jueves, 16 de enero de 2020
Conocer y defender nuestras instituciones es la clave
Somos los del pueblo los que estamos fallando
El Clarín (Cajamarca Perú)
TRUJILLOPRENSAPERU (Trujillo Perú)
Correo del Sur (Sucre Bolivia)
Los Tiempos (Cochabamba Bolivia)
Mentirle a un pueblo es una forma de traicionarlo
miércoles, 15 de enero de 2020
Es tiempo de corregir errores
El Clarín (Cajamarca Perú)
TRUJILLOPRENSAPERU (Trujillo Perú)
sábado, 28 de septiembre de 2019
¡Expresarnos en las calles es lo único que nos queda!
La “clase política” nacional nos ha robado y ninguneado
tanto, en estos casi dos siglos de República, que sólo nos queda la voz en las
calles. Nuestra capacidad de indignarnos, generar cambios y sepultar episodios
vergonzosos está -nuevamente- en prueba.
La actual correlación de fuerzas existente en el Congreso,
con predominio fujimorista digitados desde el penal de Santa Mónica por Keiko
Fujimori, ha degenerado sus funciones en abusivas arbitrarias y
antidemocráticas y, de espaldas a lo que mayoritariamente el pueblo demanda, ha
puesto en evidencia un siniestro plan de toma y control de otros sectores clave
del Estado y la recaptura total del poder; como en la década del 90. Por ahora
además del Congreso tienen mayoría en la Junta de Fiscales Supremos encabezados
por Pedro Chávarry, designados gracias al control que lograron en el disuelto
Consejo Nacional de la Magistratura. También tienen la complacencia del
Presidente del Poder Judicial que -reiteradamente- critica a los jueces
anticorrupción por su labor y busca desacreditar el uso de institutos jurídicos
como la detención preventiva.
Los corruptos necesitan impunidad e invisibilidad social. Es
imprescindible, en ese sentido en esta coyuntura, entre otras tretas, controlar
el Tribunal Constitucional (TC), porque en sala plena actual la mayoría de
jueces son autónomos e independientes. Ese predominio les permitiría, entre
otras acciones futuras, liberar a Keiko, impedir el acuerdo con ODEBRECHT,
acabar con todo el trabajo de los fiscales Vela y Pérez y los jueces
anticorrupción que también favorece a sus aliados y tránsfugas e impugnar la
posibilidad de una cuestión de confianza para adelantar las elecciones
generales que permita sacar al peor Congreso de nuestra historia que, como
sabemos, sólo representa a los intereses delictivos de esa mayoría congresal y
sus cómplices fuera del Estado.
Por eso, con una prisa inusual y estridente difusión en sus
adictos y torcidos medios de comunicación capitalinos, la “Comisión Especial”
que preside Pedro Olaechea (el mismo que dijo que un sueldo mínimo de S/. de
850 “dentro del Perú era mucho”) está programando la “elección” de los nuevos
magistrados del TC el lunes 30 de setiembre. Ya existen listas aprobadas de
candidatos, “seleccionadas” en tan solo media hora, entre los que figuran como
“favoritas” personas con una demostrada vinculación política con el fujimorismo
y el alanismo. A estas organizaciones sólo les basta nombrar a uno de los que
integran sus listados y tendrán el control del TC.
Recordemos que la actual composición del TC ha permitido que
se declare inconstitucional leyes relativas a publicidad estatal, transfuguismo
y el intento de modificar la cuestión de confianza. A estos y otros casos, que
tienen que ver con la profundización de la democratización del país y la lucha
contra la corrupción jueces como Ernesto Blume (actual presidente del TC), José
Luis Sardón y Augusto Ferrero, mostraron oposición a través de argumentos
partidarios inconsistentes y vacilantes.
No debe quedar duda entonces que, en las últimas décadas,
Fuerza Popular -a través de cada una de sus anteriores caretas de participación
política fujimontesinista- y lo que queda del Partido Aprista Peruano, son
expresión política de la corrupción y la impunidad en el país. Que son los
actuales representantes de la escuela del robo descarado a los más de 30
millones de peruanos usando el Estado; por eso se vinculan a él, como desde
hace más de 500 años lo han hecho diferentes actores y sectores sociales, hasta
no hace mucho intocables (los del Club de la Construcción por ejemplo).
