Rondas Campesinas y corrupción

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El Clarín (Cajamarca Perú)

Como en su momento, cuando contribuyó a la derrota del terrorismo de Sendero Luminoso y sumó a la consolidación de la paz, las Rondas Campesinas -de hoy- pueden jugar un papel determinante en la lucha contra la corrupción; especialmente en las provincias y distritos de nuestro Perú; por ser lugares en los que la presencia del Estado aún es simbólica sino inexistente.

Si en Lima Callao y las otras grandes urbes del país, la corrupción, en sus modalidades política económica religiosa periodística y otras formas, ha ganado terreno hace algunos años, en las provincias y distritos alejados está instalada y por lo general dirigida por dos o tres familias que gozan de una robusta salud económica, desde hace más de 35 años; cuando nuestro Estado empezó a transferirles y sin control efectivo presupuesto de modo permanente.

Como es en “provincias”, en la comprensión de los citadinos predominantes, poco o nada importa. Esta valoración también la tienen quienes dirigen las instituciones contraloras, pese a que muchos de ellos tienen un origen “provinciano”; pues todo lo sacrifican en la pira sagrada de costos y beneficios para el Estado. “Cuesta mucho investigar”, “quién asumirá los costos” suelen argumentar. La población no sabe qué tipo de rendición de cuentas realizan sus Alcaldes y sus Consejos Municipales y ante quién del Estado, jamás investigan de mutuo propio -por ejemplo la Contraloría- y, es lógico en esa línea, si no hay auditorías e informes tampoco hay acción de jueces y fiscales, no hay responsables y sanción para nadie.

Así, la población -no organizada- permite la corrupción por acción y por omisión. La respalda bajo el argumento “roba pero hace obra”, por una limpieza de camino que costó quince mil, pero que cotizaron y “rindieron” en 120 mil. Sienten que no pueden contrarrestarla, por la enajenación que generan las migajas -y con dinero del mismo pueblo- que reciben del alcalde, por lo general en trago y fiestas. Este círculo vicioso de corrupción, manipulación, amenaza e impunidad, año a año se repite y crece. Nadie hace nada para frenarlo, pese a que no hay un antibiótico en la posta médica del Pueblo o el mobiliario de su colegio se está cayendo a pedazos. Aquellos que deciden enfrentar estas mafias terminan estigmatizados como “problemáticos”, “resentidos” y “envidiosos”.

Por su parte, para las autoridades nacionales y la prensa capitalina, la corrupción en el Perú profundo es invisible, inexistente; si es que en su desarrollo no hay de por medio sangre o muerte. El caso Ilave (2004) en Puno, en su momento, llamó la atención de esta realidad, pues puso al desnudo la ineficacia de los mecanismos de rendición de cuentas, la violencia silenciosa que esconde la frustración social y la irresponsabilidad e incumplimiento de funciones de las instituciones que tienen por mandato fiscalizar y velar por un adecuado uso del dinero del Pueblo. Quince años después, del ajusticiamiento público del alcalde de Ilave, el Estado sigue limitándose a entregar más y más dinero, pero no controla con rigor fiscalizador para premiar o sancionar ante un uso irregular.

Por ejemplo, al Municipio de Unión Agua Blanca (en San Miguel - Cajamarca) el año 2018, según el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (http://apps5.mineco.gob.pe/transferencias/gl/default.aspx), se le transfirió más de cuatro millones de soles (4,056,823.82), cuyo uso se desconoce; porque no hay obra alguna que justifique una inversión de ese tamaño. Estoy citando sólo lo recibido en un año.

En este contexto, a los logros que viene obteniendo el sub sistema de justicia anticorrupción, con fiscales como Pérez o Vela y jueces como Concepción o Chávez, podríamos sumar los aportes que realicen las Rondas Campesinas, considerando que su mandato constitucional y legal no es limitante. Conocen mejor que nadie su realidad local y saben cuándo un Alcalde y su Consejo Municipal, tienen las cuentas claras y coordinan con su Pueblo las obras e inversiones.

Hasta hoy, los mecanismos de autocontrol de las alcaldías, reconocidas por su propio marco jurídico, han favorecido y afianzado la corrupción y la impunidad. Los Consejos Municipales en lugar de controlar al Alcalde lo protegen.

Las Rondas Campesinas, si se apartan de su papel neutral y en muchos casos de cómplices, pueden ser un extraordinario aliado para vencer a la corrupción en nuestro Perú profundo. Lo planteo porque conozco lo potente que resultan sus estructuras (organización) para perseguir el crimen, la calidad humana de sus integrantes, y porque es lo que le conviene a sus respectivos pueblos y a nuestro país.

