Justicia boliviana: entrevista a jurista Eddie Cóndor Chuquiruna

Publicado en:

 La Mula (Lima Perú)

1. ¿Desde una perspectiva de reforma integral al Sistema de Justicia, que Usted insiste en promover en Bolivia, qué balance tiene de lo realizado en los en los últimos años, por las autoridades judiciales electas?

El balance es negativo. La transición hacia el desarrollo del modelo integrado de justicia plural, que la Constitución de 2009 reconoce a los bolivianos, no contó con instrumentos técnicos, como un plan estratégico de reforma integral al Sistema de Justicia, emergente de un proceso participativo plural e incluyente, que lo viabilice. Fue el Gobierno, con una presencia predominante del Ministerio de Justicia y la Asamblea Legislativa Plurinacional (con mayoría oficialista), los que concentraron y dirigieron la agenda judicial, en orden a sus tiempos prioridades e intereses.

Si las instituciones que hacen al Sistema de Justicia, hubiesen tenido la capacidad de hacer propuesta en materia de gestión y gobierno y en lo jurisdiccional, entre el primer y segundo año de su mandato, a lo mejor se hubiese evitado la mediática Cumbre Nacional de Justicia Plural, cuyas conclusiones, hoy, son la hoja de ruta de lo judicial; un grave error, en la medida que materializa la agenda política del Gobierno en lo judicial, situación que sigue agudizando la estructural crisis judicial.

En estos cinco años, el Sistema de Justicia brindó sus servicios sobre gran parte de las mismas estructuras organizativas del pasado, con el mismo recurso humano y con igual y/o menor presupuesto de hace diez años. Sólo se cambió de nombre a las instituciones y se dictó algunas normas sustantivas y adjetivas, algunas incoherentes y contradictorias con el marco constitucional, que sería buena ponerlas en debate público nacional para su adecuación constitucional.

2. ¿Qué debería ocurrir, considerando lo que señala, para sentar bases para una genuina reforma judicial?

Nuestros países necesitan líderes en las instituciones judiciales. Me refiero a autoridades con una fuerte y extendida legitimidad social a nivel nacional. Personas que además tengan conocimiento y experiencia en lo jurisdiccional gobierno gestión y realidad judicial; perfiles que de manera permanente y persistente creen propongan y aprueben las medidas que ayuden afianzar el desarrollo institucional e independencia del Sistema de Justicia. Este trabajo debe darse en coordinación con los otros órganos del Estado y no en una relación de sometimiento. Es un contrasentido, y conspira contra cualquier genuina reforma judicial, cuando los integrantes de los órganos políticos (los gobiernos de turno) consideran que dicho proceso es su patrimonio.

Se necesita además un acuerdo nacional por la justicia, un pacto político que emerja de un espacio plural y convocante que, a partir del enfoque de política pública, proponga al país, los componentes de la reforma en el corto, mediano y largo plazo. En el caso boliviano el Tribunal Supremo de Justicia tiene iniciativa legislativa y podría, vía este mecanismo constitucional, proponer algo así y con ello asumir liderazgo en la anhelada reforma.

3. ¿El Ministerio de Justicia y la Asamblea Legislativa Plurinacional, en estos años, sumaron o restaron a la crisis existente?

Tengo dos valoraciones al respecto: La primera me permite decir que el Gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional, en estos años, han demostrado no tener interés en apoyar el desarrollo de una auténtica reforma judicial; pese a tener una misma línea política que facilitaría enormemente el proceso. Si ese supuesto no corresponde, han demostrado incapacidad total, porque se han limitado a hacer parches normativos, la mayoría mediáticos, pese a que la Constitución les impone un esfuerzo mayor.

Esta realidad se expresa (para citar algunos ejemplos) en leyes como la 025, 073 y otras, que construyeron y aprobaron -coordinadamente- y que han vaciado de contenidos a la carrera judicial, régimen disciplinario de jueces y han limitado el fortalecimiento de la justicia indígena.

4. ¿Encuentra Usted una relación entre la elección de autoridades judiciales y la falta de reforma judicial?. ¿Puede ser una oportunidad para iniciar la reforma judicial, el contar con nuevas autoridades que resulten elegidas en diciembre?

Encuentro una relación directa entre la actual situación de la justicia, el perfil de las autoridades electas el año 2011 y la conducta del Gobierno y el Legislativo. Estos últimos, por falta de liderazgos de las nuevas autoridades, se apoderaron de la agenda judicial e impidieron que éstas, en su mayoría debilitados por los escándalos personales que generaron, propongan e implementen medidas trascendentes que afiancen su independencia. Las autoridades judiciales fueron limitadas a través de la imposición de un marco jurídico y presupuesto insuficientes, pero además por la designación de autoridades en el Ministerio de Justicia con perfil autoritario. Es bueno recordar que una vez posesionadas las actuales autoridades judiciales, éstas fueron abandonadas -a su suerte- por los órganos políticos, los que paradógicamente años después aparecieron criticando la situación y olvidando que son los causantes de gran parte de la crisis.

Este complejo escenario, que no debería repetirse, eleva aun más la valla a las nuevas autoridades judiciales que resulten elegidas en diciembre, porque les plantea el desafío de lograr consensos que permitan tener una agenda común con los demás órganos del Estado. Es una oportunidad, no obstante, que debe ser aprovechada desde el primer día de trabajo de las nuevas autoridades.

Queda claro que las experiencias exitosas de reforma judicial en el mundo, han superado estas barreras, que en el caso boliviano aun siguen latentes debido a la excesiva presencia de los órganos políticos en lo judicial.

5. Si la crisis judicial tiene (así se entiende de su análisis) como una de sus causas la elección popular de sus autoridades, ¿debe mantenerse o modificarse el mecanismo constitucional existente?

El mecanismo de elección popular de autoridades judiciales, que por cierto no comprendo porqué no involucró al Fiscal General, aun no ha sido puesto a prueba desde una lógica de construcción democrática de la justicia, esto es en orden al espíritu de la Constitución y a los estándares del derecho internacional sobre selección y nombramiento de “altas autoridades”.

Sí creo necesario que actual Gobierno debe comprender que no suma -en absoluto- al desarrollo de la independencia judicial, el acceso a sus servicios y la credibilidad social, si mantiene el mismo nivel de intromisión y manipulación del proceso de pre selección de candidatos. Si los políticos en gobierno siguen en esta misma lógica y conducta, habría que repensar el mecanismo y recrear uno que democratice -realmente- el acceso de las autoridades judiciales.

Para la población no sólo debe estar reservado el voto de los pre seleccionados, que debería ser informado, sino que se le debe promover y facilitar su participación durante todo el proceso, ya sea como candidatos (los que tienen mejores meritos) o siguiendo el mismo a través de veedurías y otros mecanismos de participación y control social técnico y no político.

6. Sólo es responsabilidad de autoridades judiciales, Gobierno Nacional y Asamblea Legislativa Plurinacional, la falta de reforma judicial?

La crisis de la justicia en Bolivia es estructural y superar sus déficits demanda la participación de gobernantes y gobernados. Son las autoridades judiciales las que deben liderar dicho proceso, en una relación efectiva de coordinación y respeto y en orden a las competencias de cada órgano del Estado y demás instituciones concernidas. Se debe trabajar en la construcción de coaliciones a favor de la reforma judicial.

La universidad debe abandonar su estado de comodidad indiferencia anomia y parálisis institucional, en relación a la estructural crisis judicial. Los colegios de abogados deben seguir siendo centro permanente de interpelación, de propuesta especializada y estar integrados por miembros con prácticas de litigio ético. Los medios de comunicación deben orientar su conocimiento al periodismo judicial y la población en general debe desarrollar cultura jurídica y judicial básica.