Por lo anterior, su achorada resistencia a irse y ceder
beneficios del Perú para los peruanos. Por eso hasta al asesinato apelan, como
habría ocurrido con el juez Ernesto Araujo Ramos de Rosas del Juzgado
Unipersonal Penal de Chepén (La Libertad) que juzgaba a Joaquín Ramírez (ex
Secretario General de Fuerza Popular y mano derecha de Keiko) y a posturas
fascistas y anti-históricas de considerar que “al pueblo no se le hace caso, al
pueblo se le gobierna y el pueblo solo tiene derechos, y de esos derechos, al
pueblo le nacen de la Constitución, los derechos del pueblo nacen de la
Constitución y el pueblo tiene derecho a elegir”.
Queda claro, por lo expresado y muchas otras tantas razones
de hecho y Derecho, que el actual Congreso no tiene legitimidad para elegir a
los nuevos integrantes del TC. Sus repugnantes componendas para sus repartijas
los delatan. Ya todos sabemos que su único propósito es el control y
sometimiento del TC para asegurar la impunidad a sus crímenes pasados, actuales
y futuros; por eso es nuestro derecho abrir otras puertas que aporten a la
solución de esta crisis de gobernabilidad del país generado por la corrupción y
la impunidad.
Los peruanos necesitamos comprender que si estas mafias
políticas y sus aliados dentro y fuera del Estado insisten en concretar estos
planes, al margen de la aplicación de las prerrogativas del Ejecutivo (del
Gobierno Nacional) frente a la desatención de sus propuestas que el pueblo
respalda (como el adelanto de elecciones generales para el 2020), nos están
habilitando para usar nuestro derecho constitucional (artículo 46, segundo
párrafo) a la insurgencia.
El orden constitucional debe ser recompuesto en sus
elementos (conceptos y contenidos) y dado que la insensatez y angurria de las
mafias persisten, para afirmar nuestra lucha libertaria como pueblo, sólo nos
queda la voz en las calles.
Dejar de ser considerados como “cholos baratos” “sin alma” y
“tontos útiles”, de políticos inescrupulosos y empresarios con moral
esclavista, depende de nosotros. Sí podemos transformar el mundo y desechar
cruces que nosotros mismos nos echamos en la espalda.
NOS VEMOS EN LAS CALLES…!!!
¿Qué nos está pasando?
viernes, 27 de septiembre de 2019
Los “psicosociales” han vuelto
Sacar a la mafia del poder es factible
Defender el estatus quo en un país ganado por la corrupción
política y de otros grupos de poder, resulta inmoral. Doblemente deshonesto es,
pese a conocer lo que realmente ocurre, tener vocación acomodaticia, renunciar
a principios, fomentar el utilitarismo e individualismo y “perder” conciencia
sobre los daños que generan a una sociedad las formas de crimen organizado y
amparado por sectores clave del Estado.
Patrocinar el actual estado de cosas, considerando que
nuevamente estamos arañando fondo, es lo mismo que mentir a un crio, es hacer
apología del delito, es conveniencia y traición, es oportunismo. La población así
lo está entendiendo y expresando, como este 5 de setiembre en las calles, a lo
largo y ancho del país. +Está ocurriendo, lo recogen todas las encuestas de
este año y se aprecia el -cada vez mayor- rechazo a la corrupción, a sus
perpetradores y a la utilización de nuestras instituciones por los mismos
políticos y grupos de poder económico para seguir delinquiendo y no tener
castigo. Los casos del fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos y los
hermanos Graña del denominado “Club de la Construcción”, son dos de los peores
ejemplos.
Estamos asimilando los peruanos, aunque con lentitud, la
necesidad de afirmar el proceso de moralización e higiene de la política y el
país y sanciones drásticas y efectivas contra los corruptos. El adelanto de las
elecciones generales para el año 2020, que debemos apoyar, es paso clave de
este proceso. Sabemos que si seguimos con las viejas prácticas de las elites
económicas y políticas, aquellas que han “gobernado” por siglos el país con
privilegios e impunidades y -desde la República- utilizando ubicaciones
estratégicas de nuestro Estado, seguiremos siendo lacayos, estadísticas y
“ciudadanos” de quinta.
Estas élites y sus viejas prácticas, todo indica, llegaron
para quedarse. Aparecen y luego se ocultan cuando pierden presencia y cuotas de
poder en el Estado. Siempre han controlado de algún modo. En las últimas tres
décadas reaparecieron, en dos oportunidades, fortalecidos por aliados que
muchos creían democráticos y se resisten a irse. Entre sus operadores,
interlocutores y prospectos de estadistas -de hoy- están sus excelencias Rosa
Bartra, Mauricio Mulder, Juan Sheput, Mercedes Araoz, Salvador Heresi, Víctor
Andrés García Belaunde y cada uno de los que hacen mayoría en el Congreso.
