Inmigrar es un derecho

Publicado en:
El Clarín (Cajamarca Perú)

Correo del Sur (Sucre Bolivia)

El ser humano por naturaleza ha sido, es y será migrante. Nada lo ha detenido, en el tiempo, en su proceso de movilización y adaptación en la faz de la tierra. No obstante, existen en el mundo, más visibles en las últimas décadas, visiones manchadas por el desconocimiento, el miedo y la intolerancia, que colocan a millones de seres humanos, en la condición de parias por ejercer su derecho a emigrar.

Desde el paleolítico y sus efectos climáticos en Africa, pasando por el periodo del Homo Erectus que llegó a Europa y Asia hace cientos de miles de años y los Homo Sapiens, experimentaron diversas olas migratorias y fusiones poblacionales hasta establecerse dentro y fuera de Africa. 

La invasión y colonización de América, otros tantos miles de años después, por ingleses, franceses, italianos, portugueses y, entre otros, los españoles -todos descendientes de migrantes Ilirios, dacios y tracios, georgianos, itálicos, etruscos, vénetos, ligures, colonos griegos, celtas, galos, réticos, suabos, vénetos, lugios y pueblos bálticos- son prueba irrefutable de que somos un crisol de mezclas emergentes de distintas e intermitentes olas migratorias y de exploración. 

Así, migrar es expresión del supremo valor del ser humano de ser y sentirse libre, de elegir su senda y transitarla. En ese sentido hoy, si bien es cierto existen avances en la construcción de marcos jurídicos a nivel nacional e internacional, aun falta fortalecer la gobernanza de la migración, a través de la adopción de una serie de normas jurídicas específicas, que emanen de las relaciones y negociaciones, como las binacionales y el multilateralismo, con el fin de restringir, regular y canalizar la migración; en coherencia con los derechos humanos de los migrantes y la necesidad de promover dichos derechos y protegerlos en el marco del ejercicio de la soberanía de los Estados. 

En la línea de lo anterior, en orden a los esfuerzos de la Organización Mundial para la Migración, es necesario promover y afianzar el desarrollo del derecho internacional sobre migración, el debate político y orientación, la protección de los derechos de los migrantes, la migración y salud y la dimensión de género en la migración.

En este marco de reflexión, ejemplos como el de los centroamericanos intentando llegar caminando -hace unos meses- a Estados Unidos, el de los cientos de migrantes y refugiados sirios que murieron intentando llegar a Europa, o los más de cuatro millones de venezolanos que -en los últimos años- abandonaron la patria de Bolívar, interpelan todos estos avances normativos e institucionales; pero sobre todo ponen en evidencia la conducta xenófoba que persiste en norteamericanos europeos y latinoamericanos.

La humanidad aun no ha comprendido, la situación de vulnerabilidad en la que la mayoría de migrantes se encuentra y -torpemente- la revictimiza con agresiones y ofensas de todo tipo, o desde la propia acción del Estado a través de la negación de servicios como el de salud o justicia. Ocurre –dramáticamente- en mi Perú frente a los venezolanos y ocurre en Bolivia cuando mis connacionales tienen el infortunio de estar en estrado judicial; entre otros ámbitos.

Está ocurriendo en este momento, mientras lee esta columna, y a casi nadie parece importarle. Pero no solo es indiferencia, es, en la mayoría de casos, una acción preterintencional de políticos populistas y sus aliados en sectores claves del mercado nacional e internacional, que actúan en la lógica de obtener beneficios económicos -de grupo o individuales- a costa de los derechos de los migrantes.

Paradójicamente, son los países que más beneficios han tenido de la migración, los que ahora la restringen y cuestionan. Doblemente paradójico es que sean los países que promovieron la suscripción de acuerdos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 y otros, los que ahora desconocen que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado; o a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

Todos tienen en su árbol familiar un migrante. Es deber esencial de todo Estado y sociedad, por ello y más, comprenderlo apoyarlo y respetarlo.

Cosas buenas están ocurriendo en mi Perú

Publicado en:

El Clarín (Cajamarca Perú)

El Poder (Tarapoto Perú)

Correo del Sur (Sucre Bolivia)

La Razón (La Paz Bolivia)

Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Bogotá Colombia) 

En las últimas semanas han ocurrido muchas cosas positivas en mi país, que el mundo no termina de comprender, por la sencilla razón de que no están preparados para valorar que cuando hay democracia un sistema de justicia opera con independencia institucional y autonomía funcional y, en ese marco, ninguna persona puede estar excluida de su alcance.

Resulta raro y extraño, sobre todo fuera de Perú, apreciar que tenemos jueces y fiscales con voz propia y que no tienen reparos en defender sus decisiones públicamente. Más inaudito aun es, y sin precedentes en nuestra historia de país, que estos integrantes del “sub sistema de justicia anticorrupción” tengan un respaldo social mayoritario de todas las sangres, del sector constructivo y democrático de la prensa y la academia informada y autocrítica.

Una legitimidad social, que encuentra raíces y justificación en el marcado e histórico control político de la justicia durante estos 197 años de República, que nos está permitiendo avanzar en un proceso -macro- de lucha contra la corrupción; el que, si se afianza normativa e institucionalmente y crece en el tiempo, podría ser sin vuelta atrás.

Este insólito proceso, denigrado cada día por políticos y sus operadores y aliados en la prensa empresa iglesia y otros ámbitos estratégicos, conforme avanza esclarece y desmitifica a algunos intocables. En esa medida, tiene en estrado judicial y, en el marco de un debido proceso, tras las rejas a la mayoría de la “clase política” peruana -de los últimos tiempos- acusados de corrupción.

Estos positivos resultados, más allá de los necesarios debates sobre la presunción de inocencia el uso “excesivo” de la detención preventiva y la falta de sentencia firme, traen consigo, por las evidencias de sus vínculos con Odebrecht que obran en poder de los fiscales y jueces, el potente mensaje de la necesidad de profundizar y ampliar la lucha contra la corrupción en el país; que por ahora sólo ha alcanzado a ex presidentes, uno que otro ex ministro, ex alcaldes (de Lima) y candidatas presidenciales. Todo está sumando al inicio de la moralización de la política nacional, que dará paso a su renovación -ojalá total- por personas con visión y genuino compromiso de país.

Pienso en los beneficios que podrían tener los sectores en situación de vulnerabilidad del Perú profundo, si esta lucha es llevada por el resto del sistema de justicia, con la firmeza de fiscales como Rafael Vela y José Pérez o jueces como Concepción Carhuancho y Jorge Luis Chávez -todos integrantes del “sub sistema de justicia anticorrupción”- a las otras (además de Lima) regiones provincias y distritos. Se lograría, estoy seguro, que los miles y miles de millones de soles que dejen de percibir los corruptos, se inviertan en servicios básicos como educación, salud, medio ambiente, justicia, etc. Una tarea posible, sólo si afianzamos y limpiamos nuestras instituciones contraloras, ampliamos la conciencia social anticorrupción, elegimos bien y les exigimos una oportuna y objetiva rendición de cuentas a los políticos en gobierno.

