Es inminente que otra crisis inicie, si no reaccionamos a
tiempo, y tiene que ver con los medios de subsistencia o también llamados
alimentos, considerando que ya somos más de 7,700 millones de habitantes en la
Tierra; de los cuales 1,400 sufren “pobreza extrema” y casi 820 padecen “hambre
crónica”, no tienen acceso al agua potable y a servicios básicos como la salud,
la educación y otros.
El COVID19, que es una de las casi 40 especies de
coronavirus que conviven con los humanos desde hace más de 5,000 años, ha
puesto en evidencia nuestras debilidades y tiene contra las cuerdas a lo que
conocemos como “civilización”. Nada ha detenido su avance y crecimiento en
contagio. Los primeros países en mostrar mayor tasa de mortalidad -hasta hoy-
son los de Europa (Italia llegó al 12.3%, España al 9.6% y Reino Unido al 2.9%
al 5 de abril) y Estados Unidos (2.9% a la misma fecha); países auto
identificados como del “primer mundo” y con sistemas de salud “modélicos”.
En Sudamérica, donde ya hemos superado los 427 millones de
habitantes, lo que está ocurriendo en Brasil (681 fallecidos) y Ecuador (191
fallecidos), a inicios de esta semana, es una señal poco alentadora de lo que
puede pasar en el resto de países, considerando que la expansión del COVID19
encuentra escenarios políticos tensionados fragmentados y dediles, sistemas
sanitarios ineficaces deficientes y colapsados y economías precarias y en
incertidumbre.
Estamos en un momento crucial de la historia humana en el
que se requiere respuestas integrales a nivel de Estados y globales a nivel de
la comunidad internacional. No sólo está en juego la vida, sino también la
subsistencia de la especie humana, si nuestras autoridades -en los diversos
niveles de gobierno del Estado- no adoptan medidas tendientes a garantizar la
“seguridad alimentaria”; término que alude tanto al suministro como a la
demanda de alimentos a través de su disponibilidad, el acceso económico
suficiente de las personas a ellos y su diverso y nutritivo aprovechamiento
biológico de los mismos.
En este contexto, siguiendo lo que recomienda la
Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura - FAO, a
partir de su experiencia de la crisis de 2007-08, cualquier medida que adopten
los Estados “debe estar orientada a proteger a los más vulnerables… y mitigar los
efectos de la pandemia en el sistema alimentario”. Añade que “los responsables
políticos de todo el mundo deben… hacer que esta crisis sanitaria se convierta
en una crisis alimentaria totalmente evitable”.
En esa perspectiva, resulta evidente que el sistema
alimentario mundial está también en prueba. Lo más probable es que estemos
produciendo menos alimentos, como consecuencia de las medidas adoptadas en cada
país como las restricciones de movimientos y escases de fertilizantes y
medicamentos veterinarios y otros insumos, en el marco de las cuarentenas, que
podría afectar a la producción agrícola y ganadera. Cuenta además que el cierre
de restaurantes impacta en las compras en tiendas de comestibles y que se ha
reducido la demanda de productos frescos y pesqueros, lo que está afectando a
productores y proveedores y que la agricultura y la pesca están siendo
seriamente afectados por la paralización de la industria del turismo, el cierre
de negocios de comida y la suspensión de la alimentación escolar, entre otras
actividades.
En este contexto, los segmentos que ya están sufriendo más
son los pobres y la población en situación de vulnerabilidad (migrantes,
desplazados, los que padecen conflictos, niños y niñas, personas de la tercera
edad, pequeños agricultores, ganaderos y pescadores, etc.), los sectores
comprendidos en la cadena de producción de alimentos deben ser escuchados.
Pasar por alto propuestas que parten de la realidad y lo vivencial, por ejemplo
de la Junta Nacional de Usuarios de los Sectores Hidráulicos de Riego del Perú
que apuntan a la erradicación del hambre y la construcción de sistemas
agroalimentarios inclusivos y sostenibles, es sumar a la materialización de la
inminente crisis alimentaria.
Ya es atentatorio para la vida sufrir sistemas de sanidad
pública y protección social con capacidad limitada y en muchos casos irreal,
como para -también- sumar inseguridad alimentaria en nuestros pueblos. Por eso
se debe evitar medidas que afecten a la producción y el comercio agrícolas. Las
frutas y hortalizas frescas, el pescado y los productos pesqueros, deben seguir
llegando a nuestras mesas.
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