Es opción limitarse a la crítica descarnada o pasarse la vida de espectador. No obstante, las personas con ciudadanía activa y visión y prácticas democráticas buscan la forma de ser parte de cualquier proceso de mejora institucional; inclusive cuando las reglas de juego son desfavorables.

7. Para finalizar, a modo de conclusión, ¿qué recomienda a las autoridades judiciales actuales?

Que trabajen en la transición judicial, en aquellos aspectos que tienen que ver con lo jurisdiccional (casos y carga procesal), gobierno institucional y gestión de despachos, que toca el recurso humano con el que cuenta cada institución. Se debe evitar que haya pérdidas de tiempo y recursos económicos que no se tienen.

Las nuevas autoridades, que inicien funciones en enero de 2018, deberían encontrar instituciones con relativo orden, con planes básicos estructurados y presupuesto asignado. En esa medida, es su responsabilidad de las actuales autoridades generar esas condiciones, en coordinación con los sectores concernidos del Gobierno Nacional.

La sociedad debe ser vigilante de este importante momento y en ese cometido los medios de comunicación deben jugar un papel central; considerando que necesitamos desarrollar cultura judicial y jurídica en nuestros países.

Bolivia: Reforma judicial y elecciones 2017

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La Razón (La Paz Bolivia)
Los Tiempos (Cochabamba Bolivia)
Correo del Sur (Sucre Bolivia)
El País (Tarija Bolivia)

La reforma judicial no puede esperar más. Nueve años de nueva Constitución, doce del inicio del “proceso de cambio” y nada ha mejorado. Seguimos en un contexto de predominio de los órganos políticos frente a un Órgano Judicial y demás instituciones del Sistema de Justicia debilitados por sus propias acciones y omisiones frente al poder político. A partir de allí, el criterio es que las autoridades que resulten más votadas en la elección judicial 2017 lideren la reforma judicial, pero en orden a una estrategia de coordinación para la cooperación con el Ministerio de Justicia y la Asamblea Legislativa Plurinacional y no de imposición o sometimiento.

Este reto mayor es posible de superar si las nuevas autoridades reconocen la situación de crisis estructural de la justicia y promueven que similar ejercicio y reconocimiento, entre otros ámbitos, se realicen en la universidad pública y privada, en los gremios de abogados y medios de comunicación. De estos sectores, como consecuencia de ese proceso de mea culpa y autocrítica, deben surgir pautas que, sumadas a las de sociedad civil, ayuden agendar acciones que en un corto mediano y largo plazo transformen esas situaciones críticas en acceso efectivo a servicios de justicia justos. Insistimos en que no existe reforma judicial exitosa que no haya convocado a estos sectores y les permitiera ser parte importante y específica del proceso.

Bolivia no mejorará su insuficiente democracia, si sus políticos, el gobierno y otros sectores de poder no priorizan la reforma judicial y la promueven desde el enfoque de política pública. Deben comprender que resulta cada día más peligroso para la gobernabilidad del país que los jueces sigan perdiendo credibilidad y que el respaldo social del que deben gozar se vaya trocando en rechazo y desconfianza generalizada.

Las nuevas autoridades judiciales deberán expulsar del escenario de coordinación y cooperación interinstitucional aquellas formas de injerencia existentes. Les corresponderá también, por ser una necesidad, en ejercicio y lógica democrática, impedir que sigamos con reformas judiciales cosméticas, mediáticas y coyunturales.

Por la forma como la Asamblea Legislativa Plurinacional ha llevado a cabo el proceso de preselección de candidatos, será un imperativo generar legitimidad para las nuevas autoridades judiciales y es una oportunidad de lograrlo, el establecimiento de las alianzas que les planteo.

Proteger a las instituciones del Sistema de Justicia de las presiones que hemos presenciado estos últimos seis años y antes, pasa por generar un ámbito de participación ciudadana informado que transforme -haciendo-, cree y afiance mecanismos de control social de la Justicia. Pasa también por propiciar el liderazgo judicial en su propio proceso de reforma con la fuerza legitimadora, la cual sólo la puede dar la contribución de la sociedad civil y la validación social durante su transcurso.

Los órganos políticos (Gobierno y Congreso) deben servir al proceso de reforma integral del Sistema de Justicia, promoverlo facilitarlo respaldarlo y no más instrumentalizarlo; como ha ocurrido hasta hoy. Aun están a tiempo y las nuevas autoridades constituyen una oportunidad, antes de que los déficits democráticos cedan a una autocracia.

¡Los jóvenes a la política!

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Semanario Expresión (Chiclayo Perú)

Hoy recordé a Saúl Cóndor Medina y con él a Víctor Raúl Haya La Torre, porque ambos hicieron de la política un apostolado. Haya solía concluir que la verdadera misión es la que se reviste de corazón. Saúl demostró que solo la pasión que enraíza en nuestros actos e intenciones es la que nos forja para el reto de la buena política. Lo demás es espíritu acomodaticio e interés. El político genuino es el que comprende que su sacerdocio y su magisterio trascienden al poder efímero. Decía Haya: “Quienes han creído que la misión del aprismo es llegar a Palacio, están equivocados… la misión del aprismo es llegar a la conciencia del pueblo, antes que llegar a Palacio. A la conciencia del pueblo se llega… con la luz de una doctrina, con el profundo amor a una causa de justicia, con el ejemplo glorioso del sacrificio…”

Luis Alberto Sánchez también nos transmitió la sustancia de la política. El éxito no es alcanzar los pináculos deseables o el poder, es servir, “servir en cualquier capacidad. Realmente gozo sirviendo, me molesta mucho cuando no puedo servir. No me ha interesado mucho el sobresalir. … lo que me interesa es seguir sirviendo y seguir haciendo cosas”. Saúl vivió para servir a su San Gregorio y Agua Blanca en San Miguel Cajamarca.

Ahora que la corrupción acosa a América Latina y cuestiona la esencia de la política, los jóvenes que pisan en el umbral de la política deben memorizar estas frases y entender que la verdadera transformación del Perú y el mundo está en sus manos si es que entienden la política como una entrega, como una misión, como una docencia del desprendimiento, como un trabajo del No Yo. Pero el espíritu no es suficiente, debe ser una entrega colmada, con contenido de ideas y propuestas. Los jóvenes deben comenzar estudiando, para dilucidar qué ha cambiado desde los años germinales de los grandes debates en el siglo XX hasta hoy ¿Es una señal de nuestra decadencia como países que las grandes preguntas se respondan en una fiscalía o ante un juez o una comisión investigadora? La política no debe quedarse en los periódicos, debe explorarse en los grandes libros y en las líneas de los grandes maestros ¿Cuáles son hoy las grandes preguntas que se hacen los jóvenes? ¿Las que leen con pasmo en las portadas de los diarios? ¿Debemos volver atrás e inspirar nuestra acción en las interrogantes sobre el régimen económico que Haya, Mariátegui y Víctor Andrés Belaunde gestaron en la conciencia nacional? ¿Debemos resolver el gran reto geográfico que se planteó Belaunde Terry? ¿Y el espíritu de exploración y respuesta que se planteó el joven Riva Agüero de los “Paisajes peruanos? ¿Y las grandes dudas sobre la educación de los sabios pioneros?

No hay futuro sin jóvenes que vuelvan a las viejas grandes preguntas, porque de la ausencia de preguntas nace la sed mercantil y el espíritu fenicio, el hambre de fugaces lumbres, la avidez de fama. Los jóvenes deben entender, como Haya, Sánchez, Mariátegui y los Belaunde, que la política es un sacerdocio, una misión, un servicio; pero que fertilizarán la tierra solo si se acompaña de preguntas, de doctrinas, de propuestas claras.

¿Qué papel les toca a los jóvenes políticos para adecentar y centrar el debate? ¿Qué papel tienen los partidos políticos para formar nuevas generaciones? ¿Qué puede aportar una ley de partidos para que los jóvenes sean visibilizados?.

