La binacional Perú-Bolivia

Publicado en:

Correo del Sur (Sucre Bolivia)

La Mula (Lima Perú)

El Clarín (Cajamarca Perú)

Hace unos días, el pleno del Congreso peruano aprobó por unanimidad autorizar al presidente Martín Vizcarra su viaje a Cobija-Pando, el próximo 3 de septiembre, a fin de participar en el “Encuentro Presidencial Bolivia–Perú y IV Gabinete Ministerial Binacional” que constituye el mecanismo de diálogo político, entre ambos países, al más alto nivel.

Por información en Internet de ambas cancillerías, se conoce que los temas de la agenda nuevamente centrarán su atención en lo económico. El proyecto del corredor ferroviario bioceánico de integración (CFBI), que plantea unir los puertos de Ilo (Perú) y Santos (Brasil) a través de Bolivia, con ramales hacia Paraguay y Uruguay; el aprovechamiento de las facilidades en el Puerto de Ilo; la integración energética y de telecomunicaciones sobre fibra óptica; los recursos hídricos transfronterizos, entre otros.

No obstante, habría interés de ambos gobiernos, en profundizar el diálogo en las áreas política, económica, comercial, cultural y de cooperación; y algo muy importante para la población, trabajar en temas específicos de interés para ambos países y definir políticas que faciliten su desarrollo, implementación y vigencia.

En ese marco, la situación de los derechos humanos de los bolivianos en Perú y de los peruanos en Bolivia, puede ser un tema a pensar como prioritario; considerando que en los últimos años se ha puesto en evidencia en Bolivia casos concretos de vulneración de derechos, a los cuales los mecanismos institucionales existentes –en ambos países– no han ofrecido soluciones efectivas, oportunas ni eficaces.

En esa perspectiva, la binacional debería también servir para generar un mecanismo institucional, integrado por connacionales de las respectivas comunidades migrantes que haga seguimiento a casos concretos en los que haya vulneración de derechos e informe a las respectivas cancillerías y otros poderes públicos, con el fin de adoptar medidas correctivas (políticas) a nivel de Estado. Este ámbito institucional, serviría de plataforma para un diálogo colaborativo entre nuestros respectivos Estados y los migrantes designados por sus propios connacionales. No sustituirían las funciones de las respectivas representaciones diplomáticas (embajadas y consulados), sino que las ayudarían, de modo pragmático, a una efectiva protección de nuestros derechos.

La situación de vulnerabilidad –en general– de los migrantes, en términos de responsabilidad de los Estados, los obliga a estos a generar políticas y mecanismos cada vez más centrados, en este caso, en el vínculo entre derechos humanos y migración, los cuales deben ser perfeccionados con el empoderamiento a los migrantes en la vía de los derechos establecidos y amparados por la comunidad internacional.

Es pertinente recordar que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. No se nos puede restringir, violar, transgredir ni afectar de ninguna manera, pues estamos amparados por el Derecho Internacional. Estos compromisos no se están cumpliendo y para comprender la gravedad de la situación basta detenerse un momento en lo que registra la prensa, considerando que los informes de los mecanismos que tiene la OEA y la ONU, ámbitos muy lejanos de lo social, no siempre exhiben esta lacerante realidad.

Llamamos, en ese sentido, la atención a nuestros gobernantes y sus gabinetes ministeriales, sobre la necesidad de mirar más lo humano. Centrarse en lo crematístico e ignorar los sufrimientos de los más vulnerables; desde nuestra perspectiva, es una forma flagrante de revictimizarlos, esta vez producto de la omisión de sus mismos Estados.