Poder judicial: ¿“cenicienta” de las funciones del Estado?

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Los Tiempos (Cochabamba Bolivia)

El Clarín (Cajamarca Perú)

Sí lo sería. Una realidad, con múltiples expresiones, que la encontramos en gran parte de los países con sistema de gobierno basado en la separación de poderes; también llamadas naciones democráticas.

En nuestra región, entre otras razones, esta situación tiene su origen en la forma en que se han desarrollado las relaciones institucionales entre las ramas (órganos, poderes o funciones) políticas y el Judicial que es eminentemente de naturaleza técnica y especializada.

El Ejecutivo -mayoritariamente- por el perfil desarraigado, corrupto y antidemocrático de sus gobernantes, en sus diversos periodos, ha preferido -aprovechando la inexistencia o débil carrera pública- la parálisis (status quo), pero también el control político y la instrumentalización de puestos clave del sistema de justicia; lo que les ha permitido perseguir a opositores políticos y, entre otras formas, generar impunidad a sus crímenes ligados al abuso de poder y a la corrupción.

El Congreso, ha tenido similar línea de conducta, pero agravada, debido a que ha declinado de su función de fiscalización de los actos de gobierno y ha permitido que se inicien y -en algunos países- afiancen los procesos de copamiento político del Órgano Judicial. En algunos países, especialmente en aquellos cuyos gobiernos pregonan tener un proceso revolucionario, el Congreso funciona como apéndice del Gobierno Nacional. Suma, el que históricamente han demostrado desinterés por construir un marco jurídico coherente que permita a jueces, fiscales y otros operadores y administradores de justicia, desarrollar sus funciones en orden a sus mandatos constitucionales y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Junto al Gobierno, por acción y omisión, el Congreso -siempre además de lo señalado- ha subordinado al judicial al aprobar mínimos presupuestos que no cubren el servicio judicial siquiera en el 30 ó 40% de municipios de los respectivos países. Se aprecia una relación de dependencia, además, debido a que éste presupuesto está librado a la arbitrariedad de congresistas, dos o tres ministros y el Presidente del respectivo Estado. En Bolivia, por ejemplo, el presupuesto asignado al Judicial ha oscilado entre 0.54 y 0.58% del presupuesto general del Estado (menos del 1%), en los últimos 12 años.

El judicial, por su parte, ha demostrado escasos liderazgos. Hugo Sivina Hurtado (Perú), Luis Paulino Mora Mora (Costa Rica) y Jorge Chediak González (Uruguay) siguen siendo excepciones en la región, porque superaron la comodidad de no hacer nada y promovieron propuestas concretas y viables para sus respectivos países. Esta situación de parálisis se ha traducido en cuotas de poder (para el control judicial al ejercicio del poder) perdidas, que los políticos han tomado y que -paradójicamente- usan para enfrentar a jueces y fiscales honestos a la población, agrediéndolos cuando les conviene.

En la mayoría de nuestros países los políticos carecen de cultura político-jurídica, por eso no tienen vocación democrática y en esa medida no entienden que apostar por una reforma integral al sistema de justicia es construir un mejor país. Habría que renovar la “clase política” eligiendo mejor; pero además mejorando el sistema electoral y promoviendo la coexistencia de partidos políticos con representación nacional y alternancia periódica. Está demostrado que los caudillos emergen y buscan su perpetuidad en aquellos contextos en los que no hay partidos políticos fuertes.

Como se aprecia, existe una relación de maltrato direccionada y permanente de los órganos políticos hacia el judicial que, pese a las décadas transcurridas y millonarios procesos de reforma judicial fallidos, no se ha superado. El sostenimiento de esta situación, además de los propios órganos del Estado, encuentra responsabilidades en la población que elige pésimos políticos (salvo algunas honrosas excepciones), los medios de comunicación que no invierten en un periodismo judicial, las universidades que optaron por vivir en su propia burbuja (el de la autonomía), las agencias de cooperación que últimamente sólo se preocupan de “colocar” sus ayudas; pero sobre todo en la mayoría de las organizaciones especializadas en materia judicial (ONGs) que prefieren una relación complaciente con los gobiernos que los lleva a la autocensura.