Están además, pero con mucho dinero, la prensa que miente, los abogados
“constitucionalistas” de los corruptos que obstruyen, desinforman y confunden,
los “líderes” empresariales que chantajean y acosan y una veintena de
operadores naranjas de campo que, sin argumentos, confrontan violentamente en
las calles a cambio de su “taper”.
Penoso y vergonzoso ¿verdad?, porque se trata de nuestro
Perú, de nuestros paisanos, la tierra de los Incas y nuestra rojiblanca. En
este contexto, no nos dejan otra alternativa que confrontarlos, exponerlos y,
por el extremo de sus conductas con las que cada día nos faltan el respeto,
renovarlos por medio de las urnas. Es necesario, posible y sería verdaderamente
transformador si nos informamos bien y elegimos mejor la siguiente vez, y, en
una línea autocrítica, aprendemos de nuestros últimos errores; no votando por
gente ligada al hampa. Ahora es cuando, hay condiciones para democráticamente
derrotar a la mafia.
Somos más del 80 por ciento de la población los que
apostamos por aquellas reformas democráticas, como la política la judicial y
otras, que el Congreso -que ahora representa a esas élites gobiernistas
minoritarias- nos niega. Somos ese mismo porcentaje de peruanos los que
respaldamos a nuestro subsistema de justicia anticorrupción y anhelamos que
profundicen y afiancen la lucha contra la corrupción. En igual proporción
respaldamos al Presidente Vizcarra en el uso de sus prerrogativas
constitucionales de promover el adelanto de elecciones para el 2020 y, de ser
necesario, disolver temporalmente el Congreso. Cualquier nueva representación
congresal, será mejor que la de hoy. Todo esto que ocurre los tiene frenéticos
y furiosos a los corruptos, de dentro y fuera del Estado, porque se sienten
sitiados y saben que muchos terminarán en la cárcel.
Suscribo en general, en esa perspectiva, el pronunciamiento
de los docentes de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica
del Perú, que felicito, y hago propio el llamado de que “el país demanda de
gobernabilidad, para continuar con las políticas públicas económicas y
sociales, así como, con la reconstrucción moral de nuestra democracia
constitucional de cara al Bicentenario”. Soy consciente de que estos retos no
son intereses compartidos con la mafia, ya sabemos que se aferran a su miseria,
por eso seguiremos en esta lucha mientras haya aliento de vida.
Demuestra que sí piensas, que sí preguntas, que sí
interpelas, que reconoces tus errores de elegir mal, que no necesitas de los
políticos y que sí (tú) puedes sumar en este proceso de reorientar el rumbo de
la historia de nuestro país.
Súmate y lucha por un Perú libre de corrupción…!!!
¡Cuidado con los humanos!
¿Realmente estamos “Contigo Perú”?
Los corruptos no se quieren ir
Nuestra crisis política sólo la resolveremos actuando
Durante esta semana, tras el anuncio presidencial de
adelantar las elecciones generales para el 2020, gran parte de los sectores
sociales comprometidos con el país -entre ellos algunos académicos- se han
pronunciado y la mayoría coincide en que necesitamos salir del entrampamiento
en el que nos tienen políticos y empresarios corruptos que domina el Congreso y
otros sectores clave del Estado; actitudes que celebro, considerando que vivimos
tiempos en los que el silencio resta doblemente y la indiferencia calculada
suma al fortalecimiento de un Estado débil y dócil.
La polarización que vivimos, y que intereses ocultos hacen
más visible en la relación Ejecutivo y Legislativo, debe terminar y es tarea de
todos lograrlo. En esa línea, la apuesta por avanzar hacia la gobernabilidad
democrática del país, siguiendo constructivas reglas de juego (éticas, morales,
legales, etc) debe ser respaldada con pasión futbolística por todo genuino
peruano. La continuidad -fortalecida por sus últimos reacomodos- de la
corrupción y la impunidad, representada por quiénes hacen mayoría en el
Congreso, que busca su institucionalización utilizando las estructuras y dinero
del propio Estado, aquel que deja de ser utilizado para brindar mejores
servicios al pueblo y va a los bolsillos de los corruptos, debe ser rechazada
con ese mismo sentimiento de amor que nos une a nuestro Perú.