Sitiemos a la corrupción

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El Clarín (Cajamarca Perú)

Los Tiempos (Cochabamba Bolivia)

Correo del Sur (Sucre Bolivia)

La Razón (La Paz Bolivia)

La corrupción y la impunidad, dos de las principales causas de la pobreza el subdesarrollo y la exclusión social en nuestros pueblos en estos siglos de “vida independiente”, no pueden ser asumidas con naturalidad por sociedad alguna que se precie de civilizada y democrática y persona que tenga valores y principios que hacen a la identidad y visión de país querido. 

En las últimas décadas su apogeo, en gran parte de nuestros países, ha mostrado lo ineficientes e ineficaces que han sido y son los mecanismos nacionales e internacionales -contra la corrupción- de la OEA y la ONU para enfrentarla y derrotarla. En este tiempo, la lucha contra la corrupción ha sido estatal y dirigida -mayormente- por políticos deshonestos.

En ese sentido, el debate está abierto y es necesario redefinir el papel que debemos cumplir de modo individual o colectivamente las personas. Nadie debería eludir esta agenda, por responsabilidad, considerando que estamos por heredar sociedades fracasadas porque están plagadas de corrupción e impunidad y con instituciones “democráticas” altamente desprestigiadas y controladas por intereses al margen de la ley. Muestras sobran en cada país.

Vivimos tiempos en los que es imprescindible abandonar el silencio, la indiferencia, la opacidad y el oportunismo y abrazar la acción constructiva que ayude a que aquellos esfuerzos que se vienen dando para enfrentar la corrupción, en algunos Estados desde lo público y privado, se afiancen y se constituyan en buenas prácticas y reglas sociales. Usemos, para ello, los elementos de la libertad de expresión y promovamos una autonomía e independencia judicial y fiscal; considerando el valor y aportes -de ambos- a una vida en democracia.

Podemos y debemos derrotar la tolerancia social a la corrupción y la impunidad, porque éstas son inducidas y promovidas por grupos antidemocráticos y pro crimen de poder político y económico. Esto es verificable, en nuestra historia y en el día a día, de sur a norte. Los encontramos en los formatos de partidos políticos, grupos empresariales y hasta en algunos credos religiosos. Existen medios de comunicación, operadores políticos estratégicos y formas sutiles de control social que, como los denominados “programas cómicos” de radio y televisión, sólo contribuyen -siguiendo el análisis del periodista peruano César Hildebrand- a la “estupidización colectiva”. 

Por décadas, nos han inducido a creer que cuando se hace gobierno es natural que “todos roben”. “Roba pero hace obra” es una común máxima social que refleja lo distorsionada y auto perniciosa comprensión de nuestra realidad. Entre otros tantos falsos conceptos, también nos han creado el prejuicio de que no hay juez o fiscal honesto, que todos son corruptos. Lo terrible, porque conspira contra los procesos de liberación y democratización de nuestros pueblos, es que cientos de millones de compatriotas latinoamericanos lo han aceptado como premisas válidas y reglas naturales de vida.

En este contexto, debe ser nuestra obligación dedicar más tiempo a lo sustantivo e importante y hacer de la lucha contra la corrupción un objetivo personal y nacional. Es imperativo afirmar la cultura del control social a la gestión pública, de cada una de nuestras autoridades y, para ese buen propósito, el tiempo perfecto no es mañana sino hoy.

Derrotar la corrupción y contrarrestar sus perniciosos efectos contra nuestros derechos humanos, antes que medidas jurídicas acciones mediáticas o de otra índole, es comprensión y empoderamiento social, es población organizada, es número y diversidad de voces (colegios profesionales, universidades, etc.) que la enfrentan identificándola e interpelándola pública informada y libremente. 

No sigamos cometiendo el doble error de creer que la corrupción no es un asunto de nuestra incumbencia y tampoco sigamos dejando sólo en manos de los políticos la solución de este tipo de expresiones de la degeneración humana. Debe ser mandato, para todo ser libre, enfrentar a los corruptos hoy y siempre.

La esencia de un sanmarquino

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El Clarín (Cajamarca Perú)
La Mula (Lima Perú)

La cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos (1551), la “Universidad de Perú y Decana de América” es un emblema de nuestra formación histórica. Desde sus aulas y desde fuera de ellas -a través de sus notables egresados- se gestó y configuró la República que hoy tenemos.

También fue actor clave y relevante de cada hito de nuestra historia. Ilustró a varios de los principales líderes gestores de nuestra independencia y, hasta los 80 y años más, formó a la mayoría de personajes que aportaron al Perú y al mundo sus conocimientos y análisis desde diversas disciplinas. La fecundidad es amplia, abarca las ciencias jurídicas, políticas, económicas, sociales, literiarias, etc..

