Contraloría y lucha contra la corrupción

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El Clarín (Cajamarca Perú)

La lucha contra la corrupción en nuestros países, desde una perspectiva de real vigencia de derechos y mejor salud de las instituciones democráticas (sistema de justicia, parlamento, etc.), debe consolidarse como la agenda central necesaria y de impostergable atención por parte del marco jurídico e institucional de todo Estado y nivel o tipo de organización social. No hay otra opción y el momento para afianzar este proceso, que por hoy es más social que estatal, es ahora. 

Está en juego un mejor o peor futuro de los peruanos que nos suceden. Es la apuesta por construir un país con principios y valores democráticos o darse por vencidos ante la corrupción y cederles espacio a las organizaciones criminales que pululan y se multiplican y, en su lógica delictiva incluso desde el propio Estado, se resisten a perder sus privilegios y espacios en la vida pública y privada. Los casos del ex fiscal de la nación Pedro Chávarry, del prófugo ex magistrado supremo César Hinostroza, los “cuellos blancos del puerto” y sus nexos con Odebrech y las figuras más visibles de la política nacional, son apenas una parte de la radiografía de esta lacerante realidad. 

Como lo hemos expresado antes, en este y otros espacios de opinión, la corrupción acosa a nuestro país y en esa medida ha penetrado transversalmente los diversos espacios de la vida estatal (principalmente alcaldías, gobernaciones regionales y los últimos gobiernos nacionales) y no estatal de nuestras sociedades (como la prensa, la empresa privada, etc.) y debemos combatirla sin tregua hasta vencerla. En ese sentido, es destacable que en nuestro Perú, además de la vía judicial y los mecanismos que prevé el sistema electoral, tengamos desde casi un año, la posibilidad de suspensión e inhabilitación de gobernadores regionales y alcaldes por parte de la Contraloría General de la República. Resulta claro que los propios mecanismos de autocontrol de las alcaldías y gobiernos regionales, reconocidas por sus propias leyes, hasta ahora en la mayoría de casos, han favorecido y afianzado la corrupción y la impunidad.

A inicios de este milenio, con un amigo querido, dimos batalla judicial para vacar a un alcalde que -con todo desparpajo- compró votos con dinero del municipio para reelegirse (en Agua Blanca - San Miguel - Cajamarca), y lo logramos faltando unos meses para que concluya su mandato. Enfrentamos, como personas comunes y con nuestros propios recursos económicos y el apoyo de unos cuantos paisanos honestos de nuestras colonias, las peores expresiones y rostros de la retardación y la corrupción judicial en Cajamarca. Lo refiero, porque luego del Poder Judicial (en el que ganamos el proceso hasta en la Corte Suprema) nos tocó enfrentar al alcalde, que seguía usando el dinero de mi pueblo, en el Jurado Nacional de Elecciones. Un mal ejemplo, que grafica los amplios márgenes de impunidad que aun existen para autoridades políticas elegidas por voto popular en los distritos, provincias y regiones del país; como consecuencia de una insuficiente legislación y una acentuada tolerancia social y de los servidores públicos a las diversas formas de corrupción. 

En orden a lo anterior, considerando que el actual Congreso es el peor que hemos tenido desde la década de la dictadura de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y las FFAA y a lo mejor de nuestra historia de país, al cumplirse casi un año de la aprobación de la Ley Nº 30742 “Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control”, es importante conocer cuál es el balance de labores en la lucha contra la corrupción que ofrece la Contraloría al país. Importa saber ¿a cuántos gobernadores regionales y alcaldes suspendieron e inhabilitaron, al encontrar irregularidades en su gestión?, ¿Qué infracciones administrativas, de las identificadas por la Contraloría, son las más recurrentes?, ¿qué niveles de coordinación tienen con el sistema de justicia anticorrupción?, ¿Qué responsabilidades compartidas con la población han identificado, para un trabajo articulado?, ¿Es necesario potenciar a otras autoridades (prefectos y subprefectos por ejemplo) o con la estructura y recursos humanos que tiene la Contraloría es suficiente?.

Es importante conocer el impacto de esta ley en la vida del país o seguimos inmersos en el espiral ¿a mayor lejanía de las grandes urbes y capital mayor corrupción e impunidad?.

Somos el tercer país con más territorio en el sur de América y durante el año 2018 el segundo con mayor PBI de América Latina. Por eso, y más razones, necesitamos leyes útiles, eficaces y contextualizadas. Dejar de ser uno de los paraísos de la corrupción e impunidad, es no soslayar estos elementos y presupuestos. Luchar contra la corrupción, desde el Estado con estos enfoques, también es promover y defender los derechos humanos de aquellos sectores en situación de vulnerabilidad.

FFAA y servicio militar obligatorio

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El Clarín (Cajamarca Perú)

Hace unos días comenté, siempre constructivamente y sin interés propio, una publicación en Facebook de un amigo y ex colega de trabajo y recibí, de otro amigo común al que aprecio y respeto, una opinión contraria que me motiva a retomar y visibilizar mi perspectiva de este tema en la presente columna de opinión. 

Ante la posibilidad de que el servicio militar vuelva a ser obligatorio, si el proyecto del congresista de Cambio 21 Luis Yika prosperase, expresé que “todo esto nos lleva a replantear el papel de las FFAA en la Región. NO APORTAN EN NADA...!!! Lo que consumen debe reorientarse a educación, salud, justicia y otros ámbitos de nuestros ordenamientos de Estado.”