Queda claro que también hay países en los que el sistema de justicia ha pasado a ser un apéndice del Gobierno Nacional.

A nuestros pueblos nos conviene que esta perversa relación de abuso de poder la cambiemos por una de respeto y no injerencia. Los que hacen política deben comprender este extremo y en lugar de seguir avasallando e instrumentalizando al judicial, deben promover su auto reforma, auto limitándose. Todo tiempo es bueno para este objetivo de construir un país con justicia. 

Los reacomodos de la corrupción en el sur

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Correo del Sur (Sucre Bolivia)

Los Tiempos (Cochabamba Bolivia)

El Clarín (Cajamarca Perú)

Ya no es secreto que la corrupción, entre otras tantas formas de crimen, ha penetrado los partidos y espacios de representación política (movimientos, frentes, agrupaciones, etc.) en la mayoría de los países al sur del río Bravo y que, para seguir lucrando, en función a la cuota de poder político o intereses que tienen sus caudillos mal llamados “líderes”, están utilizando todo tipo de embustes, sin importar los intereses supremos de sus pueblos o los “procesos revolucionarios” que predican representar.

Esta realidad, que es verificable a través de los informes temáticos de los mecanismos de la ONU y OEA (independencia judicial, corrupción, etc.) y desde lo privado y la acción social (redes sociales, OSCs temáticas independientes, etc.), alerta sobre los avances e institucionalización de la corrupción, que en estos últimos años ha ido mutando y perfeccionando sus procedimientos, formas y contenidos, a fin de asegurar impunidad a sus perpetradores.

Hoy por hoy las caretas que exhibe la corrupción, en su modalidad de crimen organizado, son diversas y lo grave es que opera bajo el paraguas de protección de instituciones constitucional y legalmente con mandatos de proteger a la persona en sus derechos humanos. El impacto que la corrupción genera -paradójicamente- afecta principalmente a los sectores en situación de vulnerabilidad (niños, niñas, adolescentes, mujeres, LGTBI, pueblos indígenas y afro descendientes).

Los encontramos en la política del pasado y del presente, en gobernantes “democráticamente elegidos” –en su momento–, algunos de los cuales han decidido perpetuarse en el gobierno de sus respectivos países; considerando que controlan todo y en ese marco digitan a los sistemas electorales y de justicia. También están en el mundo empresarial, a través de testaferros y operadores que en campañas electorales “lavan dinero” proveniente del narcotráfico y empresas corruptas y corruptoras como Odebrech, a cambio de futuros favores. En la prensa sus adeptos tienen una conducta dócil y complaciente, sobre todo en aquellos países donde los acusados de corrupción hacen Gobierno. La iglesia, no solo la católica, no escapa a este laberinto delictivo y tiene a interlocutores que minimizan y promueven la impunidad ante casos flagrantes de corrupción y abuso de poder (ver caso del ex primado Juan Luis Cipriani).

Estas formas de corrupción estatal o con relaciones formales –desde lo privado– con lo estatal, han desarrollado estructuras de control gubernamental que, conforme avanza el tiempo, se robustecen. Por eso, se resisten a rendir cuentas ante jueces y fiscales independientes, que conozco existen en cada país. Retan cada día al orden constitucional y legal y demuestran, gracias a la inexistencia de carrera pública, entre otras debilidades del Estado, lo difícil que resulta vivir bajo las reglas y principios de la democracia.