San Marcos fue y es “tradición”, “prestigio”, “calidad”, “selectividad”, pero también espíritu contestatario. Me tocó vivirlo, en los 80, desde sociología en la Facultad de Ciencias Sociales y desde Derecho y Ciencia Políticas; y pese a los acechos del terrorismo senderista lo disfruté en lo que tiene de espíritu universitario y vocación universal de conocimiento. No obstante, algo pasó, algo falló, porque -ahora- como en algunas universidades de la Región, no suma. Siento que mi San Marcos, se ha vuelto indiferente y que ha perdido fuerza de interpelación frente al abuso y la arbitrariedad y otros problemas nacionales.

Radiografías de esta triste y cuestionable realidad, existen varias. En el siglo pasado, hubiese sido impensable que mafias corruptas y corruptoras como la “fujimontesinista” o “alanista”, operen impunemente controlando a sectores clave del Poder Judicial, Ministerio Público, Congreso y otras instituciones contraloras de la acción del Estado y que los sanmarquinos no les salgan al frente en las calles. Lo constaté -personalmente- durante las movilizaciones sociales de diciembre de 2018 y enero de 2019 en Lima que demandaban la salida del entonces Fiscal de la Nación Pedro Chávarry. A lo mejor porque era vacaciones. También lo percibo y con doble pesar, cada día, en la interacción con “amigos” de distintas carreras, por medio de redes sociales, a los que percibo sólo les queda reflejos para organizar festejos y una que otra ayuda solidaria; pues poco o nada opinan de, entre otros temas, la corrupción y el declive institucional que cada vez nos acerca más a una caricatura de democracia.

Soy consciente de que mi mirada de la realidad, de la relación de los sanmarquinos y nuestro Perú, los alejará de mi aún más, y asumo -estoicamente- los costos, porque para un sanmarquino nuestro país y la familia son prioridad, luego lo demás. Caminan en paralelo estos supremos intereses, no divorciados. Nos formamos a partir del conocimiento y la comprensión de lo que significa ser peruano y muchos dejamos las aulas amando la diversidad y multiculturalidad de nuestro Perú; pero no en la retórica sino en los actos, en acciones concretas.

Un verdadero sanmarquino es digno, no calla y sólo le teme a la ira de sus dioses. Un genuino sanmarquino observa, lee y ha aprendido a escuchar y además tiene voz y opinión propia; jamás es caja de resonancia de políticos y empresarios mediocres y con espíritu fenicio. Un auténtico sanmarquino se actualiza permanentemente, tiene cultura del trabajo, vocación de servicio y evita hacerse una carga burocrática. Un sanmarquino con esencia es respetuoso de las reglas de juego justas, jamás acepta forma alguna de abuso de poder y busca ser referente en valores y principios que hacen a una vida en democracia. Un sanmarquino tiene visión de país y es humilde porque es reflejo de todas las sangres de costa sierra y selva; y -algo medular en la vida- jamás censura ni limita la libre expresión, pues siempre está preparado para el debate autocrítico y constructivo.

Así como nunca es tarde para volver a empezar, nunca lo es para regresar a una vida digna, una vida consagrada a nuestra familia y al Perú; aquel que decimos amar.

¡Feliz aniversario 468 amada San Marcos! Te abrazo con fervor y agradecimiento desde el Sur.

Inmigrar es un derecho

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El Clarín (Cajamarca Perú)

Correo del Sur (Sucre Bolivia)

El ser humano por naturaleza ha sido, es y será migrante. Nada lo ha detenido, en el tiempo, en su proceso de movilización y adaptación en la faz de la tierra. No obstante, existen en el mundo, más visibles en las últimas décadas, visiones manchadas por el desconocimiento, el miedo y la intolerancia, que colocan a millones de seres humanos, en la condición de parias por ejercer su derecho a emigrar.

Desde el paleolítico y sus efectos climáticos en Africa, pasando por el periodo del Homo Erectus que llegó a Europa y Asia hace cientos de miles de años y los Homo Sapiens, experimentaron diversas olas migratorias y fusiones poblacionales hasta establecerse dentro y fuera de Africa. 

La invasión y colonización de América, otros tantos miles de años después, por ingleses, franceses, italianos, portugueses y, entre otros, los españoles -todos descendientes de migrantes Ilirios, dacios y tracios, georgianos, itálicos, etruscos, vénetos, ligures, colonos griegos, celtas, galos, réticos, suabos, vénetos, lugios y pueblos bálticos- son prueba irrefutable de que somos un crisol de mezclas emergentes de distintas e intermitentes olas migratorias y de exploración. 