Primeramente decir que es bueno abordar un tema del que los grupos de poder (económico fundamentalmente), sus aliados y operadores, en nuestro país evitan debatir. Esto debe cambiar y lograrlo implica que nuestros gobernantes y generadores de opinión abran su mente. El estatus que tienen organizaciones como la iglesia católica, las FFAA y otras de estructura vertical, que hacen a la “vida nacional”, no debe seguirlas colocando en una ubicación de intocables. 

Luego dejar anotadas algunas interrogantes para la reflexión colectiva ¿Cuál es el papel que tienen -hoy por hoy- las fuerzas armadas en países en los que hay caudillismo, concentración de poder en la figura presidencial y declive de la institucionalidad democrática? y, mirando en la historia reciente de nuestro país (puedo citar decenas de casos en América Latina), ¿Qué de rescatable nos dejó lo que hicieron las fuerzas armadas de la década del régimen de los reclusos Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos? ¿Qué aportes concretos (verificables y medibles) están realizado al país? ¿Es o sólo debe ser su rol la defensa territorial?. 

En Costa Rica, país que no tiene fuerzas armadas desde hace más de 70 años, el presupuesto del Poder Judicial representa el 5.6% del producto bruto interno nacional (promedio de la última década). Tiene además, producto de estas medidas, un servicio de salud y educación con indicadores positivos reconocidos por su población y destacados por la comunidad internacional. ¿Ha sufrido recortes de su territorio por invasiones o guerras desde entonces?

Cómo están organizadas las fuerzas armadas jamás será útil al Perú. Privilegios, que ofenden la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran sectores excluidos del país, como clubes con piscinas, canchas para diversos deportes, salones de diversión, etc, etc) sólo para militares y sus familias, vehículos con dinero y gasolina para la cúpula (que paga la población vía impuestos) ministerio y una burocracia innecesaria, etc, etc, debe desaparecer hasta lo estrictamente necesario. No pueden seguir usando de esta manera el dinero de los peruanos, cuando hay centenares de personas que año a año mueren de frio en la sierra.

No estoy abogando por la desaparición de las FFAA, a lo mejor más adelante lo haga cuando hayan consensos en esa dirección en los países de la región, pero para que justifiquen -mínimamente- su existencia éstas deben pasar por un proceso de auto reingeniería institucional y verdadera profesionalización. 

En este marco, promover el retorno del servicio militar obligatorio resulta absurdo y ofende, porque -además de distraer a la población de los temas centrales como la crisis de gobernabilidad por la corrupción- intenta afirmar un poder impuesto y de culto a las jerarquías; que es incompatible con una sociedad con cultura y vocación democrática. Pretende además incrementar el presupuesto de las FFAA y poner al servicio de las camarillas militares mano de obra barata y hasta gratis.

¿No es cierto acaso que el servicio militar obligatorio es solo para población reclutada de los sectores marginales? ¿Cuándo los adinerados e influyentes han hecho el servicio militar? ¿Tiene utilidad militar propiamente este mal llamado servicio?

Por eso, me ratifico, las FFAA de hoy no aportan al desarrollo de un Perú con oportunidades para todos y todas; sólo mantienen un status quo que los grupos de poder aplauden y defienden (iglesia, prensa, empresa, políticos) porque les asegura sostenibilidad.

Otros aspectos que fortalecen la justicia

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El Clarín (Cajamarca Perú)

Nuestros sistemas judiciales no han logrado, pese a sus avances normativos (en lo pluricultural, género, etc), internalizar en los jueces y fiscales criterios de acción. El cumplimiento de normas y estándares internacionales de derechos humanos (DDHH), la independencia judicial (IJ), la transparencia institucional (TI) y el acceso a la justicia (AJ), son algunos ámbitos.

DDHH: El juez es aplicador del Derecho, aunque históricamente se asuma que en ejercicio de la soberanía jurídica le corresponda -en específico- aplicar las normas nacionales. Dictar Derecho entonces se torna en una actividad que descarta los estándares internacionales.

Es necesario, en ese sentido, asumir que el proceso de formación judicial en las academias o escuelas judiciales y fiscales debe contemplar en sus currículas la complementación de la norma nacional con la norma internacional de derechos humanos. Sumaría igualmente que las facultades de Derecho con la judicatura, desarrollasen capacitaciones que fuercen al juez a dar una mirada a las normas y principios internacionales y avizorar los supuestos de hecho en los que esta normativa internacional se aplica. Importaría también que la asistencia técnica de ONGs y agencias de cooperación incidan en la formación judicial y en la búsqueda de indicadores, identificando aleatoriamente aquellos casos en los que el juez dictó justicia prescindiendo de estos principios y normas internacionales.

Por otro lado, no se constata la existencia de bases de datos electrónicas ni bibliotecas virtuales que favorezcan el acceso a fuentes del Derecho Internacional. De esta manera, el problema no es que exista una exclusión deliberada en los sistemas judiciales, con relación a estas normas, sino que no hay facilidades de acceso a la información ni la propiciación de una cultura de derechos humanos. 

IJ: La mayoría de jueces y fiscales no conocen necesariamente todos los supuestos en los que operan casos de falta de independencia judicial, asumiéndose que ésta se concreta solo cuando el poder político pretende intervenir; dejando de lado la presión de la prensa y la opinión pública en determinados casos.

Conviene distinguir, en esa línea, la independencia del Órgano Judicial de la independencia del juez, individualmente considerado. Esta diferenciación nos permitirá plantear estrategias disímiles. Unas que ataquen el problema de la presión política al Órgano Judicial y otras que ataquen el problema cotidiano del coso a cada juez en determinados casos. El juez, en este último supuesto, debe sentir el respaldo del Poder Judicial y formarse en la línea de sentenciar conforme a Derecho y no conforme a lo que sectores de poder de la sociedad esperan de su fallo.

