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No, si entendemos la “reconciliación” como un proceso de
largo aliento, destinado a la reconstrucción del pacto social y político con
participación incluyente y efectiva; pero además asumido como un compromiso
permanente.
Este “proceso de restablecimiento y refundación de los
vínculos fundamentales entre los peruanos” siguiendo la definición de la
versión abreviada del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación
(CVR) “Hatun Willakuy” -octavo capítulo- de 2003, sigue siendo una
recomendación, para la mayoría de nuestro pueblo y gobernantes, desdeñada e
ignorada.
No existen mecanismos oficiales ni reportes de avances
realizados en la dimensión política, relativa a una reconciliación entre el
Estado, la sociedad y los partidos políticos. Tampoco en la dimensión social,
referida a las instituciones de los espacios públicos de la sociedad civil con
la sociedad entera, de modo especial con los grupos étnicos marginados. Menos
en la dimensión interpersonal, correspondiente a los miembros de comunidades o
instituciones que se vieron enfrentados. En este contexto, "El ojo que
llora" es importante y sensibiliza, al igual que las acciones de
iniciativas ciudadanas como “Para que no se repita” o “Caminos de la memoria”.
En ese sentido, la “reconciliación” entre peruanos, tras el
conflicto armado interno (1980 - 2000) desatado por el grupo maoísta Sendero
Luminoso, es otra de las agendas (como las reformas integrales al sistema de
justicia, a los partidos políticos o al sistema electoral, entre otras) en la
que los esfuerzos de las instituciones del Estado y las organizaciones no
públicas (como los partidos y organizaciones políticas, cámaras de comercio,
colegios de profesionales, universidades, gremios de trabajadores, etc.), son
protocolares, débiles e insuficientes.
Han transcurrido más de quince años de la presentación del
informe final de la CVR y debido -desde su publicación- a la falta de
aceptación de algunas organizaciones políticas como los fujimoristas, los
apristas, otros y sus aliados en el mundo empresarial (nacional e
internacional), la Iglesia y la prensa, no se ha avanzado en la lucha contra la
marginalización y discriminación de aquellos sectores de la población más
afectados por la violencia durante los veinte años del conflicto armado
interno. Esta conducta de actores relevantes en la vida del país, sumada a la
pusilánime y -en muchos casos- desinformada mirada de la burocracia, han
impactado negativamente en los deberes del Estado de “brindar verdad y
justicia” y “reparar”.
La CVR constató que, en orden a su primera conclusión, el
conflicto armado interno “reveló brechas y desencuentros profundos y dolorosos
en la sociedad peruana”. Diecinueve años después, corresponde preguntarnos
¿Éstas brechas y desencuentros se han profundizado, se han mantenido o
acortado? ¿Son prioridad en las políticas públicas los marginalizados y discriminados?
¿Los peruanos y nuestros gobiernos (a nivel nacional, regional o municipal)
estamos trabajando para reencontrarnos y reconciliarnos? ¿La CVR realmente
significó una modificación en la postura del Estado frente a nuestra historia
oficial?
Ningún Estado en el mundo que goza de salud democrática, que
ha alcanzado indicadores sobresalientes en materia de derechos humanos para su
población y es ejemplo de país, ha logrado ese estatus sin antes transitar por
un largo proceso de reconstrucción de sus vínculos fundamentales,
identificación de objetivos y trazo de una agenda de país querido. Ejemplos
hay, incluso en el vecindario internacional.
Esta perspectiva de país, que coincide en esencia con las
conclusiones y recomendaciones de la CVR, es opuesta a los intereses del bloque
antidemocrático y corrupto que ha administrado nuestro Estado -desde los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (nos referimos al sistema de
justicia)- en el presente siglo. Hay un sinnúmero de tramas y hechos que lo
demuestran y hasta la prensa afín a estos sectores -desmañadamente- lo han
reportado.
La “reconciliación” entre los peruanos tiene enemigos
naturales. Son los mismos que en nuestra historia aprovechándose de su relación
con el Estado lo instrumentalizaron para su beneficio. Son los mismos que hoy
intentan distraernos frente a la corrupción que practican y promueven usando la
política, la democracia y el Estado. Son los mismos que atacan y desprecian a
los jueces y fiscales independientes; olvidando que es garantía de un debido
proceso (derecho humano y fundamental) y base de Estado democrático contar con
un sistema de justicia imparcial y justo. Son los mismos que periódicamente
usan el “cuco” del terrorismo y colocan, pese al cumplimiento de sus condenas,
a seres humanos que erraron de camino en la condición de parias.
Tenemos un país excepcional, pero estamos fallando en lo medular. No hemos forjado aún un mismo horizonte. Nos seguimos tratando como enemigos por razones políticas, de origen, color de piel, creencias, etc. Por eso, nuestra conciencia y compromiso democrático, no deben seguir siendo retórica, tampoco opacidad frente al abuso de poder. La reconciliación nacional, que incluye a las diversas naciones y culturas que habitan en nuestro territorio, es más que nunca una necesidad y en ella no debemos transigir.
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