Gracias al “sub sistema de justicia anticorrupción”, además, la mayoría de peruanos está repensando la importancia de una vida en democracia. Millones hoy, han iniciado un proceso de revalorización del papel de jueces y fiscales en el control al poder político. Aun no lo perciben así, pero se deduce de sus multitudinarias marchas pacíficas, algunas de las cuáles hice parte en diciembre último, y persistentes opiniones en redes sociales y algunas encuestas a favor del país, respecto a lo que les ocurre a los últimos cuatro ex presidentes; todos acusados de corrupción.

Están entonces desfasadas y conspiran contra lo que le conviene a mi Perú, aquellas miradas nostálgicas de poder, de quiénes creen y afirman que vivimos una dictadura judicial. Que hay víctimas de un linchamiento mediático y que no rigen las reglas que hacen a un debido proceso. Es difícil aprender a vivir en democracia.

Los intereses supremos de un país, sin importar de cuál se trate, deben ser vivir sin corrupción, con menos gobierno y más instituciones, con ciudadanos que controlan a sus gobernantes; pero sobre todo con jueces y fiscales que están en condiciones de anteponer sus intereses a los de su país. Esto empieza a pasar en mi Perú y lo celebro desde el Sur.

Otras claves para comprender la educación con “enfoque de género”

Publicado en:
El Clarín (Cajamarca Perú)

Mi columna de la semana pasada, sobre este mismo tema, recibió comentarios públicos y no públicos que me motivan a desarrollar otras entradas, que confío ayuden a comprender porque respaldo y desarrollo acciones tendientes a profundizar el proceso de la educación con “enfoque de género”.

Inicio señalando que, desde hace décadas, el término “enfoque” se refiere al marco teórico, las metodologías e instrumentos que ciencias como las sociales, administrativas, económicas, jurídicas, políticas y otras, han ido generando con el fin de ayudar a que los Estados afiancen y profundicen sus procesos de país. Entre otros aportes, el incluir en las decisiones de los gobernantes los enfoques, los ha auto-limitado y ordenado. Éstos, inyectan fuerza a las acciones de gobierno y los hacen trascender al estado y nivel de política de Estado. Reducen además la posibilidad de iniciar todo de nuevo, en cada periodo gubernamental, debido a que preservan los lineamientos y bases de cualquier proceso.

Así, existen enfoques basados en los derechos humanos (“enfoque de derechos”), que coloca al ser humano como centro de las decisiones de Estado y apunta a la promoción y la protección de sus derechos humanos. El “enfoque intercultural”, fomenta la convivencia -en una relación de respeto a la realidad social, religiosa y diversa- entre personas de diferentes culturas y naciones (aymaras, quechuas, afrodescendientes, ashaninkas, shipibos, mestizos, migrantes, etc.) y religiones (adventistas, testigos de Jehová, israelitas, católicos, etc.) y también centra la mirada en la persona como protagonista y titular de derechos. El “enfoque de política pública” alude a la acción integral y programática del Estado, con el objeto de facilitar un mayor disfrute de los derechos económicos y sociales de toda la población y frenar las desigualdades que privan a muchos de una real pertenencia a la sociedad; entre otros aspectos. 

El “enfoque de género”, desde esta perspectiva y objetivo, promueve cambios en la llamada construcción social y cultural histórica de prácticas (relaciones de poder y desigualdades), símbolos, instituciones y normas que nuestras sociedades han desarrollado a partir de diferencias biológicas entre varones y mujeres. No es, en consecuencia, ideología que pervierte, asunto de Dios o del Diablo, del bien o del mal, etc. Es un proceso de lucha contra la discriminación estructural. Es decir, contra las desigualdades de derecho o de hecho, que se expresan en exclusión social, sometimiento y violencia de unos contra otros, bajo lógicas repetitivas y debido a complejas prácticas sociales, prejuicios y sistemas de creencias.

Estos enfoques no se contraponen, se complementan y transversalizan, porque todos -finalmente- promueven derechos y su ejercicio pleno; para una vida con dignidad, una vida con respeto al ser humano, una vida mejor. 

Derechos, entre otros, como: a una vida libre de violencia, es decir sin abuso y acoso sexual, política, física, psicológica, etc.; a la salud sexual y reproductiva, que se refiere al acceso a uso de métodos anticonceptivos, educación sexual integral, etc.; derecho a acceder y participar en espacios de toma de decisiones, considerando que la participación política de la mujer sigue siendo en gran parte del país y el mundo nominal e instrumentalizada.

El 2018, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, fueron asesinadas 149 mujeres y cada día del año 10 niños son víctimas de violación sexual. Según DATUM – 2016, más del 74% de los peruanos reconoció que tenemos un país machista. Según el Instituto Nacional de Estadísticas – INE 2016, el 44% aprueba la afirmación de que “a fin de evitar discusiones en el hogar, la mujer debe ceder” y el 21% considera que ninguna mujer debe contradecir las decisiones de su esposo. Según esta misma fuente en los últimos años cerca del 70% de personas LGTBI son discriminadas; asimismo, se cometen un promedio al año de 17 crímenes de odio (por razón de orientación sexual e identidad de género).

Esta aberrante realidad, expresa dolorosas y latentes violaciones a derechos de seres humanos en situación de vulnerabilidad y reflejan lo degenerada que aún es nuestra idiosincrasia y cultura. En ese sentido, es comprensible que sólo aquellos que golpean e insultan a sus mujeres e hijas, violan y muchas veces asesinan a niños niñas y acosan a adolecentes, agreden y matan a hombres o mujeres por su orientación o preferencia sexual, rechacen que desde la educación se ataquen y prevengan las CAUSAS que generan sus formas de violencia. Doblemente cuestionable resulta que, pese a la gravedad de lo que viene ocurriendo con estos seres humanos, políticos corruptos e inmorales se apoderen de estos temas y los instrumentalicen, al punto de colocarse -Ellos- como reservas de la moralidad y las buenas costumbres.

En su momento, en la evolución social de nuestros pueblos, la abolición de la esclavitud, el nacimiento de nuestros Estados, el voto (sufragio) de las mujeres, la jornada laboral de las 8 horas y otras conquistas sociales, tuvieron sus detractores. Ahora, una vida libre de violencia y sin discriminación, de seres humanos que pueden ser nuestros hijos, hermanos o padres, tienen los suyos. 

Hay que vencerlos con la fuerza de la razón y sin reproducir más cultura del odio. 

Sigamos avanzando…!!!

Educación con “enfoque de género”

Publicado en:

El Clarín (Cajamarca Perú)

El Poder (Tarapoto Perú)

Nuevamente, y más que en otros momentos recientes, resuena en el país el debate sobre la educación con “enfoque de género”. Una cuestión que, por sus múltiples implicancias e impacto en el tejido social, pone -positivamente- en vitrina las diversas miradas que tenemos los peruanos sobre el ser humano, sus formas de relacionarse y el reconocimiento y ejercicio de sus derechos. 

