¿Qué implica una política en justicia?

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La Razón
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No cabe duda que las iniciativas exitosas de reforma judicial en América Latina, con impacto positivo en la justicia y su conducción, han pasado por un proceso participativo, plural, inclusivo, progresivo, con una acción integral del Estado, bien articulada y en busca de un objetivo común.

En Bolivia, ese objetivo común está -en gran medida- determinado por la Constitución Política del Estado de 2009. Esto es, lograr una única justicia integral, con órganos paritarios, que brindan un servicio público de justicia a ciudadanos y ciudadanas, caracterizada por su independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos.

En ese sentido, hemos venido planteando analizar y realizar prospectiva respecto a la justicia y la implementación de aquel mandato constitucional, desde un enfoque de política pública; término que alude al conjunto de decisiones o de acciones coherentes, tomadas por las instancias gubernamentales en sus distintos niveles, la sociedad civil y las entidades privadas, a fin de resolver el problema de la crisis judicial, que tiene como una de sus principales causas la falta de una genuina reforma judicial en sus últimas décadas de vida independiente.

Entonces, tener una reforma judicial desde el enfoque de política pública, implica construir una política de Estado en justicia, un proceso de corto, mediano y largo plazo, en el que un análisis permanente de las interacciones entre actores públicos y privados, un análisis en términos de problemas públicos y un análisis comparativo con otros servicios, nos lleven a establecer estructuralmente las fases de toma de decisiones y a la definición de procedimientos para atender las diferentes expresiones de la crisis judicial.

"Agendación" es la primera fase y en la medida que la crisis judicial está incorporada en la agenda nacional como un "problema público", corresponde promover que la decisión gubernamental de reformar la justicia se traduzca en compromisos concretos y liderazgos visibles, lo que ayudaría al inicio del proceso esperado.

"Programación" es la segunda fase que implica la ponderación de las bases jurídicas dictadas y los objetivos definidos, los instrumentos de intervención y las modalidades operativas de la acción estatal. Este es un momento en el que también sociedad civil puede aportar y, en ese sentido, la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, tiene un papel importante por cumplir; desde una perspectiva de monitoreo o acompañamiento ciudadano al proceso y, por qué no, de apoyo crítico.

"Implementación" es la tercera fase y permite evaluar el conjunto de procesos que, tras la programación, buscan la realización concreta de los objetivos planteados, en base a las competencias, procedimientos y recursos programados. Este último elemento (en su variable económica) es crucial para avanzar en el proceso, en la medida que sin recursos sería inviable la consolidación de cualquier política pública.

"Evaluación" es la cuarta fase y en ella se valoran los resultados y efectos de la intervención pública. Alcanza inclusive cambios de conducta de los grupos-objetivo, o del grado de resolución del problema social identificado.

Apreciamos entonces que, en cada una de estas fases, resultan claves los actores intervinientes, los recursos asignados, las reglas institucionales que regulan sus actos, así como el contenido del problema a solucionar. De ese modo, cada medida o producto que se genere en el curso de una política pública expresará intereses, posiciones, obstáculos y oportunidades, todos "negociables" si la acción del Estado es integral, que implica una agendación y evaluación política pero una programación e implementación eminentemente técnica.

Queda entonces, a la luz de estos elementos, revisar el proceso de cambios judiciales que tenemos en Bolivia y reorientarlo hacia una política pública en justicia, una que trascienda gobiernos y que se construya con el aporte de todos y todas.

Elementos que hacen “integral” una reforma al sistema de justicia

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Correo del Sur
La Razón

Pese a la necesidad de promover una reforma integral del sistema de justicia, el Ejecutivo y el Legislativo insisten en su idea de superar la crisis judicial con las propuestas que emerjan de la “cumbre judicial”. La Universidad sigue ausente, al igual que la masa crítica de las ONGs independientes. Ignoramos si algún Colegio de Profesionales tiene propuestas presentadas e incluidas. Desconocemos los alcances de las propuestas que estarían haciendo las “organizaciones sociales”, porque el Ministerio de Justicia viene gestionando la “cumbre” con antidemocrático hermetismo. En esa línea, el Órgano Judicial no ha respondido a las críticas que pesan sobre él por su débil situación; el Tribunal Constitucional ha mantenido un perfil bajo; la Fiscalía, en respaldo al Ejecutivo y Legislativo, hizo una propuesta de diez puntos, y ningún medio de comunicación “se ha ganado el pleito” de apoyar este proceso, con responsabilidad, compromiso y proactividad.

