Desde hace algunos años es patente el esfuerzo del Gobierno y del Legislativo por propiciar y encauzar un proceso de reforma en el Sistema de Justicia. En esa línea, es justo reconocer que ha habido un avance y una racionalidad destinada a mejorar el Órgano Judicial. No concuerda con ese esfuerzo, el afán visible de algunas autoridades del Ejecutivo y el Parlamento por desacreditar a la administración de justicia, al sostener que ella ha colapsado.
Extraña la premura en asumir tal colapso, más aún cuando no han transcurrido ni siquiera un año de la entrada en funciones de las nuevas autoridades. Por tanto, media todavía un proceso en el que los cambios deben ser observados y monitoreados, de ninguna manera cortados por razones que no quedan claras.
Es usual, según lo demuestra la experiencia histórica de las Naciones, que cuando el objetivo del poder político es capturar las instituciones (o capturarlas completamente cuando ya existe incidencia de intervención), se inicien una serie de aseveraciones extremas y apocalípticas sobre ellas. Ocurrió en el Perú durante el gobierno fujimorista y en el mismo periodo en Venezuela.
Antes de emitir críticas que amenazan y no aportan a los cambios, convendría que los representantes del Ejecutivo y el Legislativo atendieran aspectos fundamentales del funcionamiento de la Justicia, el más gravitante es el del presupuesto judicial ¿Qué porcentaje del presupuesto general se destina a la Justicia?
Históricamente el promedio determinado para el Poder Judicial no ha superado el 1.5% del presupuesto general del Estado. Más aún, según las estadísticas del Centro de Estudio de la Justicia de las Américas (CEJA), la tendencia en Bolivia es el decrecimiento presupuestario. Entre los países andinos, Bolivia es el país en el que ha decrecido el presupuesto judicial, mientras que en Perú, Ecuador, Chile o Colombia, los montos se han incrementado. Con esa afirmación de base ¿Pueden las autoridades del Gobierno hablar de un colapso, cuando tal situación deviene, entre otros aspectos, del nivel de sus ingresos? Este nivel es un tema de voluntad política gubernamental más que de eficacia o ineficacia de los jueces. Es importante resaltar que si bien Bolivia tiene la menor población en la Región Andina tiene no solo el presupuesto institucional más bajo; sino que además es el presupuesto por habitante más bajo del grupo de países (5.3 dólares por habitante según el órgano parte de la OEA - CEJA).
Lo que se espera del Gobierno es un aumento del presupuesto de la Justicia y reformas que respeten la independencia judicial y la separación de poderes, pero que, fundamentalmente, sean orientadas y ejecutadas, entre otros, por los propios jueces.
Se dice, de otro lado, que los jueces cautelares vienen sufriendo una persecución, que dejaría ver una sutil injerencia y un acoso del propio Ministerio Público. Se han iniciado acciones legales contra jueces, pretendiendo conseguir la suspensión de los mismos a sola imputación.
Es necesario calmar los ímpetus y entender que los jueces necesitan, en la línea del Estado de Derecho, tener un mínimo de estabilidad y seguridades para juzgar, lo que debe incidir en la formulación adecuada de una carrera judicial y de regímenes razonables de disciplina (sobre todo a nivel de los fiscales). Lo que se requiere son reglas claras que impidan la arbitrariedad. Todo esto debe sumarse a la composición de una reforma de la Justicia. En la misma perspectiva y para evitar interpretaciones adversas al Gobierno, la independencia no solo debe ser asumida como la del juez, respetándolo en su fuero, sino también la de la administración de justicia, en general; incluyendo todo el Sistema, tanto jueces como fiscales y operadores. Cuando los jueces reciben denuncias o cuando un ministro y un legislador afirman que la administración de justicia está colapsada lo que se pone en jaque es la confianza en la estabilidad de la Justicia.
Es importante, ser sensibles desde la sociedad civil a cualquier clarinada de alerta sobre la estabilidad de la administración de justicia. Se trata de ejercer la sana crítica sobre todos los argumentos maximalistas, esto es, aquellos que apuestan por la posibilidad de “patear el tablero” cuando algo funciona mal.