TI: La corrupción está vinculada a la transparencia, pero también a la falta de independencia. Sería necesario establecer, de modo obligatorio, la publicidad individual de las decisiones judiciales (como en Perú) y la identificación de la línea jurisprudencial de cada juez por parte de las facultades de Derecho y la escuela itinerante de lucha contra la corrupción, proveyendo de conocimientos específicos y aplicables que coadyuven a la lucha contra la corrupción.

Es necesario que las universidades involucren a los estudiantes en el control social de la justicia (creando plataformas de acercamiento entre jueces y ciudadanos) y una forma real de hacerlo sería informando de las líneas individuales de pensamiento jurisdiccional de los jueces ¿Se han apartado de su línea de decisión los jueces o son coherentes en el tiempo cuando resuelven casos iguales?

AJ: Pocas veces en la Región Andina se han desarrollado procesos de rastreo de indicadores judiciales y de funcionamiento administrativo. Podría ser promisorio impulsar estos procesos. 

Los indicadores permiten calcular y diferenciar las medidas del problema por cada tipo de caso, de manera que se puedan identificar las causas de los problemas y plantear mecanismos de solución con participación de aliados estratégicos en sociedad civil y la cooperación internacional. 

Es importante para la credibilidad y servicio a la ciudadanía que se incorporen a la legislación y a las políticas públicas determinaciones que hagan posible el acceso a la justicia. Algunos medios y herramientas para avanzar en este propósito, además de los indicadores, lo ofrecen los juzgados itinerantes o los mecanismos que inciden en el tránsito de los jueces por los poblados lejanos de las sedes de la justicia formal, la orientación legal a los ciudadanos de poblados remotos que puedan ofrecer los estudiantes de último año de Derecho y, entre otros, la creación o ampliación de los Juzgados de Paz a ciudades intermedias, en una perspectiva de la asimilación de la justicia a la cultura de paz. Necesitamos iniciar un proceso de internalización en facultades de Derecho, escuelas y gremios de abogados de la importancia de la cultura de paz para alcanzar una genuina justicia, una justicia de cooperación y diálogo antes que de litigio.

En nuestros países, no hay voluntad política para el inicio y desarrollo de genuinos procesos de reforma integral al sistema de justicia. No obstante, debemos sentar bases de una política pública judicial y una forma es promover e institucionalizar medidas como las que planteo.

Poder judicial: ¿“cenicienta” de las funciones del Estado?

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El Clarín (Cajamarca Perú)

Sí lo sería. Una realidad, con múltiples expresiones, que la encontramos en gran parte de los países con sistema de gobierno basado en la separación de poderes; también llamadas naciones democráticas.

En nuestra región, entre otras razones, esta situación tiene su origen en la forma en que se han desarrollado las relaciones institucionales entre las ramas (órganos, poderes o funciones) políticas y el Judicial que es eminentemente de naturaleza técnica y especializada.

El Ejecutivo -mayoritariamente- por el perfil desarraigado, corrupto y antidemocrático de sus gobernantes, en sus diversos periodos, ha preferido -aprovechando la inexistencia o débil carrera pública- la parálisis (status quo), pero también el control político y la instrumentalización de puestos clave del sistema de justicia; lo que les ha permitido perseguir a opositores políticos y, entre otras forma, generar impunidad a sus crímenes ligados al abuso de poder y a la corrupción. 

El Congreso, ha tenido similar línea de conducta, pero agravada, debido a que ha declinado de su función de fiscalización de los actos de gobierno y ha permitido que se inicien y -en algunos países- afiancen los procesos de copamiento político del Órgano Judicial. En algunos países, especialmente en aquellos cuyos gobiernos pregonan tener un proceso revolucionario, el Congreso funciona como apéndice del Gobierno Nacional. Suma, el que históricamente han demostrado desinterés por construir un marco jurídico coherente que permita a jueces, fiscales y otros operadores y administradores de justicia, desarrollar sus funciones en orden a sus mandatos constitucionales y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

Junto al Gobierno, por acción y omisión, el Congreso -siempre además de lo señalado- ha subordinado al judicial al aprobar mínimos presupuestos que no cubren el servicio judicial siquiera en el 30 ó 40% de municipios de los respectivos países. Se aprecia una relación de dependencia, además, debido a que éste presupuesto está librado a la arbitrariedad de congresistas, dos o tres ministros y el Presidente del respectivo Estado. En Bolivia, por ejemplo, el presupuesto asignado al Judicial ha oscilado entre 0.54 y 0.58% del presupuesto general del Estado (menos del 1%), en los últimos 12 años.

El judicial, por su parte, ha demostrado escasos liderazgos. Hugo Sivina Hurtado (Perú), Luis Paulino Mora Mora (Costa Rica) y Jorge Chediak González (Uruguay) siguen siendo excepciones en la región, porque superaron la comodidad de no hacer nada y promovieron propuestas concretas y viables para sus respectivos países. Esta situación de parálisis se ha traducido en cuotas de poder (para el control judicial al ejercicio del poder) perdidas, que los políticos han tomado y que -paradójicamente- usan para enfrentar a jueces y fiscales honestos a la población, agrediéndolos cuando les conviene. 

