Feminicidios ¿Y si fuera tu madre, hermana o hija?

Publicado en:

Gaceta Judicial de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (Chiclayo Perú)
El Clarín (Cajamarca Perú)

El Poder (Tarapoto Perú)
Los Tiempos (Cochabamba Bolivia)
Correo del Sur (Sucre Bolivia)
La Razón (La Paz Bolivia)

Pese a la retórica sobre los avances de nuestra “civilización”, el ser humano, en lo esencial, sigue siendo perverso y egoísta. Colectiva e individualmente, aún no hemos comprendido que la sociedad de hoy está muy enferma, que somos causantes de sus padecimientos y que todos -en ella- transitamos tiempos que reflejan los extremos y abismos de la condición humana; a lo mejor porque para algunos los suyos “están bien” y porque creen que “nunca les pasará nada”.

No hemos desarrollado autocrítica sobre la sociedad que recibimos y la que le estamos heredando a los que nos suceden. La mayoría sólo existe en su día a día y de espalda, por conveniencia y comodidad fundamentalmente, a su responsabilidad de dejar un mundo mejor; que también alcanza la obligación de entregar mejores hijos a nuestra sociedad. ¿Cuántos problemas sociales no existirían, si cada vez más personas viviésemos con compromiso y sentido de responsabilidad, con menos fatuidad, con elementos que hacen a la cultura de paz, sin miedo y sin tantos venenos dentro -como el egoísmo- que nos consumen y pervierten y llevan a ser indiferentes?

Los miles de asesinatos de nuestras mujeres, que condeno desde esta tribuna, es radiografía de esta realidad.

"Todo el mundo está hablando de política y nadie hace pública la muerte de mi hermana. El país se olvidó de lo que pasa en Formosa. Acá, matan a jóvenes como si nada. La muerte de mi hermana no puede quedar impune, ella tenía toda una vida por delante y se la robaron. Arruinaron a una familia entera, estamos destrozados", es parte del relato de Ana, al diario cronica.com.ar, la hermana de Diana Soledad Samana (16), quien fue asesinada cruelmente con el pico roto de una botella, en Argentina, el pasado 14 de junio de 2019.

Víctimas como Diana Soledad hay todos los días en el mundo y casi siempre las ignoramos. En Bolivia, hasta el 15 de junio, según el Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, eran 55 las víctimas por feminicidio. En Perú, hasta fines de mayo, según América Noticias, eran 67 víctimas. En Ecuador, desde el 2014 a la fecha, se estaría registrando un feminicidio cada tres días, según la coalición ciudadana Fundación Aldea, Red Nacional de Casas de Acogida, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos y Taller Comunicación Mujer.

Estados Unidos, también es un país peligroso para las mujeres, considerando que el 2015 fueron asesinadas 1,686, según reporte del Centro de Política de Violencia.

Todos estos casos, de crueles y violentos asesinatos de mujeres, tienen -por lo general- en común el ser “mujer”, “pobre”, “no blanca” y “de zonas marginales”. Por eso las mujeres son consideradas, desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, parte de un grupo en situación de vulnerabilidad; un reconocimiento que sigue siendo la suma de buenas intenciones del “mundo civilizado”.

Este problema de salud pública, pese a que tiene en una vida de infierno y que luego las arrebata por miles, no sólo es expresión de la depravación humana, sino también de la falta de acción integral del Estado, que no comprende que la solución es más que sólo aprobar “leyes”. Estas deben ser justas y, un punto crucial, su implementación -entre otras precondiciones- tener como marco procesos educativos que aumenten la conciencia social de rechazo a todo tipo de conductas machistas, de superioridad, de maltratos y de odio a la mujer.

El silencio, frente a cualquier forma de violencia contra la mujer, es una forma de contribuir a su muerte. Por eso se justifica, una y mil veces, educar a los niños y niñas con enfoques de igualdad de géneros, tanto en los colegios como en las familias.

Justifiquemos nuestra existencia haciendo algo en beneficio también de los demás. Hablan todos pero hacen pocos. No seamos cómplices de la impunidad y el olvido, que cuando se trata de feminicidios pasa a ser como una segunda muerte. Recuerda que estamos dejando una generación al borde del colapso y que una siguiente víctima puede ser tu madre hermana o hija.

El racismo como forma de dominación

Publicado en:
El Clarín (Cajamarca Perú)

El desarrollo social de todo pueblo exige la superación de sus problemas históricos y los de hoy, en una relación de corresponsabilidad entre gobernados y gobernantes. Estos procesos son de largo aliento y sus avances dependen de las mejoras en la calidad de su educación y, entre otros, la cultura política y democrática que promuevan y practiquen sus gobernantes.

Problemas como la corrupción y, entre otros, el racismo, en esta perspectiva, son asuntos considerados en casi todas las agendas gubernamentales; pero no trabajados a profundidad y con rigor de política de Estado. Existe temor a aquellos cambios que limiten o eliminen privilegios propios de las estructuras de poder de los grupos o sectores predominantes. La población, debido a las barreras creadas, realiza esfuerzos de poco impacto y arrastre y es por eso que no hay una acción integral del Estado, frente a estos problemas, porque cree -erróneamente- que no es de su competencia.

De esta situación hay quiénes, unos cuantos, siguen sacando provecho; tal como lo hicieron sus parientes desde tiempos inmemoriales. Por eso, entre otros tantos ejemplos que podemos citar de gobernantes latinoamericanos racistas, no llama la atención que hace unos días el congresista y ex ministro peruano Carlos Ricardo Bruce Montes de Oca, violando el marco jurídico contra el racismo, utilice un lenguaje discriminador al intentar descalificar -al llamarlo “provinciano”- al presidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo.

Las formas de practicar racismo han cambiado en el tiempo, pero su esencia, en el perfil de quiénes lo practican, sigue siendo el mismo. Este aspecto ha permitido que su desarrollo se proyecte a través de procesos culturales y económicos “naturales” y a la medida de los sectores predominantes; excluyendo y dividiendo por medio de trabas diversas. Así, un racista, en esta perspectiva, conscientemente expresa odio por el que considera “diferente”, “inferior”, etc. como una forma de dominación.

Este dominio, que hasta ahora les ha resultado efectivo al sector “ilustrado” del país, cuando se practica por el común de la población, la mayoría, alcanza extremos inimaginables pues no pasa de ser una burda imitación de estereotipos y prejuicios “de clase”. No obstante, es la más dañina, porque impregna y reproduce una gran carga emocional de odio y frustraciones que caracterizan al racista de este “sector social”.