Recordemos que, luego de un proceso judicial de veintisiete meses, a nivel de tribunal de cierre, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, en apelación promovida por el Ministerio de Educación, declaró “infundada” la acción interpuesta por el colectivo “Padres en Acción”; con lo que ratificó que el “enfoque de género” continúa en la currícula escolar. 

Se aprecian argumentos a favor y en contra de una educación igualitaria y no marcada por la diferenciación, el rechazo y la injusticia y también una postura vacilante de un sector, el mayoritario, del cual no se tiene una perspectiva clara; considerando su nivel educativo y que se trata de un tema complejo y, debido al divorcio entre las instituciones del Estado y la población, visto como muy lejano e intrascendente. 

Por un lado encontramos a los minoritarios, aquellos que agreden y en sus pasos practican y promueven la cultura del odio; desde la política, la prensa o la religión. Son los mismos que se oponen a la reconciliación entre los peruanos, desde dentro y fuera de las estructura del Estado. Son aquellos que poseen escasa información e intentan argumentar a partir de dogmas y elementos repetitivos desfasados y anti históricos, satanizando la decisión de la Corte Suprema de Justicia y a todo el que respalda el “enfoque de género” en nuestra educación. Se resisten, por su perfil antidemocrático, autoritario y machista, a aceptar que se trata de una decisión de un tribunal independiente que, ha formado y compatibilizado sus argumentos en las normas y jurisprudencia del derecho interno y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

En la otra orilla ubicamos a un prudente y respetuoso apoyo de académicos, de las diversas áreas del quehacer humano, activistas e instituciones especializadas en derechos humanos, quiénes tienen claro la necesidad de afianzar nuestro proceso educativo, trabajando en aspectos que hacen a la desigualdad de género y el enfoque que éste debería tener.

No obstante, como adelantamos, existe un tercer bloque conformado por la mayoría de la población, que no tiene claridad sobre las bondades o las afectaciones que puede acarrear un proceso educativo bajo criterios de igualdad y respeto del ser humano.

La palabra “género”, siguiendo a la profesora Camila Londoño, alude a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres con identidades (mujer, transgénero, transexual hombre, cisgénero), expresiones (femenina, andrógina masculina) y orientaciones sexuales diversas (heterosexual, bisexual, pansexual, homosexual, asexual). Añade que, de estas diferencias nacen los estereotipos de género, aquellos que han estado y siguen estando presentes en los procesos educativos generando desigualdad en la formación, brechas en los resultados académicos y desventajas para las mujeres en ciertas áreas y para los varones en otras. Afirma además que cuando hacemos diferenciación de género, hay discriminación y el futuro de las personas se ve afectado en el mundo laboral; salarios, cargos y pensiones son algunos de los factores que se comprometen e impactan en la calidad de vida de millones en la sociedad.

En ese sentido, es importante hablar de género en la educación, porque los sistemas educativos nacen las relaciones sociales que influyen en la cotidianidad, en la construcción de identidades y en la adquisición de conocimientos que permiten el desarrollo de niños y niñas. Desde esa perspectiva es fundamental construir espacios de enseñanza que estén lejos de los estereotipos y de los patrones que la sociedad asigna según el sexo de la persona. No existen tareas “sólo para hombres” y tareas “sólo para mujeres”. Este potente mensaje ha ayudado a construir aulas inclusivas sin tratos diferenciados en el mundo. Por eso, educar con “enfoque de género” es reconocer que niños y niñas tienen los mismos derechos, el mismo potencial de aprendizaje y desarrollo, y las mismas posibilidades de disfrutar de bienes, oportunidades, recursos y recompensas, al margen de sus diferencias biológicas.

El Estado peruano reconoce en su legislación nacional el enfoque de género, tal como evidencian, la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, el Plan de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021 y el Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016- 2021, en concordancia con compromisos internacionales que ha suscrito en materia de derechos humanos, como la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW), la Convención por los Derechos del Niño (CDN) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales (PIDESC) y lo definido por sus órganos de seguimiento a nivel de Naciones Unidas.

Por ello, con acierto, la decisión de la Corte Suprema de Justicia en su vigésimo octavo punto, enfatiza que “El asunto, por tanto, más allá de las categorías que puedan formularse y de las discusiones conceptuales que aquellas pudieran suscitar se reduce a términos muy sencillos: si comprobamos en nuestra sociedad la existencia de personas heterosexuales, homosexuales, transgénero o intersexuales, es nuestra obligación, por mandato, humano, convencional y constitucional, brindarles el mismo respeto y consideración que a cualquier otro ser humano. Por consiguiente, el currículo nacional de la educación básica tampoco puede ser acusado de inconstitucional por inculcar en nuestros estudiantes el respeto por las diferentes formas de expresión de la sexualidad”.

La educación con “enfoque de género” es en esencia, para todo país que quiere avanzar a un estadío de justicia y no impunidad y de respeto y no discriminación, un reto mayor. ¿Es dañino que las personas aprendan a reconocer sus derechos, a prevenir la violencia y a relacionarse de manera respetuosa, justa y pacífica?. Nuestro Perú, si apoyamos este proceso, puede ser un mejor país.

¿Estamos trabajando en la “reconciliación” entre peruanos?

Publicado en:
El Clarín (Cajamarca Perú)

La Mula (Lima Perú)

El Poder (Tarapoto Perú)

No, si entendemos la “reconciliación” como un proceso de largo aliento, destinado a la reconstrucción del pacto social y político con participación incluyente y efectiva; pero además asumido como un compromiso permanente.

Este “proceso de restablecimiento y refundación de los vínculos fundamentales entre los peruanos” siguiendo la definición de la versión abreviada del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) “Hatun Willakuy” -octavo capítulo- de 2003, sigue siendo una recomendación, para la mayoría de nuestro pueblo y gobernantes, desdeñada e ignorada.

No existen mecanismos oficiales ni reportes de avances realizados en la dimensión política, relativa a una reconciliación entre el Estado, la sociedad y los partidos políticos. Tampoco en la dimensión social, referida a las instituciones de los espacios públicos de la sociedad civil con la sociedad entera, de modo especial con los grupos étnicos marginados. Menos en la dimensión interpersonal, correspondiente a los miembros de comunidades o instituciones que se vieron enfrentados. En este contexto, "El ojo que llora" es importante y sensibiliza, al igual que las acciones de iniciativas ciudadanas como “Para que no se repita” o “Caminos de la memoria”.

En ese sentido, la “reconciliación” entre peruanos, tras el conflicto armado interno (1980 - 2000) desatado por el grupo maoísta Sendero Luminoso, es otra de las agendas (como las reformas integrales al sistema de justicia, a los partidos políticos o al sistema electoral, entre otras) en la que los esfuerzos de las instituciones del Estado y las organizaciones no públicas (como los partidos y organizaciones políticas, cámaras de comercio, colegios de profesionales, universidades, gremios de trabajadores, etc.), son protocolares, débiles e insuficientes. 