En la mayoría de nuestros países los políticos carecen de cultura político-jurídica, por eso no tienen vocación democrática y en esa medida no entienden que apostar por una reforma integral al sistema de justicia es construir un mejor país. Habría que renovar la “clase política” eligiendo mejor; pero además mejorando el sistema electoral y promoviendo la coexistencia de partidos políticos con representación nacional y alternancia periódica. Está demostrado que los caudillos emergen y buscan su perpetuidad en aquellos contextos en los que no hay partidos políticos fuertes.

Como se aprecia, existe una relación de maltrato direccionada y permanente de los órganos políticos hacia el judicial que, pese a las décadas transcurridas y millonarios procesos de reforma judicial fallidos, no se ha superado. El sostenimiento de esta situación, además de los propios órganos del Estado, encuentra responsabilidades en la población que elige pésimos políticos (salvo algunas honrosas excepciones), los medios de comunicación que no invierten en un periodismo judicial, las universidades que optaron por vivir en su propia burbuja (el de la autonomía), las agencias de cooperación que últimamente sólo se preocupan de “colocar” sus ayudas; pero sobre todo en la mayoría de las organizaciones especializadas en materia judicial (ONGs) que prefieren una relación complaciente con los gobiernos que los lleva a la autocensura.

Queda claro que también hay países en los que el sistema de justicia ha pasado a ser un apéndice del Gobierno Nacional. 

A nuestros pueblos nos conviene que esta perversa relación de abuso de poder la cambiemos por una de respeto y no injerencia. Los que hacen política deben comprender este extremo y en lugar de seguir avasallando e instrumentalizando al judicial, deben promover su auto reforma, auto limitándose. Todo tiempo es bueno para este objetivo de construir un país con justicia.

Poder judicial: ¿“cenicienta” de las funciones del Estado?

Publicado en:

Los Tiempos (Cochabamba Bolivia)

El Clarín (Cajamarca Perú)

Sí lo sería. Una realidad, con múltiples expresiones, que la encontramos en gran parte de los países con sistema de gobierno basado en la separación de poderes; también llamadas naciones democráticas.

En nuestra región, entre otras razones, esta situación tiene su origen en la forma en que se han desarrollado las relaciones institucionales entre las ramas (órganos, poderes o funciones) políticas y el Judicial que es eminentemente de naturaleza técnica y especializada.

El Ejecutivo -mayoritariamente- por el perfil desarraigado, corrupto y antidemocrático de sus gobernantes, en sus diversos periodos, ha preferido -aprovechando la inexistencia o débil carrera pública- la parálisis (status quo), pero también el control político y la instrumentalización de puestos clave del sistema de justicia; lo que les ha permitido perseguir a opositores políticos y, entre otras formas, generar impunidad a sus crímenes ligados al abuso de poder y a la corrupción.

El Congreso, ha tenido similar línea de conducta, pero agravada, debido a que ha declinado de su función de fiscalización de los actos de gobierno y ha permitido que se inicien y -en algunos países- afiancen los procesos de copamiento político del Órgano Judicial. En algunos países, especialmente en aquellos cuyos gobiernos pregonan tener un proceso revolucionario, el Congreso funciona como apéndice del Gobierno Nacional. Suma, el que históricamente han demostrado desinterés por construir un marco jurídico coherente que permita a jueces, fiscales y otros operadores y administradores de justicia, desarrollar sus funciones en orden a sus mandatos constitucionales y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Junto al Gobierno, por acción y omisión, el Congreso -siempre además de lo señalado- ha subordinado al judicial al aprobar mínimos presupuestos que no cubren el servicio judicial siquiera en el 30 ó 40% de municipios de los respectivos países. Se aprecia una relación de dependencia, además, debido a que éste presupuesto está librado a la arbitrariedad de congresistas, dos o tres ministros y el Presidente del respectivo Estado. En Bolivia, por ejemplo, el presupuesto asignado al Judicial ha oscilado entre 0.54 y 0.58% del presupuesto general del Estado (menos del 1%), en los últimos 12 años.

El judicial, por su parte, ha demostrado escasos liderazgos. Hugo Sivina Hurtado (Perú), Luis Paulino Mora Mora (Costa Rica) y Jorge Chediak González (Uruguay) siguen siendo excepciones en la región, porque superaron la comodidad de no hacer nada y promovieron propuestas concretas y viables para sus respectivos países. Esta situación de parálisis se ha traducido en cuotas de poder (para el control judicial al ejercicio del poder) perdidas, que los políticos han tomado y que -paradójicamente- usan para enfrentar a jueces y fiscales honestos a la población, agrediéndolos cuando les conviene.

En la mayoría de nuestros países los políticos carecen de cultura político-jurídica, por eso no tienen vocación democrática y en esa medida no entienden que apostar por una reforma integral al sistema de justicia es construir un mejor país. Habría que renovar la “clase política” eligiendo mejor; pero además mejorando el sistema electoral y promoviendo la coexistencia de partidos políticos con representación nacional y alternancia periódica. Está demostrado que los caudillos emergen y buscan su perpetuidad en aquellos contextos en los que no hay partidos políticos fuertes.

Como se aprecia, existe una relación de maltrato direccionada y permanente de los órganos políticos hacia el judicial que, pese a las décadas transcurridas y millonarios procesos de reforma judicial fallidos, no se ha superado. El sostenimiento de esta situación, además de los propios órganos del Estado, encuentra responsabilidades en la población que elige pésimos políticos (salvo algunas honrosas excepciones), los medios de comunicación que no invierten en un periodismo judicial, las universidades que optaron por vivir en su propia burbuja (el de la autonomía), las agencias de cooperación que últimamente sólo se preocupan de “colocar” sus ayudas; pero sobre todo en la mayoría de las organizaciones especializadas en materia judicial (ONGs) que prefieren una relación complaciente con los gobiernos que los lleva a la autocensura.