Este “veneno”, siguiendo al psicoanalista Jorge Bruce, que lleva a una persona a ser discriminadora, y que “necesita expulsar” es -fundamentalmente- el cúmulo de patrones culturales que ha ido asimilando desde que tiene conciencia del mundo que lo rodea. Éste, por lo general, ganado por el odio que lo consume, no distingue y siendo mestizo con marcada esencia indígena no vacila en maltratar a otro igual a él llamándolo “cholo” o “indio”. Lo propio ocurre cuando entre “blancos” se agreden y “pierde” el “serrano” o el “charapa” sólo por haber nacido en los andes o en la selva, respectivamente. Más dramática es la situación cuando un afroperuano llama “serrano de mierda” a un andino y éste, para burlarse, lo tilda de “primate” o “esclavo liberto” a su agresor. Los insultos de los “blancos” de la costa, hacia todos los demás, tienen su sitial propio, por lo abundantes y estigmatizantes.

En este orden de análisis, discriminar es un grave problema de orden cultural que podemos curar promoviendo y practicando una educación rica en valores y principios, una educación de calidad que crezca y se desarrolle iluminada por ejemplos de vida como los de José Carlos Mariategui, José Sabogal Diéguez y otros también universales como Nelson Mandela, Mahatma Gandhi o Martin Luther King.

En Latinoamérica, el Perú es uno de los países donde la discriminación y el racismo están más fuertemente instalados. Se discrimina desde niño por todo y nada y si bien es cierto hay avances normativos locales y regionales, éstos no terminan de calar -como beneficiosos- en la conciencia de la gente. Hace falta, además en esa orientación, mayor cultura de inclusión y porque no presos por discriminar, como ya ocurre en otros países.

Si queremos un Perú para todos, con justicia y libertades verdaderas, necesitamos deshacernos de taras culturales como el racismo, la corrupción y otras, que nos enfrentan y dividen cada día. Promovamos y desarrollemos, a partir de los avances existentes, una política de Estado contra el racismo y la no discriminación.

Resaltemos y disfrutemos de nuestra riqueza y diversidad étnica y defendamos lo que somos. No sigamos haciéndole al juego a los que promueven y practican el racismo como forma de dominación de los individuos y pueblos.

El centro del problema es la corrupción

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El Clarín (Cajamarca Perú)
Los Tiempos (Cochabamba Bolivia)
Correo del Sur (Sucre Bolivia)
La Razón (La Paz Bolivia)

La corrupción no es un mal más de nuestra sociedad. Es el principal problema y en muchos de nuestros países, pese a la magnitud de sus consecuencias que se traducen –entre otros– en pobreza, exclusión y servicios básicos de pésima calidad, conviven con ella. Su comprensión, como el primer problema público, con el que debemos acabar, sobre todo para los “gobernados”, aun es lejana.

Está presente de una y mil formas en cada espacio de nuestra cotidianidad. Ejemplos sobran. Resulta cada vez más difícil encontrar una persona que no esté dispuesta a pagar para acelerar su trámite, ser acreedor de una licitación, no ser multado por un policía ante una infracción o para “ganar” su proceso judicial. Es más remoto aun identificar profesionales coherentes como un abogado que litigue éticamente y sin costos ocultos, un periodista “independiente” o un ingeniero que use materiales idóneos en una obra de construcción. Casi imposible, siguiendo estas constataciones, es tener políticos sin antecedentes de infracción a la ley penal, entre ellas acusaciones o sanciones por corrupción. 

Ser corrupto es rentable y asegura una vida “fácil”. Por eso, la fraternidad de la corrupción hoy tiene tantos representantes, interlocutores y protectores en cada plano de poder (social, político, económico y hasta religioso); pero sobre todo hay mecanismos legales e institucionales –que controlan– porque fueron pensados y creados para facilitar el latrocinio. Cada día son más los que integran, siguiendo su propio esquema mafioso, estas hordas criminales porque el mismo “sistema” en la mayoría de casos les asegura impunidad. Les hemos permitido –históricamente– avanzar, por eso, en unos países más que en otros, el panorama es sombrío.

La corrupción, por su impacto en las agendas de Estado, relativas a sectores en situación de vulnerabilidad, es una forma flagrante de violación a los derechos humanos de los pueblos. No obstante, la mayoría de personas siguen divagando al encontrar respuestas del porqué este flagelo nos está ganando la batalla de la construcción de mejores sociedades y países. Culpan a la política, a la democracia y hasta a las ideologías, debido a que no encuentran formas adecuadas para canalizar su frustración y desencanto; dado que la acción de nuestros Estados, salvo excepción como Perú, Costa Rica, Chile o México, les resulta débil, utilitaria y marcada por el continuismo y la impunidad. 

Agrava la situación el que la corrupción, pese –además– a que nos acosa cada día a todos y todas, sea vista como un problema de otros y no de cada uno. Suma el que sigamos dando vueltas en un círculo vicioso, al que nos ha arrastrado el direccionado debilitamiento y –en algunos casos– la extinción de los partidos políticos democráticos; considerando que nos siguen induciendo y hasta obligando a elegir entre candidatos ilegales, impuestos, improvisados, sin sintonía con los intereses de la sociedad y –lo más grave– cultura y perspectiva democrática.

Queda claro entonces, que los grandes problemas en nuestros países giran en derredor de la corrupción. Son pocos los que ganan con ella y cuantiosos los beneficios que obtienen esos pocos. Sus mutaciones organizativas, procedimientos engañosos y ad hoc y maniobras legales, mediáticas y de todo orden, que exhiben cada día, incluso en algunos casos utilizando las instituciones del mismo Estado, es parte de su estrategia para no perder el poder que han concentrado delinquiendo y que buscan retener a cualquier precio. 

La lucha contra la corrupción no es retórica, ideología ni partidarismo. Solo es posible vencerla con un sistema de justicia independiente y con una población que abandona el miedo, el silencio y la indiferencia al comprender que estas también son formas de corrupción. 

Señores gobernantes, si, en el más breve plazo con desprendimiento y sentido histórico, promovemos políticas públicas en materia de justicia, también estaremos apostando por países sin corrupción. 

Rondas Campesinas y corrupción

Publicado en:

El Clarín (Cajamarca Perú)

Como en su momento, cuando contribuyó a la derrota del terrorismo de Sendero Luminoso y sumó a la consolidación de la paz, las Rondas Campesinas -de hoy- pueden jugar un papel determinante en la lucha contra la corrupción; especialmente en las provincias y distritos de nuestro Perú; por ser lugares en los que la presencia del Estado aún es simbólica sino inexistente.