Así, migrar es expresión del supremo valor del ser humano de ser y sentirse libre, de elegir su senda y transitarla. En ese sentido hoy, si bien es cierto existen avances en la construcción de marcos jurídicos a nivel nacional e internacional, aun falta fortalecer la gobernanza de la migración, a través de la adopción de una serie de normas jurídicas específicas, que emanen de las relaciones y negociaciones, como las binacionales y el multilateralismo, con el fin de restringir, regular y canalizar la migración; en coherencia con los derechos humanos de los migrantes y la necesidad de promover dichos derechos y protegerlos en el marco del ejercicio de la soberanía de los Estados. 

En la línea de lo anterior, en orden a los esfuerzos de la Organización Mundial para la Migración, es necesario promover y afianzar el desarrollo del derecho internacional sobre migración, el debate político y orientación, la protección de los derechos de los migrantes, la migración y salud y la dimensión de género en la migración.

En este marco de reflexión, ejemplos como el de los centroamericanos intentando llegar caminando -hace unos meses- a Estados Unidos, el de los cientos de migrantes y refugiados sirios que murieron intentando llegar a Europa, o los más de cuatro millones de venezolanos que -en los últimos años- abandonaron la patria de Bolívar, interpelan todos estos avances normativos e institucionales; pero sobre todo ponen en evidencia la conducta xenófoba que persiste en norteamericanos europeos y latinoamericanos.

La humanidad aun no ha comprendido, la situación de vulnerabilidad en la que la mayoría de migrantes se encuentra y -torpemente- la revictimiza con agresiones y ofensas de todo tipo, o desde la propia acción del Estado a través de la negación de servicios como el de salud o justicia. Ocurre –dramáticamente- en mi Perú frente a los venezolanos y ocurre en Bolivia cuando mis connacionales tienen el infortunio de estar en estrado judicial; entre otros ámbitos.

Está ocurriendo en este momento, mientras lee esta columna, y a casi nadie parece importarle. Pero no solo es indiferencia, es, en la mayoría de casos, una acción preterintencional de políticos populistas y sus aliados en sectores claves del mercado nacional e internacional, que actúan en la lógica de obtener beneficios económicos -de grupo o individuales- a costa de los derechos de los migrantes.

Paradójicamente, son los países que más beneficios han tenido de la migración, los que ahora la restringen y cuestionan. Doblemente paradójico es que sean los países que promovieron la suscripción de acuerdos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 y otros, los que ahora desconocen que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado; o a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

Todos tienen en su árbol familiar un migrante. Es deber esencial de todo Estado y sociedad, por ello y más, comprenderlo apoyarlo y respetarlo.

Cosas buenas están ocurriendo en mi Perú

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El Clarín (Cajamarca Perú)

El Poder (Tarapoto Perú)

Correo del Sur (Sucre Bolivia)

La Razón (La Paz Bolivia)

Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Bogotá Colombia) 

En las últimas semanas han ocurrido muchas cosas positivas en mi país, que el mundo no termina de comprender, por la sencilla razón de que no están preparados para valorar que cuando hay democracia un sistema de justicia opera con independencia institucional y autonomía funcional y, en ese marco, ninguna persona puede estar excluida de su alcance.

Resulta raro y extraño, sobre todo fuera de Perú, apreciar que tenemos jueces y fiscales con voz propia y que no tienen reparos en defender sus decisiones públicamente. Más inaudito aun es, y sin precedentes en nuestra historia de país, que estos integrantes del “sub sistema de justicia anticorrupción” tengan un respaldo social mayoritario de todas las sangres, del sector constructivo y democrático de la prensa y la academia informada y autocrítica.

Una legitimidad social, que encuentra raíces y justificación en el marcado e histórico control político de la justicia durante estos 197 años de República, que nos está permitiendo avanzar en un proceso -macro- de lucha contra la corrupción; el que, si se afianza normativa e institucionalmente y crece en el tiempo, podría ser sin vuelta atrás.

Este insólito proceso, denigrado cada día por políticos y sus operadores y aliados en la prensa empresa iglesia y otros ámbitos estratégicos, conforme avanza esclarece y desmitifica a algunos intocables. En esa medida, tiene en estrado judicial y, en el marco de un debido proceso, tras las rejas a la mayoría de la “clase política” peruana -de los últimos tiempos- acusados de corrupción.

