Publicado en:
Correo del Sur (Sucre Bolivia)
Los Tiempos (Cochabamba Bolivia)
El Clarín (Cajamarca Perú)
Ya
no es secreto que la corrupción, entre otras tantas formas de crimen, ha
penetrado los partidos y espacios de representación política (movimientos,
frentes, agrupaciones, etc.) en la mayoría de los países al sur del río Bravo y
que, para seguir lucrando, en función a la cuota de poder político o intereses
que tienen sus caudillos mal llamados “líderes”, están utilizando todo tipo de
embustes, sin importar los intereses supremos de sus pueblos o los “procesos
revolucionarios” que predican representar.
Esta
realidad, que es verificable a través de los informes temáticos de los
mecanismos de la ONU y OEA (independencia judicial, corrupción, etc.) y desde
lo privado y la acción social (redes sociales, OSCs temáticas independientes,
etc.), alerta sobre los avances e institucionalización de la corrupción, que en
estos últimos años ha ido mutando y perfeccionando sus procedimientos, formas y
contenidos, a fin de asegurar impunidad a sus perpetradores.
Hoy
por hoy las caretas que exhibe la corrupción, en su modalidad de crimen
organizado, son diversas y lo grave es que opera bajo el paraguas de protección
de instituciones constitucional y legalmente con mandatos de proteger a la
persona en sus derechos humanos. El impacto que la corrupción genera
-paradójicamente- afecta principalmente a los sectores en situación de
vulnerabilidad (niños, niñas, adolescentes, mujeres, LGTBI, pueblos indígenas y
afro descendientes).
Los
encontramos en la política del pasado y del presente, en gobernantes
“democráticamente elegidos” –en su momento–, algunos de los cuales han decidido
perpetuarse en el gobierno de sus respectivos países; considerando que
controlan todo y en ese marco digitan a los sistemas electorales y de justicia.
También están en el mundo empresarial, a través de testaferros y operadores que
en campañas electorales “lavan dinero” proveniente del narcotráfico y empresas
corruptas y corruptoras como Odebrech, a cambio de futuros favores. En la
prensa sus adeptos tienen una conducta dócil y complaciente, sobre todo en aquellos
países donde los acusados de corrupción hacen Gobierno. La iglesia, no solo la
católica, no escapa a este laberinto delictivo y tiene a interlocutores que
minimizan y promueven la impunidad ante casos flagrantes de corrupción y abuso
de poder (ver caso del ex primado Juan Luis Cipriani).
Estas
formas de corrupción estatal o con relaciones formales –desde lo privado– con
lo estatal, han desarrollado estructuras de control gubernamental que, conforme
avanza el tiempo, se robustecen. Por eso, se resisten a rendir cuentas ante
jueces y fiscales independientes, que conozco existen en cada país. Retan cada
día al orden constitucional y legal y demuestran, gracias a la inexistencia de
carrera pública, entre otras debilidades del Estado, lo difícil que resulta
vivir bajo las reglas y principios de la democracia.
Por
ejemplo, el caso peruano demuestra lo peligroso y dañino que resulta tener una
mayoría en el Congreso (primer y más importante Poder del Estado) cuyos
“líderes” representan a organizaciones creadas para la corrupción y otras
formas de crimen organizado. Esta situación explica las razones de los
“fujimontesinistas” y sus aliados los “alanistas”, de mantener secuestrados al
Congreso y al sistema de justicia (Ministerio Público y Poder Judicial); a través
de autoridades representativas y clave como en la presidencia del Poder
Judicial, la Oficina de Control de la Magistratura y una mayoría en la Junta de
Fiscales Supremos (Órgano máximo de Decisión del Ministerio Público). Queda
claro que buscan impunidad para Keiko Fujimori y Alan García, situación que
–indirectamente– beneficia a ex gobernantes como PPK, Humala, Toledo y ex
alcaldes y presidentes regionales; por eso están –todos a una como en Fuente
Ovejuna– buscando como “tumbar” el acuerdo suscrito la semana pasada por la
Fiscalía Anticorrupción y Odebrech. La mafia contrataca y –penosamente– mis
paisanos peruanos (no todos), siguen distraídos en banalidades y asuntos
superficiales.
En
ese sentido, es necesario estar muy atentos, informarse y llevar nuestras voces
de rechazo a la corrupción, que reitero tiene varias caretas, a las calles.
Otra forma de corrupción es el silencio y la indiferencia. Lo verifiqué estando
en Lima, por casi dos meses, los políticos corruptos le tienen terror a la
población repudiándolos en lugares públicos y con ansias de llegar nuevamente a
las urnas para cobrarles la factura.
El
sistema democrático está en jaque y depende de la proactividad de la población
lograr su liberación. Los políticos corruptos y sus huestes lo saben, por eso
su desesperación por mantenerse en el ejercicio del poder e impedir ser
juzgados; la única forma de lograr impunidad a sus actos delictivos.
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