Publicado en:
El Clarín (Cajamarca Perú)
TRUJILLOPRENSAPERU (Trujillo Perú)
Correo del Sur (Sucre Bolivia)
Los Tiempos (Cochabamba Bolivia)
Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Bogotá Colombia)
Ninguno
de los países latinoamericanos que enfrenta problemas de gobernabilidad, debido
a la crisis política generada por sus gobernantes y políticos y el justo
levantamiento de sus pueblos, está atendiendo responsablemente la postergada
agenda de la reforma judicial.
En
muchos años y hasta décadas, ningún contexto y coyuntura de país han sido más
favorables que el actual para la reforma y lo están desperdiciando al dejarlo
pasar. No comprenden que la sensibilidad social, por mejorar lo judicial, no
surge y se exterioriza siempre.
¿Existirá
justificación alguna, a tamaña omisión? ¿Desconocimiento de su vital
importancia, a lo mejor? ¿O cálculo político, para sacar ventajas presentes y
futuras?, considerando que en casi todos los Estados la crisis estructural de
la justicia es el talón de Aquiles de su rumbo democrático.
Más
extraño aún resulta, porque de nuestros políticos y Gobiernos (Ejecutivo,
Legislativo y Judicial) podemos esperar muchas cosas, que el mundo académico,
las universidades, los gremios de abogados y sectores “especializados” de la
denominada sociedad civil (las ONGs), hayan bajado la guardia y no sostengan
una demanda clara y firme de “reforma integral al sistema de justicia” o
“política de Estado en materia judicial”.
Se
conforman con pedir renuncias y a dar una que otra pincelada, descalificando el
estado de la justicia, pero no entran, autocríticamente, al tratamiento del
fondo del asunto. Sigue primando la sed de desquite que el deseo de abordar,
seriamente y con perspectiva de instituciones queridas, los temas pendientes de
la agenda nacional. Asumen como sinónimos reforma judicial y algunas medidas
mediáticas sobre algún asunto –superficial,y desarticulado– del funcionamiento
del engranaje judicial. Hasta las agencias de cooperación internacional no
saben cómo apoyar esta agenda pendiente, por eso su perfil bajo.
Seguimos
en lo mismo que ayer y el pasado. No hay un propósito de trascender de lo
epidérmico y acomodaticio –políticamente– a una acción integral del Estado y
población, en pro de las instituciones que hacen al sistema de justicia. Si
algo existe, todo se agota en la crítica; irónicamente con más golpe y saña de
parte de los políticos desde dentro y fuera del Estado.
Si
la lucha de nuestros pueblos es por la recuperación de sus respectivos países
para todos y todas y por madurar y consolidar su democracia, en esta coyuntura
es fundamental desarrollar y afianzar mayor conciencia social sobre los
beneficios de vivir en un estado de Derecho, uno que respete los derechos
humanos. Este momento solo será posible con un sistema de justicia
independiente, accesible, transparente, intercultural, con enfoque de género de
derechos y política pública; pero sobre todo con legitimidad social. Lograrlo
solo será posible si pasamos del discurso a los hechos e iniciamos una reforma integral
a cada institución que participa en el circuito judicial.
Reponernos
de los acechos de la corrupción, la impunidad y otros tipos de crimen
organizado y transnacional, que caracterizan hoy a los procesos políticos de
poder –y por eso su afán de continuismo– no prosperará si no le damos su lugar
e importancia a una genuina reforma judicial.
La
reforma judicial no puede seguir siendo patrimonio de los políticos. Esta
también debe ser eminentemente de nuestros pueblos que la demandan, siguen y
respaldan, y estar en manos de técnicos y con participación efectiva de los
jueces y fiscales de todos sus niveles.
Sin
un sistema de justicia liberado, maduro y sin cruces ni cadenas, en nuestros
países hablar de democracia siempre será una falacia.
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