A nadie conviene la situación de crisis del Órgano Judicial: ni a los ciudadanos ni al propio Gobierno, que hoy enfrenta un desgaste sin precedentes por haber enarbolado la bandera de una “revolución judicial” que no llega, pese a tener diez años en el poder. La corrupción y la impunidad, algunas de las señas de falta de independencia en la función generada por malos servidores de justicia, han anulado diversos ámbitos de las instituciones del sistema de justicia en un contexto en el que los tribunales deberían garantizar los derechos humanos de los bolivianos y las bolivianas y ser contrapeso al ejercicio del poder político. Con tribunales independientes, emergentes de un proceso convocante y transparente de reforma judicial, el país gana.
La separación de poderes y respeto entre los mismos asegura el poder y la legitimidad de un gobernante. En esa línea, le conviene al gobierno del señor Morales Ayma, desarrollar la institucionalidad judicial en orden al mandato constitucional, para evitar un mayor aislamiento y desgaste social. No reponer la función real del sistema de pesos y contrapesos, que ofrece el Sistema de Justicia equivale a socavar el estado de Derecho, derruir la división de poderes y afectar el sistema democrático.
La situación es más grave si es que con la denominada “Cumbre Judicial” se busca ganar votos y ampliar márgenes de maniobra para luego “despedir” a las actuales autoridades; cuando lo sensato, para hacer creíble el mea culpa gubernamental respecto a la crisis judicial, es que concluyan su mandato y el 16 y 17 de abril lo reorienten como el inicio de un proceso de diálogo nacional por una reforma integral del sistema de justicia. Un proceso participativo de corto, mediano y largo plazo, con financiamiento asegurado, menos protagonismo mediático de sectores del Gobierno, con visión de país, actitud responsable del Legislativo, mirada técnica en su implementación y con liderazgos visibles y de consenso social en las instituciones de los órganos judicial y ejecutivo. Un proceso –insistimos– que trasunte gobiernos, con dimensión y enfoque de política pública, a fin de evitar “borrón y cuenta nueva” de quién ostente el poder.
Sin una mínima apertura a acuerdos entre los Órganos del Estado y Sociedad Civil, para recomponer la institucionalidad judicial, todos pierden: pierde el Gobierno, pierde el Legislativo y pierden las instituciones judiciales, las organizaciones sociales, las instituciones y los ciudadanos, todos desprovistos del único marco que les da seguridad y garantías.
Una genuina reforma judicial es tarea de los “sectores vivos” de un país. No es patrimonio de un gobierno. Esta tarea requiere el concurso de todos, pues la independencia de poderes es una garantía del Estado de Derecho contenida en los tratados internacionales, en el constitucionalismo histórico y reciente y en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. Mal haría el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera en seguir la vía equivocada de no escuchar a la “masa crítica” y profundizar en el intento de capturar toda la hegemonía. Ningún gobierno puede asumir una legitimidad democrática que el Derecho y la propia realidad empiezan a contrastar y contradecir.