Por tal razón es pertinente mencionar que uno de los actuales temas de reforma en Perú y Latinoamérica es el de la crisis estructural de los partidos políticos. Muchos de estos son combis electorales (alimentadas por el voto preferencial) que lleva a las organizaciones a preferir la participación de solventes postulantes a la de aquellos jóvenes que, desprovistos de recursos, solo tienen como sustento su capital intelectual. Pero el intelecto no paga una campaña, la paga el financista al que lo mueve poco o nada el cambio, el ideal o el apostolado. La regeneración de la política solo será posible si es que cambiamos los viejos patrones de juego y apoyamos el encumbramiento de jóvenes valores, de esos que en germen constituyen la base de la institucionalización de las organizaciones con vista a futuro. A ellos debemos formarlos en democracia, en Estado de Derecho, en pasión por la justicia social y en vocación por la libertad.

El Perú a 196 años de vida independiente y otros países no se definen, han perdido el gesto de la pregunta, son países cuyas generaciones se suceden sin fecundar, por eso no tienen nuevos líderes con visión apostólica sino -en su mayoría- mercaderes haciendo política. La voz lapidaria de González Prada no tiene eco en la formación de una nueva intelectualidad, joven, potente, estremecedora, que nos arrastre y nos subvierta.

Los años venideros deben ser un tiempo para ellos, para los que postulen una conciencia limpia, una doctrina clara y una virtud sólida. Solo así afrontaremos el bicentenario con la génesis de la esperanza ¿Estamos preparados para una política en serio desde los jóvenes? La respuesta subyace como médula en el mensaje del maestro en el Politeama: “los troncos añosos y carcomidos produjeron ya sus flores de aroma deletéreo y sus frutas de sabor amargo. ¡Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutas nuevas! ¡Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra!”

La meritocracia y el Estado

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Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia

El Poder (Tarapoto Perú)

La Verdad (Chiclayo Perú)

Correo del Sur (Sucre Bolivia)

Los Tiempos (Cochabamba Bolivia)

"Venganza" es una película de Hollywood interpretada por Liam Neeson, en la que es recurrente la frase "¡Adiós y buena suerte!". "¡Adiós y buena suerte!" es también la fría expresión de muchos empleadores que se deshacen de sus trabajadores arbitrariamente. El problema es cuando no se trata de un "rapaz capitalista" el que lo hace sino del Estado y peor aun cuando lo hace un Estado que se llama transformador inclusivo y revolucionario.

Al decir verdad, nada hay de transformador inclusivo y revolucionario cuando ese Estado continúa las prácticas del viejo modelo y la transformación cantada no es sino la continuación impensada. Muchos funcionarios, en efecto, son dejados de lado para dar paso y espacios a la clientela política del poder, destruyendo el mérito y tornando a las instituciones públicas en agencias de empleos y mecanismos de gratitud política.

Lo terrible es cuando este fenómeno propio de las burocracias del Gobierno Nacional, Departamental o Municipal se hace regla y se replica en toda la estructura del Estado; esto es usar la función para repartir cargos y satisfacer, entre otras formas, las demandas de aquellos que financiaron o respaldaron sus campañas. La politización los empodera a tal punto que nuestras autoridades devienen en reyezuelos y los reyezuelos, desde luego, hacen y deshacen los destinos de la institución sin más discreción que el interés propio y el propio arbitrio.

En esa línea, se debe cuidar, colocando en la plataforma del debate público estos aspectos, para que las instituciones públicas secuestradas por las clientelas políticas realicen autoevaluación y autocrítica, si de tener un gobierno gestión y servicios con autonomía e independencia se trata. No decimos necesariamente que todas las instituciones estatales estén ganadas por esta perniciosa práctica, pero es un lugar común en el mundo, allí donde la institucionalidad es precaria.

En estos últimos años se pudo ya visibilizar algunos niveles de abuso de poder por malas copias en los espacios institucionales, debido a la elección o designación de puestos clave regido por el viejo lastre clientelista; esto es decisiones basadas en el libre arbitrio y la imposición de sus reglas (con los intereses personales que subyacen), convirtiendo lo que debe ser una estructura institucional en un archipiélago de feudos particulares.

Invocamos a la población a una vigilancia cabal en aras de la no continuidad de tan vetustos hábitos. Llamamos la atención a los políticos (quienes deberían responder por la calidad de servicios públicos que tenemos), para que desarrollen y trabajen con una visión de país que queremos. Una prioridad en lo inmediato es contrarrestar la crisis institucional, crisis que corroe las estructuras del Estado.

Demandamos que la clientela cese y la selección del personal sea sobre el fundamento del mérito. No se puede sacrificar carreras consolidadas y a funcionarios honrados y capaces por personajes cuyo único “mérito” es haber realizado campaña, financiado candidaturas o haber integrado el partido gubernamental.

Que los intereses subalternos no prevalezcan a la carrera pública. Weber hablaba de la necesidad de una "burocracia ilustrada", lo que vemos es, por el contrario, la gratitud política como condición y la medianía como un requerimiento básico para los nuevos cargos en el Estado.

El valor de los jueces en un sistema democrático

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Correo del Sur (Sucre Bolivia)

Sin Rodeos (Cajamarca Perú)

Lea (Chiclayo Perú)

La Mula (Lima Perú)

Cuando nos referimos a la democracia, no sólo aludimos a la elección periódica y alternada de autoridades o al respeto a la Constitución y los derechos fundamentales, sino también al buen funcionamiento de las instituciones. En un absolutismo el funcionamiento se encamina a la eficiencia administrativa. En una democracia, tal eficiencia es insuficiente, pues se espera algunos otros atributos sustanciales. En el Sistema Judicial estas cualidades serían su independencia frente a otros poderes estatales o económicos, la transparencia, predictibilidad y probidad en el ejercicio de las funciones de los magistrados y el respeto del debido proceso. En una dictadura tales atributos son impensables, pues de lo que se trata es de ocultar, manipular, torcer el Derecho, apelar a la fuerza y corromper, sea a través de sobornos o con amenazas.

El papel social del juez en una democracia es, por tanto, coherente con los valores que la sustentan. Tales valores deben ser, esencial sustento que informe, por ejemplo, las normas procedimentales. Si no es así, las leyes procesales son cuestionables por discordar con la Constitución, el Derecho Internacional y el sistema democrático.

En una democracia, la aplicación de la justicia debe seguir la línea que se desprende de esos valores, y son los ciudadanos quienes tienen la obligación, correlativa a sus propios derechos de pertenencia a la comunidad política, de defenderla. La ciudadanía impone el deber de defender la democracia y, subsecuentemente, el funcionamiento democrático de la justicia. Pero la comunidad política democrática no sólo la componen los individuos, también las instituciones privadas y públicas. De esa pertenencia al sistema es que nace el imperativo de todos de defender la Constitución, el estado de Derecho, la independencia de poderes, entre otros. No se puede hablar de pertenencia sin compromiso. Compete, por tanto, a la prensa (que goza sólo en una democracia de la libertad de expresarse), la función de defender el sistema político. Compete también a los académicos (particularmente del mundo jurídico), que conocen el Derecho y sus fundamentos. A estos últimos les cabe la mayor responsabilidad, porque en su formación bebieron de las fuentes históricas que dan sustento a los Derechos Humanos y la supremacía de la Constitución.

Una sociedad democrática en la que sus juristas y libertarios esconden la voz, es una sociedad de siervos. El genuino coraje pertenece a aquél que defiende la justicia democrática porque tiene las herramientas académicas e intelectuales para hacerlo. Los jueces tienen la academia, son quienes dictan el Derecho e interpretan las normas. Por lo tanto, figuran entre los actores que más conocen y más argumentos y fundamentos tienen para promover y defender los valores democráticos.