Estos positivos resultados, más allá de los necesarios debates sobre la presunción de inocencia el uso “excesivo” de la detención preventiva y la falta de sentencia firme, traen consigo, por las evidencias de sus vínculos con Odebrecht que obran en poder de los fiscales y jueces, el potente mensaje de la necesidad de profundizar y ampliar la lucha contra la corrupción en el país; que por ahora sólo ha alcanzado a ex presidentes, uno que otro ex ministro, ex alcaldes (de Lima) y candidatas presidenciales. Todo está sumando al inicio de la moralización de la política nacional, que dará paso a su renovación -ojalá total- por personas con visión y genuino compromiso de país.

Pienso en los beneficios que podrían tener los sectores en situación de vulnerabilidad del Perú profundo, si esta lucha es llevada por el resto del sistema de justicia, con la firmeza de fiscales como Rafael Vela y José Pérez o jueces como Concepción Carhuancho y Jorge Luis Chávez -todos integrantes del “sub sistema de justicia anticorrupción”- a las otras (además de Lima) regiones provincias y distritos. Se lograría, estoy seguro, que los miles y miles de millones de soles que dejen de percibir los corruptos, se inviertan en servicios básicos como educación, salud, medio ambiente, justicia, etc. Una tarea posible, sólo si afianzamos y limpiamos nuestras instituciones contraloras, ampliamos la conciencia social anticorrupción, elegimos bien y les exigimos una oportuna y objetiva rendición de cuentas a los políticos en gobierno.

Gracias al “sub sistema de justicia anticorrupción”, además, la mayoría de peruanos está repensando la importancia de una vida en democracia. Millones hoy, han iniciado un proceso de revalorización del papel de jueces y fiscales en el control al poder político. Aun no lo perciben así, pero se deduce de sus multitudinarias marchas pacíficas, algunas de las cuáles hice parte en diciembre último, y persistentes opiniones en redes sociales y algunas encuestas a favor del país, respecto a lo que les ocurre a los últimos cuatro ex presidentes; todos acusados de corrupción.

Están entonces desfasadas y conspiran contra lo que le conviene a mi Perú, aquellas miradas nostálgicas de poder, de quiénes creen y afirman que vivimos una dictadura judicial. Que hay víctimas de un linchamiento mediático y que no rigen las reglas que hacen a un debido proceso. Es difícil aprender a vivir en democracia.

Los intereses supremos de un país, sin importar de cuál se trate, deben ser vivir sin corrupción, con menos gobierno y más instituciones, con ciudadanos que controlan a sus gobernantes; pero sobre todo con jueces y fiscales que están en condiciones de anteponer sus intereses a los de su país. Esto empieza a pasar en mi Perú y lo celebro desde el Sur.

Otras claves para comprender la educación con “enfoque de género”

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El Clarín (Cajamarca Perú)

Mi columna de la semana pasada, sobre este mismo tema, recibió comentarios públicos y no públicos que me motivan a desarrollar otras entradas, que confío ayuden a comprender porque respaldo y desarrollo acciones tendientes a profundizar el proceso de la educación con “enfoque de género”.

Inicio señalando que, desde hace décadas, el término “enfoque” se refiere al marco teórico, las metodologías e instrumentos que ciencias como las sociales, administrativas, económicas, jurídicas, políticas y otras, han ido generando con el fin de ayudar a que los Estados afiancen y profundicen sus procesos de país. Entre otros aportes, el incluir en las decisiones de los gobernantes los enfoques, los ha auto-limitado y ordenado. Éstos, inyectan fuerza a las acciones de gobierno y los hacen trascender al estado y nivel de política de Estado. Reducen además la posibilidad de iniciar todo de nuevo, en cada periodo gubernamental, debido a que preservan los lineamientos y bases de cualquier proceso.

Así, existen enfoques basados en los derechos humanos (“enfoque de derechos”), que coloca al ser humano como centro de las decisiones de Estado y apunta a la promoción y la protección de sus derechos humanos. El “enfoque intercultural”, fomenta la convivencia -en una relación de respeto a la realidad social, religiosa y diversa- entre personas de diferentes culturas y naciones (aymaras, quechuas, afrodescendientes, ashaninkas, shipibos, mestizos, migrantes, etc.) y religiones (adventistas, testigos de Jehová, israelitas, católicos, etc.) y también centra la mirada en la persona como protagonista y titular de derechos. El “enfoque de política pública” alude a la acción integral y programática del Estado, con el objeto de facilitar un mayor disfrute de los derechos económicos y sociales de toda la población y frenar las desigualdades que privan a muchos de una real pertenencia a la sociedad; entre otros aspectos. 