Si en Lima Callao y las otras grandes urbes del país, la corrupción, en sus modalidades política económica religiosa periodística y otras formas, ha ganado terreno hace algunos años, en las provincias y distritos alejados está instalada y por lo general dirigida por dos o tres familias que gozan de una robusta salud económica, desde hace más de 35 años; cuando nuestro Estado empezó a transferirles y sin control efectivo presupuesto de modo permanente.

Como es en “provincias”, en la comprensión de los citadinos predominantes, poco o nada importa. Esta valoración también la tienen quienes dirigen las instituciones contraloras, pese a que muchos de ellos tienen un origen “provinciano”; pues todo lo sacrifican en la pira sagrada de costos y beneficios para el Estado. “Cuesta mucho investigar”, “quién asumirá los costos” suelen argumentar. La población no sabe qué tipo de rendición de cuentas realizan sus Alcaldes y sus Consejos Municipales y ante quién del Estado, jamás investigan de mutuo propio -por ejemplo la Contraloría- y, es lógico en esa línea, si no hay auditorías e informes tampoco hay acción de jueces y fiscales, no hay responsables y sanción para nadie.

Así, la población -no organizada- permite la corrupción por acción y por omisión. La respalda bajo el argumento “roba pero hace obra”, por una limpieza de camino que costó quince mil, pero que cotizaron y “rindieron” en 120 mil. Sienten que no pueden contrarrestarla, por la enajenación que generan las migajas -y con dinero del mismo pueblo- que reciben del alcalde, por lo general en trago y fiestas. Este círculo vicioso de corrupción, manipulación, amenaza e impunidad, año a año se repite y crece. Nadie hace nada para frenarlo, pese a que no hay un antibiótico en la posta médica del Pueblo o el mobiliario de su colegio se está cayendo a pedazos. Aquellos que deciden enfrentar estas mafias terminan estigmatizados como “problemáticos”, “resentidos” y “envidiosos”.

Por su parte, para las autoridades nacionales y la prensa capitalina, la corrupción en el Perú profundo es invisible, inexistente; si es que en su desarrollo no hay de por medio sangre o muerte. El caso Ilave (2004) en Puno, en su momento, llamó la atención de esta realidad, pues puso al desnudo la ineficacia de los mecanismos de rendición de cuentas, la violencia silenciosa que esconde la frustración social y la irresponsabilidad e incumplimiento de funciones de las instituciones que tienen por mandato fiscalizar y velar por un adecuado uso del dinero del Pueblo. Quince años después, del ajusticiamiento público del alcalde de Ilave, el Estado sigue limitándose a entregar más y más dinero, pero no controla con rigor fiscalizador para premiar o sancionar ante un uso irregular.

Por ejemplo, al Municipio de Unión Agua Blanca (en San Miguel - Cajamarca) el año 2018, según el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (http://apps5.mineco.gob.pe/transferencias/gl/default.aspx), se le transfirió más de cuatro millones de soles (4,056,823.82), cuyo uso se desconoce; porque no hay obra alguna que justifique una inversión de ese tamaño. Estoy citando sólo lo recibido en un año.

En este contexto, a los logros que viene obteniendo el sub sistema de justicia anticorrupción, con fiscales como Pérez o Vela y jueces como Concepción o Chávez, podríamos sumar los aportes que realicen las Rondas Campesinas, considerando que su mandato constitucional y legal no es limitante. Conocen mejor que nadie su realidad local y saben cuándo un Alcalde y su Consejo Municipal, tienen las cuentas claras y coordinan con su Pueblo las obras e inversiones.

Hasta hoy, los mecanismos de autocontrol de las alcaldías, reconocidas por su propio marco jurídico, han favorecido y afianzado la corrupción y la impunidad. Los Consejos Municipales en lugar de controlar al Alcalde lo protegen.

Las Rondas Campesinas, si se apartan de su papel neutral y en muchos casos de cómplices, pueden ser un extraordinario aliado para vencer a la corrupción en nuestro Perú profundo. Lo planteo porque conozco lo potente que resultan sus estructuras (organización) para perseguir el crimen, la calidad humana de sus integrantes, y porque es lo que le conviene a sus respectivos pueblos y a nuestro país.

FEMINICIDIOS ¿Y si fuera tu madre, hermana o hija?

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Gaceta Judicial de Corte Superior de Justicia (Chiclayo Perú)

Correo del Sur (Sucre Bolivia)

Pese a la retórica sobre los avances de nuestra “civilización”, el ser humano, en lo esencial, sigue siendo perverso y egoísta. Colectiva e individualmente, aún no hemos comprendido que la sociedad de hoy está muy enferma, que somos causantes de sus padecimientos y que todos -en ella- transitamos tiempos que reflejan los extremos y abismos de la condición humana; a lo mejor porque para algunos los suyos “están bien” y porque creen que “nunca les pasará nada”.

No hemos desarrollado autocrítica sobre la sociedad que recibimos y la que le estamos heredando a los que nos suceden. La mayoría sólo existe en su día a día y de espalda, por conveniencia y comodidad fundamentalmente, a su responsabilidad de dejar un mundo mejor; que también alcanza la obligación de entregar mejores hijos a nuestra sociedad. ¿Cuántos problemas sociales no existirían, si cada vez más personas viviésemos con compromiso y sentido de responsabilidad, con menos fatuidad, con elementos que hacen a la cultura de paz, sin miedo y sin tantos venenos dentro -como el egoísmo- que nos consumen y pervierten y llevan a ser indiferentes?

Los miles de asesinatos de nuestras mujeres, que condeno desde esta tribuna, es radiografía de esta realidad.

"Todo el mundo está hablando de política y nadie hace pública la muerte de mi hermana. El país se olvidó de lo que pasa en Formosa. Acá, matan a jóvenes como si nada. La muerte de mi hermana no puede quedar impune, ella tenía toda una vida por delante y se la robaron. Arruinaron a una familia entera, estamos destrozados", es parte del relato de Ana, al diario cronica.com.ar, la hermana de Diana Soledad Samana (16), quien fue asesinada cruelmente con el pico roto de una botella, en Argentina, el pasado 14 de junio de 2019.