Pero como en todo ámbito, no hay voz primera ni segunda que se alce contra la injusticia del sistema sin liderazgos. Un juez tiene la capacidad para distinguir las malas leyes del procedimiento, o las presiones exteriores a la majestad de ser el dador de justicia. De allí la necesidad de promover líderes en el Sistema de Justicia, en la línea de propugnar los grandes cambios que el mandato constitucional exige; pero quienes deben tomar las riendas de ese cambio, en la perspectiva del funcionamiento democrático, deben ser los propios jueces. Por lo demás, los cambios que no tienen como fin esencial el principio y el valor cabal de la justicia, fenecen con las coyunturas. Este razonamiento vale para la reforma de cualquier Sistema Judicial en cualquier parte del mundo.

Se trata de evitar perniciosas intromisiones y que los objetivos democráticos de la justicia no se pierdan entre los objetivos de los otros poderes del Estado. Sólo en una justicia democrática se cumplen las sentencias, basadas en el Derecho.

La justicia democrática que reclamamos y debemos reclamar en toda instancia, es aquella que resulta efectiva en su papel de cumplir la Constitución y las leyes. Lo demás es sólo una democracia que se sostiene en una delgada página de papel: endeble, aérea, cuando no irreal.

Es necesario democratizar las elecciones judiciales 2017

1. ¿Qué evaluación tiene del proceso electoral judicial boliviano de 2011?

Fue una oportunidad que se debió aprovechar para evaluar el mecanismo constitucional de elección popular de jueces de las “altas cortes”. El proceso fue la imposición de una agenda gubernamental predefinida. Por un lado, la postulación y preselección de los candidatos, 118 para 56 cargos -a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional- se basó en criterios políticos y subjetivos y no en el mérito (en orden a lo que establece la Constitución). La segunda etapa, de organización y administración del proceso electoral, a cargo del Órgano Electoral, estuvo plagada de controversias, debido a que los candidatos (o a través de terceras personas) no pudieron realizar campaña electoral, bajo sanción de inhabilitación; situación que limitó el debate sobre los méritos de los candidatos, negando el derecho a un voto informado de la población. Consideremos, además, que las diferentes campañas por el voto nulo, voto blanco y voto de rechazo, generaron desinformación y confusión entre el electorado y nunca se discutió la necesidad de una política pública sobre el Sistema de Justicia.

2. Está en debate nuevas reformas a las normas que regulan la elección judicial, ¿qué valoración tiene de las mismas?

No conozco cuál es la agenda que se sigue. Entiendo que se trata de modificaciones a leyes centrales de desarrollo constitucional: La 025 del Órgano Judicial, 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional y 026 del Régimen Electoral; y pese a que cada Órgano del Estado tienen un sitio web y recursos para acercar esta información a la población, en espacios abiertos de debate, no se conoce de qué reformas se trata y quiénes las están elaborando.

En ese marco, es responsabilidad exclusiva de la Asamblea Legislativa y el Gobierno Nacional generar credibilidad en la población sobre el mecanismo de selección que logren tras los ajustes normativos. Éste debe sopesar el mérito de los candidatos y no las predilecciones, prejuicios o discriminación. La mayor o menos capacidad de los elegidos marcará el nivel de independencia de las instituciones del Sistema de Justicia y los avances en un proceso legítimo y democrático de institucionalización, por ejemplo, de la carrera judicial y el régimen disciplinario de jueces y fiscales.

3. Sobre la participación de los Órganos del Estado, de la población y otros actores relevantes, en el actual proceso, ¿tiene una evaluación?

Resulta prematuro adelantar juicios de valor, pero sí puedo decir que los Órgano del Estado tienen la obligación de cumplir la ley y en ese marco es necesario democratizar las elecciones judiciales. Deben establecer reglas que aseguren la equidad electoral, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, ya que a través de su ejercicio la población puede acceder a información de las distintas propuestas de los candidatos sus aptitudes y capacidades. Un proceso democrático de elección implica que todos puedan cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos, disentir y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones. Es derecho de los electores formar su criterio para votar y de los Órganos del Estado su obligación proveer la suficiente información para que ese voto sea informado. La población debe dejar la pasividad que la caracteriza y ser actor relevante, porque sólo de ese modo se restará espacio al predominio gubernamental que caracterizará -nuevamente- este proceso. Las organizaciones sociales, me refiero a las que respaldan el proceso de cambio, tienen la oportunidad de enmendar el error de la elección anterior.

4. ¿Cómo mejorar la elección próxima, considerando el contexto de país y el predominio en la agenda judicial del Gobierno?

A Bolivia le conviene tener elecciones judiciales con mecanismos públicos, trasparentes, participativos, incluyentes orientados a identificar el mérito y la capacidad profesional de los candidatos, y que aseguren condiciones de igualdad y no discriminación, especialmente entre hombre y mujeres; en orden a los estándares internacionales existentes para la selección de miembros de “altas cortes”. Estos estándares deberían formar parte del Reglamento de Preselección que será utilizado por la Asamblea Legislativa Plurinacional para identificar a los mejores candidatos. Si el Gobierno se aparta del cumplimiento de estos elementos estará negando la posibilidad de tener autoridades judiciales independientes y aceptando que es parte de su agenda controlar las instituciones judiciales.

5. A la luz de lo anterior, ¿cuáles serían las precondiciones para tener una mejor elección?

El Reglamento de Preselección de candidatos debe necesariamente considerar: 1) Los requisitos mínimos para acceder al cargo (tanto generales como específicos) deben ser claros y objetivos, y no ser susceptibles de interpretación, 2) El mecanismo de selección debe estar basado en el mérito y no predilecciones, prejuicios o discriminación; pero sobre todo generar confianza en la población. 3) El proceso de selección debe ser público y transparente en todas sus etapas. 4) La realización de audiencias con los candidatos debe estar orientada a evaluar sus capacidades. 5) El proceso de selección debe incluir mecanismos de participación de la sociedad civil. 6) debe regularse un perfil que describa las cualidades y aptitudes que se espera de los/as futuros/as magistrados/as e integrantes de las “altas cortes”. 7) La instancia técnica de calificación de méritos debe ser autónoma, distinta de las entidades políticas encargadas de la pre-selección.

6. Las capacidades de los candidatos, ¿qué importancia tiene? ¿Cómo evaluarlos?

El perfil de la autoridad a elegir debe estar predefinido. Éste perfil debe considerar la honorabilidad, la independencia, el conocimiento legal sobresaliente, la experiencia y la trayectoria vinculada al ejercicio del derecho, la transparencia en la actuación funcional, la experiencia en gestión y gobierno así como el compromiso con la protección de los derechos humanos, el Estado de Derecho y los valores democráticos. Además, es importante la experiencia en procuración, manejo y administración de recursos humanos y financieros y el temperamento y las habilidades personales.

7. ¿Qué aspectos deberían tener en cuenta los órganos del Estado, a fin de que la próxima elección ayude a sentar bases para una reforma judicial?

La agenda de la reforma judicial en Bolivia será prioridad o no en función de quiénes resulten electos en la próxima elección judicial. Si no contamos con magistrados y consejeros fuertes, con liderazgo y con legitimidad, tendremos otro periodo de parálisis institucional judicial, por la incapacidad de promover y presentar al país una propuesta de reforma integral al Sistema de Justicia, y será la población en situación de vulnerabilidad la más afectada. El Gobierno, me refiero al Ejecutivo y Legislativo, debería comprender que si no contamos con una genuina reforma judicial su proceso fracasará y que de ello hay cada vez mayor comprensión social.

8. Para concluir, ¿tiene alguna recomendación a los que están pensando en postular en la próxima elección judicial?

La responsabilidad en sus actos y que piensen más en Bolivia que en sus intereses personales o de los grupos que los respaldan si es que el propósito es instrumentalizar las instituciones judiciales para atender agendas ocultas. Que sean conscientes de que algún día recaerá sobre ellos responsabilidades funcionales, por el derecho que tiene el Estado de repetición ante excesos y errores judiciales. Visto desde el ángulo positivo, de efectivo compromiso con la función judicial, cabría felicitarlos porque tendrían la oportunidad de aportar a la construcción del modelo integrado de justicia plural; que la constitución reconoce a los bolivianos y bolivianas.


