normativos. Éste debe sopesar el mérito de los candidatos y no las predilecciones, prejuicios o discriminación. La mayor o menos capacidad de los elegidos marcará el nivel de independencia de las instituciones del Sistema de Justicia y los avances en un proceso legítimo y democrático de institucionalización, por ejemplo, de la carrera judicial y el régimen disciplinario de jueces y fiscales.

3. Sobre la participación de los Órganos del Estado, de la población y otros actores relevantes, en el actual proceso, ¿tiene una evaluación?

Resulta prematuro adelantar juicios de valor, pero sí puedo decir que los Órgano del Estado tienen la obligación de cumplir la ley y en ese marco es necesario democratizar las elecciones judiciales. Deben establecer reglas que aseguren la equidad electoral, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, ya que a través de su ejercicio la población puede acceder a información de las distintas propuestas de los candidatos sus aptitudes y capacidades. Un proceso democrático de elección implica que todos puedan cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos, disentir y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones. Es derecho de los electores formar su criterio para votar y de los Órganos del Estado su obligación proveer la suficiente información para que ese voto sea informado. La población debe dejar la pasividad que la caracteriza y ser actor relevante, porque sólo de ese modo se restará espacio al predominio gubernamental que caracterizará -nuevamente- este proceso. Las organizaciones sociales, me refiero a las que respaldan el proceso de cambio, tienen la oportunidad de enmendar el error de la elección anterior.

4. ¿Cómo mejorar la elección próxima, considerando el contexto de país y el predominio en la agenda judicial del Gobierno?

A Bolivia le conviene tener elecciones judiciales con mecanismos públicos, trasparentes, participativos, incluyentes orientados a identificar el mérito y la capacidad profesional de los candidatos, y que aseguren condiciones de igualdad y no discriminación, especialmente entre hombre y mujeres; en orden a los estándares internacionales existentes para la selección de miembros de “altas cortes”. Estos estándares deberían formar parte del Reglamento de Preselección que será utilizado por la Asamblea Legislativa Plurinacional para identificar a los mejores candidatos. Si el Gobierno se aparta del cumplimiento de estos elementos estará negando la posibilidad de tener autoridades judiciales independientes y aceptando que es parte de su agenda controlar las instituciones judiciales.

5. A la luz de lo anterior, ¿cuáles serían las precondiciones para tener una mejor elección?

El Reglamento de Preselección de candidatos debe necesariamente considerar: 1) Los requisitos mínimos para acceder al cargo (tanto generales como específicos) deben ser claros y objetivos, y no ser susceptibles de interpretación, 2) El mecanismo de selección debe estar basado en el mérito y no predilecciones, prejuicios o discriminación; pero sobre todo generar confianza en la población. 3) El proceso de selección debe ser público y transparente en todas sus etapas. 4) La realización de audiencias con los candidatos debe estar orientada a evaluar sus capacidades. 5) El proceso de selección debe incluir mecanismos de participación de la sociedad civil. 6) debe regularse un perfil que describa las cualidades y aptitudes que se espera de los/as futuros/as magistrados/as e integrantes de las “altas cortes”. 7) La instancia técnica de calificación de méritos debe ser autónoma, distinta de las entidades políticas encargadas de la pre-selección.

6. Las capacidades de los candidatos, ¿qué importancia tiene? ¿Cómo evaluarlos?

El perfil de la autoridad a elegir debe estar predefinido. Éste perfil debe considerar la honorabilidad, la independencia, el conocimiento legal sobresaliente, la experiencia y la trayectoria vinculada al ejercicio del derecho, la transparencia en la actuación funcional, la experiencia en gestión y gobierno así como el compromiso con la protección de los derechos humanos, el Estado de Derecho y los valores democráticos. Además, es importante la experiencia en procuración, manejo y administración de recursos humanos y financieros y el temperamento y las habilidades personales.

7. ¿Qué aspectos deberían tener en cuenta los órganos del Estado, a fin de que la próxima elección ayude a sentar bases para una reforma judicial?