Por ejemplo, el caso peruano demuestra lo peligroso y dañino que resulta tener una mayoría en el Congreso (primer y más importante Poder del Estado) cuyos “líderes” representan a organizaciones creadas para la corrupción y otras formas de crimen organizado. Esta situación explica las razones de los “fujimontesinistas” y sus aliados los “alanistas”, de mantener secuestrados al Congreso y al sistema de justicia (Ministerio Público y Poder Judicial); a través de autoridades representativas y clave como en la presidencia del Poder Judicial, la Oficina de Control de la Magistratura y una mayoría en la Junta de Fiscales Supremos (Órgano máximo de Decisión del Ministerio Público). Queda claro que buscan impunidad para Keiko Fujimori y Alan García, situación que –indirectamente– beneficia a ex gobernantes como PPK, Humala, Toledo y ex alcaldes y presidentes regionales; por eso están –todos a una como en Fuente Ovejuna– buscando como “tumbar” el acuerdo suscrito la semana pasada por la Fiscalía Anticorrupción y Odebrech. La mafia contrataca y –penosamente– mis paisanos peruanos (no todos), siguen distraídos en banalidades y asuntos superficiales.

En ese sentido, es necesario estar muy atentos, informarse y llevar nuestras voces de rechazo a la corrupción, que reitero tiene varias caretas, a las calles. Otra forma de corrupción es el silencio y la indiferencia. Lo verifiqué estando en Lima, por casi dos meses, los políticos corruptos le tienen terror a la población repudiándolos en lugares públicos y con ansias de llegar nuevamente a las urnas para cobrarles la factura.

El sistema democrático está en jaque y depende de la proactividad de la población lograr su liberación. Los políticos corruptos y sus huestes lo saben, por eso su desesperación por mantenerse en el ejercicio del poder e impedir ser juzgados; la única forma de lograr impunidad a sus actos delictivos.

Algunas anotaciones sobre el 171 periodo de audiencias de la CIDH

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El Clarín (Cajamarca Perú)

Los periodos de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también conocida como CIDH o la Comisión, son uno de los distintos espacios del sistema interamericano de derechos humanos, creados con el fin generar diálogo directo entre las víctimas de vulneración de derechos humanos y los estados integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), para generar un posterior monitoreo.

La CIDH, según su propia definición, es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Su mandato es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en los países de las Américas (norte, centro, sur) y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. Está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por los países reunidos en Asamblea General a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

En esta oportunidad, por invitación del Estado boliviano, la CIDH luego de recibir, del 14 de noviembre al 7 de diciembre del 2018, las solicitudes de audiencias y reuniones de trabajo, se encuentra sesionando por primera vez en Sucre (la capital de Bolivia) desde el 07 de febrero por diez días.

Por información publicada por la misma CIDH, se conoce que -en esta ocasión- el calendario de sesiones comprende la realizarán 25 audiencias de carácter público en tres días que tocarán asuntos de vulneración de derechos humanos en los 35 países de América. Entre las temáticas de las audiencias se encuentran: los derechos humanos de los pueblos indígenas en Brasil y Colombia, la situación general de derechos Nicaragua y Venezuela, denuncias de impunidad y violencia contra las mujeres en Haití, entre otros temas de 12 países. En orden al Reglamento de la CIDH, al ser Bolivia el país anfitrión, no se atenderán audiencias (asuntos) relacionadas a este país; no obstante si escucharon, sin emitir opinión, los casos de ciudadanos bolivianos que consideran se están vulnerando sus derechos.

Ha caracterizado hasta hoy, el calendario de actividades previsto -en el plano interno- las movilizaciones en contra de la repostulación (para un cuarto gobierno) del presidente Juan Evo Morales Ayma, considerando el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016; que cerró la posibilidad de una reforma constitucional para habilitar la repostulación. También lo está caracterizando la recepción, ayer miércoles, de denuncias de la denominada sociedad civil sobre violaciones a derechos humano; destacando casos de retardación de justicia, instrumentalización de las instituciones democráticas para la persecución política, corrupción de servidores públicos y violación de derechos de sectores en situación de vulnerabilidad como los pueblos indígenas. La versión oficial, a través de los interlocutores del Gobierno, reporta una buena salud de la democracia boliviana (al referirse a estabilidad social, económica y política).