Han transcurrido más de quince años de la presentación del informe final de la CVR y debido -desde su publicación- a la falta de aceptación de algunas organizaciones políticas como los fujimoristas, los apristas, otros y sus aliados en el mundo empresarial (nacional e internacional), la Iglesia y la prensa, no se ha avanzado en la lucha contra la marginalización y discriminación de aquellos sectores de la población más afectados por la violencia durante los veinte años del conflicto armado interno. Esta conducta de actores relevantes en la vida del país, sumada a la pusilánime y -en muchos casos- desinformada mirada de la burocracia, han impactado negativamente en los deberes del Estado de “brindar verdad y justicia” y “reparar”. 

La CVR constató que, en orden a su primera conclusión, el conflicto armado interno “reveló brechas y desencuentros profundos y dolorosos en la sociedad peruana”. Diecinueve años después, corresponde preguntarnos ¿Éstas brechas y desencuentros se han profundizado, se han mantenido o acortado? ¿Son prioridad en las políticas públicas los marginalizados y discriminados? ¿Los peruanos y nuestros gobiernos (a nivel nacional, regional o municipal) estamos trabajando para reencontrarnos y reconciliarnos? ¿La CVR realmente significó una modificación en la postura del Estado frente a nuestra historia oficial?

Ningún Estado en el mundo que goza de salud democrática, que ha alcanzado indicadores sobresalientes en materia de derechos humanos para su población y es ejemplo de país, ha logrado ese estatus sin antes transitar por un largo proceso de reconstrucción de sus vínculos fundamentales, identificación de objetivos y trazo de una agenda de país querido. Ejemplos hay, incluso en el vecindario internacional. 

Esta perspectiva de país, que coincide en esencia con las conclusiones y recomendaciones de la CVR, es opuesta a los intereses del bloque antidemocrático y corrupto que ha administrado nuestro Estado -desde los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (nos referimos al sistema de justicia)- en el presente siglo. Hay un sinnúmero de tramas y hechos que lo demuestran y hasta la prensa afín a estos sectores -desmañadamente- lo han reportado.

La “reconciliación” entre los peruanos tiene enemigos naturales. Son los mismos que en nuestra historia aprovechándose de su relación con el Estado lo instrumentalizaron para su beneficio. Son los mismos que hoy intentan distraernos frente a la corrupción que practican y promueven usando la política, la democracia y el Estado. Son los mismos que atacan y desprecian a los jueces y fiscales independientes; olvidando que es garantía de un debido proceso (derecho humano y fundamental) y base de Estado democrático contar con un sistema de justicia imparcial y justo. Son los mismos que periódicamente usan el “cuco” del terrorismo y colocan, pese al cumplimiento de sus condenas, a seres humanos que erraron de camino en la condición de parias. 

Tenemos un país excepcional, pero estamos fallando en lo medular. No hemos forjado aún un mismo horizonte. Nos seguimos tratando como enemigos por razones políticas, de origen, color de piel, creencias, etc. Por eso, nuestra conciencia y compromiso democrático, no deben seguir siendo retórica, tampoco opacidad frente al abuso de poder. La reconciliación nacional, que incluye a las diversas naciones y culturas que habitan en nuestro territorio, es más que nunca una necesidad y en ella no debemos transigir.

Otras claves para comprender la educación con “enfoque de género”

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El Clarín (Cajamarca Perú)

Mi columna de la semana pasada, sobre este mismo tema, recibió comentarios públicos y no públicos que me motivan a desarrollar otras entradas, que confío ayuden a comprender porque respaldo y desarrollo acciones tendientes a profundizar el proceso de la educación con “enfoque de género”.

Inicio señalando que, desde hace décadas, el término “enfoque” se refiere al marco teórico, las metodologías e instrumentos que ciencias como las sociales, administrativas, económicas, jurídicas, políticas y otras, han ido generando con el fin de ayudar a que los Estados afiancen y profundicen sus procesos de país. Entre otros aportes, el incluir en las decisiones de los gobernantes los enfoques, los ha auto-limitado y ordenado. Éstos, inyectan fuerza a las acciones de gobierno y los hacen trascender al estado y nivel de política de Estado. Reducen además la posibilidad de iniciar todo de nuevo, en cada periodo gubernamental, debido a que preservan los lineamientos y bases de cualquier proceso.

Así, existen enfoques basados en los derechos humanos (“enfoque de derechos”), que coloca al ser humano como centro de las decisiones de Estado y apunta a la promoción y la protección de sus derechos humanos. El “enfoque intercultural”, fomenta la convivencia -en una relación de respeto a la realidad social, religiosa y diversa- entre personas de diferentes culturas y naciones (aymaras, quechuas, afrodescendientes, ashaninkas, shipibos, mestizos, migrantes, etc.) y religiones (adventistas, testigos de Jehová, israelitas, católicos, etc.) y también centra la mirada en la persona como protagonista y titular de derechos. El “enfoque de política pública” alude a la acción integral y programática del Estado, con el objeto de facilitar un mayor disfrute de los derechos económicos y sociales de toda la población y frenar las desigualdades que privan a muchos de una real pertenencia a la sociedad; entre otros aspectos.

El “enfoque de género”, desde esta perspectiva y objetivo, promueve cambios en la llamada construcción social y cultural histórica de prácticas (relaciones de poder y desigualdades), símbolos, instituciones y normas que nuestras sociedades han desarrollado a partir de diferencias biológicas entre varones y mujeres. No es, en consecuencia, ideología que pervierte, asunto de Dios o del Diablo, del bien o del mal, etc. Es un proceso de lucha contra la discriminación estructural. Es decir, contra las desigualdades de derecho o de hecho, que se expresan en exclusión social, sometimiento y violencia de unos contra otros, bajo lógicas repetitivas y debido a complejas prácticas sociales, prejuicios y sistemas de creencias.

Estos enfoques no se contraponen, se complementan y transversalizan, porque todos -finalmente- promueven derechos y su ejercicio pleno; para una vida con dignidad, una vida con respeto al ser humano, una vida mejor.

Derechos, entre otros, como: a una vida libre de violencia, es decir sin abuso y acoso sexual, política, física, psicológica, etc.; a la salud sexual y reproductiva, que se refiere al acceso a uso de métodos anticonceptivos, educación sexual integral, etc.; derecho a acceder y participar en espacios de toma de decisiones, considerando que la participación política de la mujer sigue siendo en gran parte del país y el mundo nominal e instrumentalizada.

El 2018, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, fueron asesinadas 149 mujeres y cada día del año 10 niños son víctimas de violación sexual. Según DATUM – 2016, más del 74% de los peruanos reconoció que tenemos un país machista. Según el Instituto Nacional de Estadísticas – INE 2016, el 44% aprueba la afirmación de que “a fin de evitar discusiones en el hogar, la mujer debe ceder” y el 21% considera que ninguna mujer debe contradecir las decisiones de su esposo. Según esta misma fuente en los últimos años cerca del 70% de personas LGTBI son discriminadas; asimismo, se cometen un promedio al año de 17 crímenes de odio (por razón de orientación sexual e identidad de género).

