¡Fuera Chávarry!

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El Clarín (Cajamarca Perú)
El Poder (Tarapoto Perú)

¡Fuera Chávarry!, es una frase que sigue creciendo y cada vez adquiere más potencia social. Su mensaje refleja el repudio colectivo a una autoridad impuesta por grupos que se alimentan de la corrupción y la impunidad y traduce la impotencia de cientos de miles de peruanos que, aun creen en la política y la democracia como instrumentos posibles para la convivencia civilizada, sienten que el “sistema imperante” se burla al darles una persona con perfil delictivo como máxima autoridad del Ministerio Público; una institución clave para perseguir, en nombre de la sociedad y el Estado, el delito y servir como una de las bases del estado de Derecho.

Recordemos que el 7 de junio del año que transcurre, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos fue elegido como Fiscal de la Nación por la Junta de Fiscales Supremos (órgano de gobierno de mayor jerarquía del Ministerio Público compuesto por cinco fiscales) para el periodo de julio de 2018 a julio de 2021; sucediendo en el cargo a Pablo Sánchez Velarde. Lo eligieron los fiscales Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez. Chávarry votó a su favor.

Desde entonces, e incluso antes, las acciones y omisiones funcionales de esta autoridad, han contribuido a profundizar la crisis en el sistema de justicia que ha impactado -dramáticamente- en la gobernabilidad del país, generando una coyuntura sin precedentes debido al abuso de poder del sector antidemocrático del Legislativo que lo protege con uñas y dientes. 

Sus diversos vínculos con el crimen organizado a nivel político, empresarial y ciertos jueces corruptos de las cortes de Lima, el Callao y de otras provincias estratégicas -económicamente- de nuestro país, no han sido todos judicializados ni esclarecidos, fundamentalmente, por esa protección que recibe de la alianza política “fujimontesinista” – “alanista” y también desde el sector nostálgico de la prensa que sirvió (vendiéndose) a la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos y sus aliados en las fuerzas armadas y el mundo empresarial. 

Esta protección fiscal de Chávarry, queda claro, sería a cambio de impunidad respecto a las imputaciones que pesan sobre la señora Keiko Sofía Fujimori Iguchi, el señor Alan García Pérez y otros políticos de mando medio, ligados a ellos, que en su momento hicieron gobierno como la señora Mercedes Rosalba Aráoz Fernández. No perdamos de vista además que el informe final en mayoría de la Comisión “Lava Jato”, presidida por otra congresista fujimorista Rosa Bartra Barriga (representante por La Libertad), encargada de investigar los presuntos sobornos pagados por la empresa Odebrecht a estos funcionarios peruanos, dictaminó el pasado 10 de noviembre excluir a García y Fujimori con el voto de 59 parlamentarios (fujimoristas y apristas y de la oficialista Aráoz Fernández) a favor.

Son tres las denuncias constitucionales contra Pedro Chávarry que siguen pendientes de debate, desde hace meses, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que preside el representante de Ica también del partido fujimorista, César Antonio Segura Izquierdo. La primera es la denuncia Nro 239, presentada el 21 de agosto por el congresista Gino Costa por la presunta infracción constitucional a los artículos 3, 39, 44 y 158 de la Carta Política (incluye los audios con su “hermanito” ahora detenido ex juez supremo César Hinostroza). La segunda denuncia es la Nro 248, de la legisladora de Alianza para el Progreso Gloria Montenegro por la presunta infracción al artículo 158 de la Constitución y la presunta comisión del delito de organización criminal; que fue presentada el 4 de setiembre y contiene el informe de la fiscal Sandra Castro que lo señala como posible miembro de la organización criminal “los cuellos blancos del puerto”. Una tercera denuncia es la Nro 262, promovida el 1 de octubre pasado por Amado Enco, procurador anticorrupción y responsable del proceso de extradición de España del capturado César Hinostroza, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y organización criminal. 

Tampoco han sido esclarecidos los vínculos de Chávarry con el congresista fujimorista por Lambayeque Héctor Virgilio Becerril Rodríguez, por el caso de los audios del Consejo Nacional de la Magistratura. 

Impunidad total, que le permite al fiscal Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, amenazar a cuanta autoridad judicial, fiscal o política que constituya un riesgo para él y sus aliados políticos, cuyos operadores conspiran y ejecutan al amparo de las inmunidades que ofrece ser parte de nuestro Congreso. Hasta ahora no ha dudado en amenazar y confrontar con el presidente Martín Vizcarra y su primer ministro, a la prensa independiente y al equipo especial de fiscales anticorrupción. Mención especial merece el acoso y amedrentamiento que intentan, él y sus aliados políticos y su prensa nostálgica, generar en el fiscal Domingo Pérez, el juez Richard Concepción y otros operadores y administradores de justicia democráticos e independientes.

A estas alturas nada de lo que digan los integrantes de esta organización criminal, resulta creíble. Sí es conveniente y necesario que Chávarry se vaya. Porque jamás podrá ser juez y parte, por el conflicto de intereses que tiene en esta trama delictiva.

¿ACASO PODRÍA EL FISCAL CHAVARRY INVESTIGARSE A SI MISMO?