Publicado
en:
La
Razón (La Paz Bolivia)
Sin Rodeos (Cajamarca
Perú)
El Poder (Tarapoto
Perú)
La
Mula (Lima Perú)
Han transcurrido
veinticuatro años desde la primera Cumbre en Miami en 1994 y seguimos siendo un
continente de desigualdades ya que en casi todos los países prevalecen
injusticias y deudas históricas por saldar. Nuestros gobernantes lo saben y un
sector importante de la población lo permite y alientan por ignorancia o
beneficios. Al sur del río Bravo, los casi 650 millones de habitantes en 33
países, vivimos en persistentes déficits de igualdad política y social, pero
sobre todo de institucionalidad democrática; situación que favorece la
concentración y abuso de poder, la corrupción y la impunidad.
Insistimos, por esta
persistente situación, en la necesidad de crear y poner en vigencia mecanismos
eficaces para el seguimiento de los principios de la Carta Democrática
Interamericana (CDI) así como los convenios y protocolos que en materia de
derechos civiles y políticos ha establecido el Sistema Interamericano; en la
perspectiva de incorporar -de manera real- la participación social en los
procesos de toma de decisiones en nuestros países y continente. El “Foro
Ciudadano de las Américas” y la “Relatoría para la Democracia”, permanentes y
con carácter vinculante, fortalecerían la democracia y la política en nuestras
naciones. Propongo democratizar las decisiones que concentran los gobiernos y
no de instrumentalizar la participación social a través de espacios formales,
pero cada vez más restrictivos, y hacer creer que la “sociedad civil
organizada” decide.
En ese sentido,
“gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, reseña de la Cumbre de
Lima, del 13 y 14 de abril, resultará inviable sin la vocación de los gobiernos
para ejercitar los mandatos del artículo 27 de la CDI, referidos al papel de la
OEA frente a la gobernabilidad, la buena gestión, los valores democráticos y el
fortalecimiento de la institucionalidad política y de las organizaciones de la
sociedad civil, a fin de asegurar la libertad y la justicia social; y del
primer considerando de la Convención Interamericana contra la Corrupción “de
que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta
contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo
integral de los pueblos”.
Por lo anterior,
respaldamos a Luis Almagro cuando define que “la OEA no puede ser una Organización
de uso neutral, la OEA tiene que ser la expresión del compromiso con el más
pleno respeto de cada una de estas fundamentales herramientas e instrumentos
que tiene la Organización”. Si los estados, a través de sus gobiernos, no han
sido capaces de comprender y apoyar esta perspectiva, deben ceder espacio a la
participación social informada inclusiva y plural a fin de construir otras
formas de afirmar la gobernabilidad democrática -pero sin corrupción- en las
Américas.
Se estima que las
empresas y los individuos pagarían 1.5 billones de dólares en sobornos cada
año. Hoy la corrupción es considerada como la nueva amenaza transnacional. Es
institucional y tiene raíces en la burocracia y la falta de transparencia que
genera un tremendo impacto sobre la población en situación de vulnerabilidad,
la política, la economía y el desarrollo.
En nuestra América
existen estados en los que la rendición de cuentas es nominal, debido al
declive de sus instituciones contraloras y fiscalizadoras, como consecuencia de
la concentración del poder, el autoritarismo y el continuismo; y en otros
casos, utilizando los instrumentos de la democracia, por conveniencia de los
gobernantes de turno.
Frente a ello, se
necesita una acción integral y colectiva de los Estados frente a un escenario
de corrupción sistémica y global. La cooperación judicial bilateral y
multilateral a través del fortalecimiento de su marco normativo puede ayudar
hacer frente a este problema; considerando los objetivos de desarrollo
sostenible adoptados por la comunidad internacional en la Agenda 2030. Las
experiencias de la Unión Europea y la Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala, son referentes.
Para que la Cumbre de
Lima sea útil, los debates y acuerdos deben partir de la comprensión de que la
corrupción altera los resultados previstos para las políticas públicas
desviándolos hacia fines delictivos y que el ciudadano cada vez pierde más
confianza en la política y el sistema democrático. También deben incentivar la
transparencia y facilitar la participación de diversos sectores de la sociedad
en la planificación e implementación de políticas nacionales y regionales. No
hacerlo es seguirle negando, a la población, la posibilidad de lograr su
desarrollo, el acceso a servicios básicos y el ejercicio de sus derechos.