Publicado en:
El Clarín (Cajamarca Perú)
El Clarín (Cajamarca Perú)
La Mula (Lima Perú)
El Poder (Tarapoto Perú)
No, si entendemos la “reconciliación” como un proceso
de largo aliento, destinado a la reconstrucción del pacto social y político con
participación incluyente y efectiva; pero además asumido como un compromiso
permanente.
Este “proceso de
restablecimiento y refundación de los vínculos fundamentales entre los
peruanos” siguiendo la definición de la versión abreviada del informe de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) “Hatun Willakuy” -octavo capítulo-
de 2003, sigue siendo una recomendación, para la mayoría de nuestro pueblo y
gobernantes, desdeñada e ignorada.
No existen mecanismos
oficiales ni reportes de avances realizados en la dimensión política, relativa
a una reconciliación entre el Estado, la sociedad y los partidos políticos.
Tampoco en la dimensión social, referida a las instituciones de los espacios
públicos de la sociedad civil con la sociedad entera, de modo especial con los
grupos étnicos marginados. Menos en la dimensión interpersonal, correspondiente
a los miembros de comunidades o instituciones que se vieron enfrentados. En
este contexto, "El ojo que llora" es importante y sensibiliza, al
igual que las acciones de iniciativas ciudadanas como “Para que no se repita” o
“Caminos de la memoria”.
En ese sentido, la
“reconciliación” entre peruanos, tras el conflicto armado interno (1980 - 2000)
desatado por el grupo maoísta Sendero Luminoso, es otra de las agendas (como
las reformas integrales al sistema de justicia, a los partidos políticos o al
sistema electoral, entre otras) en la que los esfuerzos de las instituciones
del Estado y las organizaciones no públicas (como los partidos y organizaciones
políticas, cámaras de comercio, colegios de profesionales, universidades,
gremios de trabajadores, etc.), son protocolares, débiles e
insuficientes.
Han transcurrido más
de quince años de la presentación del informe final de la CVR y debido -desde
su publicación- a la falta de aceptación de algunas organizaciones políticas
como los fujimoristas, los apristas, otros y sus aliados en el mundo
empresarial (nacional e internacional), la Iglesia y la prensa, no se ha
avanzado en la lucha contra la marginalización y discriminación de aquellos
sectores de la población más afectados por la violencia durante los veinte años
del conflicto armado interno. Esta conducta de actores relevantes en la vida
del país, sumada a la pusilánime y -en muchos casos- desinformada mirada de la
burocracia, han impactado negativamente en los deberes del Estado de “brindar
verdad y justicia” y “reparar”.
La CVR constató que,
en orden a su primera conclusión, el conflicto armado interno “reveló brechas y
desencuentros profundos y dolorosos en la sociedad peruana”. Diecinueve años
después, corresponde preguntarnos ¿Éstas brechas y desencuentros se han
profundizado, se han mantenido o acortado? ¿Son prioridad en las políticas
públicas los marginalizados y discriminados? ¿Los peruanos y nuestros gobiernos
(a nivel nacional, regional o municipal) estamos trabajando para reencontrarnos
y reconciliarnos? ¿La CVR realmente significó una modificación en la postura
del Estado frente a nuestra historia oficial?
Ningún Estado en el
mundo que goza de salud democrática, que ha alcanzado indicadores
sobresalientes en materia de derechos humanos para su población y es ejemplo de
país, ha logrado ese estatus sin antes transitar por un largo proceso de
reconstrucción de sus vínculos fundamentales, identificación de objetivos y
trazo de una agenda de país querido. Ejemplos hay, incluso en el vecindario internacional.
Esta perspectiva de
país, que coincide en esencia con las conclusiones y recomendaciones de la CVR,
es opuesta a los intereses del bloque antidemocrático y corrupto que ha
administrado nuestro Estado -desde los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial (nos referimos al sistema de justicia)- en el presente siglo. Hay un
sinnúmero de tramas y hechos que lo demuestran y hasta la prensa afín a estos
sectores -desmañadamente- lo han reportado.
La “reconciliación”
entre los peruanos tiene enemigos naturales. Son los mismos que en nuestra
historia aprovechándose de su relación con el Estado lo instrumentalizaron para
su beneficio. Son los mismos que hoy intentan distraernos frente a la
corrupción que practican y promueven usando la política, la democracia y el
Estado. Son los mismos que atacan y desprecian a los jueces y fiscales
independientes; olvidando que es garantía de un debido proceso (derecho humano
y fundamental) y base de Estado democrático contar con un sistema de justicia
imparcial y justo. Son los mismos que periódicamente usan el “cuco” del
terrorismo y colocan, pese al cumplimiento de sus condenas, a seres humanos que
erraron de camino en la condición de parias.
Tenemos un país
excepcional, pero estamos fallando en lo medular. No hemos forjado aún un mismo
horizonte. Nos seguimos tratando como enemigos por razones políticas, de
origen, color de piel, creencias, etc. Por eso, nuestra conciencia y compromiso
democrático, no deben seguir siendo retórica, tampoco opacidad frente al abuso
de poder. La reconciliación nacional, que incluye a las diversas naciones y
culturas que habitan en nuestro territorio, es más que nunca una necesidad y en
ella no debemos transigir.
No hay comentarios:
Publicar un comentario