Contraloría y lucha contra la corrupción

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El Clarín (Cajamarca Perú)

La lucha contra la corrupción en nuestros países, desde una perspectiva de real vigencia de derechos y mejor salud de las instituciones democráticas (sistema de justicia, parlamento, etc.), debe consolidarse como la agenda central necesaria y de impostergable atención por parte del marco jurídico e institucional de todo Estado y nivel o tipo de organización social. No hay otra opción y el momento para afianzar este proceso, que por hoy es más social que estatal, es ahora. 

Está en juego un mejor o peor futuro de los peruanos que nos suceden. Es la apuesta por construir un país con principios y valores democráticos o darse por vencidos ante la corrupción y cederles espacio a las organizaciones criminales que pululan y se multiplican y, en su lógica delictiva incluso desde el propio Estado, se resisten a perder sus privilegios y espacios en la vida pública y privada. Los casos del ex fiscal de la nación Pedro Chávarry, del prófugo ex magistrado supremo César Hinostroza, los “cuellos blancos del puerto” y sus nexos con Odebrech y las figuras más visibles de la política nacional, son apenas una parte de la radiografía de esta lacerante realidad. 

Como lo hemos expresado antes, en este y otros espacios de opinión, la corrupción acosa a nuestro país y en esa medida ha penetrado transversalmente los diversos espacios de la vida estatal (principalmente alcaldías, gobernaciones regionales y los últimos gobiernos nacionales) y no estatal de nuestras sociedades (como la prensa, la empresa privada, etc.) y debemos combatirla sin tregua hasta vencerla. En ese sentido, es destacable que en nuestro Perú, además de la vía judicial y los mecanismos que prevé el sistema electoral, tengamos desde casi un año, la posibilidad de suspensión e inhabilitación de gobernadores regionales y alcaldes por parte de la Contraloría General de la República. Resulta claro que los propios mecanismos de autocontrol de las alcaldías y gobiernos regionales, reconocidas por sus propias leyes, hasta ahora en la mayoría de casos, han favorecido y afianzado la corrupción y la impunidad.

A inicios de este milenio, con un amigo querido, dimos batalla judicial para vacar a un alcalde que -con todo desparpajo- compró votos con dinero del municipio para reelegirse (en Agua Blanca - San Miguel - Cajamarca), y lo logramos faltando unos meses para que concluya su mandato. Enfrentamos, como personas comunes y con nuestros propios recursos económicos y el apoyo de unos cuantos paisanos honestos de nuestras colonias, las peores expresiones y rostros de la retardación y la corrupción judicial en Cajamarca. Lo refiero, porque luego del Poder Judicial (en el que ganamos el proceso hasta en la Corte Suprema) nos tocó enfrentar al alcalde, que seguía usando el dinero de mi pueblo, en el Jurado Nacional de Elecciones. Un mal ejemplo, que grafica los amplios márgenes de impunidad que aun existen para autoridades políticas elegidas por voto popular en los distritos, provincias y regiones del país; como consecuencia de una insuficiente legislación y una acentuada tolerancia social y de los servidores públicos a las diversas formas de corrupción. 

En orden a lo anterior, considerando que el actual Congreso es el peor que hemos tenido desde la década de la dictadura de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y las FFAA y a lo mejor de nuestra historia de país, al cumplirse casi un año de la aprobación de la Ley Nº 30742 “Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control”, es importante conocer cuál es el balance de labores en la lucha contra la corrupción que ofrece la Contraloría al país. Importa saber ¿a cuántos gobernadores regionales y alcaldes suspendieron e inhabilitaron, al encontrar irregularidades en su gestión?, ¿Qué infracciones administrativas, de las identificadas por la Contraloría, son las más recurrentes?, ¿qué niveles de coordinación tienen con el sistema de justicia anticorrupción?, ¿Qué responsabilidades compartidas con la población han identificado, para un trabajo articulado?, ¿Es necesario potenciar a otras autoridades (prefectos y subprefectos por ejemplo) o con la estructura y recursos humanos que tiene la Contraloría es suficiente?.

Es importante conocer el impacto de esta ley en la vida del país o seguimos inmersos en el espiral ¿a mayor lejanía de las grandes urbes y capital mayor corrupción e impunidad?.

Somos el tercer país con más territorio en el sur de América y durante el año 2018 el segundo con mayor PBI de América Latina. Por eso, y más razones, necesitamos leyes útiles, eficaces y contextualizadas. Dejar de ser uno de los paraísos de la corrupción e impunidad, es no soslayar estos elementos y presupuestos. Luchar contra la corrupción, desde el Estado con estos enfoques, también es promover y defender los derechos humanos de aquellos sectores en situación de vulnerabilidad.