En el plano internacional, hasta ahora destaca, la realización por iniciativa propia (de la misma CIDH) de una audiencia pública regional sobre “Buenas prácticas sobre prevención, investigación y protección a personas defensoras de derechos humanos en la Región” hoy jueves 14 de febrero; considerando la cada vez mayor recurrencia de casos. También hoy serán vistos dos casos sobre Perú, relativos a denuncias de “violencia escolar contra niños, niñas y adolescentes LGBTI” y la “situación de personas defensoras de derechos humanos y política integral de protección”. Respecto a Nicaragua y Venezuela serán vistos también este día la “situación general de derechos humanos”. De Cuba se verá la “reforma constitucional y derechos humanos”. Las “denuncias de restricciones y represalias contra la libertad académica y la autonomía universitaria en la Región”, un tema nuevo, será visto por la CIDH este viernes, a solicitud de del Centro de Investigación y Educación en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa el Aula Abierta Latinoamérica y el Centro Iberoamericano de Formación en Derecho Internacional.

En líneas generales, resulta positivo que Bolivia, por su contexto y coyuntura, esté siendo sede del 171 periodo de sesiones de la CIDH; que implica un pleno reconocimiento y cumplimiento de sus decisiones y las del sistema interamericano en su conjunto. También resulta saludable que, en las actividades paralelas al periodo de sesiones, sociedad civil esté abordando técnica y académicamente el estado de algunos derechos humanos con la participación de sectores clave de la población; tan necesarios en este tiempo.

El sistema interamericano de derechos humanos, logrará su fortalecimiento en la medida que profundicemos su conocimiento y utilización de sus mecanismos. La CIDH Ofrece algunas de esas vías y el periodo de sesiones en Sucre, así lo demuestra.

La justicia anticorrupción en Perú

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El Clarín (Cajamarca Perú)

Todo desarrollo del sistema legal está marcado por las marchas y contramarchas que generan los procesos sociales económicos o políticos que los promueven o afianzan. En estos procesos las leyes dictadas por los gobernantes, por sí solas, no han transformado realidades y tampoco -en positivo y significativamente- el tejido social. Ha sido el arraigo o sentido de pertenencia de estos procesos los que han asegurado éxito a las reformas y revoluciones históricas. En ese sentido, el marco jurídico que regula y “ordena” la estructura de un Estado, es apenas uno de los componentes que adquiere esencia y carácter de proceso cuando es conocido, valorado y respaldado (como bueno para el país) desde lo social.

En materia judicial, pese a que hemos tenido intentos valiosos por mejorar el servicio (por ejemplo el Acuerdo Nacional y la CERIAJUS a inicios del actual siglo), los problemas persisten porque sus elementos son de orden estructural; esto es, alcanzan y tienen que ver con el funcionamiento de todo el aparato estatal y su relación de éste con la población. No obstante, existen ámbitos de nuestro sistema de justicia (Fiscalía y Poder Judicial fundamentalmente) que, en los últimos años, han aportado sustantivamente al crecimiento democrático del país.

Uno de estos ámbitos lo constituye el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, creado el 31 de marzo de 2017. Se trata de una estructura nueva (D. Leg. N° 1307) integrada por órganos jurisdiccionales con competencia nacional y por los juzgados y salas especializadas (D. Leg. N° 1342), cuya competencia es a nivel de cada distrito judicial (sólo funciona en algunas regiones). Conoce los delitos de colusión, peculado, malversación, las distintas modalidades de cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, entre otros. Forma parte de este sistema, un cuerpo especializado de fiscales organizados bajo una coordinación que soporta y facilita los procesos investigativos.

