La justicia anticorrupción en Perú

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El Clarín (Cajamarca Perú)

Todo desarrollo del sistema legal está marcado por las marchas y contramarchas que generan los procesos sociales económicos o políticos que los promueven o afianzan. En estos procesos las leyes dictadas por los gobernantes, por sí solas, no han transformado realidades y tampoco -en positivo y significativamente- el tejido social. Ha sido el arraigo o sentido de pertenencia de estos procesos los que han asegurado éxito a las reformas y revoluciones históricas. En ese sentido, el marco jurídico que regula y “ordena” la estructura de un Estado, es apenas uno de los componentes que adquiere esencia y carácter de proceso cuando es conocido, valorado y respaldado (como bueno para el país) desde lo social.

En materia judicial, pese a que hemos tenido intentos valiosos por mejorar el servicio (por ejemplo el Acuerdo Nacional y la CERIAJUS a inicios del actual siglo), los problemas persisten porque sus elementos son de orden estructural; esto es, alcanzan y tienen que ver con el funcionamiento de todo el aparato estatal y su relación de éste con la población. No obstante, existen ámbitos de nuestro sistema de justicia (Fiscalía y Poder Judicial fundamentalmente) que, en los últimos años, han aportado sustantivamente al crecimiento democrático del país.

Uno de estos ámbitos lo constituye el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, creado el 31 de marzo de 2017. Se trata de una estructura nueva (D. Leg. N° 1307) integrada por órganos jurisdiccionales con competencia nacional y por los juzgados y salas especializadas (D. Leg. N° 1342), cuya competencia es a nivel de cada distrito judicial (sólo funciona en algunas regiones). Conoce los delitos de colusión, peculado, malversación, las distintas modalidades de cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, entre otros. Forma parte de este sistema, un cuerpo especializado de fiscales organizados bajo una coordinación que soporta y facilita los procesos investigativos.

En sus más de veinte meses de vida institucional, este diseño de justicia se está consolidando como un “modelo”, por los resultados que está logrando; sobre todo a nivel de los casos seguidos en Lima. Hasta inicios de setiembre de este año eran 707 personas procesadas por delitos de corrupción y en los casos más antiguos se habían logrado sentencia con pena efectiva. Antalsis, Catache, La Centralita, Chinecas, Alejandro Toledo, César Alvarez, Ollanta Humala y Nadine Heredia, “Los Cuellos Blancos del Puerto” y César Hinostroza, Keiko Fujimori, PPK, Alan García y Edwin Oviedo, son algunos de los procesos más conocidos que están bajo tuición de este sistema; cuyas cabezas más visibles lo constituyen el juez Richard Concepción y el fiscal Domingo Pérez.

Sin embargo, pese a contar con un inédito amplio reconocimiento y respaldo social de “todas las sangres” y de la comunidad internacional informada y democrática, el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, viene siendo objeto de un sistemático acecho de aquellas fuerzas ligadas y representativas de la corrupción. En ese sentido, vuelvo a llamar la atención sobre la necesidad de acentuar la vigilancia social; considerando que el acoso del Fiscal de la Nación Pedro Chávarry sobre el Fiscal Domingo Pérez y cada uno de los que integra el equipo a cargo de las investigaciones contra Keiko Fujimori, Alan García y otros políticos con acusaciones por corrupción (caso Odebrecht), no se ha detenido. Tampoco han cesado las voces de sectores empresariales (Roque Benavides), periodísticos (Aldo Mariátegui, Mariella Balbi), religiosas (Juan Luis Cipriani), políticas (Lourdes Flores, Víctor Andrés García Belaunde) y de otros actores relevantes en la vida nacional, descalificando -torpemente- la acción de este sistema de justicia anticorrupción.

El escenario es clarísimo. La corrupción quiere seguir operando con total impunidad en nuestro país y el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, constituye un obstáculo; por eso los ataques y las “movidas” desestabilizadoras de sus “operadores” como Pedro Chávarry y sus protectores desde el Congreso de la República.

Queda claro, en esa perspectiva, que la lucha contra la corrupción apenas inicia y que si queremos derrotarla, debemos doblar nuestra vigilancia ciudadana sobre todos los poderes públicos. Por ejemplo, tomar conocimiento de las decisiones que se vienen adoptando a nivel del sistema de justicia; considerando que quiénes acaban de “elegir” al nuevo presidente de la Corte Suprema (y del Poder Judicial) tienen públicos vínculos con el “fuji-montesinismo” y el “alanismo”. Lo propio, respecto a las iniciativas legislativas y leyes que viene discutiendo y aprobando, respectivamente, en el Congreso a favor del latrocinio con impunidad.

La lucha contra la corrupción debería ser el alma de nuestro Perú y merecer todas nuestras atenciones. Estamos ganando algunas batallas pero no la guerra! Recordemos siempre que, la corrupción no duerme y acecha cada segundo, minuto, hora, día, mes y año!