Lo conveniente, en cualquier caso, es que juntos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Sociedad Civil, de la mano de los jueces, determinen las falencias del Sistema (incluyendo el presupuesto) y las maneras posibles de cómo corregirlas. Lo que no se debe alimentar es el temor, ni desequilibrar el terreno, tentando medidas extremas, medidas que derivan siempre en una mayor concentración del poder y en menores garantías para el ciudadano.
Extraña la premura en asumir tal colapso, más aún cuando no han transcurrido ni siquiera un año de la entrada en funciones de las nuevas autoridades. Por tanto, media todavía un proceso en el que los cambios deben ser observados y monitoreados, de ninguna manera cortados por razones que no quedan claras.
Es usual, según lo demuestra la experiencia histórica de las Naciones, que cuando el objetivo del poder político es capturar las instituciones (o capturarlas completamente cuando ya existe incidencia de intervención), se inicien una serie de aseveraciones extremas y apocalípticas sobre ellas. Ocurrió en el Perú durante el gobierno fujimorista y en el mismo periodo en Venezuela.
Antes de emitir críticas que amenazan y no aportan a los cambios, convendría que los representantes del Ejecutivo y el Legislativo atendieran aspectos fundamentales del funcionamiento de la Justicia, el más gravitante es el del presupuesto judicial ¿Qué porcentaje del presupuesto general se destina a la Justicia?
Históricamente el promedio determinado para el Poder Judicial no ha superado el 1.5% del presupuesto general del Estado. Más aún, según las estadísticas del Centro de Estudio de la Justicia de las Américas (CEJA), la tendencia en Bolivia es el decrecimiento presupuestario. Entre los países andinos, Bolivia es el país en el que ha decrecido el presupuesto judicial, mientras que en Perú, Ecuador, Chile o Colombia, los montos se han incrementado. Con esa afirmación de base ¿Pueden las autoridades del Gobierno hablar de un colapso, cuando tal situación deviene, entre otros aspectos, del nivel de sus ingresos? Este nivel es un tema de voluntad política gubernamental más que de eficacia o ineficacia de los jueces. Es importante resaltar que si bien Bolivia tiene la menor población en la Región Andina tiene no solo el presupuesto institucional más bajo; sino que además es el presupuesto por habitante más bajo del grupo de países (5.3 dólares por habitante según el órgano parte de la OEA - CEJA).
Lo que se espera del Gobierno es un aumento del presupuesto de la Justicia y reformas que respeten la independencia judicial y la separación de poderes, pero que, fundamentalmente, sean orientadas y ejecutadas, entre otros, por los propios jueces.
Se dice, de otro lado, que los jueces cautelares vienen sufriendo una persecución, que dejaría ver una sutil injerencia y un acoso del propio Ministerio Público. Se han iniciado acciones legales contra jueces, pretendiendo conseguir la suspensión de los mismos a sola imputación.
Es necesario calmar los ímpetus y entender que los jueces necesitan, en la línea del Estado de Derecho, tener un mínimo de estabilidad y seguridades para juzgar, lo que debe incidir en la formulación adecuada de una carrera judicial y de regímenes razonables de disciplina (sobre todo a nivel de los fiscales). Lo que se requiere son reglas claras que impidan la arbitrariedad. Todo esto debe sumarse a la composición de una reforma de la Justicia. En la misma perspectiva y para evitar interpretaciones adversas al Gobierno, la independencia no solo debe ser asumida como la del juez, respetándolo en su fuero, sino también la de la administración de justicia, en general; incluyendo todo el Sistema, tanto jueces como fiscales y operadores. Cuando los jueces reciben denuncias o cuando un ministro y un legislador afirman que la administración de justicia está colapsada lo que se pone en jaque es la confianza en la estabilidad de la Justicia.
Es importante, ser sensibles desde la sociedad civil a cualquier clarinada de alerta sobre la estabilidad de la administración de justicia. Se trata de ejercer la sana crítica sobre todos los argumentos maximalistas, esto es, aquellos que apuestan por la posibilidad de “patear el tablero” cuando algo funciona mal.
Lo conveniente, en cualquier caso, es que juntos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Sociedad Civil, de la mano de los jueces, determinen las falencias del Sistema (incluyendo el presupuesto) y las maneras posibles de cómo corregirlas. Lo que no se debe alimentar es el temor, ni desequilibrar el terreno, tentando medidas extremas, medidas que derivan siempre en una mayor concentración del poder y en menores garantías para el ciudadano.