Eddie Cóndor Chuquiruna, especialista en reforma judicial (http://www.construyamosjusticia.blogspot.com/).

La corrupción acosa a América Latina

Publicado en:

Correo del Sur

Red País

Los Tiempos

La Razón

Semanario Expresión de Chiclayo (Perú)

La corrupción en América Latina es un cáncer que sigue haciendo metástasis. Son varios los jefes de Estado y centenares los ministros que, en las últimas dos décadas, han sido objeto de investigación por supuesta comisión de diversos delitos. Cada año son más reveladores los movimientos ocultos detrás de los fondos del Estado de “altos servidores” estatales, en Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, México, Guatemala, Honduras, Paraguay y Haití. El alcance de la megacorrupción de Odebrecht, por ejemplo, llega a Estados Unidos e, incluso, África.

La mayoría de los casos seguidos han tenido que ver con tráfico de influencias y lavado de activos. Éstos han tenido efectos importantes en la política de cada país, al punto de producir la debacle de Gabinetes y de Presidentes como Alberto Fujimori, Dilma Rousseff y Otto Pérez Molina. En la última semana es el ex presidente peruano Alejandro Toledo (otro caído por Odebrecht), hace noticia, pues pesa sobre él orden de captura internacional para que cumpla la decisión judicial de prisión preventiva de 18 meses, mientras es procesado.

Pero, ¿acaso el centralismo imperante impide ver a los latinoamericanos que la corrupción no sólo campea en sus ciudades capitales y en las altas esferas sino también en los municipios, provincias y en los departamentos o regiones? ¿Un acto de corrupción que involucra la pérdida de 3,000 soles, pesos o dólares es tan minucia que no merece mayor atención? No por su ubicación y sus montos estos casos son menos trascendentes; lo que interesa no es el monto apropiado sino la descomposición del poder político y burocrático y la tolerancia social a la corrupción en nuestros países.

Casos como Lava Jato, Odebrecht, Caval, Petrobras, “Dólar Futuro”, "Panama Papers", “petroaudios”, Pdvsa, Fondo Indígena, CAMC y otros ocupan espacios en la prensa nacional e internacional y como en el sistemático desfalco en la mayoría de los Municipios y Gobernaciones, debieran tener un impacto inmediato de responsabilidad política, judicial y social. No obstante, esto no ocurre debido al declive de la institución contralora, de fiscalización y la inexistencia de una ciudadanía activa.

Aunque se han desarrollado investigaciones, en cada caso, no conocemos el núcleo ético de las gestiones de los respectivos gobiernos nacionales, departamentales y provinciales, en la medida que sus actitudes no se han ajustado a las de servidores que combaten la corrupción; por el contrario, se ha apreciado empeño en “tapar los casos”, obstruyendo y ocultando información. Peor aún, muchos han terminado enjuiciando a la prensa o a los que denunciaron. Sus enemigos no son el entorno corrupto, los saqueadores del Estado o los traidores del pueblo sino aquellos que investigan y buscan la verdad. Olvidan que la prensa tiene como una de sus funciones esenciales descubrir los manejos a la sombra, colocarlos a la luz de la opinión pública y opinar sobre ellos.

En esa perspectiva son los sistemas de Justicia, que comprenden a los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, los que no deben optar por la mordaza o la pasividad, y basar sus decisiones en coherencia con su función de “hacer justicia” y con la colaboración del periodismo: que trabajan por la verdad y el control al poder.

El cómo retomar la reforma judicial

Publicado en:

Los Tiempos

La Patria

Correo del Sur

En Bolivia se han planteado diversas vías para la reforma judicial. Por un lado, la trasformación a partir de las iniciativas del Ejecutivo y el Legislativo; lo que ha derivado en una injerencia inadecuada dentro de la democracia. La otra vía ha sido la promovida por los jueces, que no ha funcionado porque serían los actores modificando sus propias pautas de acuerdo a sus intereses y nunca contra ellos. Ambas vías no han sido fluidas y eficientes lo que motiva repensar el cómo retomar la agenda de la reforma judicial, tras el predecible fracaso de la Cumbre Nacional de Justicia Plural.

Existe, no obstante, una tercera vía, que no supone invasiones institucionales ni sesgos interesados, es la que se sustenta en la participación ciudadana técnica, especializada y con visión de país. Es la sociedad civil independiente y los ciudadanos creando corrientes de opinión y tendencias al cambio en temas concretos de la realidad judicial, instituciones judiciales funcionando como Sistema, con equipos interdisciplinarios específicos, abiertas y apropiándose de esas propuestas, un Ejecutivo que las respalde y financie y un Legislativo que las viabilice por medio de un marco jurídico consensuado y coherente con la Constitución.

La reforma judicial no puede esperar más. Vivimos tiempos de inercia funcional, porque nada ha cambiado desde junio de 2016, y seguimos en un contexto de cada vez mayor predominio de los órganos políticos frente a un Órgano Judicial día a día más debilitado por factores internos antes que externos. A partir de allí el criterio es que los jueces lideren la reforma judicial, pero con las pautas que les puedan proveer la sociedad civil, los administradores y los operadores del Sistema (abogados, litigantes, estudiantes de Derecho, Facultades de Derecho, etc).

Éste reto mayor es posible, y con éxito, si los concernidos reconocen que similar crisis estructural al de la “justicia” tienen, entre otros ámbitos, la universidad pública y los abogados y desarrollan, en orden a su mandato constitucional y legal, acciones de corto mediano y largo plazo que transformen esas situaciones críticas, que hoy las caracterizan. No existe reforma judicial exitosa que no haya sido convocante de estos sectores.

En esa medida, desde una perspectiva de -real- construcción y fomento de institucionalidad democrática, no ayuda endosar toda la responsabilidad de la crisis estructural de la justicia a los jueces. La tendencia, en países con democracias insuficientes, es que los políticos en gobierno y otros sectores de poder busquen aquello, por lo que resulta peligroso para la gobernabilidad que los jueces sigan perdiendo credibilidad y que el respaldo social del que deben gozar se vaya trocando en rechazo y desconfianza generalizada. Éste es caldo de cultivo para acentuar formas de injerencia. 

Los gobernantes democráticos no deben temer a la autonomía judicial y percibirla como un recorte de su poder. Un gobernante con lógica democrática no promueve reformas judiciales cosméticas sino reformas integrales con enfoques de política pública, progresivos, eficientes y con legitimidad.

Proteger al Órgano Judicial de cualquier presión pasa por generar un ámbito de participación ciudadana que transforme -haciendo-, cree y afiance mecanismos de control social de la Justicia. Pasa también por propiciar el liderazgo judicial en su propio proceso de reforma con la fuerza legitimadora, la cual sólo la puede dar la contribución de la sociedad civil y la validación social durante su transcurso. Los órganos políticos deben autolimitarse en sus contribuciones.

Sin carrera judicial no habrá independencia judicial en Bolivia

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La Constitución Política del Estado (art. 178-II) establece que la garantía de la independencia judicial se sustenta en la autonomía presupuestaria y la carrera judicial.

La autonomía presupuestaria, que debería ser objeto de referéndum constitucional, se materializaría en el otorgamiento de un porcentaje –fijo– del presupuesto general del Estado, suficiente que viabilice los distintos servicios de justicia, sin tener que depender de Gobierno alguno; que permita atender sus gastos recurrentes, operativos, de funcionamiento, inversiones conforme a su presupuesto y por otra parte, la institucionalización de todos los cargos judiciales.