Por estas razones y en la línea de seguir aportando, comparto algunos elementos que han concurrido, en experiencias exitosas de reforma, con el fin de mostrar qué implica una reforma judicial.

Real voluntad política del Ejecutivo: Se debe plasmar en acciones concretas la voluntad política del Órgano Ejecutivo de reformar la Justicia. Tendrán entonces los portavoces gubernamentales que sincerar su discurso y generar condiciones reales para el inicio de un proceso (ojo… un proceso) en el que el “ganador” sea el Órgano Judicial y con él los bolivianos y las bolivianas. Esta voluntad política debe implicar capacidad de convocatoria y acuerdo a nivel de la llamada “clase política”; porque una reforma judicial no es patrimonio de un Gobierno, es de un Estado, y, en consecuencia, debe trascender gobiernos, ser progresiva y tener un carácter prioritario en la agenda de Estado.

Conducta responsable y coherente del Legislativo: Resulta incoherente que el Legislativo le exija al Judicial que brinde un servicio óptimo y oportuno, con un marco jurídico insuficiente, inadecuado, contradictorio y –en algunas materias– obsoleto; considerando los nuevos paradigmas constitucionales de la función judicial. En ese sentido, el Legislativo debería asumir su responsabilidad y cumplir con el mandato constitucional y legal, de generar leyes y códigos que hagan viable la justicia plural. ¿Cuántos años han transcurrido desde que está vigente la Disposición Transitoria Tercera de la Ley del Órgano Judicial, que reconoce que "se establece un proceso de transición máximo de dos años para que los distintos códigos que rigen la administración de justicia sean modificados para adecuarse a esta Ley y sean aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional"? Entonces, ¿cuál es su aporte y compromiso con la reforma judicial, porque cuántos de los llamados “Códigos Morales” están vigentes? Y, cuidado que cambiando a las altas autoridades, la crisis judicial se acentuará. Lo sensato sería dejar que concluyan su mandado y en ese tiempo sentar las bases para una genuina reforma judicial.

Carácter técnico, inclusivo y de consenso de los componentes de la reforma y su implementación: Si el actor predominante es el Ministerio de Justicia y si todos y todas demandan una reforma judicial, deberían no solo generar mecanismos para canalizar las propuestas; sino promover espacios plurales para lograr consensos, que apunten a un acuerdo nacional sobre la reforma integral al Sistema de Justicia. El abordaje de esta agenda, debería ser técnico, sobre todo en el proceso de implementación, porque si bien el apoyo político es fundamental, éste debe estar limitado para evitar distorsiones del proceso. La elección de las “altas autoridades judiciales”, resulta ejemplificadora.

Enfoque de política pública o política de Estado: Este elemento es sustancial y hay que exigirlo. El enfoque de política pública alude al conjunto de decisiones o de acciones coherentes, tomadas –en el tiempo– por diferentes actores estatales y no estatales, cuyos recursos, nexos institucionales e intereses varían, a fin de resolver un problema colectivo, que en Bolivia es cada vez más crítico: la vulneración de derechos en los tribunales de justicia. En este marco, resulta ineludible reiterar nuestra recomendación de no sustituir este enfoque, que implica un proceso, por la denominada “cumbre judicial”, que pese a su influjo mediático, no deja de ser una actividad gubernamental y momentánea.