El “enfoque de género”, desde esta perspectiva y objetivo, promueve cambios en la llamada construcción social y cultural histórica de prácticas (relaciones de poder y desigualdades), símbolos, instituciones y normas que nuestras sociedades han desarrollado a partir de diferencias biológicas entre varones y mujeres. No es, en consecuencia, ideología que pervierte, asunto de Dios o del Diablo, del bien o del mal, etc. Es un proceso de lucha contra la discriminación estructural. Es decir, contra las desigualdades de derecho o de hecho, que se expresan en exclusión social, sometimiento y violencia de unos contra otros, bajo lógicas repetitivas y debido a complejas prácticas sociales, prejuicios y sistemas de creencias.

Estos enfoques no se contraponen, se complementan y transversalizan, porque todos -finalmente- promueven derechos y su ejercicio pleno; para una vida con dignidad, una vida con respeto al ser humano, una vida mejor. 

Derechos, entre otros, como: a una vida libre de violencia, es decir sin abuso y acoso sexual, política, física, psicológica, etc.; a la salud sexual y reproductiva, que se refiere al acceso a uso de métodos anticonceptivos, educación sexual integral, etc.; derecho a acceder y participar en espacios de toma de decisiones, considerando que la participación política de la mujer sigue siendo en gran parte del país y el mundo nominal e instrumentalizada.

El 2018, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, fueron asesinadas 149 mujeres y cada día del año 10 niños son víctimas de violación sexual. Según DATUM – 2016, más del 74% de los peruanos reconoció que tenemos un país machista. Según el Instituto Nacional de Estadísticas – INE 2016, el 44% aprueba la afirmación de que “a fin de evitar discusiones en el hogar, la mujer debe ceder” y el 21% considera que ninguna mujer debe contradecir las decisiones de su esposo. Según esta misma fuente en los últimos años cerca del 70% de personas LGTBI son discriminadas; asimismo, se cometen un promedio al año de 17 crímenes de odio (por razón de orientación sexual e identidad de género).

Esta aberrante realidad, expresa dolorosas y latentes violaciones a derechos de seres humanos en situación de vulnerabilidad y reflejan lo degenerada que aún es nuestra idiosincrasia y cultura. En ese sentido, es comprensible que sólo aquellos que golpean e insultan a sus mujeres e hijas, violan y muchas veces asesinan a niños niñas y acosan a adolecentes, agreden y matan a hombres o mujeres por su orientación o preferencia sexual, rechacen que desde la educación se ataquen y prevengan las CAUSAS que generan sus formas de violencia. Doblemente cuestionable resulta que, pese a la gravedad de lo que viene ocurriendo con estos seres humanos, políticos corruptos e inmorales se apoderen de estos temas y los instrumentalicen, al punto de colocarse -Ellos- como reservas de la moralidad y las buenas costumbres.

En su momento, en la evolución social de nuestros pueblos, la abolición de la esclavitud, el nacimiento de nuestros Estados, el voto (sufragio) de las mujeres, la jornada laboral de las 8 horas y otras conquistas sociales, tuvieron sus detractores. Ahora, una vida libre de violencia y sin discriminación, de seres humanos que pueden ser nuestros hijos, hermanos o padres, tienen los suyos. 

Hay que vencerlos con la fuerza de la razón y sin reproducir más cultura del odio. 

Sigamos avanzando…!!!

Educación con “enfoque de género”

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El Clarín (Cajamarca Perú)

El Poder (Tarapoto Perú)

Nuevamente, y más que en otros momentos recientes, resuena en el país el debate sobre la educación con “enfoque de género”. Una cuestión que, por sus múltiples implicancias e impacto en el tejido social, pone -positivamente- en vitrina las diversas miradas que tenemos los peruanos sobre el ser humano, sus formas de relacionarse y el reconocimiento y ejercicio de sus derechos. 

Recordemos que, luego de un proceso judicial de veintisiete meses, a nivel de tribunal de cierre, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, en apelación promovida por el Ministerio de Educación, declaró “infundada” la acción interpuesta por el colectivo “Padres en Acción”; con lo que ratificó que el “enfoque de género” continúa en la currícula escolar. 

Se aprecian argumentos a favor y en contra de una educación igualitaria y no marcada por la diferenciación, el rechazo y la injusticia y también una postura vacilante de un sector, el mayoritario, del cual no se tiene una perspectiva clara; considerando su nivel educativo y que se trata de un tema complejo y, debido al divorcio entre las instituciones del Estado y la población, visto como muy lejano e intrascendente. 