Queda claro que también hay países en los que el sistema de justicia ha pasado a ser un apéndice del Gobierno Nacional.

A nuestros pueblos nos conviene que esta perversa relación de abuso de poder la cambiemos por una de respeto y no injerencia. Los que hacen política deben comprender este extremo y en lugar de seguir avasallando e instrumentalizando al judicial, deben promover su auto reforma, auto limitándose. Todo tiempo es bueno para este objetivo de construir un país con justicia. 

Los reacomodos de la corrupción en el sur

Publicado en:

Correo del Sur (Sucre Bolivia)

Los Tiempos (Cochabamba Bolivia)

El Clarín (Cajamarca Perú)

Ya no es secreto que la corrupción, entre otras tantas formas de crimen, ha penetrado los partidos y espacios de representación política (movimientos, frentes, agrupaciones, etc.) en la mayoría de los países al sur del río Bravo y que, para seguir lucrando, en función a la cuota de poder político o intereses que tienen sus caudillos mal llamados “líderes”, están utilizando todo tipo de embustes, sin importar los intereses supremos de sus pueblos o los “procesos revolucionarios” que predican representar.

Esta realidad, que es verificable a través de los informes temáticos de los mecanismos de la ONU y OEA (independencia judicial, corrupción, etc.) y desde lo privado y la acción social (redes sociales, OSCs temáticas independientes, etc.), alerta sobre los avances e institucionalización de la corrupción, que en estos últimos años ha ido mutando y perfeccionando sus procedimientos, formas y contenidos, a fin de asegurar impunidad a sus perpetradores.

Hoy por hoy las caretas que exhibe la corrupción, en su modalidad de crimen organizado, son diversas y lo grave es que opera bajo el paraguas de protección de instituciones constitucional y legalmente con mandatos de proteger a la persona en sus derechos humanos. El impacto que la corrupción genera -paradójicamente- afecta principalmente a los sectores en situación de vulnerabilidad (niños, niñas, adolescentes, mujeres, LGTBI, pueblos indígenas y afro descendientes).

Los encontramos en la política del pasado y del presente, en gobernantes “democráticamente elegidos” –en su momento–, algunos de los cuales han decidido perpetuarse en el gobierno de sus respectivos países; considerando que controlan todo y en ese marco digitan a los sistemas electorales y de justicia. También están en el mundo empresarial, a través de testaferros y operadores que en campañas electorales “lavan dinero” proveniente del narcotráfico y empresas corruptas y corruptoras como Odebrech, a cambio de futuros favores. En la prensa sus adeptos tienen una conducta dócil y complaciente, sobre todo en aquellos países donde los acusados de corrupción hacen Gobierno. La iglesia, no solo la católica, no escapa a este laberinto delictivo y tiene a interlocutores que minimizan y promueven la impunidad ante casos flagrantes de corrupción y abuso de poder (ver caso del ex primado Juan Luis Cipriani).

Estas formas de corrupción estatal o con relaciones formales –desde lo privado– con lo estatal, han desarrollado estructuras de control gubernamental que, conforme avanza el tiempo, se robustecen. Por eso, se resisten a rendir cuentas ante jueces y fiscales independientes, que conozco existen en cada país. Retan cada día al orden constitucional y legal y demuestran, gracias a la inexistencia de carrera pública, entre otras debilidades del Estado, lo difícil que resulta vivir bajo las reglas y principios de la democracia.

Por ejemplo, el caso peruano demuestra lo peligroso y dañino que resulta tener una mayoría en el Congreso (primer y más importante Poder del Estado) cuyos “líderes” representan a organizaciones creadas para la corrupción y otras formas de crimen organizado. Esta situación explica las razones de los “fujimontesinistas” y sus aliados los “alanistas”, de mantener secuestrados al Congreso y al sistema de justicia (Ministerio Público y Poder Judicial); a través de autoridades representativas y clave como en la presidencia del Poder Judicial, la Oficina de Control de la Magistratura y una mayoría en la Junta de Fiscales Supremos (Órgano máximo de Decisión del Ministerio Público). Queda claro que buscan impunidad para Keiko Fujimori y Alan García, situación que –indirectamente– beneficia a ex gobernantes como PPK, Humala, Toledo y ex alcaldes y presidentes regionales; por eso están –todos a una como en Fuente Ovejuna– buscando como “tumbar” el acuerdo suscrito la semana pasada por la Fiscalía Anticorrupción y Odebrech. La mafia contrataca y –penosamente– mis paisanos peruanos (no todos), siguen distraídos en banalidades y asuntos superficiales.

En ese sentido, es necesario estar muy atentos, informarse y llevar nuestras voces de rechazo a la corrupción, que reitero tiene varias caretas, a las calles. Otra forma de corrupción es el silencio y la indiferencia. Lo verifiqué estando en Lima, por casi dos meses, los políticos corruptos le tienen terror a la población repudiándolos en lugares públicos y con ansias de llegar nuevamente a las urnas para cobrarles la factura.

El sistema democrático está en jaque y depende de la proactividad de la población lograr su liberación. Los políticos corruptos y sus huestes lo saben, por eso su desesperación por mantenerse en el ejercicio del poder e impedir ser juzgados; la única forma de lograr impunidad a sus actos delictivos.

Algunas anotaciones sobre el 171 periodo de audiencias de la CIDH

Publicado en:

El Clarín (Cajamarca Perú)

Los periodos de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también conocida como CIDH o la Comisión, son uno de los distintos espacios del sistema interamericano de derechos humanos, creados con el fin generar diálogo directo entre las víctimas de vulneración de derechos humanos y los estados integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), para generar un posterior monitoreo.