Esta aberrante realidad, expresa dolorosas y latentes violaciones a derechos de seres humanos en situación de vulnerabilidad y reflejan lo degenerada que aún es nuestra idiosincrasia y cultura. En ese sentido, es comprensible que sólo aquellos que golpean e insultan a sus mujeres e hijas, violan y muchas veces asesinan a niños niñas y acosan a adolecentes, agreden y matan a hombres o mujeres por su orientación o preferencia sexual, rechacen que desde la educación se ataquen y prevengan las CAUSAS que generan sus formas de violencia. Doblemente cuestionable resulta que, pese a la gravedad de lo que viene ocurriendo con estos seres humanos, políticos corruptos e inmorales se apoderen de estos temas y los instrumentalicen, al punto de colocarse -Ellos- como reservas de la moralidad y las buenas costumbres.

En su momento, en la evolución social de nuestros pueblos, la abolición de la esclavitud, el nacimiento de nuestros Estados, el voto (sufragio) de las mujeres, la jornada laboral de las 8 horas y otras conquistas sociales, tuvieron sus detractores. Ahora, una vida libre de violencia y sin discriminación, de seres humanos que pueden ser nuestros hijos, hermanos o padres, tienen los suyos.

Hay que vencerlos con la fuerza de la razón y sin reproducir más cultura del odio.

Sigamos avanzando…!!! 

¿Estamos trabajando en la “reconciliación” entre peruanos?

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El Clarín (Cajamarca Perú)

No, si entendemos la “reconciliación” como un proceso de largo aliento, destinado a la reconstrucción del pacto social y político con participación incluyente y efectiva; pero además asumido como un compromiso permanente.

Este “proceso de restablecimiento y refundación de los vínculos fundamentales entre los peruanos” siguiendo la definición de la versión abreviada del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) “Hatun Willakuy” -octavo capítulo- de 2003, sigue siendo una recomendación, para la mayoría de nuestro pueblo y gobernantes, desdeñada e ignorada.

No existen mecanismos oficiales ni reportes de avances realizados en la dimensión política, relativa a una reconciliación entre el Estado, la sociedad y los partidos políticos. Tampoco en la dimensión social, referida a las instituciones de los espacios públicos de la sociedad civil con la sociedad entera, de modo especial con los grupos étnicos marginados. Menos en la dimensión interpersonal, correspondiente a los miembros de comunidades o instituciones que se vieron enfrentados. En este contexto, "El ojo que llora" es importante y sensibiliza, al igual que las acciones de iniciativas ciudadanas como “Para que no se repita” o “Caminos de la memoria”.

En ese sentido, la “reconciliación” entre peruanos, tras el conflicto armado interno (1980 - 2000) desatado por el grupo maoísta Sendero Luminoso, es otra de las agendas (como las reformas integrales al sistema de justicia, a los partidos políticos o al sistema electoral, entre otras) en la que los esfuerzos de las instituciones del Estado y las organizaciones no públicas (como los partidos y organizaciones políticas, cámaras de comercio, colegios de profesionales, universidades, gremios de trabajadores, etc.), son protocolares, débiles e insuficientes.

Han transcurrido más de quince años de la presentación del informe final de la CVR y debido -desde su publicación- a la falta de aceptación de algunas organizaciones políticas como los fujimoristas, los apristas, otros y sus aliados en el mundo empresarial (nacional e internacional), la Iglesia y la prensa, no se ha avanzado en la lucha contra la marginalización y discriminación de aquellos sectores de la población más afectados por la violencia durante los veinte años del conflicto armado interno. Esta conducta de actores relevantes en la vida del país, sumada a la pusilánime y -en muchos casos- desinformada mirada de la burocracia, han impactado negativamente en los deberes del Estado de “brindar verdad y justicia” y “reparar”.

La CVR constató que, en orden a su primera conclusión, el conflicto armado interno “reveló brechas y desencuentros profundos y dolorosos en la sociedad peruana”. Diecinueve años después, corresponde preguntarnos ¿Éstas brechas y desencuentros se han profundizado, se han mantenido o acortado? ¿Son prioridad en las políticas públicas los marginalizados y discriminados? ¿Los peruanos y nuestros gobiernos (a nivel nacional, regional o municipal) estamos trabajando para reencontrarnos y reconciliarnos? ¿La CVR realmente significó una modificación en la postura del Estado frente a nuestra historia oficial?

Ningún Estado en el mundo que goza de salud democrática, que ha alcanzado indicadores sobresalientes en materia de derechos humanos para su población y es ejemplo de país, ha logrado ese estatus sin antes transitar por un largo proceso de reconstrucción de sus vínculos fundamentales, identificación de objetivos y trazo de una agenda de país querido. Ejemplos hay, incluso en el vecindario internacional.

Esta perspectiva de país, que coincide en esencia con las conclusiones y recomendaciones de la CVR, es opuesta a los intereses del bloque antidemocrático y corrupto que ha administrado nuestro Estado -desde los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (nos referimos al sistema de justicia)- en el presente siglo. Hay un sinnúmero de tramas y hechos que lo demuestran y hasta la prensa afín a estos sectores -desmañadamente- lo han reportado.

La “reconciliación” entre los peruanos tiene enemigos naturales. Son los mismos que en nuestra historia aprovechándose de su relación con el Estado lo instrumentalizaron para su beneficio. Son los mismos que hoy intentan distraernos frente a la corrupción que practican y promueven usando la política, la democracia y el Estado. Son los mismos que atacan y desprecian a los jueces y fiscales independientes; olvidando que es garantía de un debido proceso (derecho humano y fundamental) y base de Estado democrático contar con un sistema de justicia imparcial y justo. Son los mismos que periódicamente usan el “cuco” del terrorismo y colocan, pese al cumplimiento de sus condenas, a seres humanos que erraron de camino en la condición de parias.

Tenemos un país excepcional, pero estamos fallando en lo medular. No hemos forjado aún un mismo horizonte. Nos seguimos tratando como enemigos por razones políticas, de origen, color de piel, creencias, etc. Por eso, nuestra conciencia y compromiso democrático, no deben seguir siendo retórica, tampoco opacidad frente al abuso de poder. La reconciliación nacional, que incluye a las diversas naciones y culturas que habitan en nuestro territorio, es más que nunca una necesidad y en ella no debemos transigir. 

El Perú es multicultural

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El Clarín (Cajamarca Perú)

Los peruanos no tienen una característica particular, pues en una sociedad como la nuestra rige la diversidad, y en ella caben tanto los que valen su peso en oro como los que no tienen por bandera la dignidad.

Empero, mientras haya gobernantes (a nivel municipal, regional o nacional), políticos, periodistas y otros personajes con espacios para influir que asocien al peruano con la tristeza la desconfianza la pandilla o el robo, hay razones para la réplica, porque peruanos son los empresarios emergentes que crean riqueza y desafían la ‘gravedad’, peruanos son los que socavaron los túneles y sembraron en las laderas desde tiempos ancestrales, peruanos son hoy los que abren zanjas para que discurran las aguas hayan cosechas y se alimenten los más de 32 millones de compatriotas y los amigos migrantes que ahora acogemos con comprensión cariño y solidaridad.

