No
es cierto que los peruanos tengamos un dictador como gobernante. Tampoco que le
hayamos “ganado la guerra” a la corrupción. También que Keiko sea inocente de
las acusaciones fiscales por corrupción. Menos que los fujimontesinistas y sus
aliados marchen defendiendo valores y principios que hacen a una coexistencia
social en democracia, la vida, la diversidad, la naturaleza u otros derechos.
En
esa perspectiva, resulta vergonzoso que algunos abogados autodenominados
“constitucionalistas” y otros con “prestigio internacional”, como Domingo
García Belaunde, hayan preferido servir a los intereses de las organizaciones
delictivas que controlan gran parte del Estado, nuestra vida política y
económica; justo en un momento en el que toca dar un espaldarazo al proceso
moralizador del país y el fortalecimiento de nuestra precaria democracia.
Abandonando
todo tipo de escrúpulos y exigencias éticas que impone ser parte de “la
academia”, los abogados de la mafia, no han dejado de confundir, sembrando
sospechas y dudas, y siguen mintiendo a los peruanos sobre la legalidad de la
disolución del Congreso. Aprovechando y abusando de los espacios que el sector
de la alineada prensa limeña les ofrece, califican de “dictadura” el gobierno
constitucional del presidente Vizcarra, porque les conviene afirmar y mantener
-en el tiempo- una crisis que sus patrocinadores y mecenas han iniciado y
-hasta- llevado a ámbitos internacionales, como la OEA y la Comisión de
Venecia, desacreditando a un pueblo por decidir lo que quiere y conviene.
Saben
que en unos meses, por decenas, les tocará responder ante tribunales
independientes por sus crímenes y necesitan mostrar caos y desgobierno, para
luego alegar falta de independencia de jueces y fiscales que, siguiendo sus
formas de copamiento para delinquir con impunidad, estarían controlados por el
Gobierno. Les aterra ser juzgados por el sistema de justicia anticorrupción
para funcionarios públicos y eso los tiene convulsionando.
No
obstante, es importante reconocer que aún no le hemos “ganado la guerra” a la
corrupción. Apenas hemos vencido una batalla, la disolución de un Congreso,
compuesto por -siguiendo a don Mario Vargas Llosa- “forajidos”.
Sentar
bases para una vida y un país libre de corrupción, es un proceso sociocultural
de mediano y largo plazo, que sólo se logrará con educación de calidad. En ese
sentido, debemos abandonar sentimientos triunfalistas y promover -respaldando
desde todo tiempo y lugar- acciones que nos ayuden a comprender e interiorizar
en nuestras vidas que, mientras más corrupción haya en nuestros municipios
gobiernos regionales y gobierno central, serán menos los derechos que tendremos
como pueblo.
Debemos
comprender que mientras haya corrupción tendremos las mismas o menos escuelas,
colegios, hospitales, unidades judiciales y fiscales, comisarías, caminos
asfaltados, casas con electricidad, telefonía y, entre otros tantos beneficios
que puede generar una gestión y gobierno honesto, programas sociales
productivos y sostenibles destinados a los excluidos y pobres.
Por
estas valoraciones, que se ajustan a la realidad peruana, es importante que
Keiko Fujimori, al igual que sus legisladores del disuelto Congreso, tengan
debido proceso y, en orden a las acusaciones fiscales por corrupción y otros
crímenes seguidos en estrado judicial, tengan las máximas sanciones legales.
En
esa ruta estamos y, considerando que las organizaciones delictivas políticas y
económicas (una de ellas -a decir de la fiscalía- liderada por Keiko) no se
quieren ir, ayuda a este proceso de reconstrucción moral del país, tampoco
dejar de apoyar a nuestros jueces y fiscales anticorrupción (Vela, Pérez,
Concepción). El Presidente y ellos, son un soporte humano importante para las
tareas que, como país en este reto, tenemos a futuro.
Celebro
en esa línea, pese a ser minúscula la participación, que los fujimontesinistas
y sus aliados (Jaime de Althaus entre ellos) hayan “marchado” por las calles de
Lima. Han ejercido un derecho que por décadas nos negaron y cuestionaron. Han
demostrado que, pese a forzar la participación de sus ex trabajadores y sus
familias del disuelto Congreso, no les queda ninguna musculatura política. No
han podido dar sustento a los argumentos de sus constitucionalistas, que siguen
argumentando la existencia de un gran descontento social -son millones dicen- y
riesgo de gobernabilidad del país. También ha quedado claro que, estos señores,
jamás enarbolarán valores y principios que hacen a una coexistencia social en
democracia, la vida, la diversidad, la naturaleza y cualquier derecho humano.
El
proceso de lucha contra la corrupción apenas inicia en nuestro Perú.
Consolidarlo, para avanzar, necesita de estrategias. Una de ellas es
prepararse, para no caer en el dañino juego de la mafia, que usa la mentira y
el miedo como sus principales armas.
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