Seamos claros y directos, porque el momento histórico que
vivimos lo exige. Si al Congreso que tenemos no le ponemos un alto ahora, no
sólo obstaculizará el gobierno a cualquier Presidente o Presidenta que no se
someta a sus designios de corrupción e impunidad, sino que también multiplicará
sus artimañas y leguleyadas, para no extinguirse, hasta ganar la elección
presidencial y congresal a futuro; incluso al margen de la ley, como en la
década del 90 lo hizo su mentor y aun guía Alberto Fujimori. Se oponen al
adelanto de las elecciones al 2020, además, porque estando fuera ya nadie le
asegurará impunidad a sus “líderes” y socios políticos y empresariales (los del
"club de la construcción" por ejemplo), y porque saben que bajo
reglas de un debido proceso judicial nadie los salvará de la cárcel. Les aterra
nunca más ser Gobierno nacional, porque sus crímenes acumulados sí tendrían
castigo.
Por eso: ¿A alguien le quepa duda de que nuestro el
Congreso, con su actual composición, predominio e intereses pro-corrupción y
pro-crimen, aceptará reforma política alguna que los afecte mientras dure su mandato?,
porque saben que ya perdieron la posibilidad de reelección. ¿Todavía no es
claro que la protección a algunos jueces y fiscales corruptos, como Chávarry e
Hinostroza, tiene que ver con acuerdos de impunidad para sus actuales “líderes”
políticos y sus congresistas con sentencia judicial o procesos en curso por
corrupción, narcotráfico y otros crímenes? ¿Acaso ya olvidamos, o por
conveniencia lo queremos evadir u ocultar, que los que dominan hoy nuestro
Congreso, son los mismos que violaron la Constitución de Haya de la Torre,
cerraron el Congreso y capturaron el Poder Judicial el 5 de abril de 1992,
crearon el Grupo Colina para asesinar secuestrar y perseguir opositores y,
entre otros tantos ilícitos, cometieron el robo más grande de nuestra historia
bajo las directrices de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos?
Entonces, necesitamos generar condiciones para que haya una
alternancia política democrática, esto es “se vayan todos” el 2020, y siguiendo
procesos transparentes y de renovación legal de autoridades del sistema
electoral (ONPE- JNE fundamentalmente), eligiendo mejor, nos gobierne gente
capaz y honesta. Esto es viable, nos conviene y ya lo hicimos cuando cayó la
dictadura de Alberto Fujimori el año 2000.
No podemos seguir permitiendo que el abuso de un poco más de
70 legisladores, que por sus antecedentes, vínculos y acciones, han perdido
total respaldo ciudadano, sigan imponiendo sus reglas de juego pro-crimen sobre
los intereses de más de 33 millones de peruanos. No fueron elegidos para desnaturalizar
y envilecer el orden democrático. Por eso, interpelarlos y pedirles acorten su
mandato, es un derecho constitucional de todos y todas que ha canalizado bien
el presidente Vizcarra.
El crimen y la impunidad no pueden eternizarse en la vida
social y política peruana, como lo pretenden los fujialanistas y sus aliados.
En ese sentido, efectivizar el recorte del mandato presidencial y legislativo,
debe ser parte de la agenda diaria de ese 77% de nuestra población nacional que
lo respalda. Necesitamos generar y garantizar un apoyo ciudadano más sostenido
a esta necesidad nacional. Uno de sus instrumentos -el más potente- es la
movilización ciudadana informada y organizada. Otro es la generación de
corriente de opinión para que esa movilización tenga -en paralelo- cada vez más
adeptos y argumentos sobre los beneficios de ganarle la guerra a la corrupción
e impunidad. Uno más, accesible para todos, es exponer por redes sociales
-constructiva y respetuosamente- cada paso que siguen los acusados de corrupción.
En nosotros está impedir que los persistentes atracos a
nuestra democracia pasen a ser parte de la “normalidad” que sus perpetradores
buscan. No esperemos, porque la gravedad de lo que nos ocurre no da más tiempo,
que los poderes del Estado resuelvan esta crisis que, si bien es cierto tiene
responsables políticos, la generamos -en el tiempo- los peruanos y las
peruanas.
Asumamos el papel que, por responsabilidad social, nos
corresponde y actuemos antes que esta oportunidad de sumar a la moralización
del país, otra vez y otra vez y otra vez, la perdamos.