La carrera judicial, que aún no tiene rostro propio, garantizaría la continuidad y permanencia en el cargo de jueza o juez, en tanto demuestren idoneidad profesional y ética, a través de mecanismos de evaluación coherentes con la Constitución y los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. En la medida que la carrera judicial no alcanza a las altas autoridades del Órgano Judicial, que son elegidas en voto directo, y tampoco a los vocales que integran los tribunales departamentales de justicia, que acceden a la función jurisdiccional a través de convocatorias públicas, sus procesos deberían aplicar mecanismos de preselección y selección, a través de concursos de méritos y exámenes de competencia, para garantizar que los postulantes más meritorios accedan a estos cargos.

En esa línea, los órganos correspondientes deberían garantizar el ejercicio independiente de la función judicial, instituyendo mecanismos que posibiliten que la jueza o el juez, ejerzan sus funciones lo más apartado posible de las presiones. El poder político debería ser el primero en abstenerse de cualquier intención de influir directa o indirectamente en la labor de los administradores de justicia, que puede llegar a constituirse en el referente a seguir por los demás grupos de poder. Por otra parte, la presión mediática, también debe dejar de ser el medio encubierto para ejercitar presión para direccionar el proceso y obtener los fallos parcializados.

Según normativa, la función de jueza y juez está sujeta a la carrera judicial. La nueva carrera judicial, aplicable a las juezas y jueces, comprende tres subsistemas, el primer subsistema regula el ingreso, es decir la forma de acceder a la carrera a través de las dos fases, mediante la Escuela de Jueces del Estado y el concurso de méritos y exámenes de competencia; el segundo subsistema, de evaluación y permanencia, mediante la aplicación de evaluaciones periódicas y permanentes; y el tercer subsistema, de capacitación, que contiene la formación y la actualización permanente.

En ese marco, la implementación de la carrera judicial, una vez que ha sido definida la transitoriedad de todos los cargos en el Órgano Judicial por el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional 0499/2016-S2, debe sujetarse al Reglamento de la Carrera Judicial, que regula las dos formas de acceder a la carrera y debe ser entendida como el pilar fundamental para garantizar la independencia en el ejercicio de la función de impartir justicia, puesto que por una parte se procura dotar de los recursos humanos más idóneos para impartir justicia, donde prime la meritocracia, y por otra, una vez que se ingresa a la carrera, su continuidad y permanencia sólo puede depender de su desempeño, demostrando idoneidad y ética, para lo cual se aplicarán evaluaciones permanentes y periódicas, comparando el desempeño con lo planificado en términos de idoneidad y eficiencia.

En esa perspectiva, el diseño y aplicación de la carrera judicial debería garantizar la independencia de las juezas y los jueces en el ejercicio de sus respectivos cargos, de tal forma que su ingreso sea producto de su capacidad y competencia para su función, entendiéndose como la aplicación de la meritocracia, su continuidad y permanencia en el cargo, sujeto a evaluación de desempeño, complementado con la capacitación y actualización, procesos y procedimientos que deben estar debidamente reglamentados, sin dejar de considerar los elementos adicionales, como la promoción, y traslados, permutas, suspensiones y destituciones del cargo.

La institucionalización de los cargos de juezas y jueces depende ahora de voluntad política de las autoridades judiciales electas por sufragio popular, que deben garantizar trasparencia de los procesos de preselección, selección y designación de los postulantes juezas y jueces, en el marco de la nueva carrera judicial, como primer paso para concretar la independencia judicial.

Cuando lleguemos al ideal del mérito y la excelencia, la justicia será lo que siempre hemos anhelado, el reducto firme y cabal de la defensa de los derechos de aquellos que hoy no confían en ella. Que así sea.

La reforma judicial no es patrimonio de un Gobierno

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Los Tiempos
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La Razón

Tenía previsto no opinar más, al menos por el momento, sobre la ruta crítica que debe transitar la justicia boliviana, para iniciar su reforma, desde una perspectiva de política pública. No obstante, debido a los últimos sucesos, que dan cuenta de una propuesta del Órgano Judicial (OJ), tras su Precumbre, y de las reacciones antidemocráticas de la Ministra de Justicia, otros interlocutores del Gobierno y hasta algunos generadores de opinión, resulta irresponsable no pronunciarse por la identidad, compromiso y trabajo de décadas en la materia.

Y más allá de la forma en que fueron elegidas y el perfil de las autoridades que han gobernado a las instituciones de justicia en los últimos años, lo que ha caracterizado su relación entre ellas y con la población, es la primera vez, en los últimos diez años, que el OJ, liderado por su Presidente, gracias a la cooperación de la Unión Europea, realiza el ejercicio de discutir pluralmente su situación y plantea con firmeza al país, una propuesta.

Horas después tirios y troyanos enfilan sus baterías para descalificarlos; exhibiendo un supino desconocimiento de datos y cifras que –vistos de modo coherente en orden a lo que es un Sistema de Justicia– niegan la posibilidad de que el OJ posicione sus propuestas y avance hacia su independencia. No los entiendo, sobre todo a los que critican con sesgo y mezquindad, haciendo comparsa al discurso predominante, pese a haber tenido gestión y gobierno en instituciones judiciales, en décadas pasadas.

¿No es acaso una tarea pendiente en el país consolidar la autonomía judicial y la independencia de los jueces? Sin estos presupuestos, ¿en Brasil habría un Tribunal que esté investigando al ex presidente Lula?, ¿en Colombia la Corte Constitucional le hubiese negado a Álvaro Uribe la opción de ser reelegido presidente?, ¿o en Perú la Corte Suprema, en un proceso impecable, hubiese dispuesto el encarcelamiento (por 25 años) de Alberto Fujimori, por violación a derechos humanos?

Soy de los que cree en las propuestas formuladas por el OJ, sobre todo en materia económica, por ser precondición para su autonomía institucional y aquellas que suman al desarrollo del pluralismo jurídico. No habrá reforma judicial con un presupuesto reducido al 0.56%, cuando en propaganda estatal se gasta cuatro o cinco veces más. La justicia jamás será accesible si es que jueces, fiscales y defensores de oficio existen en menos de la mitad de municipios del país. La mora judicial no desaparecerá si para 10,5 millones de habitantes (con crecimiento de 3% anual) hay apenas 1006 jueces y si en los tribunales del país anualmente se atienden más de 810 mil casos. Los procesos judiciales seguirán siendo enmarañados y demorados si es que el Órgano Legislativo no cumple su función –ya aplazada por años– de dictar un marco jurídico coherente con el mandato constitucional y el Derecho Internacional de los DDHH; pero sobre todo coordinado con el Ejecutivo para asegurar su implementación y respetando al Judicial. Puedo seguir enunciando realidades que se ignoran deliberadamente, por lo que igual o mayor responsabilidad tienen de la crisis judicial los Órganos Ejecutivo y Legislativo. Así, una Cumbre Nacional de Justicia resulta innecesaria, porque no exhibe una real voluntad política de dar independencia ni recursos económicos y legales a la justicia. Ya el OJ hizo mea culpa en la Precumbre y está dispuesto a trabajar coordinadamente con los demás Órganos del Estado. El reto está planteado y el país debe saberlo.

En esa perspectiva, la Ministra de Justicia y su equipo cometen el grave error de seguir excluyendo, descalificando e irrogándose la titularidad y exclusividad de propuestas de cara a mejorar la justicia. Han tenido diez años para hacerlo. Están perdiendo la perspectiva de proceso plural y de consenso, que conlleva una reforma judicial; la que por cierto, además, deberá estar respaldada por las instituciones de sociedad civil independientes, con opinión, propuesta y apoyo crítico, una cooperación internacional desconcentrada y ampliada y medios de comunicación responsables. No se le puede seguir negando al pueblo de Bolivia, con un doble discurso, la posibilidad de tener una justicia democrática.