En sus más de veinte meses de vida institucional, este diseño de justicia se está consolidando como un “modelo”, por los resultados que está logrando; sobre todo a nivel de los casos seguidos en Lima. Hasta inicios de setiembre de este año eran 707 personas procesadas por delitos de corrupción y en los casos más antiguos se habían logrado sentencia con pena efectiva. Antalsis, Catache, La Centralita, Chinecas, Alejandro Toledo, César Alvarez, Ollanta Humala y Nadine Heredia, “Los Cuellos Blancos del Puerto” y César Hinostroza, Keiko Fujimori, PPK, Alan García y Edwin Oviedo, son algunos de los procesos más conocidos que están bajo tuición de este sistema; cuyas cabezas más visibles lo constituyen el juez Richard Concepción y el fiscal Domingo Pérez.

Sin embargo, pese a contar con un inédito amplio reconocimiento y respaldo social de “todas las sangres” y de la comunidad internacional informada y democrática, el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, viene siendo objeto de un sistemático acecho de aquellas fuerzas ligadas y representativas de la corrupción. En ese sentido, vuelvo a llamar la atención sobre la necesidad de acentuar la vigilancia social; considerando que el acoso del Fiscal de la Nación Pedro Chávarry sobre el Fiscal Domingo Pérez y cada uno de los que integra el equipo a cargo de las investigaciones contra Keiko Fujimori, Alan García y otros políticos con acusaciones por corrupción (caso Odebrecht), no se ha detenido. Tampoco han cesado las voces de sectores empresariales (Roque Benavides), periodísticos (Aldo Mariátegui, Mariella Balbi), religiosas (Juan Luis Cipriani), políticas (Lourdes Flores, Víctor Andrés García Belaunde) y de otros actores relevantes en la vida nacional, descalificando -torpemente- la acción de este sistema de justicia anticorrupción.

El escenario es clarísimo. La corrupción quiere seguir operando con total impunidad en nuestro país y el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, constituye un obstáculo; por eso los ataques y las “movidas” desestabilizadoras de sus “operadores” como Pedro Chávarry y sus protectores desde el Congreso de la República.

Queda claro, en esa perspectiva, que la lucha contra la corrupción apenas inicia y que si queremos derrotarla, debemos doblar nuestra vigilancia ciudadana sobre todos los poderes públicos. Por ejemplo, tomar conocimiento de las decisiones que se vienen adoptando a nivel del sistema de justicia; considerando que quiénes acaban de “elegir” al nuevo presidente de la Corte Suprema (y del Poder Judicial) tienen públicos vínculos con el “fuji-montesinismo” y el “alanismo”. Lo propio, respecto a las iniciativas legislativas y leyes que viene discutiendo y aprobando, respectivamente, en el Congreso a favor del latrocinio con impunidad.

La lucha contra la corrupción debería ser el alma de nuestro Perú y merecer todas nuestras atenciones. Estamos ganando algunas batallas pero no la guerra! Recordemos siempre que, la corrupción no duerme y acecha cada segundo, minuto, hora, día, mes y año!

“La Paisana Jacinta” y otros

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El Clarín (Cajamarca Perú)

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. No obstante, este primer mandato de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) que coincide con el sétimo y el veintitrés de la misma norma, pese a su claridad, sigue siendo “letra muerta” o “suma de buenas intenciones”, para gran parte de nuestras sociedades y Estados del mundo.

“Comportarse fraternalmente los unos con los otros” constituye, en ese sentido, una invocación que pocos han comprendido en su esencia y objetivos humanizadores. Estamos en el siglo XXI y todavía tenemos promotores y abiertos defensores y otros “caletas” de la misoginia, el racismo y otras formas de discriminación.

Frente a estas aberraciones y taras culturales se han establecido normas internacionales y mecanismos diversos, tanto en el Sistema Universal (ONU) como en el Interamericano (OEA) de Protección de Derechos Humanos que, pese a su importante desarrollo a nivel de constitucional legal y jurisprudencial, no han logrado resolver la exclusión y otras formas perversas de vulneración de derechos fundamentales de sus víctimas. En este caso, tampoco es un asunto de fallas en las leyes sino de los seres humanos.

