La “clase política” nacional nos ha robado y ninguneado
tanto, en estos casi dos siglos de República, que sólo nos queda la voz en las
calles. Nuestra capacidad de indignarnos, generar cambios y sepultar episodios
vergonzosos está -nuevamente- en prueba.
La actual correlación de fuerzas existente en el Congreso,
con predominio fujimorista digitados desde el penal de Santa Mónica por Keiko
Fujimori, ha degenerado sus funciones en abusivas arbitrarias y
antidemocráticas y, de espaldas a lo que mayoritariamente el pueblo demanda, ha
puesto en evidencia un siniestro plan de toma y control de otros sectores clave
del Estado y la recaptura total del poder; como en la década del 90. Por ahora
además del Congreso tienen mayoría en la Junta de Fiscales Supremos encabezados
por Pedro Chávarry, designados gracias al control que lograron en el disuelto
Consejo Nacional de la Magistratura. También tienen la complacencia del
Presidente del Poder Judicial que -reiteradamente- critica a los jueces
anticorrupción por su labor y busca desacreditar el uso de institutos jurídicos
como la detención preventiva.
Los corruptos necesitan impunidad e invisibilidad social. Es
imprescindible, en ese sentido en esta coyuntura, entre otras tretas, controlar
el Tribunal Constitucional (TC), porque en sala plena actual la mayoría de
jueces son autónomos e independientes. Ese predominio les permitiría, entre
otras acciones futuras, liberar a Keiko, impedir el acuerdo con ODEBRECHT,
acabar con todo el trabajo de los fiscales Vela y Pérez y los jueces
anticorrupción que también favorece a sus aliados y tránsfugas e impugnar la
posibilidad de una cuestión de confianza para adelantar las elecciones
generales que permita sacar al peor Congreso de nuestra historia que, como
sabemos, sólo representa a los intereses delictivos de esa mayoría congresal y
sus cómplices fuera del Estado.
Por eso, con una prisa inusual y estridente difusión en sus
adictos y torcidos medios de comunicación capitalinos, la “Comisión Especial”
que preside Pedro Olaechea (el mismo que dijo que un sueldo mínimo de S/. de
850 “dentro del Perú era mucho”) está programando la “elección” de los nuevos
magistrados del TC el lunes 30 de setiembre. Ya existen listas aprobadas de
candidatos, “seleccionadas” en tan solo media hora, entre los que figuran como
“favoritas” personas con una demostrada vinculación política con el fujimorismo
y el alanismo. A estas organizaciones sólo les basta nombrar a uno de los que
integran sus listados y tendrán el control del TC.
Recordemos que la actual composición del TC ha permitido que
se declare inconstitucional leyes relativas a publicidad estatal, transfuguismo
y el intento de modificar la cuestión de confianza. A estos y otros casos, que
tienen que ver con la profundización de la democratización del país y la lucha
contra la corrupción jueces como Ernesto Blume (actual presidente del TC), José
Luis Sardón y Augusto Ferrero, mostraron oposición a través de argumentos
partidarios inconsistentes y vacilantes.
No debe quedar duda entonces que, en las últimas décadas,
Fuerza Popular -a través de cada una de sus anteriores caretas de participación
política fujimontesinista- y lo que queda del Partido Aprista Peruano, son
expresión política de la corrupción y la impunidad en el país. Que son los
actuales representantes de la escuela del robo descarado a los más de 30
millones de peruanos usando el Estado; por eso se vinculan a él, como desde
hace más de 500 años lo han hecho diferentes actores y sectores sociales, hasta
no hace mucho intocables (los del Club de la Construcción por ejemplo).
Por lo anterior, su achorada resistencia a irse y ceder
beneficios del Perú para los peruanos. Por eso hasta al asesinato apelan, como
habría ocurrido con el juez Ernesto Araujo Ramos de Rosas del Juzgado
Unipersonal Penal de Chepén (La Libertad) que juzgaba a Joaquín Ramírez (ex
Secretario General de Fuerza Popular y mano derecha de Keiko) y a posturas
fascistas y anti-históricas de considerar que “al pueblo no se le hace caso, al
pueblo se le gobierna y el pueblo solo tiene derechos, y de esos derechos, al
pueblo le nacen de la Constitución, los derechos del pueblo nacen de la
Constitución y el pueblo tiene derecho a elegir”.
Queda claro, por lo expresado y muchas otras tantas razones
de hecho y Derecho, que el actual Congreso no tiene legitimidad para elegir a
los nuevos integrantes del TC. Sus repugnantes componendas para sus repartijas
los delatan. Ya todos sabemos que su único propósito es el control y
sometimiento del TC para asegurar la impunidad a sus crímenes pasados, actuales
y futuros; por eso es nuestro derecho abrir otras puertas que aporten a la
solución de esta crisis de gobernabilidad del país generado por la corrupción y
la impunidad.
Los peruanos necesitamos comprender que si estas mafias
políticas y sus aliados dentro y fuera del Estado insisten en concretar estos
planes, al margen de la aplicación de las prerrogativas del Ejecutivo (del
Gobierno Nacional) frente a la desatención de sus propuestas que el pueblo
respalda (como el adelanto de elecciones generales para el 2020), nos están
habilitando para usar nuestro derecho constitucional (artículo 46, segundo
párrafo) a la insurgencia.
El orden constitucional debe ser recompuesto en sus
elementos (conceptos y contenidos) y dado que la insensatez y angurria de las
mafias persisten, para afirmar nuestra lucha libertaria como pueblo, sólo nos
queda la voz en las calles.
Dejar de ser considerados como “cholos baratos” “sin alma” y
“tontos útiles”, de políticos inescrupulosos y empresarios con moral
esclavista, depende de nosotros. Sí podemos transformar el mundo y desechar
cruces que nosotros mismos nos echamos en la espalda.
NOS VEMOS EN LAS CALLES…!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario