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El Clarín (Cajamarca Perú)
“Asistimos a un momento crucial de la historia de nuestro Perú, en el
que la población tiene nuevamente el sagrado deber de cerrar filas contra la
corrupción”. Así lo expresamos en nuestra anterior columna y hoy ratificamos como
apremiante esa necesidad, porque si gana el cáncer social de la corrupción el
gran perdedor será nuestro país.
Ya no existe duda que los fines del accionar “fuji-montesinista”, sus
aliados “alanistas” y un sector del mundo empresarial, desde los espacios
institucionales de nuestro Congreso intentan controlar a algunas instituciones
contraloras y fiscalizadoras, es para “blindarse” y seguir ampliando sus
márgenes de impunidad y vigencia política en el país que, antes que de ellos,
es nuestro.
Ayudar a fugarse a España al juez supremo César Hinostroza Pariachi y mantener
en su cargo al fiscal de la nación Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, pese a ser
de público conocimiento sus vínculos con la red de corrupción conocida como
"Los Cuellos Blancos del Puerto", es parte de una malévola
estrategia, urdida en alianza de los “fuji-montesinista” y los “alanistas”, que
busca evitar investigaciones y juzgamientos imparciales por corrupción contra la
dos veces candidata presidencial Keiko Sofia Fujimori Iguchi y el dos veces
presidente Alan García Pérez.
Recodemos que fue Yhenifferd Bustamante Moretti, cónyuge del congresista
fujimorista Juan Yuyes Meza (hoy con detención preventiva), quien ayudó a fugar
del país a César Hinostroza pariachi, por el puesto migratorio de la frontera
de Tumbes. Tengamos presente también que, desde que se “destapó” la existencia
de tres redes de corrupción judicial vinculadas a sectores de la política
nacional y el mundo empresarial, los cinco congresistas apristas -abusando de
sus prerrogativas funcionales (éticamente hablando)- han hecho caja de
resonancia de las acusaciones y psicosociales de su líder Alan García y están
en campaña de desprestigio del trabajo del juez Richard Concepción Carhuancho,
del fiscal José Domingo Pérez Gómez y del propio presidente Martín Alberto
Vizcarra Cornejo.
Son sintomáticas sus conductas y darían seña del temor y desesperación
que tienen, de que los peruanos conozcamos más de sus relaciones privilegiadas
y negociados. Saben que será su ruina política y personal que nos enteremos,
vía procesos judiciales, del modo de operar de la corrupción y en qué niveles y
personas de los últimos gobiernos se dio. Buscan impedir que fiscales y jueces
independientes los juzguen, por eso los atacan coordinadamente y no han dudado
en plantear -el pasado martes- una “cuestión de orden” en el Congreso para
dejar por fuera la sustentación del dictamen en minoría del congresista Morales
que incluye a Alan García Pérez y Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Más claro no
puede resultar el “blindaje” del que los pensantes del Perú hablan.
Los ex presidentes Alejandro Toledo Manrique, Ollanta Moisés Humala
Tasso y Pedro Pablo Kuczynski Godard, formarían parte de este tinglado de
millonarios negociados y coimas. Los tres tendrían “rabo de paja” y les
conviene que la lucha contra la corrupción que lidera el presidente Vizcarra y
el sector institucionalista y democrático del Poder Judicial y del Ministerio
Público no avance, no genere resultados, no los exponga. Ellos lo saben y los
directivos de la empresa brasileña Odebrecht lo habrían confirmado. En este
mismo círculo dorado estarían la ex alcaldesa de Lima Susana María del Carmen
Villarán de la Puente y el todavía alcalde Luis Castañeda Lossio
El tiempo y el oxigeno político se les acaba, a todos estos personajes
y sus operadores, considerando que el derecho penal los está arrinconando, al
igual que la prensa independiente y que las calles les está pasando factura. Por
eso, no están dudando en usar sus secuaces como el ex cardenal Juan Luis
Cipriani, el ex congresista y ministro de Estado Rafael Rey Rey, la ex
candidata presidencial Lourdes Flores Nano, entre otros. Todos ellos han
terminado desnudando, por sus públicas opiniones, sus vínculos con la
corrupción; porque saben que tarde o temprano Odebrecht volverá a “cantará” y,
en esa medida, un día no lejano el brazo largo de la ley los alcanzará.
Evitemos que la historia se repita una y otra y otra vez. Los peruanos
honestos, que somos más, podemos vencer a la corrupción. Demandemos que día a
día más voces se alcen contra ella, sumando la de los pensadores e
intelectuales y de cada personaje -no político- que tiene influencia positiva
en la vida nacional. En este tiempo, si existe compromiso con nuestro Perú, no
se admiten los silencios y las medias voces.
Chávarry debe irse y es el Congreso (controlado por el
“fuji-montesinismo” y sus aliados “alanistas”) la única institución que lo
puede sancionar. Esto debe quedar muy claro. Hinostroza debe ser extraditado de
España y juzgado. Cada autoridad o ex autoridad política con cargos penales por
corrupción, de las últimas décadas, deben tener un debido proceso.
Los peruanos con esencia y visión de país mejor, no debemos bajar la
guardia y más bien cerrar filas contra los corruptos. Usemos información válida,
argumentos propios y afirmemos nuestra peruanidad.
Les dejo con esta interrogante: ¿Es justo que nuestros hijos y los
hijos de ellos y los que los sucedan, reciban de herencia un país enajenado a
la corrupción y con políticos de perfil delictivo?
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