Víctimas como Diana Soledad hay todos los días en el mundo y casi siempre las ignoramos. En Bolivia, hasta el 15 de junio, según el Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, eran 55 las víctimas por feminicidio. En Perú, hasta fines de mayo, según América Noticias, eran 67 víctimas. En Ecuador, desde el 2014 a la fecha, se estaría registrando un feminicidio cada tres días, según la coalición ciudadana Fundación Aldea, Red Nacional de Casas de Acogida, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos y Taller Comunicación Mujer.

Estados Unidos, también es un país peligroso para las mujeres, considerando que el 2015 fueron asesinadas 1,686, según reporte del Centro de Política de Violencia.

Todos estos casos, de crueles y violentos asesinatos de mujeres, tienen -por lo general- en común el ser “mujer”, “pobre”, “no blanca” y “de zonas marginales”. Por eso las mujeres son consideradas, desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, parte de un grupo en situación de vulnerabilidad; un reconocimiento que sigue siendo la suma de buenas intenciones del “mundo civilizado”.

Este problema de salud pública, pese a que tiene en una vida de infierno y que luego las arrebata por miles, no sólo es expresión de la depravación humana, sino también de la falta de acción integral del Estado, que no comprende que la solución es más que sólo aprobar “leyes”. Estas deben ser justas y, un punto crucial, su implementación -entre otras precondiciones- tener como marco procesos educativos que aumenten la conciencia social de rechazo a todo tipo de conductas machistas, de superioridad, de maltratos y de odio a la mujer.

El silencio, frente a cualquier forma de violencia contra la mujer, es una forma de contribuir a su muerte. Por eso se justifica, una y mil veces, educar a los niños y niñas con enfoques de igualdad de géneros, tanto en los colegios como en las familias.

Justifiquemos nuestra existencia haciendo algo en beneficio también de los demás. Hablan todos, pero hacen pocos. No seamos cómplices de la impunidad y el olvido, que cuando se trata de feminicidios pasa a ser como una segunda muerte. Recuerda que estamos dejando una generación al borde del colapso y que una siguiente víctima puede ser tu madre hermana o hija.

El racismo como forma de dominación

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El Clarin (Cajamarca Perú)

El desarrollo social de todo pueblo exige la superación de sus problemas históricos y los de hoy, en una relación de corresponsabilidad entre gobernados y gobernantes. Estos procesos son de largo aliento y sus avances dependen de las mejoras en la calidad de su educación y, entre otros, la cultura política y democrática que promuevan y practiquen sus gobernantes.

Problemas como la corrupción y, entre otros, el racismo, en esta perspectiva, son asuntos considerados en casi todas las agendas gubernamentales; pero no trabajados a profundidad y con rigor de política de Estado. Existe temor a aquellos cambios que limiten o eliminen privilegios propios de las estructuras de poder de los grupos o sectores predominantes. La población, debido a las barreras creadas, realiza esfuerzos de poco impacto y arrastre y es por eso que no hay una acción integral del Estado, frente a estos problemas, porque cree -erróneamente- que no es de su competencia.

De esta situación hay quiénes, unos cuantos, siguen sacando provecho; tal como lo hicieron sus parientes desde tiempos inmemoriales. Por eso, entre otros tantos ejemplos que podemos citar de gobernantes latinoamericanos racistas, no llama la atención que hace unos días el congresista y ex ministro peruano Carlos Ricardo Bruce Montes de Oca, violando el marco jurídico contra el racismo, utilice un lenguaje discriminador al intentar descalificar -al llamarlo “provinciano”- al presidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo.

Las formas de practicar racismo han cambiado en el tiempo, pero su esencia, en el perfil de quiénes lo practican, sigue siendo el mismo. Este aspecto ha permitido que su desarrollo se proyecte a través de procesos culturales y económicos “naturales” y a la medida de los sectores predominantes; excluyendo y dividiendo por medio de trabas diversas. Así, un racista, en esta perspectiva, conscientemente expresa odio por el que considera “diferente”, “inferior”, etc. como una forma de dominación.

Este dominio, que hasta ahora les ha resultado efectivo al sector “ilustrado” del país, cuando se practica por el común de la población, la mayoría, alcanza extremos inimaginables pues no pasa de ser una burda imitación de estereotipos y prejuicios “de clase”. No obstante, es la más dañina, porque impregna y reproduce una gran carga emocional de odio y frustraciones que caracterizan al racista de este “sector social”.

Este “veneno”, siguiendo al psicoanalista Jorge Bruce, que lleva a una persona a ser discriminadora, y que “necesita expulsar” es -fundamentalmente- el cúmulo de patrones culturales que ha ido asimilando desde que tiene conciencia del mundo que lo rodea. Éste, por lo general, ganado por el odio que lo consume, no distingue y siendo mestizo con marcada esencia indígena no vacila en maltratar a otro igual a él llamándolo “cholo” o “indio”. Lo propio ocurre cuando entre “blancos” se agreden y “pierde” el “serrano” o el “charapa” sólo por haber nacido en los andes o en la selva, respectivamente. Más dramática es la situación cuando un afroperuano llama “serrano de mierda” a un andino y éste, para burlarse, lo tilda de “primate” o “esclavo liberto” a su agresor. Los insultos de los “blancos” de la costa, hacia todos los demás, tienen su sitial propio, por lo abundantes y estigmatizantes.

En este orden de análisis, discriminar es un grave problema de orden cultural que podemos curar promoviendo y practicando una educación rica en valores y principios, una educación de calidad que crezca y se desarrolle iluminada por ejemplos de vida como los de José Carlos Mariategui, José Sabogal Diéguez y otros también universales como Nelson Mandela, Mahatma Gandhi o Martin Luther King.

En Latinoamérica, el Perú es uno de los países donde la discriminación y el racismo están más fuertemente instalados. Se discrimina desde niño por todo y nada y si bien es cierto hay avances normativos locales y regionales, éstos no terminan de calar -como beneficiosos- en la conciencia de la gente. Hace falta, además en esa orientación, mayor cultura de inclusión y porque no presos por discriminar, como ya ocurre en otros países.

Si queremos un Perú para todos, con justicia y libertades verdaderas, necesitamos deshacernos de taras culturales como el racismo, la corrupción y otras, que nos enfrentan y dividen cada día. Promovamos y desarrollemos, a partir de los avances existentes, una política de Estado contra el racismo y la no discriminación.

Resaltemos y disfrutemos de nuestra riqueza y diversidad étnica y defendamos lo que somos. No sigamos haciéndole al juego a los que promueven y practican el racismo como forma de dominación de los individuos y pueblos.