Una reforma integral al Sistema de Justicia conviene a todos

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Los Tiempos
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La Razón

A nadie conviene la situación de crisis del Órgano Judicial: ni a los ciudadanos ni al propio Gobierno, que hoy enfrenta un desgaste sin precedentes por haber enarbolado la bandera de una “revolución judicial” que no llega, pese a tener diez años en el poder. La corrupción y la impunidad, algunas de las señas de falta de independencia en la función generada por malos servidores de justicia, han anulado diversos ámbitos de las instituciones del sistema de justicia en un contexto en el que los tribunales deberían garantizar los derechos humanos de los bolivianos y las bolivianas y ser contrapeso al ejercicio del poder político. Con tribunales independientes, emergentes de un proceso convocante y transparente de reforma judicial, el país gana.

La separación de poderes y respeto entre los mismos asegura el poder y la legitimidad de un gobernante. En esa línea, le conviene al gobierno del señor Morales Ayma, desarrollar la institucionalidad judicial en orden al mandato constitucional, para evitar un mayor aislamiento y desgaste social. No reponer la función real del sistema de pesos y contrapesos, que ofrece el Sistema de Justicia equivale a socavar el estado de Derecho, derruir la división de poderes y afectar el sistema democrático.

La situación es más grave si es que con la denominada “Cumbre Judicial” se busca ganar votos y ampliar márgenes de maniobra para luego “despedir” a las actuales autoridades; cuando lo sensato, para hacer creíble el mea culpa gubernamental respecto a la crisis judicial, es que concluyan su mandato y el 16 y 17 de abril lo reorienten como el inicio de un proceso de diálogo nacional por una reforma integral del sistema de justicia. Un proceso participativo de corto, mediano y largo plazo, con financiamiento asegurado, menos protagonismo mediático de sectores del Gobierno, con visión de país, actitud responsable del Legislativo, mirada técnica en su implementación y con liderazgos visibles y de consenso social en las instituciones de los órganos judicial y ejecutivo. Un proceso –insistimos– que trasunte gobiernos, con dimensión y enfoque de política pública, a fin de evitar “borrón y cuenta nueva” de quién ostente el poder.

Sin una mínima apertura a acuerdos entre los Órganos del Estado y Sociedad Civil, para recomponer la institucionalidad judicial, todos pierden: pierde el Gobierno, pierde el Legislativo y pierden las instituciones judiciales, las organizaciones sociales, las instituciones y los ciudadanos, todos desprovistos del único marco que les da seguridad y garantías.

Una genuina reforma judicial es tarea de los “sectores vivos” de un país. No es patrimonio de un gobierno. Esta tarea requiere el concurso de todos, pues la independencia de poderes es una garantía del Estado de Derecho contenida en los tratados internacionales, en el constitucionalismo histórico y reciente y en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. Mal haría el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera en seguir la vía equivocada de no escuchar a la “masa crítica” y profundizar en el intento de capturar toda la hegemonía. Ningún gobierno puede asumir una legitimidad democrática que el Derecho y la propia realidad empiezan a contrastar y contradecir.

¿Qué implica una política en justicia?

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La Patria

No cabe duda que las iniciativas exitosas de reforma judicial en América Latina, con impacto positivo en la justicia y su conducción, han pasado por un proceso participativo, plural, inclusivo, progresivo, con una acción integral del Estado, bien articulada y en busca de un objetivo común.

En Bolivia, ese objetivo común está -en gran medida- determinado por la Constitución Política del Estado de 2009. Esto es, lograr una única justicia integral, con órganos paritarios, que brindan un servicio público de justicia a ciudadanos y ciudadanas, caracterizada por su independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos.

En ese sentido, hemos venido planteando analizar y realizar prospectiva respecto a la justicia y la implementación de aquel mandato constitucional, desde un enfoque de política pública; término que alude al conjunto de decisiones o de acciones coherentes, tomadas por las instancias gubernamentales en sus distintos niveles, la sociedad civil y las entidades privadas, a fin de resolver el problema de la crisis judicial, que tiene como una de sus principales causas la falta de una genuina reforma judicial en sus últimas décadas de vida independiente.

Entonces, tener una reforma judicial desde el enfoque de política pública, implica construir una política de Estado en justicia, un proceso de corto, mediano y largo plazo, en el que un análisis permanente de las interacciones entre actores públicos y privados, un análisis en términos de problemas públicos y un análisis comparativo con otros servicios, nos lleven a establecer estructuralmente las fases de toma de decisiones y a la definición de procedimientos para atender las diferentes expresiones de la crisis judicial.

"Agendación" es la primera fase y en la medida que la crisis judicial está incorporada en la agenda nacional como un "problema público", corresponde promover que la decisión gubernamental de reformar la justicia se traduzca en compromisos concretos y liderazgos visibles, lo que ayudaría al inicio del proceso esperado.

"Programación" es la segunda fase que implica la ponderación de las bases jurídicas dictadas y los objetivos definidos, los instrumentos de intervención y las modalidades operativas de la acción estatal. Este es un momento en el que también sociedad civil puede aportar y, en ese sentido, la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, tiene un papel importante por cumplir; desde una perspectiva de monitoreo o acompañamiento ciudadano al proceso y, por qué no, de apoyo crítico.

"Implementación" es la tercera fase y permite evaluar el conjunto de procesos que, tras la programación, buscan la realización concreta de los objetivos planteados, en base a las competencias, procedimientos y recursos programados. Este último elemento (en su variable económica) es crucial para avanzar en el proceso, en la medida que sin recursos sería inviable la consolidación de cualquier política pública.

"Evaluación" es la cuarta fase y en ella se valoran los resultados y efectos de la intervención pública. Alcanza inclusive cambios de conducta de los grupos-objetivo, o del grado de resolución del problema social identificado.

Apreciamos entonces que, en cada una de estas fases, resultan claves los actores intervinientes, los recursos asignados, las reglas institucionales que regulan sus actos, así como el contenido del problema a solucionar. De ese modo, cada medida o producto que se genere en el curso de una política pública expresará intereses, posiciones, obstáculos y oportunidades, todos "negociables" si la acción del Estado es integral, que implica una agendación y evaluación política pero una programación e implementación eminentemente técnica.

Queda entonces, a la luz de estos elementos, revisar el proceso de cambios judiciales que tenemos en Bolivia y reorientarlo hacia una política pública en justicia, una que trascienda gobiernos y que se construya con el aporte de todos y todas.

Elementos que hacen “integral” una reforma al sistema de justicia

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Pese a la necesidad de promover una reforma integral del sistema de justicia, el Ejecutivo y el Legislativo insisten en su idea de superar la crisis judicial con las propuestas que emerjan de la “cumbre judicial”. La Universidad sigue ausente, al igual que la masa crítica de las ONGs independientes. Ignoramos si algún Colegio de Profesionales tiene propuestas presentadas e incluidas. Desconocemos los alcances de las propuestas que estarían haciendo las “organizaciones sociales”, porque el Ministerio de Justicia viene gestionando la “cumbre” con antidemocrático hermetismo. En esa línea, el Órgano Judicial no ha respondido a las críticas que pesan sobre él por su débil situación; el Tribunal Constitucional ha mantenido un perfil bajo; la Fiscalía, en respaldo al Ejecutivo y Legislativo, hizo una propuesta de diez puntos, y ningún medio de comunicación “se ha ganado el pleito” de apoyar este proceso, con responsabilidad, compromiso y proactividad.

Por estas razones y en la línea de seguir aportando, comparto algunos elementos que han concurrido, en experiencias exitosas de reforma, con el fin de mostrar qué implica una reforma judicial.