Por un lado encontramos a los minoritarios, aquellos que agreden y en sus pasos practican y promueven la cultura del odio; desde la política, la prensa o la religión. Son los mismos que se oponen a la reconciliación entre los peruanos, desde dentro y fuera de las estructura del Estado. Son aquellos que poseen escasa información e intentan argumentar a partir de dogmas y elementos repetitivos desfasados y anti históricos, satanizando la decisión de la Corte Suprema de Justicia y a todo el que respalda el “enfoque de género” en nuestra educación. Se resisten, por su perfil antidemocrático, autoritario y machista, a aceptar que se trata de una decisión de un tribunal independiente que, ha formado y compatibilizado sus argumentos en las normas y jurisprudencia del derecho interno y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

En la otra orilla ubicamos a un prudente y respetuoso apoyo de académicos, de las diversas áreas del quehacer humano, activistas e instituciones especializadas en derechos humanos, quiénes tienen claro la necesidad de afianzar nuestro proceso educativo, trabajando en aspectos que hacen a la desigualdad de género y el enfoque que éste debería tener.

No obstante, como adelantamos, existe un tercer bloque conformado por la mayoría de la población, que no tiene claridad sobre las bondades o las afectaciones que puede acarrear un proceso educativo bajo criterios de igualdad y respeto del ser humano.

La palabra “género”, siguiendo a la profesora Camila Londoño, alude a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres con identidades (mujer, transgénero, transexual hombre, cisgénero), expresiones (femenina, andrógina masculina) y orientaciones sexuales diversas (heterosexual, bisexual, pansexual, homosexual, asexual). Añade que, de estas diferencias nacen los estereotipos de género, aquellos que han estado y siguen estando presentes en los procesos educativos generando desigualdad en la formación, brechas en los resultados académicos y desventajas para las mujeres en ciertas áreas y para los varones en otras. Afirma además que cuando hacemos diferenciación de género, hay discriminación y el futuro de las personas se ve afectado en el mundo laboral; salarios, cargos y pensiones son algunos de los factores que se comprometen e impactan en la calidad de vida de millones en la sociedad.

En ese sentido, es importante hablar de género en la educación, porque los sistemas educativos nacen las relaciones sociales que influyen en la cotidianidad, en la construcción de identidades y en la adquisición de conocimientos que permiten el desarrollo de niños y niñas. Desde esa perspectiva es fundamental construir espacios de enseñanza que estén lejos de los estereotipos y de los patrones que la sociedad asigna según el sexo de la persona. No existen tareas “sólo para hombres” y tareas “sólo para mujeres”. Este potente mensaje ha ayudado a construir aulas inclusivas sin tratos diferenciados en el mundo. Por eso, educar con “enfoque de género” es reconocer que niños y niñas tienen los mismos derechos, el mismo potencial de aprendizaje y desarrollo, y las mismas posibilidades de disfrutar de bienes, oportunidades, recursos y recompensas, al margen de sus diferencias biológicas.

El Estado peruano reconoce en su legislación nacional el enfoque de género, tal como evidencian, la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, el Plan de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021 y el Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016- 2021, en concordancia con compromisos internacionales que ha suscrito en materia de derechos humanos, como la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW), la Convención por los Derechos del Niño (CDN) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales (PIDESC) y lo definido por sus órganos de seguimiento a nivel de Naciones Unidas.

Por ello, con acierto, la decisión de la Corte Suprema de Justicia en su vigésimo octavo punto, enfatiza que “El asunto, por tanto, más allá de las categorías que puedan formularse y de las discusiones conceptuales que aquellas pudieran suscitar se reduce a términos muy sencillos: si comprobamos en nuestra sociedad la existencia de personas heterosexuales, homosexuales, transgénero o intersexuales, es nuestra obligación, por mandato, humano, convencional y constitucional, brindarles el mismo respeto y consideración que a cualquier otro ser humano. Por consiguiente, el currículo nacional de la educación básica tampoco puede ser acusado de inconstitucional por inculcar en nuestros estudiantes el respeto por las diferentes formas de expresión de la sexualidad”.

La educación con “enfoque de género” es en esencia, para todo país que quiere avanzar a un estadío de justicia y no impunidad y de respeto y no discriminación, un reto mayor. ¿Es dañino que las personas aprendan a reconocer sus derechos, a prevenir la violencia y a relacionarse de manera respetuosa, justa y pacífica?. Nuestro Perú, si apoyamos este proceso, puede ser un mejor país.

¿Estamos trabajando en la “reconciliación” entre peruanos?

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El Clarín (Cajamarca Perú)

La Mula (Lima Perú)

El Poder (Tarapoto Perú)

No, si entendemos la “reconciliación” como un proceso de largo aliento, destinado a la reconstrucción del pacto social y político con participación incluyente y efectiva; pero además asumido como un compromiso permanente.