Rondas Campesinas y corrupción

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El Clarín (Cajamarca Perú)

Como en su momento, cuando contribuyó a la derrota del terrorismo de Sendero Luminoso y sumó a la consolidación de la paz, las Rondas Campesinas -de hoy- pueden jugar un papel determinante en la lucha contra la corrupción; especialmente en las provincias y distritos de nuestro Perú; por ser lugares en los que la presencia del Estado aún es simbólica sino inexistente.

Si en Lima Callao y las otras grandes urbes del país, la corrupción, en sus modalidades política económica religiosa periodística y otras formas, ha ganado terreno hace algunos años, en las provincias y distritos alejados está instalada y por lo general dirigida por dos o tres familias que gozan de una robusta salud económica, desde hace más de 35 años; cuando nuestro Estado empezó a transferirles y sin control efectivo presupuesto de modo permanente.

Como es en “provincias”, en la comprensión de los citadinos predominantes, poco o nada importa. Esta valoración también la tienen quienes dirigen las instituciones contraloras, pese a que muchos de ellos tienen un origen “provinciano”; pues todo lo sacrifican en la pira sagrada de costos y beneficios para el Estado. “Cuesta mucho investigar”, “quién asumirá los costos” suelen argumentar. La población no sabe qué tipo de rendición de cuentas realizan sus Alcaldes y sus Consejos Municipales y ante quién del Estado, jamás investigan de mutuo propio -por ejemplo la Contraloría- y, es lógico en esa línea, si no hay auditorías e informes tampoco hay acción de jueces y fiscales, no hay responsables y sanción para nadie.

Así, la población -no organizada- permite la corrupción por acción y por omisión. La respalda bajo el argumento “roba pero hace obra”, por una limpieza de camino que costó quince mil, pero que cotizaron y “rindieron” en 120 mil. Sienten que no pueden contrarrestarla, por la enajenación que generan las migajas -y con dinero del mismo pueblo- que reciben del alcalde, por lo general en trago y fiestas. Este círculo vicioso de corrupción, manipulación, amenaza e impunidad, año a año se repite y crece. Nadie hace nada para frenarlo, pese a que no hay un antibiótico en la posta médica del Pueblo o el mobiliario de su colegio se está cayendo a pedazos. Aquellos que deciden enfrentar estas mafias terminan estigmatizados como “problemáticos”, “resentidos” y “envidiosos”.

Por su parte, para las autoridades nacionales y la prensa capitalina, la corrupción en el Perú profundo es invisible, inexistente; si es que en su desarrollo no hay de por medio sangre o muerte. El caso Ilave (2004) en Puno, en su momento, llamó la atención de esta realidad, pues puso al desnudo la ineficacia de los mecanismos de rendición de cuentas, la violencia silenciosa que esconde la frustración social y la irresponsabilidad e incumplimiento de funciones de las instituciones que tienen por mandato fiscalizar y velar por un adecuado uso del dinero del Pueblo. Quince años después, del ajusticiamiento público del alcalde de Ilave, el Estado sigue limitándose a entregar más y más dinero, pero no controla con rigor fiscalizador para premiar o sancionar ante un uso irregular.

Por ejemplo, al Municipio de Unión Agua Blanca (en San Miguel - Cajamarca) el año 2018, según el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (http://apps5.mineco.gob.pe/transferencias/gl/default.aspx), se le transfirió más de cuatro millones de soles (4,056,823.82), cuyo uso se desconoce; porque no hay obra alguna que justifique una inversión de ese tamaño. Estoy citando sólo lo recibido en un año.

En este contexto, a los logros que viene obteniendo el sub sistema de justicia anticorrupción, con fiscales como Pérez o Vela y jueces como Concepción o Chávez, podríamos sumar los aportes que realicen las Rondas Campesinas, considerando que su mandato constitucional y legal no es limitante. Conocen mejor que nadie su realidad local y saben cuándo un Alcalde y su Consejo Municipal, tienen las cuentas claras y coordinan con su Pueblo las obras e inversiones.

Hasta hoy, los mecanismos de autocontrol de las alcaldías, reconocidas por su propio marco jurídico, han favorecido y afianzado la corrupción y la impunidad. Los Consejos Municipales en lugar de controlar al Alcalde lo protegen.

Las Rondas Campesinas, si se apartan de su papel neutral y en muchos casos de cómplices, pueden ser un extraordinario aliado para vencer a la corrupción en nuestro Perú profundo. Lo planteo porque conozco lo potente que resultan sus estructuras (organización) para perseguir el crimen, la calidad humana de sus integrantes, y porque es lo que le conviene a sus respectivos pueblos y a nuestro país.

Sitiemos a la corrupción

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El Clarín (Cajamarca Perú)

Los Tiempos (Cochabamba Bolivia)

Correo del Sur (Sucre Bolivia)

La Razón (La Paz Bolivia)

La corrupción y la impunidad, dos de las principales causas de la pobreza el subdesarrollo y la exclusión social en nuestros pueblos en estos siglos de “vida independiente”, no pueden ser asumidas con naturalidad por sociedad alguna que se precie de civilizada y democrática y persona que tenga valores y principios que hacen a la identidad y visión de país querido. 

En las últimas décadas su apogeo, en gran parte de nuestros países, ha mostrado lo ineficientes e ineficaces que han sido y son los mecanismos nacionales e internacionales -contra la corrupción- de la OEA y la ONU para enfrentarla y derrotarla. En este tiempo, la lucha contra la corrupción ha sido estatal y dirigida -mayormente- por políticos deshonestos.

En ese sentido, el debate está abierto y es necesario redefinir el papel que debemos cumplir de modo individual o colectivamente las personas. Nadie debería eludir esta agenda, por responsabilidad, considerando que estamos por heredar sociedades fracasadas porque están plagadas de corrupción e impunidad y con instituciones “democráticas” altamente desprestigiadas y controladas por intereses al margen de la ley. Muestras sobran en cada país.

Vivimos tiempos en los que es imprescindible abandonar el silencio, la indiferencia, la opacidad y el oportunismo y abrazar la acción constructiva que ayude a que aquellos esfuerzos que se vienen dando para enfrentar la corrupción, en algunos Estados desde lo público y privado, se afiancen y se constituyan en buenas prácticas y reglas sociales. Usemos, para ello, los elementos de la libertad de expresión y promovamos una autonomía e independencia judicial y fiscal; considerando el valor y aportes -de ambos- a una vida en democracia.