La agenda de la reforma judicial en Bolivia será prioridad o no en función de quiénes resulten electos en la próxima elección judicial. Si no contamos con magistrados y consejeros fuertes, con liderazgo y con legitimidad, tendremos otro periodo de parálisis institucional judicial, por la incapacidad de promover y presentar al país una propuesta de reforma integral al Sistema de Justicia, y será la población en situación de vulnerabilidad la más afectada. El Gobierno, me refiero al Ejecutivo y Legislativo, debería comprender que si no contamos con una genuina reforma judicial su proceso fracasará y que de ello hay cada vez mayor comprensión social.

8. Para concluir, ¿tiene alguna recomendación a los que están pensando en postular en la próxima elección judicial?

La responsabilidad en sus actos y que piensen más en Bolivia que en sus intereses personales o de los grupos que los respaldan si es que el propósito es instrumentalizar las instituciones judiciales para atender agendas ocultas. Que sean conscientes de que algún día recaerá sobre ellos responsabilidades funcionales, por el derecho que tiene el Estado de repetición ante excesos y errores judiciales. Visto desde el ángulo positivo, de efectivo compromiso con la función judicial, cabría felicitarlos porque tendrían la oportunidad de aportar a la construcción del modelo integrado de justicia plural; que la constitución reconoce a los bolivianos y bolivianas.


Eddie Cóndor Chuquiruna, especialista en reforma judicial (http://www.construyamosjusticia.blogspot.com/).

La corrupción acosa a América Latina

Publicado en:

Correo del Sur

Red País

Los Tiempos

La Razón

Semanario Expresión de Chiclayo (Perú)

La corrupción en América Latina es un cáncer que sigue haciendo metástasis. Son varios los jefes de Estado y centenares los ministros que, en las últimas dos décadas, han sido objeto de investigación por supuesta comisión de diversos delitos. Cada año son más reveladores los movimientos ocultos detrás de los fondos del Estado de “altos servidores” estatales, en Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, México, Guatemala, Honduras, Paraguay y Haití. El alcance de la megacorrupción de Odebrecht, por ejemplo, llega a Estados Unidos e, incluso, África.

La mayoría de los casos seguidos han tenido que ver con tráfico de influencias y lavado de activos. Éstos han tenido efectos importantes en la política de cada país, al punto de producir la debacle de Gabinetes y de Presidentes como Alberto Fujimori, Dilma Rousseff y Otto Pérez Molina. En la última semana es el ex presidente peruano Alejandro Toledo (otro caído por Odebrecht), hace noticia, pues pesa sobre él orden de captura internacional para que cumpla la decisión judicial de prisión preventiva de 18 meses, mientras es procesado.

Pero, ¿acaso el centralismo imperante impide ver a los latinoamericanos que la corrupción no sólo campea en sus ciudades capitales y en las altas esferas sino también en los municipios, provincias y en los departamentos o regiones? ¿Un acto de corrupción que involucra la pérdida de 3,000 soles, pesos o dólares es tan minucia que no merece mayor atención? No por su ubicación y sus montos estos casos son menos trascendentes; lo que interesa no es el monto apropiado sino la descomposición del poder político y burocrático y la tolerancia social a la corrupción en nuestros países.

Casos como Lava Jato, Odebrecht, Caval, Petrobras, “Dólar Futuro”, "Panama Papers", “petroaudios”, Pdvsa, Fondo Indígena, CAMC y otros ocupan espacios en la prensa nacional e internacional y como en el sistemático desfalco en la mayoría de los Municipios y Gobernaciones, debieran tener un impacto inmediato de responsabilidad política, judicial y social. No obstante, esto no ocurre debido al declive de la institución contralora, de fiscalización y la inexistencia de una ciudadanía activa.

Aunque se han desarrollado investigaciones, en cada caso, no conocemos el núcleo ético de las gestiones de los respectivos gobiernos nacionales, departamentales y provinciales, en la medida que sus actitudes no se han ajustado a las de servidores que combaten la corrupción; por el contrario, se ha apreciado empeño en “tapar los casos”, obstruyendo y ocultando información. Peor aún, muchos han terminado enjuiciando a la prensa o a los que denunciaron. Sus enemigos no son el entorno corrupto, los saqueadores del Estado o los traidores del pueblo sino aquellos que investigan y buscan la verdad. Olvidan que la prensa tiene como una de sus funciones esenciales descubrir los manejos a la sombra, colocarlos a la luz de la opinión pública y opinar sobre ellos.

