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Han transcurrido cinco años, desde que la Constitución de 2009 generó nuevos retos al Sistema de Justicia boliviano, y las estadísticas judiciales, los informes de Derechos Humanos (de organismos internacionales con carácter vinculante y otros), los informes del Defensor del Pueblo, las críticas generadas por la demanda ciudadana de justicia y, en general, la coyuntura, reprueban lo realizado y plantea un interrogante: ¿realmente asistimos a una reforma judicial o ésta no se ha iniciado?
Existe una demanda general de reforma judicial, pero falta generar consensos y un abordaje responsable, que pasa por dejar de lado los discursos o hacer eco de ellos y trabajar -técnicamente- para construir el servicio de justicia que la Constitución les reconoce a los bolivianos. Para lograrlo, sería necesario articular una coalición de instituciones de composición plural que promuevan acuerdos y hagan seguimiento, de ser posible con carácter vinculante, a las acciones que se determinen como ineludibles para reformar la Justicia.
En ese orden de ideas, urge plasmar en acciones concretas la voluntad política de reformar la Justicia de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Un acuerdo nacional sobre la reforma integral al Sistema de Justicia, sería un instrumento idóneo. Habría entonces que alejar el proceso de los intereses políticos y dejar su implementación en manos técnicas.
Estamos sugiriendo iniciar un proceso, que debe trasuntar gobiernos, desde un enfoque de política pública que, como sabemos, alude al conjunto de decisiones o de acciones coherentes, tomadas por diferentes actores públicos y a veces no públicos, cuyos recursos, nexos institucionales e intereses varían, a fin de resolver un problema colectivo que en Bolivia es un tema sensible: el respeto de los derechos humanos en los tribunales de justicia.
En este marco, la actividad que el presidente Morales ha llamado “Cumbre Judicial” representa una oportunidad inmejorable, si el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, asume técnicamente su conducción, replantea su enfoque y coloca a esta actividad como el inicio de un proceso plural, convocante y no excluyente, de no menos de doce meses, dividido en etapas: Un primer paso consistiría en generar un proceso amplio de consulta nacional de cinco meses, basado en un diálogo de saberes, experiencias y propuestas, en un orden temático, lógico, de iguales, e integral, en los nueve departamentos. En un segundo momento se trabajaría la sistematización de las propuestas departamentales, en la perspectiva de lograr, en los siguientes dos meses, una propuesta nacional para la reforma integral al Sistema de Justicia en Bolivia, la que sería presentada a los delegados institucionales de los nueve departamentos, con el fin de retroalimentar la propuesta durante el octavo mes. Un tercer escenario, durante el noveno, décimo y décimo primer mes, sería el de validación, por parte del pleno de los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de la propuesta nacional de reforma al Sistema de Justicia en Bolivia. Un cuarto paso, en el décimo segundo mes, contemplaría la presentación, en un foro nacional, de la propuesta nacional para la reforma integral al Sistema de Justicia en Bolivia, con la participación de quienes intervinieron en el proceso, además de las autoridades de los cuatro Órganos del Estado y las fuerzas políticas (partidos, agrupaciones, movimientos, etc.) del país.
Las iniciativas de reforma que se generen, durante estos doce meses, deberían tener un impacto positivo en la justicia y su conducción. En ese sentido, la acción del Estado debería ser integral y estar articulada coherentemente, promoviendo un objetivo común aunque con objetivos específicos, que en gran medida han sido determinados por la actual Constitución: una única justicia sistémica, con órganos paritarios, que brinden una prestación pública de justicia a ciudadanos y ciudadanas, caracterizada por su independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. Estamos planteando cuatro fases o dimensiones de trabajo, que no necesariamente son consecutivas, pero sí interdependientes: 1) la elaboración de la agenda, 2) la programación, 3) la implementación y 4) la evaluación del grado de resolución del problema que simboliza hoy la justicia.
Por lo expresado, la “Cumbre Judicial”, como se viene gestando, no define la reforma de la Justicia que Bolivia necesita, pero sí puede ser un buen inicio, en la medida que abonaría al desarrollo y contenido de la primera y segunda fase de una política pública, una política del Estado Plurinacional de Bolivia en materia de justicia; si el objetivo es contribuir a la construcción de un sistema democrático y una genuina gobernabilidad del país.