Publicado en:
La Mula (Lima Perú)
Correo del Sur (Sucre Bolivia)
La xenofobia es el miedo, rechazo u odio al extranjero. Se manifiesta desde
el rechazo, el desprecio y las amenazas, hasta las agresiones físicas y
asesinatos. Las últimas muertes que conozco son de Ricardo Laura en enero de
2013 en El Alto y de Freddy Carlos Cano en mayo de 1999 en La Paz, en ambos
casos mientras estaban bajo la responsabilidad de la Policía.
Situaciones de este tipo ocurren por que, entre otras razones, no
existe entre nuestros Estados una política migratoria coherente con el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos y en esa medida los escasos mecanismos de
control del tránsito, tráfico migratorio y protección fronteriza resultan obsoletos
e insuficientes para limitar -principalmente- el acceso de criminales peruanos en
territorio boliviano. En este contexto, ambos países tienen el deber de promover
en su agenda bilateral la cooperación efectiva entre sus sistemas de
inteligencia, de seguridad y persecución del delito (Sistema de Justicia). La
delincuencia de peruanos en Bolivia existe porque desde hace décadas nuestros
gobiernos lo permiten; más con sus omisiones que con sus acciones de cara a prevenirla
combatirla y erradicarla. Por eso “la binacional”, para ser útil al Pueblo,
debe centrarse en aspectos sociales sin descuidar lo económico.
En este marco, un plano de la realidad que está exhibiendo la xenofobia
tiene que ver con la política del Estado boliviano de lucha contra la no
violencia contra la mujer que, si bien es cierto constituye un logro concreto (en
mi evaluación el mejor) del gobierno del Presidente Morales a favor de los
derechos de la mujer, está colocando en la cárcel -y con la pena más alta- a
cuanto peruano tiene el infortunio de verse envuelto en un proceso judicial de
feminicidio. Existe un discurso punitivo predominante de algunos interlocutores
del Gobierno Nacional, y sus rasgos xenófobos repercuten en policías, fiscales
y en algunos jueces y periodistas.
Cito dos casos: Renatto Cafferata Centeno y Jheysen Edilberto Vega
Aguilar. El primero recibió en Santa Cruz, en primera instancia, una condena de
treinta años y el segundo tiene más de tres años de prisión preventiva en Sucre
y pedido fiscal de máxima pena. Ambos expedientes dan cuenta de que no se está
cumpliendo elementos básicos del debido proceso y que si no fuese por los
esfuerzos familiares, por lograr justicia justa, los procesados estarían
librados a “su suerte”. Al Estado peruano, expresan las madres de los presos
mencionados, “poco o nada les importa” la violación de los derechos humanos de
sus súbditos en un Estado vecino, incumpliendo -con ello- su deber escencial y
razón de existencia. El Gobierno Nacional de Bolivia conoce de estas
vulneraciones, pero sus reacciones siguen siendo “tibias” frente a la magnitud
del grave daño que se sigue generando.
En mis casi dos décadas de servicio al mejoramiento del Sistema de
Justicia de Bolivia, de mi país y de otras naciones hermanas, he luchado para
lograr una revalorización social positiva de los jueces y fiscales por ser
pilares en la construcción de nuestra democracia. En esa medida, no puedo ser
indiferente a casos concretos, como los que menciono, que dan cuenta de
sistemas estatales perversos que discriminan y destruyen proyectos de vida.
Que
la xenofobia no sea una característica más del Sistema de Justicia boliviano. Hago
votos para que nuestros Estados pasen de ser entidades formales decorativas y
hasta nominales, cuando se trata de derechos humanos, y que cumplan proactivamente
con la protección y defensa de la persona humana, por ser su fin supremo; más
allá de nacionalidades, chauvinismos y falsos patriotismos.