La CIDH, según su propia definición, es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Su mandato es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en los países de las Américas (norte, centro, sur) y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. Está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por los países reunidos en Asamblea General a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

En esta oportunidad, por invitación del Estado boliviano, la CIDH luego de recibir, del 14 de noviembre al 7 de diciembre del 2018, las solicitudes de audiencias y reuniones de trabajo, se encuentra sesionando por primera vez en Sucre (la capital de Bolivia) desde el 07 de febrero por diez días.

Por información publicada por la misma CIDH, se conoce que -en esta ocasión- el calendario de sesiones comprende la realizarán 25 audiencias de carácter público en tres días que tocarán asuntos de vulneración de derechos humanos en los 35 países de América. Entre las temáticas de las audiencias se encuentran: los derechos humanos de los pueblos indígenas en Brasil y Colombia, la situación general de derechos Nicaragua y Venezuela, denuncias de impunidad y violencia contra las mujeres en Haití, entre otros temas de 12 países. En orden al Reglamento de la CIDH, al ser Bolivia el país anfitrión, no se atenderán audiencias (asuntos) relacionadas a este país; no obstante si escucharon, sin emitir opinión, los casos de ciudadanos bolivianos que consideran se están vulnerando sus derechos.

Ha caracterizado hasta hoy, el calendario de actividades previsto -en el plano interno- las movilizaciones en contra de la repostulación (para un cuarto gobierno) del presidente Juan Evo Morales Ayma, considerando el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016; que cerró la posibilidad de una reforma constitucional para habilitar la repostulación. También lo está caracterizando la recepción, ayer miércoles, de denuncias de la denominada sociedad civil sobre violaciones a derechos humano; destacando casos de retardación de justicia, instrumentalización de las instituciones democráticas para la persecución política, corrupción de servidores públicos y violación de derechos de sectores en situación de vulnerabilidad como los pueblos indígenas. La versión oficial, a través de los interlocutores del Gobierno, reporta una buena salud de la democracia boliviana (al referirse a estabilidad social, económica y política).

En el plano internacional, hasta ahora destaca, la realización por iniciativa propia (de la misma CIDH) de una audiencia pública regional sobre “Buenas prácticas sobre prevención, investigación y protección a personas defensoras de derechos humanos en la Región” hoy jueves 14 de febrero; considerando la cada vez mayor recurrencia de casos. También hoy serán vistos dos casos sobre Perú, relativos a denuncias de “violencia escolar contra niños, niñas y adolescentes LGBTI” y la “situación de personas defensoras de derechos humanos y política integral de protección”. Respecto a Nicaragua y Venezuela serán vistos también este día la “situación general de derechos humanos”. De Cuba se verá la “reforma constitucional y derechos humanos”. Las “denuncias de restricciones y represalias contra la libertad académica y la autonomía universitaria en la Región”, un tema nuevo, será visto por la CIDH este viernes, a solicitud de del Centro de Investigación y Educación en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa el Aula Abierta Latinoamérica y el Centro Iberoamericano de Formación en Derecho Internacional.

En líneas generales, resulta positivo que Bolivia, por su contexto y coyuntura, esté siendo sede del 171 periodo de sesiones de la CIDH; que implica un pleno reconocimiento y cumplimiento de sus decisiones y las del sistema interamericano en su conjunto. También resulta saludable que, en las actividades paralelas al periodo de sesiones, sociedad civil esté abordando técnica y académicamente el estado de algunos derechos humanos con la participación de sectores clave de la población; tan necesarios en este tiempo.

El sistema interamericano de derechos humanos, logrará su fortalecimiento en la medida que profundicemos su conocimiento y utilización de sus mecanismos. La CIDH Ofrece algunas de esas vías y el periodo de sesiones en Sucre, así lo demuestra.

La justicia anticorrupción en Perú

Publicado en:

El Clarín (Cajamarca Perú)

Todo desarrollo del sistema legal está marcado por las marchas y contramarchas que generan los procesos sociales económicos o políticos que los promueven o afianzan. En estos procesos las leyes dictadas por los gobernantes, por sí solas, no han transformado realidades y tampoco -en positivo y significativamente- el tejido social. Ha sido el arraigo o sentido de pertenencia de estos procesos los que han asegurado éxito a las reformas y revoluciones históricas. En ese sentido, el marco jurídico que regula y “ordena” la estructura de un Estado, es apenas uno de los componentes que adquiere esencia y carácter de proceso cuando es conocido, valorado y respaldado (como bueno para el país) desde lo social.

En materia judicial, pese a que hemos tenido intentos valiosos por mejorar el servicio (por ejemplo el Acuerdo Nacional y la CERIAJUS a inicios del actual siglo), los problemas persisten porque sus elementos son de orden estructural; esto es, alcanzan y tienen que ver con el funcionamiento de todo el aparato estatal y su relación de éste con la población. No obstante, existen ámbitos de nuestro sistema de justicia (Fiscalía y Poder Judicial fundamentalmente) que, en los últimos años, han aportado sustantivamente al crecimiento democrático del país.

Uno de estos ámbitos lo constituye el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, creado el 31 de marzo de 2017. Se trata de una estructura nueva (D. Leg. N° 1307) integrada por órganos jurisdiccionales con competencia nacional y por los juzgados y salas especializadas (D. Leg. N° 1342), cuya competencia es a nivel de cada distrito judicial (sólo funciona en algunas regiones). Conoce los delitos de colusión, peculado, malversación, las distintas modalidades de cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, entre otros. Forma parte de este sistema, un cuerpo especializado de fiscales organizados bajo una coordinación que soporta y facilita los procesos investigativos.

