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El Poder (Tarapoto Perú)
El Clarín (Cajamarca Perú)
Sólo a los corruptos les conviene tener en situación de crisis a las instituciones que hacen al sistema de justicia. Ni al Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, Policía Nacional, Defensa Pública, universidad, población, ni al propio Gobierno nacional, que hoy enfrenta un desgaste de legitimidad social sin precedentes por haber protagonizado los últimos escándalos de corrupción que “la justicia” aun no esclarece, les favorece ser valorados junto al Congreso, como las instituciones más ineficientes y corruptas del país.
Se percibe impunidad, una de las señas de falta de independencia en la función judicial, generada por servidores como César Hinostroza, Walter Ríos, Iván Noguera y otros que la población debe identificar, que han vaciado de contenidos funcionales a ámbitos clave de las instituciones del sistema de justicia. Vivimos en un contexto en el que algunos tribunales no garantizan nuestros derechos humanos y tampoco son contrapeso al ejercicio del poder económico y político corrupto y corruptor (actualmente) de los fujimontesinistas y sus aliados en el parlamento.
Pese a esta situación, aun no comprendemos que con jueces y fiscales independientes, emergentes de procesos convocantes plurales participativos y transparentes, nuestro país gana. No hemos desarrollado capacidad de participación ciudadana constructiva que oriente y promueva una genuina separación de poderes y el respeto entre los mismos; como forma de asegurar -políticamente- el poder y la legitimidad de un gobernante. Por lo general, todo lo agotamos en la denuncia y la crítica. Por eso considero que le conviene al gobierno del Presidente Martín Vizcarra, fortalecer y potenciar la institucionalidad judicial en orden, por qué no, de un nuevo proceso constituyente, para evitar un mayor desgaste social.
No reponer la función real del sistema de pesos y contrapesos, que ofrece el sistema de justicia, equivale a socavar el Estado de Derecho, derruir la división de poderes y afectar el sistema democrático. En esa línea, respaldo al Presidente en su planteamiento de reforma judicial con referendo. Es lo más sensato para hacer creíble el mea culpa gubernamental respecto a la crisis judicial, que es estructural e histórica. La coyuntura favorece debido a que pocas veces, en democracia, una medida de este tipo ha encontrado un importante respaldo social. Las multitudinarias marchas “anticorrupción”, a nivel nacional, son expresión de esa urgente necesidad de cambio.
No obstante, considero que las medidas que plantee el Ejecutivo al país deben ser el inicio de un proceso de diálogo nacional por una reforma integral del sistema de justicia y no sólo referirse al ámbito de jueces y fiscales; sino adoptar medidas consensuadas que alcancen a cada institución del circuito judicial. Un proceso participativo de corto mediano y largo plazo, con financiamiento asegurado, sin protagonismo mediático de sectores del Gobierno, con visión de país, actitud responsable del Legislativo, mirada técnica en su implementación, con liderazgos meritocráticos y de consenso social desde las instituciones del sistema de justicia; un proceso convocante plural participativo y transparente que trasunte gobiernos, con dimensión y enfoques de política pública, derechos, género e interculturalidad, a fin de evitar “borrón y cuenta nueva” de quién ostente el poder. Estoy planteando que nuestro país desarrolle una política pública en materia judicial.
En esta perspectiva, de cara al éxito en el referendo planteado por el Presidente, habría condiciones para acuerdos entre los poderes, las instituciones no públicas y la población, para refundar la institucionalidad judicial. Es oportunidad para preservar el único marco institucional y legal que nos da seguridad y garantías.
En ese sentido, una genuina reforma judicial es tarea de los “sectores vivos” del país y no de cierto gobierno. Esta tarea requiere el concurso de todos, pues la independencia de poderes es una garantía del Estado de Derecho contenida en los tratados internacionales, en el constitucionalismo histórico y reciente y en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. Mal harían los políticos corruptos y corruptores en seguir la vía equivocada de no escuchar a la calle y a la “masa crítica” y profundizar en su intento de afianzar la captura e instrumentalización de la judicatura.
Ningún gobierno puede asumir una legitimidad democrática que el Derecho y la propia realidad empiezan a contrastar y contradecir y sería bueno que el Presidente Vizcarra tome y haga propia la bandera de la reforma integral al sistema de justicia.
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