Por eso es comprensible, pero al mismo tiempo repudiable, que tengamos aun sectores de nuestra población, algunos de ellos ligados a la academia y otros sectores estratégicos de nuestra sociedad, que la respalden en nombre del Derecho (“libertad de expresión”, “no al activismo judicial”, etc), y -un poco más- aplaudan al señor Jorge Luis Benavides Gastello (Lima - 1967) y a Latina Televisión por sus solapados atropellos a los milenarios y ricos pueblos andinos. No ignoro que lo propio han perpretado, en el tiempo, contra los hermanos afro-peruanos con el denigrante personaje “negro mama”.

Un atentado -flagrante- contra lo andino. ¿Acaso “lucir”, vestir, hablar o caminar distinto a la “cultura limeña o costeña dominante y estereotipante” que, en gran parte de sus aspectos es una pésima imitación de la llamada “cultura occidental”, es motivo de sarcasmo o burla?. Olvidan que “el Perú nació serrano”, se proyectó al mundo desde sus Andes y que adquirió talla mundial en su gastronomía y otros frentes, gracias a su diversidad y fusión étnica y extraordinaria riqueza de cada piso ecológico. Ignoran igualmente, las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en el sentido de poner fin a la discriminación y exclusión que continúa limitando el libre ejercicio de los derechos de una gran parte de la sociedad peruana; especialmente de aquellos sectores de la población más afectados por la violencia durante el conflicto interno armado.

Entre otras razones, por eso el MRTA y Sendero Luminoso, encontraron en este tipo de conductas sociales (dale circo al pueblo si tiene hambre) justificación para dividir, destruir, perseguir, secuestrar y asesinar. El Estado siempre lo hizo en el curso de su historia. Les recuerdo que un pueblo que olvida su historia, está condenado a repetir sus mismos fracasos, errores y atrocidades, una y cien veces.

Por estas consideraciones, felicito la decisión de la juez cusqueña YANET OFELIA PAREDES SALAS que, en una línea de activismo judicial, declaró fundada la acción de amparo interpuesta por cuatro mujeres patriotas (Rosalinda Torres Morante, Irenen Quispe Taboada, Cecilia Paniura Medina y Rosa Supho Ccallo) y ordenó, mediante la Resolución N°76 el lunes 26 de noviembre, sacar del aire a “La Paisana Jacinta”. Celebro, en esa misma línea, que siga democratizándose nuestro sistema de justicia y que lo haga desde sus bases (Richard Concepción y Domingo Pérez son esencia de estas bases).

Si nuestra apuesta es construir una sociedad con oportunidades para todos (selváticos/amazónicos, serranos y costeños), realmente reconciliada, con respeto a su diversidad y con horizonte común de país, debemos desechar toda forma de discriminación; considerando que constituyen barreras para lograr el Perú que merecemos TODOS y TODAS.

Como andino, proveniente de los sectores tradicionalmente excluidos de nuestro extraordinario país (nací en Agua Blanca - San Miguel - Cajamarca), a los que todos llaman en su retórica política y a veces académica “prioritarios”, ésta decisión judicial representa una cachetada a la mirada raquítica predominante y sesgada de nuestro Perú, desde un sector minoritario pero “DOMINANTE” de la “cultura limeña”.

No más Carlos Benavides, Gisella Valcarcel, Manolo Rojas, Laura Bozo, Carlos “Cacho”, Magaly Medina, Ernesto Pimentel (“La Chola Chabuca”) y otros tantos rostros representativos de la televisión carroña; todos ellos dóciles y complacientes con la última dictadura.

"En Perú es muy común pensar que una persona andina es torpe, no entiende nada". Este concepto errado pero además discriminador debe cambiar y éste –también- es un buen momento para afianzar este proceso…

Vamos bien jueza YANET OFELIA PAREDES SALAS …!!!

Seguimos mejorando como sociedad PAISANOS PERUANOS…!!!