Podemos y debemos derrotar la tolerancia social a la corrupción y la impunidad, porque éstas son inducidas y promovidas por grupos antidemocráticos y pro crimen de poder político y económico. Esto es verificable, en nuestra historia y en el día a día, de sur a norte. Los encontramos en los formatos de partidos políticos, grupos empresariales y hasta en algunos credos religiosos. Existen medios de comunicación, operadores políticos estratégicos y formas sutiles de control social que, como los denominados “programas cómicos” de radio y televisión, sólo contribuyen -siguiendo el análisis del periodista peruano César Hildebrand- a la “estupidización colectiva”. 

Por décadas, nos han inducido a creer que cuando se hace gobierno es natural que “todos roben”. “Roba pero hace obra” es una común máxima social que refleja lo distorsionada y auto perniciosa comprensión de nuestra realidad. Entre otros tantos falsos conceptos, también nos han creado el prejuicio de que no hay juez o fiscal honesto, que todos son corruptos. Lo terrible, porque conspira contra los procesos de liberación y democratización de nuestros pueblos, es que cientos de millones de compatriotas latinoamericanos lo han aceptado como premisas válidas y reglas naturales de vida.

En este contexto, debe ser nuestra obligación dedicar más tiempo a lo sustantivo e importante y hacer de la lucha contra la corrupción un objetivo personal y nacional. Es imperativo afirmar la cultura del control social a la gestión pública, de cada una de nuestras autoridades y, para ese buen propósito, el tiempo perfecto no es mañana sino hoy.

Derrotar la corrupción y contrarrestar sus perniciosos efectos contra nuestros derechos humanos, antes que medidas jurídicas acciones mediáticas o de otra índole, es comprensión y empoderamiento social, es población organizada, es número y diversidad de voces (colegios profesionales, universidades, etc.) que la enfrentan identificándola e interpelándola pública informada y libremente. 

No sigamos cometiendo el doble error de creer que la corrupción no es un asunto de nuestra incumbencia y tampoco sigamos dejando sólo en manos de los políticos la solución de este tipo de expresiones de la degeneración humana. Debe ser mandato, para todo ser libre, enfrentar a los corruptos hoy y siempre.

La esencia de un sanmarquino

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El Clarín (Cajamarca Perú)
La Mula (Lima Perú)

La cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos (1551), la “Universidad de Perú y Decana de América” es un emblema de nuestra formación histórica. Desde sus aulas y desde fuera de ellas -a través de sus notables egresados- se gestó y configuró la República que hoy tenemos.

También fue actor clave y relevante de cada hito de nuestra historia. Ilustró a varios de los principales líderes gestores de nuestra independencia y, hasta los 80 y años más, formó a la mayoría de personajes que aportaron al Perú y al mundo sus conocimientos y análisis desde diversas disciplinas. La fecundidad es amplia, abarca las ciencias jurídicas, políticas, económicas, sociales, literiarias, etc..

San Marcos fue y es “tradición”, “prestigio”, “calidad”, “selectividad”, pero también espíritu contestatario. Me tocó vivirlo, en los 80, desde sociología en la Facultad de Ciencias Sociales y desde Derecho y Ciencia Políticas; y pese a los acechos del terrorismo senderista lo disfruté en lo que tiene de espíritu universitario y vocación universal de conocimiento. No obstante, algo pasó, algo falló, porque -ahora- como en algunas universidades de la Región, no suma. Siento que mi San Marcos, se ha vuelto indiferente y que ha perdido fuerza de interpelación frente al abuso y la arbitrariedad y otros problemas nacionales.

Radiografías de esta triste y cuestionable realidad, existen varias. En el siglo pasado, hubiese sido impensable que mafias corruptas y corruptoras como la “fujimontesinista” o “alanista”, operen impunemente controlando a sectores clave del Poder Judicial, Ministerio Público, Congreso y otras instituciones contraloras de la acción del Estado y que los sanmarquinos no les salgan al frente en las calles. Lo constaté -personalmente- durante las movilizaciones sociales de diciembre de 2018 y enero de 2019 en Lima que demandaban la salida del entonces Fiscal de la Nación Pedro Chávarry. A lo mejor porque era vacaciones. También lo percibo y con doble pesar, cada día, en la interacción con “amigos” de distintas carreras, por medio de redes sociales, a los que percibo sólo les queda reflejos para organizar festejos y una que otra ayuda solidaria; pues poco o nada opinan de, entre otros temas, la corrupción y el declive institucional que cada vez nos acerca más a una caricatura de democracia.

Soy consciente de que mi mirada de la realidad, de la relación de los sanmarquinos y nuestro Perú, los alejará de mi aún más, y asumo -estoicamente- los costos, porque para un sanmarquino nuestro país y la familia son prioridad, luego lo demás. Caminan en paralelo estos supremos intereses, no divorciados. Nos formamos a partir del conocimiento y la comprensión de lo que significa ser peruano y muchos dejamos las aulas amando la diversidad y multiculturalidad de nuestro Perú; pero no en la retórica sino en los actos, en acciones concretas.

Un verdadero sanmarquino es digno, no calla y sólo le teme a la ira de sus dioses. Un genuino sanmarquino observa, lee y ha aprendido a escuchar y además tiene voz y opinión propia; jamás es caja de resonancia de políticos y empresarios mediocres y con espíritu fenicio. Un auténtico sanmarquino se actualiza permanentemente, tiene cultura del trabajo, vocación de servicio y evita hacerse una carga burocrática. Un sanmarquino con esencia es respetuoso de las reglas de juego justas, jamás acepta forma alguna de abuso de poder y busca ser referente en valores y principios que hacen a una vida en democracia. Un sanmarquino tiene visión de país y es humilde porque es reflejo de todas las sangres de costa sierra y selva; y -algo medular en la vida- jamás censura ni limita la libre expresión, pues siempre está preparado para el debate autocrítico y constructivo.

Así como nunca es tarde para volver a empezar, nunca lo es para regresar a una vida digna, una vida consagrada a nuestra familia y al Perú; aquel que decimos amar.

¡Feliz aniversario 468 amada San Marcos! Te abrazo con fervor y agradecimiento desde el Sur.

Inmigrar es un derecho

Publicado en:
El Clarín (Cajamarca Perú)

Correo del Sur (Sucre Bolivia)

El ser humano por naturaleza ha sido, es y será migrante. Nada lo ha detenido, en el tiempo, en su proceso de movilización y adaptación en la faz de la tierra. No obstante, existen en el mundo, más visibles en las últimas décadas, visiones manchadas por el desconocimiento, el miedo y la intolerancia, que colocan a millones de seres humanos, en la condición de parias por ejercer su derecho a emigrar.

