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Las condiciones de extremo hacinamiento y la ausencia de un control real por parte del Estado, de las cárceles, son algunas de las características de los sistemas penitenciarios de Latinoamérica. Esta situación, en Bolivia, se ve agravada por el 84 por ciento de los 14.770 presos que no tienen condena.
Lo ocurrido, la semana pasada, en la cárcel cruceña de Palmasola, demuestra el escaso interés que tienen los poderes públicos en el tema penitenciario. En este caso, a la luz de los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos, el Gobierno pudo romper la tradición y realizar acciones para prevenir los sucesos.
Es sensato alertar que las condiciones continúan dadas, para que ocurra otra masacre en cualquier momento; pues sigue en evidencia la falta de atención oficial "integral" al problema. En este marco, cualquier medida mediática, como el deslice de responsabilidades, que ya se empieza a orquestar (decir que el Órgano Judicial es el culpable, por ejemplo), es signo de la falta de voluntad política del Gobierno de querer enfrentar y resolver este problema tan presente para todos, pero al mismo tiempo, invisible en la agenda nacional; ¿acaso los reclusos no tienen derechos?, ¿Hasta cuándo los tendremos por seres marginales o inexistentes?
Palmasola es una cárcel construida para albergar a 600 personas, pero que al momento de la masacre contaba con 4.725 privados de libertad. El hacinamiento salta a la vista. Esta situación demanda a nuestras autoridades una política criminal coherente con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. Ese es el compromiso asumido por el Estado boliviano y que compromete, subsecuentemente, a todas sus autoridades. Se debe promover programas de rehabilitación, reinserción social, previa clasificación de internos, hacer ajustes en el marco jurídico tendientes a reducir el porcentaje de presos sin condena, renovar su infraestructura, dotar de equipos humanos calificados y presupuesto al Ministerio y direcciones del ramo, además de otras medidas, como el combate a la corrupción. Esta torna en ingobernable cualquier sede penitenciaria.
Quienes creemos en una Bolivia donde el respeto a la vida y a la libertad sean pilares de la construcción de su futuro y donde las violaciones a los derechos humanos no sean regla, no podemos guardar silencio en relación a su situación carcelaria.
Tiendo a recordar que, precisamente, uno de los objetivos del proceso liderado por el presidente Morales, era mejorar la justicia penal. No obstante, todo indica que el balance es negativo. No hablan los expertos, sino los propios hechos, con expresiones como el incremento sostenido de la población penitenciaria, que llegaría a los 14.770 reclusos, 12.310 de ellos sin condena. Siendo este el germen del hacinamiento y la violencia, deberían presentarse propuestas de mejora a la luz de la criminología y de la ciencia penitenciaria. Esta inclinación (que a lo mejor la inicia el Gobierno) debería dar pie a la autocrítica de quienes pueden cambiar el sistema desde los ámbitos más altos del poder. No nos confundamos; quien traza las líneas rectoras de una política criminal, penitenciaria y judicial son los Órganos Ejecutivo y Legislativo. El Órgano Judicial implementa y ejecuta, desde el ámbito de sus funciones, ese marco normativo.
En la línea de lo anterior, resulta dañino para el futuro de la "nueva justicia", aquellas tendencias gubernamentales que endosan una responsabilidad plena, sobre la situación penitenciaria, a quienes tienen función judicial. Existe, una corresponsabilidad del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Estas visiones sesgadas tienen un efecto pernicioso en la opinión pública. Asumo que al gobierno democrático no le conviene deslegitimar a la justicia, por eso es, precisamente, "democrático".
Si en Bolivia se pretende construir una política criminal y penitenciaria que trasunte gobiernos, debería sustituirse las acusaciones por acciones concretas en los siguientes años, tales como superar el déficit de infraestructura carcelaria, no ceder el control de las cárceles para fomentar una suerte de autogobierno presidido por los cabecillas de los presos. Por el lado de la Función Judicial, dotar de suficientes unidades judiciales, fiscales y de defensa pública, con recursos humanos capacitados, para que hagan del proceso penal una garantía de respeto a los derechos humanos y no un instrumento de los grupos de poder. En el ámbito legal, importa, dictar normas sustantivas y adjetivas "aterrizadas" en la realidad para ser útiles a la construcción de la paz social.
En la línea de lo último, en el marco del proceso de aprobación de un nuevo Código Procesal Penal (CPP), llamamos la atención sobre la necesidad de revisar los retrocesos en materia de medidas cautelares, que han generado esa sobrepoblación en detención preventiva. Consideramos que, conviene mejorar el régimen de medidas alternativas a la prisión preventiva; por lo que el nuevo CPP, debería apuntar a reducir los plazos de detención preventiva, incluyendo medidas de supervisión de las medidas cautelares y creando sistemas de verificación de información, para que los jueces tomen una decisión de calidad y con más Información a tiempo de decidir una medida cautelar.
La política penitenciaria que reclamamos es aquella que resulta efectiva en su papel de cumplir la Constitución y las leyes. Lo demás es generar confusión y desesperanza respecto al país que se quiere; síntoma irrefutable de la falta de hoja de ruta en la política criminal del Estado.