No es la tristeza la desconfianza la pandilla o el robo las que nos caracterizan, sino el coraje frente al reto y la derrota. No fueron tristes ni resignados, sino rebeldes empedernidos, personajes como Túpac Amaru, quien resistió que los invasores lo desmembraran en pedazos; o Bolognesi, quien eludió la fuga en nombre del honor y la muerte digna ¿Y qué decir de Grau que puso en vilo a toda una escuadra de la oligarquía sureña y sus aliados imperiales? ¿Y qué del pueblo -de hoy- que ganado por el civismo toma las calles en defensa de sus jueces y fiscales independientes y lucha contra las organizaciones criminales que tienen secuestradas algunas de nuestras instituciones democráticas? 

Que hay tristes al margen, los hay, como también hay desconfiados, degenerados y rufianes, pero personajes como Carlos Tubino Jaime Bayly Milagros Leiva y otros abusan de la generalización y sin recusar el exceso, se pierden en la exageración. Alguna vez, el inefable Bayly resintió que los peruanos altoandinos votarán por Ollanta Humala, porque en la serranía lo que escasea es el oxigeno. Quienes sostienen tales teorías, tan ligeras, olvidan la diversidad y que el criollismo, así como es melancolía, también es jarana y cajón; olvidan la marinera y el cimbreo de la negritud; olvidan las hazañas alegres y las formas de dolerse y condolerse.

El Perú es diversidad, y así como en mi Agua Blanca (San Miguel - Cajamarca) lloran y hacen la lava y guardan luto por sus muertos, en Chincha a la muerte del cercano todos bailan entre velas sobre el cadáver. En otras comunidades del sur fiestean por la tierra y la consagran como un don.

Tan plurales somos que toda generalización deviene en una afrenta y en una señal, la que indica que pocos son los que entienden que el Perú se ha erigido y se sigue construyendo en base a la ‘variedad’, y que en la variedad se expresa nuestra pluralidad cultural.

Mientras juzgo la tristeza del vals de Pinglo o la amargura de un huaylas, quizás en alguna comunidad campesina de Chuquinga o Tapairihua (en Apurímac) o entre los nativos de la fronda más agreste de Iñapari (en Madre de Dios), la alegría sea una constancia, cuando no un don.

Muchos son los vehículos para entender esta diversidad, que diversas emociones expresa, uno de ellas es la justicia. Son los jueces los que están llamados a entender el conjunto en cada una de sus partes y los propios límites de su justicia más allá de los estereotipos de la urbe occidental.

Los jueces, en su interacción con las comunidades, van comprendiendo, precisamente que muchos son los valores y las sensibilidades, como muchas son las normas y las autorreferencias. Por tales motivos, no hay forma de entender al Perú a través de un único término o categoría, a ese Perú plural y cargado de laberintos raciales y culturales.

Que el próximo “Día de la Eliminación de la Discriminación racial”, el 2020, sea un motivo de celebración y no de continuismo e indiferencia socio-político frente a un problema nacional que nunca fue un juego. 

Que la interculturalidad y el diálogo sean una forma de entender que en el espejo nacional no siempre nos reflejamos nosotros, sino una multitud que nunca acabamos de comprender y menos de asimilar.

Contraloría y lucha contra la corrupción

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El Clarín (Cajamarca Perú)

La lucha contra la corrupción en nuestros países, desde una perspectiva de real vigencia de derechos y mejor salud de las instituciones democráticas (sistema de justicia, parlamento, etc.), debe consolidarse como la agenda central necesaria y de impostergable atención por parte del marco jurídico e institucional de todo Estado y nivel o tipo de organización social. No hay otra opción y el momento para afianzar este proceso, que por hoy es más social que estatal, es ahora. 

Está en juego un mejor o peor futuro de los peruanos que nos suceden. Es la apuesta por construir un país con principios y valores democráticos o darse por vencidos ante la corrupción y cederles espacio a las organizaciones criminales que pululan y se multiplican y, en su lógica delictiva incluso desde el propio Estado, se resisten a perder sus privilegios y espacios en la vida pública y privada. Los casos del ex fiscal de la nación Pedro Chávarry, del prófugo ex magistrado supremo César Hinostroza, los “cuellos blancos del puerto” y sus nexos con Odebrech y las figuras más visibles de la política nacional, son apenas una parte de la radiografía de esta lacerante realidad. 

Como lo hemos expresado antes, en este y otros espacios de opinión, la corrupción acosa a nuestro país y en esa medida ha penetrado transversalmente los diversos espacios de la vida estatal (principalmente alcaldías, gobernaciones regionales y los últimos gobiernos nacionales) y no estatal de nuestras sociedades (como la prensa, la empresa privada, etc.) y debemos combatirla sin tregua hasta vencerla. En ese sentido, es destacable que en nuestro Perú, además de la vía judicial y los mecanismos que prevé el sistema electoral, tengamos desde casi un año, la posibilidad de suspensión e inhabilitación de gobernadores regionales y alcaldes por parte de la Contraloría General de la República. Resulta claro que los propios mecanismos de autocontrol de las alcaldías y gobiernos regionales, reconocidas por sus propias leyes, hasta ahora en la mayoría de casos, han favorecido y afianzado la corrupción y la impunidad.

A inicios de este milenio, con un amigo querido, dimos batalla judicial para vacar a un alcalde que -con todo desparpajo- compró votos con dinero del municipio para reelegirse (en Agua Blanca - San Miguel - Cajamarca), y lo logramos faltando unos meses para que concluya su mandato. Enfrentamos, como personas comunes y con nuestros propios recursos económicos y el apoyo de unos cuantos paisanos honestos de nuestras colonias, las peores expresiones y rostros de la retardación y la corrupción judicial en Cajamarca. Lo refiero, porque luego del Poder Judicial (en el que ganamos el proceso hasta en la Corte Suprema) nos tocó enfrentar al alcalde, que seguía usando el dinero de mi pueblo, en el Jurado Nacional de Elecciones. Un mal ejemplo, que grafica los amplios márgenes de impunidad que aun existen para autoridades políticas elegidas por voto popular en los distritos, provincias y regiones del país; como consecuencia de una insuficiente legislación y una acentuada tolerancia social y de los servidores públicos a las diversas formas de corrupción. 

En orden a lo anterior, considerando que el actual Congreso es el peor que hemos tenido desde la década de la dictadura de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y las FFAA y a lo mejor de nuestra historia de país, al cumplirse casi un año de la aprobación de la Ley Nº 30742 “Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control”, es importante conocer cuál es el balance de labores en la lucha contra la corrupción que ofrece la Contraloría al país. Importa saber ¿a cuántos gobernadores regionales y alcaldes suspendieron e inhabilitaron, al encontrar irregularidades en su gestión?, ¿Qué infracciones administrativas, de las identificadas por la Contraloría, son las más recurrentes?, ¿qué niveles de coordinación tienen con el sistema de justicia anticorrupción?, ¿Qué responsabilidades compartidas con la población han identificado, para un trabajo articulado?, ¿Es necesario potenciar a otras autoridades (prefectos y subprefectos por ejemplo) o con la estructura y recursos humanos que tiene la Contraloría es suficiente?.

