Que el presidente Francisco Sagasti prefiera rechazar la ley contra la usura bancaria, buscando el blindaje del Tribunal Constitucional es solo una muestra de cuán distante es este gobierno de los pobres y las sufridas clases medias, porque hay varias clases medias, así en plural. Una es la que tiene un respaldo económico permanente y otra es la que sobrevive apenas en un país afectado por una pandemia y el desempleo.
Si añadimos la falta de sensibilidad frente a los aportantes
de las AFP que urgen ya de las 4 UITs que una ley les prometía y que el
gobierno se negó a firmar, sabemos que el republicanismo de Palacio es un
cliché y que a pocos políticos les importa realmente el sufrimiento de millones
de peruanos.
Una mujer muere por qué no logra pagar un balón de oxígeno,
un hombre hipoteca y pierde su casa por salvar a su padre de la muerte en este
clima de indolencia y tragedia, vasta escena cuando teniendo un ahorro forzado
en su cuenta de AFP no pueden disponer de él para sobrevivir. No es dinero
estatal, es del aportante que por años sacrificó un alto porcentaje de su
sueldo en ahorro y comisiones para tener una pensión. En los contratos existe
un principio, rebus sic stantibus, cuando cambia radicalmente el contexto,
cambian las condiciones del pacto. Este es el caso. La pandemia cambia las
condiciones de la vida social. Lamentablemente sirve añadir que el sistema
pensionario privado fracasó y lo que cada uno hallará al final es un ingreso
que no cubrirá el mínimo de necesidades, quizás la luz y el agua mensual.
Es enorme la cantidad de peruanos y peruanas que no tienen
empleo hoy y un alto número lo perdió en la pandemia. Las 4 UITs que el Congreso
pretende liberar con oposición del Gobierno, se entiende en el contexto de una
excepción, de una emergencia sanitaria grave, de una pandemia cuya segunda ola
es impredecible en su impacto y que cierra las posibilidades de un empleo para
millones de peruanos. Los mal llamados funcionarios, porque en realidad son
servidores, con sus altos sueldos que hasta ahora nadie se atreve a cuestionar,
son renuentes e impávidos frente a la opción de dar un alivio a la gente, tanto
como a comprar plantas de Oxigeno o camas UCI, tan fáciles de adquirir en el
mercado internacional.
Si el presidente Sagasti persiste en colocar bloqueos
llevando el asunto al TC, pese a que ya hay antecedente favorable de entrega de
adelantos a los aportantes, solo mostrará su voluntad de hacérsela difícil al
pueblo y eso no es gobernar con la gente sino contra la gente.
Sin quitarle el aporte al que se sacrificó por años,
mientras tenía empleo en un país de difícil recolocación laboral, devolviéndolo
en lo progresivo para que cada familia lo invierta en una pequeña empresa de
mediana rentabilidad, es importante reformular el sistema de pensiones desde el
Estado y bajo el principio de solidaridad de los que más ingresos tienen y de
unicidad. Estudiar la alternativa de una pensión mínima (estancada hace muchos
años) será una tarea que atañe al gobierno que vendrá, lejos de toda componenda
con los grupos de poder y sordos a una prensa mercantilista -no toda, por
cierto- que solo sirve como caja de resonancia de la banca y las AFPs y sus interlocutores
políticos en el Perú.
El resultado en las urnas del 11 de abril, nos guste o no,
demanda nuevas formas de gobernar y el establecimiento de prioridades; en orden
a las necesidades existentes. El pueblo ha tomado conciencia de ello. Resulta
sensato para quién haga Gobierno, en ese sentido, aportar soluciones y no ser
un obstáculo al que todo y nada asusta.
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