Desde el paleolítico y sus efectos climáticos en Africa, pasando por el periodo del Homo Erectus que llegó a Europa y Asia hace cientos de miles de años y los Homo Sapiens, experimentaron diversas olas migratorias y fusiones poblacionales hasta establecerse dentro y fuera de Africa. 

La invasión y colonización de América, otros tantos miles de años después, por ingleses, franceses, italianos, portugueses y, entre otros, los españoles -todos descendientes de migrantes Ilirios, dacios y tracios, georgianos, itálicos, etruscos, vénetos, ligures, colonos griegos, celtas, galos, réticos, suabos, vénetos, lugios y pueblos bálticos- son prueba irrefutable de que somos un crisol de mezclas emergentes de distintas e intermitentes olas migratorias y de exploración. 

Así, migrar es expresión del supremo valor del ser humano de ser y sentirse libre, de elegir su senda y transitarla. En ese sentido hoy, si bien es cierto existen avances en la construcción de marcos jurídicos a nivel nacional e internacional, aun falta fortalecer la gobernanza de la migración, a través de la adopción de una serie de normas jurídicas específicas, que emanen de las relaciones y negociaciones, como las binacionales y el multilateralismo, con el fin de restringir, regular y canalizar la migración; en coherencia con los derechos humanos de los migrantes y la necesidad de promover dichos derechos y protegerlos en el marco del ejercicio de la soberanía de los Estados. 

En la línea de lo anterior, en orden a los esfuerzos de la Organización Mundial para la Migración, es necesario promover y afianzar el desarrollo del derecho internacional sobre migración, el debate político y orientación, la protección de los derechos de los migrantes, la migración y salud y la dimensión de género en la migración.

En este marco de reflexión, ejemplos como el de los centroamericanos intentando llegar caminando -hace unos meses- a Estados Unidos, el de los cientos de migrantes y refugiados sirios que murieron intentando llegar a Europa, o los más de cuatro millones de venezolanos que -en los últimos años- abandonaron la patria de Bolívar, interpelan todos estos avances normativos e institucionales; pero sobre todo ponen en evidencia la conducta xenófoba que persiste en norteamericanos europeos y latinoamericanos.

La humanidad aun no ha comprendido, la situación de vulnerabilidad en la que la mayoría de migrantes se encuentra y -torpemente- la revictimiza con agresiones y ofensas de todo tipo, o desde la propia acción del Estado a través de la negación de servicios como el de salud o justicia. Ocurre –dramáticamente- en mi Perú frente a los venezolanos y ocurre en Bolivia cuando mis connacionales tienen el infortunio de estar en estrado judicial; entre otros ámbitos.

Está ocurriendo en este momento, mientras lee esta columna, y a casi nadie parece importarle. Pero no solo es indiferencia, es, en la mayoría de casos, una acción preterintencional de políticos populistas y sus aliados en sectores claves del mercado nacional e internacional, que actúan en la lógica de obtener beneficios económicos -de grupo o individuales- a costa de los derechos de los migrantes.

Paradójicamente, son los países que más beneficios han tenido de la migración, los que ahora la restringen y cuestionan. Doblemente paradójico es que sean los países que promovieron la suscripción de acuerdos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 y otros, los que ahora desconocen que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado; o a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

Todos tienen en su árbol familiar un migrante. Es deber esencial de todo Estado y sociedad, por ello y más, comprenderlo apoyarlo y respetarlo.

Cosas buenas están ocurriendo en mi Perú

Publicado en:

El Clarín (Cajamarca Perú)

El Poder (Tarapoto Perú)

Correo del Sur (Sucre Bolivia)

La Razón (La Paz Bolivia)

Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Bogotá Colombia) 

En las últimas semanas han ocurrido muchas cosas positivas en mi país, que el mundo no termina de comprender, por la sencilla razón de que no están preparados para valorar que cuando hay democracia un sistema de justicia opera con independencia institucional y autonomía funcional y, en ese marco, ninguna persona puede estar excluida de su alcance.

Resulta raro y extraño, sobre todo fuera de Perú, apreciar que tenemos jueces y fiscales con voz propia y que no tienen reparos en defender sus decisiones públicamente. Más inaudito aun es, y sin precedentes en nuestra historia de país, que estos integrantes del “sub sistema de justicia anticorrupción” tengan un respaldo social mayoritario de todas las sangres, del sector constructivo y democrático de la prensa y la academia informada y autocrítica.

Una legitimidad social, que encuentra raíces y justificación en el marcado e histórico control político de la justicia durante estos 197 años de República, que nos está permitiendo avanzar en un proceso -macro- de lucha contra la corrupción; el que, si se afianza normativa e institucionalmente y crece en el tiempo, podría ser sin vuelta atrás.

Este insólito proceso, denigrado cada día por políticos y sus operadores y aliados en la prensa empresa iglesia y otros ámbitos estratégicos, conforme avanza esclarece y desmitifica a algunos intocables. En esa medida, tiene en estrado judicial y, en el marco de un debido proceso, tras las rejas a la mayoría de la “clase política” peruana -de los últimos tiempos- acusados de corrupción.

Estos positivos resultados, más allá de los necesarios debates sobre la presunción de inocencia el uso “excesivo” de la detención preventiva y la falta de sentencia firme, traen consigo, por las evidencias de sus vínculos con Odebrecht que obran en poder de los fiscales y jueces, el potente mensaje de la necesidad de profundizar y ampliar la lucha contra la corrupción en el país; que por ahora sólo ha alcanzado a ex presidentes, uno que otro ex ministro, ex alcaldes (de Lima) y candidatas presidenciales. Todo está sumando al inicio de la moralización de la política nacional, que dará paso a su renovación -ojalá total- por personas con visión y genuino compromiso de país.

Pienso en los beneficios que podrían tener los sectores en situación de vulnerabilidad del Perú profundo, si esta lucha es llevada por el resto del sistema de justicia, con la firmeza de fiscales como Rafael Vela y José Pérez o jueces como Concepción Carhuancho y Jorge Luis Chávez -todos integrantes del “sub sistema de justicia anticorrupción”- a las otras (además de Lima) regiones provincias y distritos. Se lograría, estoy seguro, que los miles y miles de millones de soles que dejen de percibir los corruptos, se inviertan en servicios básicos como educación, salud, medio ambiente, justicia, etc. Una tarea posible, sólo si afianzamos y limpiamos nuestras instituciones contraloras, ampliamos la conciencia social anticorrupción, elegimos bien y les exigimos una oportuna y objetiva rendición de cuentas a los políticos en gobierno.