Es importante conocer el impacto de esta ley en la vida del país o seguimos inmersos en el espiral ¿a mayor lejanía de las grandes urbes y capital mayor corrupción e impunidad?.

Somos el tercer país con más territorio en el sur de América y durante el año 2018 el segundo con mayor PBI de América Latina. Por eso, y más razones, necesitamos leyes útiles, eficaces y contextualizadas. Dejar de ser uno de los paraísos de la corrupción e impunidad, es no soslayar estos elementos y presupuestos. Luchar contra la corrupción, desde el Estado con estos enfoques, también es promover y defender los derechos humanos de aquellos sectores en situación de vulnerabilidad.

FFAA y servicio militar obligatorio

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El Clarín (Cajamarca Perú)

Hace unos días comenté, siempre constructivamente y sin interés propio, una publicación en Facebook de un amigo y ex colega de trabajo y recibí, de otro amigo común al que aprecio y respeto, una opinión contraria que me motiva a retomar y visibilizar mi perspectiva de este tema en la presente columna de opinión. 

Ante la posibilidad de que el servicio militar vuelva a ser obligatorio, si el proyecto del congresista de Cambio 21 Luis Yika prosperase, expresé que “todo esto nos lleva a replantear el papel de las FFAA en la Región. NO APORTAN EN NADA...!!! Lo que consumen debe reorientarse a educación, salud, justicia y otros ámbitos de nuestros ordenamientos de Estado.”

Primeramente decir que es bueno abordar un tema del que los grupos de poder (económico fundamentalmente), sus aliados y operadores, en nuestro país evitan debatir. Esto debe cambiar y lograrlo implica que nuestros gobernantes y generadores de opinión abran su mente. El estatus que tienen organizaciones como la iglesia católica, las FFAA y otras de estructura vertical, que hacen a la “vida nacional”, no debe seguirlas colocando en una ubicación de intocables. 

Luego dejar anotadas algunas interrogantes para la reflexión colectiva ¿Cuál es el papel que tienen -hoy por hoy- las fuerzas armadas en países en los que hay caudillismo, concentración de poder en la figura presidencial y declive de la institucionalidad democrática? y, mirando en la historia reciente de nuestro país (puedo citar decenas de casos en América Latina), ¿Qué de rescatable nos dejó lo que hicieron las fuerzas armadas de la década del régimen de los reclusos Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos? ¿Qué aportes concretos (verificables y medibles) están realizado al país? ¿Es o sólo debe ser su rol la defensa territorial?. 

En Costa Rica, país que no tiene fuerzas armadas desde hace más de 70 años, el presupuesto del Poder Judicial representa el 5.6% del producto bruto interno nacional (promedio de la última década). Tiene además, producto de estas medidas, un servicio de salud y educación con indicadores positivos reconocidos por su población y destacados por la comunidad internacional. ¿Ha sufrido recortes de su territorio por invasiones o guerras desde entonces?

Cómo están organizadas las fuerzas armadas jamás será útil al Perú. Privilegios, que ofenden la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran sectores excluidos del país, como clubes con piscinas, canchas para diversos deportes, salones de diversión, etc, etc) sólo para militares y sus familias, vehículos con dinero y gasolina para la cúpula (que paga la población vía impuestos) ministerio y una burocracia innecesaria, etc, etc, debe desaparecer hasta lo estrictamente necesario. No pueden seguir usando de esta manera el dinero de los peruanos, cuando hay centenares de personas que año a año mueren de frio en la sierra.

No estoy abogando por la desaparición de las FFAA, a lo mejor más adelante lo haga cuando hayan consensos en esa dirección en los países de la región, pero para que justifiquen -mínimamente- su existencia éstas deben pasar por un proceso de auto reingeniería institucional y verdadera profesionalización. 

En este marco, promover el retorno del servicio militar obligatorio resulta absurdo y ofende, porque -además de distraer a la población de los temas centrales como la crisis de gobernabilidad por la corrupción- intenta afirmar un poder impuesto y de culto a las jerarquías; que es incompatible con una sociedad con cultura y vocación democrática. Pretende además incrementar el presupuesto de las FFAA y poner al servicio de las camarillas militares mano de obra barata y hasta gratis.

¿No es cierto acaso que el servicio militar obligatorio es solo para población reclutada de los sectores marginales? ¿Cuándo los adinerados e influyentes han hecho el servicio militar? ¿Tiene utilidad militar propiamente este mal llamado servicio?

Por eso, me ratifico, las FFAA de hoy no aportan al desarrollo de un Perú con oportunidades para todos y todas; sólo mantienen un status quo que los grupos de poder aplauden y defienden (iglesia, prensa, empresa, políticos) porque les asegura sostenibilidad.

Otros aspectos que fortalecen la justicia

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El Clarín (Cajamarca Perú)

Nuestros sistemas judiciales no han logrado, pese a sus avances normativos (en lo pluricultural, género, etc), internalizar en los jueces y fiscales criterios de acción. El cumplimiento de normas y estándares internacionales de derechos humanos (DDHH), la independencia judicial (IJ), la transparencia institucional (TI) y el acceso a la justicia (AJ), son algunos ámbitos.

DDHH: El juez es aplicador del Derecho, aunque históricamente se asuma que en ejercicio de la soberanía jurídica le corresponda -en específico- aplicar las normas nacionales. Dictar Derecho entonces se torna en una actividad que descarta los estándares internacionales.

Es necesario, en ese sentido, asumir que el proceso de formación judicial en las academias o escuelas judiciales y fiscales debe contemplar en sus currículas la complementación de la norma nacional con la norma internacional de derechos humanos. Sumaría igualmente que las facultades de Derecho con la judicatura, desarrollasen capacitaciones que fuercen al juez a dar una mirada a las normas y principios internacionales y avizorar los supuestos de hecho en los que esta normativa internacional se aplica. Importaría también que la asistencia técnica de ONGs y agencias de cooperación incidan en la formación judicial y en la búsqueda de indicadores, identificando aleatoriamente aquellos casos en los que el juez dictó justicia prescindiendo de estos principios y normas internacionales.

Por otro lado, no se constata la existencia de bases de datos electrónicas ni bibliotecas virtuales que favorezcan el acceso a fuentes del Derecho Internacional. De esta manera, el problema no es que exista una exclusión deliberada en los sistemas judiciales, con relación a estas normas, sino que no hay facilidades de acceso a la información ni la propiciación de una cultura de derechos humanos. 

IJ: La mayoría de jueces y fiscales no conocen necesariamente todos los supuestos en los que operan casos de falta de independencia judicial, asumiéndose que ésta se concreta solo cuando el poder político pretende intervenir; dejando de lado la presión de la prensa y la opinión pública en determinados casos.

Conviene distinguir, en esa línea, la independencia del Órgano Judicial de la independencia del juez, individualmente considerado. Esta diferenciación nos permitirá plantear estrategias disímiles. Unas que ataquen el problema de la presión política al Órgano Judicial y otras que ataquen el problema cotidiano del coso a cada juez en determinados casos. El juez, en este último supuesto, debe sentir el respaldo del Poder Judicial y formarse en la línea de sentenciar conforme a Derecho y no conforme a lo que sectores de poder de la sociedad esperan de su fallo.