Este “proceso de restablecimiento y refundación de los vínculos fundamentales entre los peruanos” siguiendo la definición de la versión abreviada del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) “Hatun Willakuy” -octavo capítulo- de 2003, sigue siendo una recomendación, para la mayoría de nuestro pueblo y gobernantes, desdeñada e ignorada.

No existen mecanismos oficiales ni reportes de avances realizados en la dimensión política, relativa a una reconciliación entre el Estado, la sociedad y los partidos políticos. Tampoco en la dimensión social, referida a las instituciones de los espacios públicos de la sociedad civil con la sociedad entera, de modo especial con los grupos étnicos marginados. Menos en la dimensión interpersonal, correspondiente a los miembros de comunidades o instituciones que se vieron enfrentados. En este contexto, "El ojo que llora" es importante y sensibiliza, al igual que las acciones de iniciativas ciudadanas como “Para que no se repita” o “Caminos de la memoria”.

En ese sentido, la “reconciliación” entre peruanos, tras el conflicto armado interno (1980 - 2000) desatado por el grupo maoísta Sendero Luminoso, es otra de las agendas (como las reformas integrales al sistema de justicia, a los partidos políticos o al sistema electoral, entre otras) en la que los esfuerzos de las instituciones del Estado y las organizaciones no públicas (como los partidos y organizaciones políticas, cámaras de comercio, colegios de profesionales, universidades, gremios de trabajadores, etc.), son protocolares, débiles e insuficientes. 

Han transcurrido más de quince años de la presentación del informe final de la CVR y debido -desde su publicación- a la falta de aceptación de algunas organizaciones políticas como los fujimoristas, los apristas, otros y sus aliados en el mundo empresarial (nacional e internacional), la Iglesia y la prensa, no se ha avanzado en la lucha contra la marginalización y discriminación de aquellos sectores de la población más afectados por la violencia durante los veinte años del conflicto armado interno. Esta conducta de actores relevantes en la vida del país, sumada a la pusilánime y -en muchos casos- desinformada mirada de la burocracia, han impactado negativamente en los deberes del Estado de “brindar verdad y justicia” y “reparar”. 

La CVR constató que, en orden a su primera conclusión, el conflicto armado interno “reveló brechas y desencuentros profundos y dolorosos en la sociedad peruana”. Diecinueve años después, corresponde preguntarnos ¿Éstas brechas y desencuentros se han profundizado, se han mantenido o acortado? ¿Son prioridad en las políticas públicas los marginalizados y discriminados? ¿Los peruanos y nuestros gobiernos (a nivel nacional, regional o municipal) estamos trabajando para reencontrarnos y reconciliarnos? ¿La CVR realmente significó una modificación en la postura del Estado frente a nuestra historia oficial?

Ningún Estado en el mundo que goza de salud democrática, que ha alcanzado indicadores sobresalientes en materia de derechos humanos para su población y es ejemplo de país, ha logrado ese estatus sin antes transitar por un largo proceso de reconstrucción de sus vínculos fundamentales, identificación de objetivos y trazo de una agenda de país querido. Ejemplos hay, incluso en el vecindario internacional. 

Esta perspectiva de país, que coincide en esencia con las conclusiones y recomendaciones de la CVR, es opuesta a los intereses del bloque antidemocrático y corrupto que ha administrado nuestro Estado -desde los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (nos referimos al sistema de justicia)- en el presente siglo. Hay un sinnúmero de tramas y hechos que lo demuestran y hasta la prensa afín a estos sectores -desmañadamente- lo han reportado.

La “reconciliación” entre los peruanos tiene enemigos naturales. Son los mismos que en nuestra historia aprovechándose de su relación con el Estado lo instrumentalizaron para su beneficio. Son los mismos que hoy intentan distraernos frente a la corrupción que practican y promueven usando la política, la democracia y el Estado. Son los mismos que atacan y desprecian a los jueces y fiscales independientes; olvidando que es garantía de un debido proceso (derecho humano y fundamental) y base de Estado democrático contar con un sistema de justicia imparcial y justo. Son los mismos que periódicamente usan el “cuco” del terrorismo y colocan, pese al cumplimiento de sus condenas, a seres humanos que erraron de camino en la condición de parias. 

Tenemos un país excepcional, pero estamos fallando en lo medular. No hemos forjado aún un mismo horizonte. Nos seguimos tratando como enemigos por razones políticas, de origen, color de piel, creencias, etc. Por eso, nuestra conciencia y compromiso democrático, no deben seguir siendo retórica, tampoco opacidad frente al abuso de poder. La reconciliación nacional, que incluye a las diversas naciones y culturas que habitan en nuestro territorio, es más que nunca una necesidad y en ella no debemos transigir.