En sus más de veinte meses de vida institucional, este diseño de justicia se está consolidando como un “modelo”, por los resultados que está logrando; sobre todo a nivel de los casos seguidos en Lima. Hasta inicios de setiembre de este año eran 707 personas procesadas por delitos de corrupción y en los casos más antiguos se habían logrado sentencia con pena efectiva. Antalsis, Catache, La Centralita, Chinecas, Alejandro Toledo, César Alvarez, Ollanta Humala y Nadine Heredia, “Los Cuellos Blancos del Puerto” y César Hinostroza, Keiko Fujimori, PPK, Alan García y Edwin Oviedo, son algunos de los procesos más conocidos que están bajo tuición de este sistema; cuyas cabezas más visibles lo constituyen el juez Richard Concepción y el fiscal Domingo Pérez.

Sin embargo, pese a contar con un inédito amplio reconocimiento y respaldo social de “todas las sangres” y de la comunidad internacional informada y democrática, el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, viene siendo objeto de un sistemático acecho de aquellas fuerzas ligadas y representativas de la corrupción. En ese sentido, vuelvo a llamar la atención sobre la necesidad de acentuar la vigilancia social; considerando que el acoso del Fiscal de la Nación Pedro Chávarry sobre el Fiscal Domingo Pérez y cada uno de los que integra el equipo a cargo de las investigaciones contra Keiko Fujimori, Alan García y otros políticos con acusaciones por corrupción (caso Odebrecht), no se ha detenido. Tampoco han cesado las voces de sectores empresariales (Roque Benavides), periodísticos (Aldo Mariátegui, Mariella Balbi), religiosas (Juan Luis Cipriani), políticas (Lourdes Flores, Víctor Andrés García Belaunde) y de otros actores relevantes en la vida nacional, descalificando -torpemente- la acción de este sistema de justicia anticorrupción.

El escenario es clarísimo. La corrupción quiere seguir operando con total impunidad en nuestro país y el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, constituye un obstáculo; por eso los ataques y las “movidas” desestabilizadoras de sus “operadores” como Pedro Chávarry y sus protectores desde el Congreso de la República.

Queda claro, en esa perspectiva, que la lucha contra la corrupción apenas inicia y que si queremos derrotarla, debemos doblar nuestra vigilancia ciudadana sobre todos los poderes públicos. Por ejemplo, tomar conocimiento de las decisiones que se vienen adoptando a nivel del sistema de justicia; considerando que quiénes acaban de “elegir” al nuevo presidente de la Corte Suprema (y del Poder Judicial) tienen públicos vínculos con el “fuji-montesinismo” y el “alanismo”. Lo propio, respecto a las iniciativas legislativas y leyes que viene discutiendo y aprobando, respectivamente, en el Congreso a favor del latrocinio con impunidad.

La lucha contra la corrupción debería ser el alma de nuestro Perú y merecer todas nuestras atenciones. Estamos ganando algunas batallas pero no la guerra! Recordemos siempre que, la corrupción no duerme y acecha cada segundo, minuto, hora, día, mes y año!

“La Paisana Jacinta” y otros

Publicado en:

El Clarín (Cajamarca Perú)

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. No obstante, este primer mandato de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) que coincide con el sétimo y el veintitrés de la misma norma, pese a su claridad, sigue siendo “letra muerta” o “suma de buenas intenciones”, para gran parte de nuestras sociedades y Estados del mundo.

“Comportarse fraternalmente los unos con los otros” constituye, en ese sentido, una invocación que pocos han comprendido en su esencia y objetivos humanizadores. Estamos en el siglo XXI y todavía tenemos promotores y abiertos defensores y otros “caletas” de la misoginia, el racismo y otras formas de discriminación.

Frente a estas aberraciones y taras culturales se han establecido normas internacionales y mecanismos diversos, tanto en el Sistema Universal (ONU) como en el Interamericano (OEA) de Protección de Derechos Humanos que, pese a su importante desarrollo a nivel de constitucional legal y jurisprudencial, no han logrado resolver la exclusión y otras formas perversas de vulneración de derechos fundamentales de sus víctimas. En este caso, tampoco es un asunto de fallas en las leyes sino de los seres humanos.

Por eso es comprensible, pero al mismo tiempo repudiable, que tengamos aun sectores de nuestra población, algunos de ellos ligados a la academia y otros sectores estratégicos de nuestra sociedad, que la respalden en nombre del Derecho (“libertad de expresión”, “no al activismo judicial”, etc), y -un poco más- aplaudan al señor Jorge Luis Benavides Gastello (Lima - 1967) y a Latina Televisión por sus solapados atropellos a los milenarios y ricos pueblos andinos. No ignoro que lo propio han perpretado, en el tiempo, contra los hermanos afro-peruanos con el denigrante personaje “negro mama”.

Un atentado -flagrante- contra lo andino. ¿Acaso “lucir”, vestir, hablar o caminar distinto a la “cultura limeña o costeña dominante y estereotipante” que, en gran parte de sus aspectos es una pésima imitación de la llamada “cultura occidental”, es motivo de sarcasmo o burla?. Olvidan que “el Perú nació serrano”, se proyectó al mundo desde sus Andes y que adquirió talla mundial en su gastronomía y otros frentes, gracias a su diversidad y fusión étnica y extraordinaria riqueza de cada piso ecológico. Ignoran igualmente, las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en el sentido de poner fin a la discriminación y exclusión que continúa limitando el libre ejercicio de los derechos de una gran parte de la sociedad peruana; especialmente de aquellos sectores de la población más afectados por la violencia durante el conflicto interno armado.