TI: La corrupción está vinculada a la transparencia, pero también a la falta de independencia. Sería necesario establecer, de modo obligatorio, la publicidad individual de las decisiones judiciales (como en Perú) y la identificación de la línea jurisprudencial de cada juez por parte de las facultades de Derecho y la escuela itinerante de lucha contra la corrupción, proveyendo de conocimientos específicos y aplicables que coadyuven a la lucha contra la corrupción.

Es necesario que las universidades involucren a los estudiantes en el control social de la justicia (creando plataformas de acercamiento entre jueces y ciudadanos) y una forma real de hacerlo sería informando de las líneas individuales de pensamiento jurisdiccional de los jueces ¿Se han apartado de su línea de decisión los jueces o son coherentes en el tiempo cuando resuelven casos iguales?

AJ: Pocas veces en la Región Andina se han desarrollado procesos de rastreo de indicadores judiciales y de funcionamiento administrativo. Podría ser promisorio impulsar estos procesos. 

Los indicadores permiten calcular y diferenciar las medidas del problema por cada tipo de caso, de manera que se puedan identificar las causas de los problemas y plantear mecanismos de solución con participación de aliados estratégicos en sociedad civil y la cooperación internacional. 

Es importante para la credibilidad y servicio a la ciudadanía que se incorporen a la legislación y a las políticas públicas determinaciones que hagan posible el acceso a la justicia. Algunos medios y herramientas para avanzar en este propósito, además de los indicadores, lo ofrecen los juzgados itinerantes o los mecanismos que inciden en el tránsito de los jueces por los poblados lejanos de las sedes de la justicia formal, la orientación legal a los ciudadanos de poblados remotos que puedan ofrecer los estudiantes de último año de Derecho y, entre otros, la creación o ampliación de los Juzgados de Paz a ciudades intermedias, en una perspectiva de la asimilación de la justicia a la cultura de paz. Necesitamos iniciar un proceso de internalización en facultades de Derecho, escuelas y gremios de abogados de la importancia de la cultura de paz para alcanzar una genuina justicia, una justicia de cooperación y diálogo antes que de litigio.

En nuestros países, no hay voluntad política para el inicio y desarrollo de genuinos procesos de reforma integral al sistema de justicia. No obstante, debemos sentar bases de una política pública judicial y una forma es promover e institucionalizar medidas como las que planteo.

Poder judicial: ¿“cenicienta” de las funciones del Estado?

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El Clarín (Cajamarca Perú)

Sí lo sería. Una realidad, con múltiples expresiones, que la encontramos en gran parte de los países con sistema de gobierno basado en la separación de poderes; también llamadas naciones democráticas.

En nuestra región, entre otras razones, esta situación tiene su origen en la forma en que se han desarrollado las relaciones institucionales entre las ramas (órganos, poderes o funciones) políticas y el Judicial que es eminentemente de naturaleza técnica y especializada.

El Ejecutivo -mayoritariamente- por el perfil desarraigado, corrupto y antidemocrático de sus gobernantes, en sus diversos periodos, ha preferido -aprovechando la inexistencia o débil carrera pública- la parálisis (status quo), pero también el control político y la instrumentalización de puestos clave del sistema de justicia; lo que les ha permitido perseguir a opositores políticos y, entre otras forma, generar impunidad a sus crímenes ligados al abuso de poder y a la corrupción. 

El Congreso, ha tenido similar línea de conducta, pero agravada, debido a que ha declinado de su función de fiscalización de los actos de gobierno y ha permitido que se inicien y -en algunos países- afiancen los procesos de copamiento político del Órgano Judicial. En algunos países, especialmente en aquellos cuyos gobiernos pregonan tener un proceso revolucionario, el Congreso funciona como apéndice del Gobierno Nacional. Suma, el que históricamente han demostrado desinterés por construir un marco jurídico coherente que permita a jueces, fiscales y otros operadores y administradores de justicia, desarrollar sus funciones en orden a sus mandatos constitucionales y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

Junto al Gobierno, por acción y omisión, el Congreso -siempre además de lo señalado- ha subordinado al judicial al aprobar mínimos presupuestos que no cubren el servicio judicial siquiera en el 30 ó 40% de municipios de los respectivos países. Se aprecia una relación de dependencia, además, debido a que éste presupuesto está librado a la arbitrariedad de congresistas, dos o tres ministros y el Presidente del respectivo Estado. En Bolivia, por ejemplo, el presupuesto asignado al Judicial ha oscilado entre 0.54 y 0.58% del presupuesto general del Estado (menos del 1%), en los últimos 12 años.

El judicial, por su parte, ha demostrado escasos liderazgos. Hugo Sivina Hurtado (Perú), Luis Paulino Mora Mora (Costa Rica) y Jorge Chediak González (Uruguay) siguen siendo excepciones en la región, porque superaron la comodidad de no hacer nada y promovieron propuestas concretas y viables para sus respectivos países. Esta situación de parálisis se ha traducido en cuotas de poder (para el control judicial al ejercicio del poder) perdidas, que los políticos han tomado y que -paradójicamente- usan para enfrentar a jueces y fiscales honestos a la población, agrediéndolos cuando les conviene. 

En la mayoría de nuestros países los políticos carecen de cultura político-jurídica, por eso no tienen vocación democrática y en esa medida no entienden que apostar por una reforma integral al sistema de justicia es construir un mejor país. Habría que renovar la “clase política” eligiendo mejor; pero además mejorando el sistema electoral y promoviendo la coexistencia de partidos políticos con representación nacional y alternancia periódica. Está demostrado que los caudillos emergen y buscan su perpetuidad en aquellos contextos en los que no hay partidos políticos fuertes.

Como se aprecia, existe una relación de maltrato direccionada y permanente de los órganos políticos hacia el judicial que, pese a las décadas transcurridas y millonarios procesos de reforma judicial fallidos, no se ha superado. El sostenimiento de esta situación, además de los propios órganos del Estado, encuentra responsabilidades en la población que elige pésimos políticos (salvo algunas honrosas excepciones), los medios de comunicación que no invierten en un periodismo judicial, las universidades que optaron por vivir en su propia burbuja (el de la autonomía), las agencias de cooperación que últimamente sólo se preocupan de “colocar” sus ayudas; pero sobre todo en la mayoría de las organizaciones especializadas en materia judicial (ONGs) que prefieren una relación complaciente con los gobiernos que los lleva a la autocensura.

Queda claro que también hay países en los que el sistema de justicia ha pasado a ser un apéndice del Gobierno Nacional. 

A nuestros pueblos nos conviene que esta perversa relación de abuso de poder la cambiemos por una de respeto y no injerencia. Los que hacen política deben comprender este extremo y en lugar de seguir avasallando e instrumentalizando al judicial, deben promover su auto reforma, auto limitándose. Todo tiempo es bueno para este objetivo de construir un país con justicia.