Si la apuesta es una auténtica reforma judicial, la “cumbre judicial” debería ser el inicio de aquel proceso plural de un año. Las iniciativas de reforma que se generen deberían tener un impacto positivo en la justicia y su conducción. En ese sentido, la acción del Estado debería ser integral y estar articulada coherentemente, promoviendo un objetivo común aunque con objetivos específicos, siguiendo los mandatos de la actual Constitución. Esta política de Estado, entonces, debería agotar cuatro fases: la elaboración de la agenda, la programación, la implementación y la evaluación del grado de resolución del problema que simboliza hoy la justicia; tal como lo hicieron Costa Rica, Chile y en menor medida Perú y otros países latinoamericanos en pro de una justicia justa.

Una “Cumbre Judicial” no define la reforma de la Justicia que Bolivia necesita

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Diario La Patria

Han transcurrido cinco años, desde que la Constitución de 2009 generó nuevos retos al Sistema de Justicia boliviano, y las estadísticas judiciales, los informes de Derechos Humanos (de organismos internacionales con carácter vinculante y otros), los informes del Defensor del Pueblo, las críticas generadas por la demanda ciudadana de justicia y, en general, la coyuntura, reprueban lo realizado y plantea un interrogante: ¿realmente asistimos a una reforma judicial o ésta no se ha iniciado?

Existe una demanda general de reforma judicial, pero falta generar consensos y un abordaje responsable, que pasa por dejar de lado los discursos o hacer eco de ellos y trabajar -técnicamente- para construir el servicio de justicia que la Constitución les reconoce a los bolivianos. Para lograrlo, sería necesario articular una coalición de instituciones de composición plural que promuevan acuerdos y hagan seguimiento, de ser posible con carácter vinculante, a las acciones que se determinen como ineludibles para reformar la Justicia.

En ese orden de ideas, urge plasmar en acciones concretas la voluntad política de reformar la Justicia de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Un acuerdo nacional sobre la reforma integral al Sistema de Justicia, sería un instrumento idóneo. Habría entonces que alejar el proceso de los intereses políticos y dejar su implementación en manos técnicas.

Estamos sugiriendo iniciar un proceso, que debe trasuntar gobiernos, desde un enfoque de política pública que, como sabemos, alude al conjunto de decisiones o de acciones coherentes, tomadas por diferentes actores públicos y a veces no públicos, cuyos recursos, nexos institucionales e intereses varían, a fin de resolver un problema colectivo que en Bolivia es un tema sensible: el respeto de los derechos humanos en los tribunales de justicia.

En este marco, la actividad que el presidente Morales ha llamado “Cumbre Judicial” representa una oportunidad inmejorable, si el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, asume técnicamente su conducción, replantea su enfoque y coloca a esta actividad como el inicio de un proceso plural, convocante y no excluyente, de no menos de doce meses, dividido en etapas: Un primer paso consistiría en generar un proceso amplio de consulta nacional de cinco meses, basado en un diálogo de saberes, experiencias y propuestas, en un orden temático, lógico, de iguales, e integral, en los nueve departamentos. En un segundo momento se trabajaría la sistematización de las propuestas departamentales, en la perspectiva de lograr, en los siguientes dos meses, una propuesta nacional para la reforma integral al Sistema de Justicia en Bolivia, la que sería presentada a los delegados institucionales de los nueve departamentos, con el fin de retroalimentar la propuesta durante el octavo mes. Un tercer escenario, durante el noveno, décimo y décimo primer mes, sería el de validación, por parte del pleno de los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de la propuesta nacional de reforma al Sistema de Justicia en Bolivia. Un cuarto paso, en el décimo segundo mes, contemplaría la presentación, en un foro nacional, de la propuesta nacional para la reforma integral al Sistema de Justicia en Bolivia, con la participación de quienes intervinieron en el proceso, además de las autoridades de los cuatro Órganos del Estado y las fuerzas políticas (partidos, agrupaciones, movimientos, etc.) del país.

Las iniciativas de reforma que se generen, durante estos doce meses, deberían tener un impacto positivo en la justicia y su conducción. En ese sentido, la acción del Estado debería ser integral y estar articulada coherentemente, promoviendo un objetivo común aunque con objetivos específicos, que en gran medida han sido determinados por la actual Constitución: una única justicia sistémica, con órganos paritarios, que brinden una prestación pública de justicia a ciudadanos y ciudadanas, caracterizada por su independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. Estamos planteando cuatro fases o dimensiones de trabajo, que no necesariamente son consecutivas, pero sí interdependientes: 1) la elaboración de la agenda, 2) la programación, 3) la implementación y 4) la evaluación del grado de resolución del problema que simboliza hoy la justicia.