Gracias al “sub sistema de justicia anticorrupción”, además, la mayoría de peruanos está repensando la importancia de una vida en democracia. Millones hoy, han iniciado un proceso de revalorización del papel de jueces y fiscales en el control al poder político. Aun no lo perciben así, pero se deduce de sus multitudinarias marchas pacíficas, algunas de las cuáles hice parte en diciembre último, y persistentes opiniones en redes sociales y algunas encuestas a favor del país, respecto a lo que les ocurre a los últimos cuatro ex presidentes; todos acusados de corrupción.

Están entonces desfasadas y conspiran contra lo que le conviene a mi Perú, aquellas miradas nostálgicas de poder, de quiénes creen y afirman que vivimos una dictadura judicial. Que hay víctimas de un linchamiento mediático y que no rigen las reglas que hacen a un debido proceso. Es difícil aprender a vivir en democracia.

Los intereses supremos de un país, sin importar de cuál se trate, deben ser vivir sin corrupción, con menos gobierno y más instituciones, con ciudadanos que controlan a sus gobernantes; pero sobre todo con jueces y fiscales que están en condiciones de anteponer sus intereses a los de su país. Esto empieza a pasar en mi Perú y lo celebro desde el Sur.

Otras claves para comprender la educación con “enfoque de género”

Publicado en:
El Clarín (Cajamarca Perú)

Mi columna de la semana pasada, sobre este mismo tema, recibió comentarios públicos y no públicos que me motivan a desarrollar otras entradas, que confío ayuden a comprender porque respaldo y desarrollo acciones tendientes a profundizar el proceso de la educación con “enfoque de género”.

Inicio señalando que, desde hace décadas, el término “enfoque” se refiere al marco teórico, las metodologías e instrumentos que ciencias como las sociales, administrativas, económicas, jurídicas, políticas y otras, han ido generando con el fin de ayudar a que los Estados afiancen y profundicen sus procesos de país. Entre otros aportes, el incluir en las decisiones de los gobernantes los enfoques, los ha auto-limitado y ordenado. Éstos, inyectan fuerza a las acciones de gobierno y los hacen trascender al estado y nivel de política de Estado. Reducen además la posibilidad de iniciar todo de nuevo, en cada periodo gubernamental, debido a que preservan los lineamientos y bases de cualquier proceso.

Así, existen enfoques basados en los derechos humanos (“enfoque de derechos”), que coloca al ser humano como centro de las decisiones de Estado y apunta a la promoción y la protección de sus derechos humanos. El “enfoque intercultural”, fomenta la convivencia -en una relación de respeto a la realidad social, religiosa y diversa- entre personas de diferentes culturas y naciones (aymaras, quechuas, afrodescendientes, ashaninkas, shipibos, mestizos, migrantes, etc.) y religiones (adventistas, testigos de Jehová, israelitas, católicos, etc.) y también centra la mirada en la persona como protagonista y titular de derechos. El “enfoque de política pública” alude a la acción integral y programática del Estado, con el objeto de facilitar un mayor disfrute de los derechos económicos y sociales de toda la población y frenar las desigualdades que privan a muchos de una real pertenencia a la sociedad; entre otros aspectos. 

El “enfoque de género”, desde esta perspectiva y objetivo, promueve cambios en la llamada construcción social y cultural histórica de prácticas (relaciones de poder y desigualdades), símbolos, instituciones y normas que nuestras sociedades han desarrollado a partir de diferencias biológicas entre varones y mujeres. No es, en consecuencia, ideología que pervierte, asunto de Dios o del Diablo, del bien o del mal, etc. Es un proceso de lucha contra la discriminación estructural. Es decir, contra las desigualdades de derecho o de hecho, que se expresan en exclusión social, sometimiento y violencia de unos contra otros, bajo lógicas repetitivas y debido a complejas prácticas sociales, prejuicios y sistemas de creencias.

Estos enfoques no se contraponen, se complementan y transversalizan, porque todos -finalmente- promueven derechos y su ejercicio pleno; para una vida con dignidad, una vida con respeto al ser humano, una vida mejor. 

Derechos, entre otros, como: a una vida libre de violencia, es decir sin abuso y acoso sexual, política, física, psicológica, etc.; a la salud sexual y reproductiva, que se refiere al acceso a uso de métodos anticonceptivos, educación sexual integral, etc.; derecho a acceder y participar en espacios de toma de decisiones, considerando que la participación política de la mujer sigue siendo en gran parte del país y el mundo nominal e instrumentalizada.

El 2018, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, fueron asesinadas 149 mujeres y cada día del año 10 niños son víctimas de violación sexual. Según DATUM – 2016, más del 74% de los peruanos reconoció que tenemos un país machista. Según el Instituto Nacional de Estadísticas – INE 2016, el 44% aprueba la afirmación de que “a fin de evitar discusiones en el hogar, la mujer debe ceder” y el 21% considera que ninguna mujer debe contradecir las decisiones de su esposo. Según esta misma fuente en los últimos años cerca del 70% de personas LGTBI son discriminadas; asimismo, se cometen un promedio al año de 17 crímenes de odio (por razón de orientación sexual e identidad de género).

Esta aberrante realidad, expresa dolorosas y latentes violaciones a derechos de seres humanos en situación de vulnerabilidad y reflejan lo degenerada que aún es nuestra idiosincrasia y cultura. En ese sentido, es comprensible que sólo aquellos que golpean e insultan a sus mujeres e hijas, violan y muchas veces asesinan a niños niñas y acosan a adolecentes, agreden y matan a hombres o mujeres por su orientación o preferencia sexual, rechacen que desde la educación se ataquen y prevengan las CAUSAS que generan sus formas de violencia. Doblemente cuestionable resulta que, pese a la gravedad de lo que viene ocurriendo con estos seres humanos, políticos corruptos e inmorales se apoderen de estos temas y los instrumentalicen, al punto de colocarse -Ellos- como reservas de la moralidad y las buenas costumbres.

En su momento, en la evolución social de nuestros pueblos, la abolición de la esclavitud, el nacimiento de nuestros Estados, el voto (sufragio) de las mujeres, la jornada laboral de las 8 horas y otras conquistas sociales, tuvieron sus detractores. Ahora, una vida libre de violencia y sin discriminación, de seres humanos que pueden ser nuestros hijos, hermanos o padres, tienen los suyos. 

Hay que vencerlos con la fuerza de la razón y sin reproducir más cultura del odio. 

Sigamos avanzando…!!!