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en:
El Clarín (Cajamarca Perú)
La corrupción y la impunidad, dos de las principales causas de la pobreza el
subdesarrollo y la exclusión social en nuestros pueblos en estos siglos de
“vida independiente”, no pueden ser asumidas con naturalidad por sociedad
alguna que se precie de civilizada y democrática y persona que tenga valores y
principios que hacen a la identidad y visión de país querido.
En las últimas décadas su apogeo, en gran parte de nuestros
países, ha mostrado lo ineficientes e ineficaces que han sido y son los
mecanismos nacionales e internacionales -contra la corrupción- de la OEA y la
ONU para enfrentarla y derrotarla. En este tiempo, la lucha contra la
corrupción ha sido estatal y dirigida -mayormente- por políticos deshonestos.
En ese sentido, el debate está abierto y es necesario
redefinir el papel que debemos cumplir de modo individual o colectivamente las
personas. Nadie debería eludir esta agenda, por responsabilidad, considerando
que estamos por heredar sociedades fracasadas porque están plagadas de
corrupción e impunidad y con instituciones “democráticas” altamente
desprestigiadas y controladas por intereses al margen de la ley. Muestras
sobran en cada país.
Vivimos tiempos en los que es imprescindible abandonar el
silencio, la indiferencia, la opacidad y el oportunismo y abrazar la acción
constructiva que ayude a que aquellos esfuerzos que se vienen dando para
enfrentar la corrupción, en algunos Estados desde lo público y privado, se afiancen
y se constituyan en buenas prácticas y reglas sociales. Usemos, para ello, los
elementos de la libertad de expresión y promovamos una autonomía e
independencia judicial y fiscal; considerando el valor y aportes -de ambos- a
una vida en democracia.
Podemos y debemos derrotar la tolerancia social a la
corrupción y la impunidad, porque éstas son inducidas y promovidas por grupos
antidemocráticos y pro crimen de poder político y económico. Esto es
verificable, en nuestra historia y en el día a día, de sur a norte. Los
encontramos en los formatos de partidos políticos, grupos empresariales y hasta
en algunos credos religiosos. Existen medios de comunicación, operadores
políticos estratégicos y formas sutiles de control social que, como los
denominados “programas cómicos” de radio y televisión, sólo contribuyen
-siguiendo el análisis del periodista peruano César Hildebrand- a la
“estupidización colectiva”.
Por décadas, nos han inducido a creer que cuando se hace
gobierno es natural que “todos roben”. “Roba pero hace obra” es una común
máxima social que refleja lo distorsionada y auto perniciosa comprensión de
nuestra realidad. Entre otros tantos falsos conceptos, también nos han creado
el prejuicio de que no hay juez o fiscal honesto, que todos son corruptos. Lo
terrible, porque conspira contra los procesos de liberación y democratización
de nuestros pueblos, es que cientos de millones de compatriotas
latinoamericanos lo han aceptado como premisas válidas y reglas naturales de
vida.
Derrotar la corrupción y contrarrestar sus perniciosos
efectos contra nuestros derechos humanos, antes que medidas jurídicas acciones
mediáticas o de otra índole, es comprensión y empoderamiento social, es
población organizada, es número y diversidad de voces (colegios profesionales,
universidades, etc.) que la enfrentan identificándola e interpelándola pública
informada y libremente.
El Clarín (Cajamarca Perú)
Los
Tiempos (Cochabamba Bolivia)
Correo
del Sur (Sucre Bolivia)
La Razón (La Paz Bolivia)
La corrupción y la impunidad, dos de las principales causas de la pobreza el
subdesarrollo y la exclusión social en nuestros pueblos en estos siglos de
“vida independiente”, no pueden ser asumidas con naturalidad por sociedad
alguna que se precie de civilizada y democrática y persona que tenga valores y
principios que hacen a la identidad y visión de país querido.
En las últimas décadas su apogeo, en gran parte de nuestros
países, ha mostrado lo ineficientes e ineficaces que han sido y son los
mecanismos nacionales e internacionales -contra la corrupción- de la OEA y la
ONU para enfrentarla y derrotarla. En este tiempo, la lucha contra la
corrupción ha sido estatal y dirigida -mayormente- por políticos deshonestos.
En ese sentido, el debate está abierto y es necesario
redefinir el papel que debemos cumplir de modo individual o colectivamente las
personas. Nadie debería eludir esta agenda, por responsabilidad, considerando
que estamos por heredar sociedades fracasadas porque están plagadas de
corrupción e impunidad y con instituciones “democráticas” altamente
desprestigiadas y controladas por intereses al margen de la ley. Muestras
sobran en cada país.
Vivimos tiempos en los que es imprescindible abandonar el
silencio, la indiferencia, la opacidad y el oportunismo y abrazar la acción
constructiva que ayude a que aquellos esfuerzos que se vienen dando para
enfrentar la corrupción, en algunos Estados desde lo público y privado, se afiancen
y se constituyan en buenas prácticas y reglas sociales. Usemos, para ello, los
elementos de la libertad de expresión y promovamos una autonomía e
independencia judicial y fiscal; considerando el valor y aportes -de ambos- a
una vida en democracia.
Podemos y debemos derrotar la tolerancia social a la
corrupción y la impunidad, porque éstas son inducidas y promovidas por grupos
antidemocráticos y pro crimen de poder político y económico. Esto es
verificable, en nuestra historia y en el día a día, de sur a norte. Los
encontramos en los formatos de partidos políticos, grupos empresariales y hasta
en algunos credos religiosos. Existen medios de comunicación, operadores
políticos estratégicos y formas sutiles de control social que, como los
denominados “programas cómicos” de radio y televisión, sólo contribuyen
-siguiendo el análisis del periodista peruano César Hildebrand- a la
“estupidización colectiva”.
Por décadas, nos han inducido a creer que cuando se hace
gobierno es natural que “todos roben”. “Roba pero hace obra” es una común
máxima social que refleja lo distorsionada y auto perniciosa comprensión de
nuestra realidad. Entre otros tantos falsos conceptos, también nos han creado
el prejuicio de que no hay juez o fiscal honesto, que todos son corruptos. Lo
terrible, porque conspira contra los procesos de liberación y democratización
de nuestros pueblos, es que cientos de millones de compatriotas
latinoamericanos lo han aceptado como premisas válidas y reglas naturales de
vida.
Derrotar la corrupción y contrarrestar sus perniciosos
efectos contra nuestros derechos humanos, antes que medidas jurídicas acciones
mediáticas o de otra índole, es comprensión y empoderamiento social, es
población organizada, es número y diversidad de voces (colegios profesionales,
universidades, etc.) que la enfrentan identificándola e interpelándola pública
informada y libremente.
No sigamos cometiendo el doble error de creer que la
corrupción no es un asunto de nuestra incumbencia y tampoco sigamos dejando
sólo en manos de los políticos la solución de este tipo de expresiones de la
degeneración humana. Debe ser mandato, para todo ser libre, enfrentar a los
corruptos hoy y siempre.
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