Publicado en:
El
Clarín (Cajamarca Perú)
Correo del Sur (Sucre Bolivia)
La Razón (La Paz Bolivia)
Red Latinoamericana y del Caribe para la
Democracia (Bogotá Colombia)
En las últimas semanas
han ocurrido muchas cosas positivas en mi país, que el mundo no termina de
comprender, por la sencilla razón de que no están preparados para valorar que
cuando hay democracia un sistema de justicia opera con independencia
institucional y autonomía funcional y, en ese marco, ninguna persona puede
estar excluida de su alcance.
Resulta raro y extraño,
sobre todo fuera de Perú, apreciar que tenemos jueces y fiscales con voz propia
y que no tienen reparos en defender sus decisiones públicamente. Más inaudito
aun es, y sin precedentes en nuestra historia de país, que estos integrantes
del “sub sistema de justicia anticorrupción” tengan un respaldo social
mayoritario de todas las sangres, del sector constructivo y democrático de la
prensa y la academia informada y autocrítica.
Una legitimidad social,
que encuentra raíces y justificación en el marcado e histórico control político
de la justicia durante estos 197 años de República, que nos está permitiendo
avanzar en un proceso -macro- de lucha contra la corrupción; el que, si se
afianza normativa e institucionalmente y crece en el tiempo, podría ser sin
vuelta atrás.
Este insólito proceso,
denigrado cada día por políticos y sus operadores y aliados en la prensa
empresa iglesia y otros ámbitos estratégicos, conforme avanza esclarece y
desmitifica a algunos intocables. En esa medida, tiene en estrado judicial y,
en el marco de un debido proceso, tras las rejas a la mayoría de la “clase
política” peruana -de los últimos tiempos- acusados de corrupción.
Estos positivos
resultados, más allá de los necesarios debates sobre la presunción de inocencia
el uso “excesivo” de la detención preventiva y la falta de sentencia firme,
traen consigo, por las evidencias de sus vínculos con Odebrecht que obran en
poder de los fiscales y jueces, el potente mensaje de la necesidad de
profundizar y ampliar la lucha contra la corrupción en el país; que por ahora
sólo ha alcanzado a ex presidentes, uno que otro ex ministro, ex alcaldes (de
Lima) y candidatas presidenciales. Todo está sumando al inicio de la
moralización de la política nacional, que dará paso a su renovación -ojalá
total- por personas con visión y genuino compromiso de país.
Pienso en los beneficios
que podrían tener los sectores en situación de vulnerabilidad del Perú
profundo, si esta lucha es llevada por el resto del sistema de justicia, con la
firmeza de fiscales como Rafael Vela y José Pérez o jueces como Concepción
Carhuancho y Jorge Luis Chávez -todos integrantes del “sub sistema de justicia
anticorrupción”- a las otras (además de Lima) regiones provincias y distritos.
Se lograría, estoy seguro, que los miles y miles de millones de soles que dejen
de percibir los corruptos, se inviertan en servicios básicos como educación,
salud, medio ambiente, justicia, etc. Una tarea posible, sólo si afianzamos y
limpiamos nuestras instituciones contraloras, ampliamos la conciencia social
anticorrupción, elegimos bien y les exigimos una oportuna y objetiva rendición
de cuentas a los políticos en gobierno.
Gracias al “sub sistema
de justicia anticorrupción”, además, la mayoría de peruanos está repensando la
importancia de una vida en democracia. Millones hoy, han iniciado un proceso de
revalorización del papel de jueces y fiscales en el control al poder político.
Aun no lo perciben así, pero se deduce de sus multitudinarias marchas
pacíficas, algunas de las cuáles hice parte en diciembre último, y persistentes
opiniones en redes sociales y algunas encuestas a favor del país, respecto a lo
que les ocurre a los últimos cuatro ex presidentes; todos acusados de
corrupción.
Están entonces
desfasadas y conspiran contra lo que le conviene a mi Perú, aquellas miradas
nostálgicas de poder, de quiénes creen y afirman que vivimos una dictadura
judicial. Que hay víctimas de un linchamiento mediático y que no rigen las
reglas que hacen a un debido proceso. Es difícil aprender a vivir en
democracia.
Los intereses supremos
de un país, sin importar de cuál se trate, deben ser vivir sin corrupción, con
menos gobierno y más instituciones, con ciudadanos que controlan a sus
gobernantes; pero sobre todo con jueces y fiscales que están en condiciones de
anteponer sus intereses a los de su país. Esto empieza a pasar en mi Perú y lo
celebro desde el Sur.
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