En esa perspectiva son los sistemas de Justicia, que comprenden a los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, los que no deben optar por la mordaza o la pasividad, y basar sus decisiones en coherencia con su función de “hacer justicia” y con la colaboración del periodismo: que trabajan por la verdad y el control al poder.

El cómo retomar la reforma judicial

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Los Tiempos

La Patria

Correo del Sur

En Bolivia se han planteado diversas vías para la reforma judicial. Por un lado, la trasformación a partir de las iniciativas del Ejecutivo y el Legislativo; lo que ha derivado en una injerencia inadecuada dentro de la democracia. La otra vía ha sido la promovida por los jueces, que no ha funcionado porque serían los actores modificando sus propias pautas de acuerdo a sus intereses y nunca contra ellos. Ambas vías no han sido fluidas y eficientes lo que motiva repensar el cómo retomar la agenda de la reforma judicial, tras el predecible fracaso de la Cumbre Nacional de Justicia Plural.

Existe, no obstante, una tercera vía, que no supone invasiones institucionales ni sesgos interesados, es la que se sustenta en la participación ciudadana técnica, especializada y con visión de país. Es la sociedad civil independiente y los ciudadanos creando corrientes de opinión y tendencias al cambio en temas concretos de la realidad judicial, instituciones judiciales funcionando como Sistema, con equipos interdisciplinarios específicos, abiertas y apropiándose de esas propuestas, un Ejecutivo que las respalde y financie y un Legislativo que las viabilice por medio de un marco jurídico consensuado y coherente con la Constitución.

La reforma judicial no puede esperar más. Vivimos tiempos de inercia funcional, porque nada ha cambiado desde junio de 2016, y seguimos en un contexto de cada vez mayor predominio de los órganos políticos frente a un Órgano Judicial día a día más debilitado por factores internos antes que externos. A partir de allí el criterio es que los jueces lideren la reforma judicial, pero con las pautas que les puedan proveer la sociedad civil, los administradores y los operadores del Sistema (abogados, litigantes, estudiantes de Derecho, Facultades de Derecho, etc).

Éste reto mayor es posible, y con éxito, si los concernidos reconocen que similar crisis estructural al de la “justicia” tienen, entre otros ámbitos, la universidad pública y los abogados y desarrollan, en orden a su mandato constitucional y legal, acciones de corto mediano y largo plazo que transformen esas situaciones críticas, que hoy las caracterizan. No existe reforma judicial exitosa que no haya sido convocante de estos sectores.

En esa medida, desde una perspectiva de -real- construcción y fomento de institucionalidad democrática, no ayuda endosar toda la responsabilidad de la crisis estructural de la justicia a los jueces. La tendencia, en países con democracias insuficientes, es que los políticos en gobierno y otros sectores de poder busquen aquello, por lo que resulta peligroso para la gobernabilidad que los jueces sigan perdiendo credibilidad y que el respaldo social del que deben gozar se vaya trocando en rechazo y desconfianza generalizada. Éste es caldo de cultivo para acentuar formas de injerencia. 

Los gobernantes democráticos no deben temer a la autonomía judicial y percibirla como un recorte de su poder. Un gobernante con lógica democrática no promueve reformas judiciales cosméticas sino reformas integrales con enfoques de política pública, progresivos, eficientes y con legitimidad.

Proteger al Órgano Judicial de cualquier presión pasa por generar un ámbito de participación ciudadana que transforme -haciendo-, cree y afiance mecanismos de control social de la Justicia. Pasa también por propiciar el liderazgo judicial en su propio proceso de reforma con la fuerza legitimadora, la cual sólo la puede dar la contribución de la sociedad civil y la validación social durante su transcurso. Los órganos políticos deben autolimitarse en sus contribuciones.