El Clarín (Cajamarca Perú)
Los peruanos y las peruanas, aun no hemos comprendido la
importancia de darle real vigencia a nuestro sistema de justicia, considerando
que la forma en que brinda sus servicios, que por cierto es un derecho humano
fundamental, ofrece múltiples barreras y, entre otras debilidades, es fuente
permanente de escándalo público -por acción u omisión de algunos de sus
integrantes ligados a la corrupción- y deleite de la “clase política”
antidemocrática y el sector corrupto del mundo periodístico y empresarial, que
no vacilan en ponerla al servicio de sus fines. Está ocurriendo ahora, en este
preciso momento.
Tampoco hemos discernido, con sensatez y responsabilidad, la
ruta a seguir para alcanzar ese objetivo de País. Una senda que nos permita,
vía proceso de reforma integral a cada una de las instituciones que hacen a
nuestros sistema de justicia (Tribunal Constitucional, Poder Judicial,
Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura – hoy Junta Nacional de
Justicia, Academia de la Magistratura, Dirección Nacional de Defensa Pública y
Acceso a la Justicia, Policía Nacional), construir un verdadero Poder de
Estado. Una Función que, de “Cenicienta”, pase a otorgar seguridad jurídica
dinamizando y efectivizando nuestro ordenamiento legal y poner alto -cuando
corresponda- al abuso de los Poderes políticos (Ejecutivo o Gobierno Nacional y
Legislativo o Congreso) y sancionar, sin distinción alguna, las violaciones de
derechos humanos y -entre otros- todo acto de corrupción; como en los casos que
tienen en estrado judicial, con pedido de extradición, impedimento de salida
del país y con detención preventiva a “altas autoridades”, empresarios y
operadores clave, todos hasta no hace mucho “intocables”.
Desperdiciamos las oportunidades que nos ofreció, a inicios
del actual siglo, el Acuerdo Nacional y la CERIAJUS. La falta de voluntad
política, para avanzar y profundizar estas importantes iniciativas, se explica
hoy en los millonarios actos de corrupción en los que habría incurrido cada uno
de los ex presidentes que sucedieron al honesto y honorable Valentín Paniagua.
Seguimos validando, desde el Estado y la sociedad, que con
medidas coyunturales y reactivas, como las emergentes de la crisis de
gobernabilidad del país del 2018, debido a los escándalos de corrupción
política empresarial y judicial que desencadenó en el referéndum nacional del 9
de diciembre, estamos dando solución a un problema histórico; como es la crisis
estructural del sistema de justicia.
No hemos reparado que seguimos en lo mismo, porque los
cambios que viene promoviendo el Ejecutivo, pechando al Congreso, están
limitados por sus propios alcances institucionales, pues no involucran al
íntegro de instituciones del sistema de justicia. La Junta Nacional de
Justicia, con sus atribuciones legales, difícilmente podrá resolver los
problemas crónicos del Poder Judicial y Ministerio Público; menos del resto de
instituciones judiciales autónomas. Tampoco hemos percibido que, pese a los
ataques y resistencias de la mayoría del Congreso, este tipo de “reformas” es
lo que más les conviene.
Nuestra democracia intenta reponerse de los acechos de la
corrupción y otros tipos de crimen. El sub sistema de justicia anticorrupción
está aportando a ello. En esa perspectiva, lograr su progresiva curación y
total sanación, dependerá de cómo población y gobernantes acuerden el
desarrollo de un proceso de reforma integral al sistema de justicia. Imposible,
no lo es.
Por eso en esta coyuntura, es fundamental desarrollar y
afianzar mayor conciencia social sobre los beneficios de vivir en un estado de
Derecho, uno que respete los derechos humanos de todos y todas y que sólo es
posible con un sistema de justicia independiente, accesible, transparente,
intercultural, con enfoque de género, pero sobre todo con legitimidad social.
En este momento, tal como ocurrió cuando se descubrió las
fechorías de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y sus socios, a inicios de
siglo, hay una alta sensibilidad social a favor del desarrollo de una genuina
reforma judicial, que se debe aprovechar. Resulta claro que el actual Congreso
seguirá oponiéndose a cualquier cambio que le recorte poder e impunidad.
También que el Gobierno Nacional insistirá en avanzar en la materialización de
sus propuestas. Pero es el Poder Judicial, el llamado a marcar la diferencia y
un buen inicio puede ser su apertura al debate; porque no desde su propia propuesta
y desde su seno o base institucional.
Queda, en ese sentido, no perder de vista esta agenda
pendiente de País. Queda además, generar condiciones para que en un próximo
periodo gubernamental y legislativo, se reorienten las reglas de juego y, juntos
todos los peruanos, tengamos -por fin- el inicio de una auténtica reforma
judicial.
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