Real voluntad política del Ejecutivo: Se debe plasmar en acciones concretas la voluntad política del Órgano Ejecutivo de reformar la Justicia. Tendrán entonces los portavoces gubernamentales que sincerar su discurso y generar condiciones reales para el inicio de un proceso (ojo… un proceso) en el que el “ganador” sea el Órgano Judicial y con él los bolivianos y las bolivianas. Esta voluntad política debe implicar capacidad de convocatoria y acuerdo a nivel de la llamada “clase política”; porque una reforma judicial no es patrimonio de un Gobierno, es de un Estado, y, en consecuencia, debe trascender gobiernos, ser progresiva y tener un carácter prioritario en la agenda de Estado.

Conducta responsable y coherente del Legislativo: Resulta incoherente que el Legislativo le exija al Judicial que brinde un servicio óptimo y oportuno, con un marco jurídico insuficiente, inadecuado, contradictorio y –en algunas materias– obsoleto; considerando los nuevos paradigmas constitucionales de la función judicial. En ese sentido, el Legislativo debería asumir su responsabilidad y cumplir con el mandato constitucional y legal, de generar leyes y códigos que hagan viable la justicia plural. ¿Cuántos años han transcurrido desde que está vigente la Disposición Transitoria Tercera de la Ley del Órgano Judicial, que reconoce que "se establece un proceso de transición máximo de dos años para que los distintos códigos que rigen la administración de justicia sean modificados para adecuarse a esta Ley y sean aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional"? Entonces, ¿cuál es su aporte y compromiso con la reforma judicial, porque cuántos de los llamados “Códigos Morales” están vigentes? Y, cuidado que cambiando a las altas autoridades, la crisis judicial se acentuará. Lo sensato sería dejar que concluyan su mandado y en ese tiempo sentar las bases para una genuina reforma judicial.

Carácter técnico, inclusivo y de consenso de los componentes de la reforma y su implementación: Si el actor predominante es el Ministerio de Justicia y si todos y todas demandan una reforma judicial, deberían no solo generar mecanismos para canalizar las propuestas; sino promover espacios plurales para lograr consensos, que apunten a un acuerdo nacional sobre la reforma integral al Sistema de Justicia. El abordaje de esta agenda, debería ser técnico, sobre todo en el proceso de implementación, porque si bien el apoyo político es fundamental, éste debe estar limitado para evitar distorsiones del proceso. La elección de las “altas autoridades judiciales”, resulta ejemplificadora.

Enfoque de política pública o política de Estado: Este elemento es sustancial y hay que exigirlo. El enfoque de política pública alude al conjunto de decisiones o de acciones coherentes, tomadas –en el tiempo– por diferentes actores estatales y no estatales, cuyos recursos, nexos institucionales e intereses varían, a fin de resolver un problema colectivo, que en Bolivia es cada vez más crítico: la vulneración de derechos en los tribunales de justicia. En este marco, resulta ineludible reiterar nuestra recomendación de no sustituir este enfoque, que implica un proceso, por la denominada “cumbre judicial”, que pese a su influjo mediático, no deja de ser una actividad gubernamental y momentánea.

Si la apuesta es una auténtica reforma judicial, la “cumbre judicial” debería ser el inicio de aquel proceso plural de un año. Las iniciativas de reforma que se generen deberían tener un impacto positivo en la justicia y su conducción. En ese sentido, la acción del Estado debería ser integral y estar articulada coherentemente, promoviendo un objetivo común aunque con objetivos específicos, siguiendo los mandatos de la actual Constitución. Esta política de Estado, entonces, debería agotar cuatro fases: la elaboración de la agenda, la programación, la implementación y la evaluación del grado de resolución del problema que simboliza hoy la justicia; tal como lo hicieron Costa Rica, Chile y en menor medida Perú y otros países latinoamericanos en pro de una justicia justa.

Una “Cumbre Judicial” no define la reforma de la Justicia que Bolivia necesita

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Diario La Patria

Han transcurrido cinco años, desde que la Constitución de 2009 generó nuevos retos al Sistema de Justicia boliviano, y las estadísticas judiciales, los informes de Derechos Humanos (de organismos internacionales con carácter vinculante y otros), los informes del Defensor del Pueblo, las críticas generadas por la demanda ciudadana de justicia y, en general, la coyuntura, reprueban lo realizado y plantea un interrogante: ¿realmente asistimos a una reforma judicial o ésta no se ha iniciado?

Existe una demanda general de reforma judicial, pero falta generar consensos y un abordaje responsable, que pasa por dejar de lado los discursos o hacer eco de ellos y trabajar -técnicamente- para construir el servicio de justicia que la Constitución les reconoce a los bolivianos. Para lograrlo, sería necesario articular una coalición de instituciones de composición plural que promuevan acuerdos y hagan seguimiento, de ser posible con carácter vinculante, a las acciones que se determinen como ineludibles para reformar la Justicia.

En ese orden de ideas, urge plasmar en acciones concretas la voluntad política de reformar la Justicia de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Un acuerdo nacional sobre la reforma integral al Sistema de Justicia, sería un instrumento idóneo. Habría entonces que alejar el proceso de los intereses políticos y dejar su implementación en manos técnicas.

Estamos sugiriendo iniciar un proceso, que debe trasuntar gobiernos, desde un enfoque de política pública que, como sabemos, alude al conjunto de decisiones o de acciones coherentes, tomadas por diferentes actores públicos y a veces no públicos, cuyos recursos, nexos institucionales e intereses varían, a fin de resolver un problema colectivo que en Bolivia es un tema sensible: el respeto de los derechos humanos en los tribunales de justicia.

En este marco, la actividad que el presidente Morales ha llamado “Cumbre Judicial” representa una oportunidad inmejorable, si el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, asume técnicamente su conducción, replantea su enfoque y coloca a esta actividad como el inicio de un proceso plural, convocante y no excluyente, de no menos de doce meses, dividido en etapas: Un primer paso consistiría en generar un proceso amplio de consulta nacional de cinco meses, basado en un diálogo de saberes, experiencias y propuestas, en un orden temático, lógico, de iguales, e integral, en los nueve departamentos. En un segundo momento se trabajaría la sistematización de las propuestas departamentales, en la perspectiva de lograr, en los siguientes dos meses, una propuesta nacional para la reforma integral al Sistema de Justicia en Bolivia, la que sería presentada a los delegados institucionales de los nueve departamentos, con el fin de retroalimentar la propuesta durante el octavo mes. Un tercer escenario, durante el noveno, décimo y décimo primer mes, sería el de validación, por parte del pleno de los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de la propuesta nacional de reforma al Sistema de Justicia en Bolivia. Un cuarto paso, en el décimo segundo mes, contemplaría la presentación, en un foro nacional, de la propuesta nacional para la reforma integral al Sistema de Justicia en Bolivia, con la participación de quienes intervinieron en el proceso, además de las autoridades de los cuatro Órganos del Estado y las fuerzas políticas (partidos, agrupaciones, movimientos, etc.) del país.

Las iniciativas de reforma que se generen, durante estos doce meses, deberían tener un impacto positivo en la justicia y su conducción. En ese sentido, la acción del Estado debería ser integral y estar articulada coherentemente, promoviendo un objetivo común aunque con objetivos específicos, que en gran medida han sido determinados por la actual Constitución: una única justicia sistémica, con órganos paritarios, que brinden una prestación pública de justicia a ciudadanos y ciudadanas, caracterizada por su independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. Estamos planteando cuatro fases o dimensiones de trabajo, que no necesariamente son consecutivas, pero sí interdependientes: 1) la elaboración de la agenda, 2) la programación, 3) la implementación y 4) la evaluación del grado de resolución del problema que simboliza hoy la justicia.

Por lo expresado, la “Cumbre Judicial”, como se viene gestando, no define la reforma de la Justicia que Bolivia necesita, pero sí puede ser un buen inicio, en la medida que abonaría al desarrollo y contenido de la primera y segunda fase de una política pública, una política del Estado Plurinacional de Bolivia en materia de justicia; si el objetivo es contribuir a la construcción de un sistema democrático y una genuina gobernabilidad del país.