Por lo expresado, la “Cumbre Judicial”, como se viene gestando, no define la reforma de la Justicia que Bolivia necesita, pero sí puede ser un buen inicio, en la medida que abonaría al desarrollo y contenido de la primera y segunda fase de una política pública, una política del Estado Plurinacional de Bolivia en materia de justicia; si el objetivo es contribuir a la construcción de un sistema democrático y una genuina gobernabilidad del país.

Presidente Morales: trabajemos hacia una reforma integral del Sistema de Justicia

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CAJ

Todo indica que ningún Gobierno, en la historia de Bolivia, apostó -verdaderamente- por construir una política pública en justicia. Un paquete de medidas orgánicas, programáticas en sus planos legislativo y económico, que trascienda gobiernos y que, además de consensos y liderazgos visibles, siente las bases para una verdadera reforma integral del Sistema de Justicia. Lo que encontramos son iniciativas aisladas, coyunturales y mediáticas, de escaso contenido técnico y con alta dosis de injerencia política.

Así, el proceso actual, exhibe lentitud en el desarrollo legal del marco jurídico constitucional y falta de voluntad política, del Ejecutivo y Legislativo, en reformar leyes incoherentes con el diseño de una justicia plural. La Ley 73, Ley de Deslinde Jurisdiccional, es un ejemplo. El Sistema de Justicia, sigue operando con gran parte de las estructuras del llamado “antiguo Sistema”; producto de la dilación del Legislativo en la aprobación y promulgación de normativa elemental para la implementación de nuevo diseño de justicia. El Código procedimental de la Jurisdicción Agroambiental, sirve como referencia de estas afirmaciones.

Se sigue viviendo en una Bolivia que es, esencialmente, producto de una prédica ideológica de reforma política y moral del país, basada, entre otros aspectos, en la interculturalidad y el pluralismo; que en materia de justicia, a casi cinco años de la nueva Constitución, no ha logrado superar el enorme rechazo y decepción que existe por la administración de justicia. Se aprecia que la llamada “revolución judicial”, pese al mediático y apabullante protagonismo gubernamental, desde su inicio, sigue siendo una “suma de buenas intenciones”.

No es posible implementar el nuevo diseño de justicia plural, ambicioso e inédito, con un presupuesto disminuido de tres, a menos del uno por ciento, entre los años 2000 al 2014. Miremos cómo Chile, desde el año 1995, ha invertido en su reforma judicial, en los últimos 15 años, miles de millones de dólares, adicionales a su presupuesto anual; y ahora exhibe resultados, aun perfectibles, pero tangibles y constatables en sus niveles de acceso ciudadano a la justicia.

Por ello, mientras no haya un liderazgo claro del Órgano Ejecutivo o del Órgano Judicial, en las acciones emprendidas, el “¿quién dirige la reforma?”; mientras no se ponga en vigencia el marco jurídico necesario -el que la Constitución manda- y mientras no se destinen los recursos económicos que pongan a operar el nuevo andamiaje institucional, (por la voluntad política y el consenso), y mientras no se incluya al mejor recurso humano para la labor jurisdiccional, de gestión y de gobierno del Órgano Judicial, resultará siempre demagógico hablar de reforma judicial.

Una verdadera política pública, en justicia u otra agenda nacional, inicia y agota etapas, trasciende gobiernos y encuentra sus bases en el cómo contribuir a la construcción de un sistema democrático y una genuina gobernabilidad de un país.

Es responsabilidad de un gobierno democrático, promover políticas públicas en ámbitos, donde se vulneran derechos, justicia por ejemplo; no hacerlo implica sumar al debilitamiento e intervencionismo del Sistema de Justicia, situación que debemos evitar. Presidente Morales, todo parte de allí.