Publicado en:
El Clarín (Cajamarca Perú)
Lo que ocurre en
Lima, en casi todos los ámbitos, sigue marcando la agenda nacional. Seguimos
con un centralismo predominante -en el discurso y los hechos- y en consecuencia
con una visión del país desde lo limeño; lo que distorsiona la formulación,
desarrollo y evaluación de medidas a nivel de las distintas reparticiones del
Estado; y su funcionamiento mismo. Los gobiernos regionales y municipales de
las grandes urbes, no terminan de hacer valer sus cuotas de poder, frente al
centralismo.
Un ejemplo patético
de estas anomalías y distorsiones funcionales lo encontramos en las
instituciones que conforman el sistema electoral.
Un Jurado Nacional
de Elecciones – JNE que, pese a sus esfuerzos por modernizarse, administra
justicia electoral con una mora injustificada, que termina afectando derechos
civiles y políticos. Su función de fiscalización de la legalidad del proceso
electoral, también exhibe más sombras que luces, debido a la retardación que,
sobre todo los Jurados Electorales Especiales - JEE, tienen. No es posible, por
ejemplo, que faltando menos de cinco días para el sufragio, el JEE de San Pablo
(Cajamarca), esté resolviendo casos de exclusión de candidatos. Los canales de comunicación
entre el JNE y los JEE son insuficientes y todo indica que en ocasiones
obedecen a cuotas del poder de turno y otras formas de poder corrupto y
corruptor.
Una Oficina Nacional
de Procesos Electorales - ONPE - que centra sus acciones en las grandes
ciudades y solo aparece en las provincias y los distritos del “interior” del
país, horas antes del acto de sufragio. La organización del proceso electoral, es
concebida fundamentalmente como la provisión del material electoral. Su función
de dictar disposiciones para mantener el orden y la protección de las personas
durante elecciones, resulta secundario y tardío; considerando que jamás
realizan una labor de vigilancia y control de las campañas electorales, excepto
en Lima y algunas capitales de región. En provincias y distritos las campañas
electorales, así, terminan siendo un mercado en el que se compran y venden
votos al mejor postor. Un ejemplo de estas malas prácticas, lo encontramos en nuestra
Cajamarca, en la provincia de San Miguel y en extremo de flagrancia, en cada
proceso electoral en mi distrito de Agua Blanca.
El Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil – RENIEC, por su parte, si bien es cierto
prepara y actualiza el padrón electoral, en coordinación con la ONPE, entiendo cada
15 años, no realiza un trabajo científico de identificación de movimientos
inusitados de electores de un lugar a otro. Por eso en gran parte de nuestros
distritos del Perú profundo, seguimos con porcentajes altos de los llamados
“votos golondrinos”; que es una forma a través de la cual se expresa y potencia
la corrupción municipal.
En esta línea de
reflexiones, en el marco de las últimas elecciones presidenciales (2016) de
nuestro país, el secretario general de la Organización de Estados Americanos -
OEA, expresó que "el sistema de inhabilitación que aplica el JNE no ofrece
garantías necesarias" a los candidatos; considerando la arbitraria y
direccionada exclusión de algunos. Recordemos que el JNE excluyó a Julio Guzmán
y mantuvo a la señora “K” y otros con antecedentes vinculados a la corrupción;
como quedó demostrado luego con PPK. En ese sentido, esta valoración de
Almagro, nos hace ver que necesitamos fortalecer el sistema electoral y no
porque él lo indique, sino porque es una necesidad para afirmar y consolidar
nuestra insuficiente democracia.
Evitar que tengamos a
elementos como Kenji Fujimori (Lima), Reber Joaquín Ramírez Gamarra y Cecilia
Isabel Chacón De Vettori (Cajamarca), Esther Saavedra Vela (San Martín), Martha
Chávez y Mauricio Mulder (Lima), Javier Velásquez Quesquén (Lambayeque) y otros,
implica mejorar nuestra educación política y jurídica; pero sobre todo tener un
sistema electoral que sea independiente del poder político y económico, no
corrupto, que informe más, que desarrolle actividades permanentes y
persistentes de cultura electoral democrática y, en suma, facilite y contribuya
para que la población realice una elección de calidad de sus gobernantes a
nivel nacional, regional y municipal.
Los resultados obtenidos
en la elección del domingo último, en general, es una buena señal, pero no
debemos cantar vitoria. Hay distritos, cientos en el Perú profundo, que ahora
tendrán autoridades que compraron la elección a través de la compra de votos y
otras tantas que generarán perdón sin castigo a la gestión saliente (mi Agua
Blanca por ejemplo). Este es un círculo vicioso que el sistema electoral deberá
corregir, si su apuesta es por la construcción de
institucionalidad democrática y la lucha frontal contra la corrupción.
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