Cajamarca: once años después

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El Clarín (Cajamarca Perú)

En abril de 2007 realizamos con Luisa Fernanda Maldonado un estudio sobre el contexto social, económico y político de Cajamarca, por encargo de PROJUSTICIA (Perú), de cara al desarrollo de la Conferencia “Seguridad Ciudadana y Seguridad Jurídica para las Inversiones” el 12 de abril del mismo año en la capital regional.

Entre otros aspectos, identificamos que el año 2006 la región Cajamarca recibió 946 millones de soles y ahora vemos que son 1583 millones los que recibirá durante el 2018; con lo que se constituye, en promedio, en la sexta región con mayor presupuesto del país. Asimismo, en el año 2005, fue la primera región en el ranking de asignación de recursos vía canon minero (33,2%); y para el 2018 el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público precisaba que estos recursos para las regiones alcanzarían los 3,968 millones de soles (36% de crecimiento), y que los departamentos más beneficiados serían Moquegua, Arequipa, Cajamarca y Junín. No obstante, nuestra región sigue ocupando los últimos puestos en el Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y algunos de sus distritos siguen entre los 30 últimos de dicho ranking.

Otros elementos característicos identificados tienen que ver con los conflictos sociales que ocurren (más del 80%) en las áreas rurales donde la mayoría de la población vive bajo la línea de la pobreza. Adicionalmente, la inseguridad ciudadana y la falta de presencia del Estado también son dos variables persistentes a la fecha.

Once años después, esta realidad poco o nada ha cambiado en beneficio de los sectores en situación de vulnerabilidad, como nuestras mujeres, niños y niñas. Sigue la exclusión social y cada cierto tiempo, entre otras formas, se expresa a través de movilizaciones violentas. Hay un contraste entre dos realidades referidas a los elevados ingresos antes mencionados, percibidos por gobiernos locales y gobierno regional, y la pobreza en el cual se inserta la dinámica e impactos de la producción minera que en general tampoco ha comprendido la necesidad de hacer compatibles sus beneficios y los derechos humanos de los cajamarquinos.

A lo largo de estos años y desde antes, la población no percibe mejoras en las trece provincias. Todo indica que no eligió bien a sus autoridades y que éstas prefieren la improvisación, lo coyuntural, el predominio de las reglas políticas del Gobierno Nacional y no un gobierno más técnico que político y con visión de región líder en el país; aspectos que, como sabemos, son “caldo de cultivo” para el afianzamiento de la corrupción. Por eso, a diciembre de 2017, eran 661 las autoridades políticas y servidores que tenían acusaciones en estrado judicial; según reporte del Poder Judicial.

Otro aspecto, del que llamamos atención, es la débil y hasta nominal presencia del Estado, lo cual señala la necesidad de una reforma en la que se generen estrategias de fortalecimiento institucional; considerando que el “proceso de descentralización” en Cajamarca se ha llevado de forma desordenada, en tanto el proceso de transferencia de competencias y acreditación hasta la fecha no resulta del todo evidente.

Esta descentralización no puede descontextualizarse de la desigualdad social, la intensidad de la pobreza, la creciente inseguridad ciudadana, la violencia contra la mujer, la no inclusión social y la ausencia del Estado que debería representar y cautelar los intereses de la población. Estos factores, por su importancia para construir una sociedad democrática, deben ser el centro del debate electoral en el marco de las elecciones municipales y regionales en desarrollo ¿Lo están siendo?

Planteamos, a partir de esta lacerante realidad y en una línea de reflexión constructiva, un debate amplio y con perspectiva plural y de equidad, en la lógica de que se incluyan propuestas ciudadanas específicas de gestión pública; violencia contra la mujer y género por ejemplo. De nada sirve, para citar sólo un medio legal, que tengamos mecanismos de participación como la Ley de Presupuesto Participativo si es que no la informamos adecuadamente a la población, en tanto los gobiernos locales no ha puesto a disposición de los ciudadanos el nivel de desarrollo del proceso; con lo que se impide evaluar la implementación de dicho Presupuesto Participativo en el distrito o provincia reduciendo el mecanismo a un “saludo a  la bandera”. Una vez más no son las normas el problema, sino los hombres.

Hago votos para que mis paisanos y paisanas, en este proceso electoral, elijan bien. Por eso los invoco a informarse y castigar a la corrupción en las urnas y de ese modo darle valor cívico a su voto; pero también los exhorto a no dejar de controlar el poder una vez otorgado. Cajamarca puede ser ejemplo en este cometido.