Entre otras razones, por eso el MRTA y Sendero Luminoso, encontraron en este tipo de conductas sociales (dale circo al pueblo si tiene hambre) justificación para dividir, destruir, perseguir, secuestrar y asesinar. El Estado siempre lo hizo en el curso de su historia. Les recuerdo que un pueblo que olvida su historia, está condenado a repetir sus mismos fracasos, errores y atrocidades, una y cien veces.

Por estas consideraciones, felicito la decisión de la juez cusqueña YANET OFELIA PAREDES SALAS que, en una línea de activismo judicial, declaró fundada la acción de amparo interpuesta por cuatro mujeres patriotas (Rosalinda Torres Morante, Irenen Quispe Taboada, Cecilia Paniura Medina y Rosa Supho Ccallo) y ordenó, mediante la Resolución N°76 el lunes 26 de noviembre, sacar del aire a “La Paisana Jacinta”. Celebro, en esa misma línea, que siga democratizándose nuestro sistema de justicia y que lo haga desde sus bases (Richard Concepción y Domingo Pérez son esencia de estas bases).

Si nuestra apuesta es construir una sociedad con oportunidades para todos (selváticos/amazónicos, serranos y costeños), realmente reconciliada, con respeto a su diversidad y con horizonte común de país, debemos desechar toda forma de discriminación; considerando que constituyen barreras para lograr el Perú que merecemos TODOS y TODAS.

Como andino, proveniente de los sectores tradicionalmente excluidos de nuestro extraordinario país (nací en Agua Blanca - San Miguel - Cajamarca), a los que todos llaman en su retórica política y a veces académica “prioritarios”, ésta decisión judicial representa una cachetada a la mirada raquítica predominante y sesgada de nuestro Perú, desde un sector minoritario pero “DOMINANTE” de la “cultura limeña”.

No más Carlos Benavides, Gisella Valcarcel, Manolo Rojas, Laura Bozo, Carlos “Cacho”, Magaly Medina, Ernesto Pimentel (“La Chola Chabuca”) y otros tantos rostros representativos de la televisión carroña; todos ellos dóciles y complacientes con la última dictadura.

"En Perú es muy común pensar que una persona andina es torpe, no entiende nada". Este concepto errado pero además discriminador debe cambiar y éste –también- es un buen momento para afianzar este proceso…

Vamos bien jueza YANET OFELIA PAREDES SALAS …!!!

Seguimos mejorando como sociedad PAISANOS PERUANOS…!!!

Sobre el referéndum del 09 de diciembre

Publicado en:

El Clarín (Cajamarca Perú)

Para Maurice Duverger (Francia 1917 - 2014) el referéndum es uno de los procedimientos utilizados en la democracia semidirecta por el que los ciudadanos pueden intervenir acerca de una decisión tomada o preparada por sus representantes. Éstos, en los países que lo contemplan, son el Congreso o el Gobierno. Ellos preparan un texto sobre el que son llamados a pronunciarse todos los ciudadanos por sufragio universal. Si lo aceptan, el texto se convierte en ley y si lo rechazan, el texto no se aplica.

En Perú, los artículos 31 y 32 de la Constitución Política establecen que el referéndum es un derecho político que tenemos los ciudadanos de participar en asuntos públicos.

En este marco, el 10 de octubre, el presidente Martín Vizcarra, como jefe del Gobierno nacional, en un contexto de crisis de gobernabilidad del país debido a los escándalos de corrupción política empresarial y judicial, convocó a referéndum nacional para someter a consulta de la ciudadanía la aprobación o no aprobación de cuatro (4) leyes de reforma constitucional, aprobadas por el Congreso en octubre bajo “ultimátum” presidencial, frente al riesgo de su disolución y la convocatoria de nuevas elecciones parlamentarias.

Ley de reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), antes Consejo Nacional de la Magistratura.

Modifica los artículos 154, 155 y 156 de la Constitución, referidos al CNM.

El artículo 154, regula las funciones de la JNJ, y podrá nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de los distintos niveles funcionales. También ratificará, con voto público y motivado, a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete (7) años. Igualmente desarrollará "conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial del desempeño de los jueces y fiscales de todos los niveles cada tres años y seis meses". El punto 2 del mismo artículo 154 constitucional establece que "Los no ratificados o destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público". "La sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos; y, de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias", también será competencia de la JNJ. Los otros artículos tienen que ver con los requisitos para ser miembro de la JNJ.

Habría sido beneficioso para el país que los distintos gobiernos democráticos, desde el año 2003, hubiesen empeñado sus mayores y mejores esfuerzos en profundizar la reforma integral a las distintas instituciones que hacen al sistema de justicia que nos planteo y acordamos a través del Acuerdo Nacional por la Justicia (2003) y luego -vía ley (2004)- la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS). Fueron los intereses que genera la corrupción los que llevaron a que Toledo, Alan, Ollanta y PPK, en sus respectivos gobiernos, no le den prioridad a esta agenda de Estado; por eso no estoy de acuerdo que estas valiosas iniciativas sean desechadas y sustituidas por medidas mediáticas, cosméticas y coyunturales.

En esa medida, esta reforma constitucional, puede ayudar (y VOTARÉ por el SI) pero enfatizo en que no resuelve los problemas de nuestra justicia que, es de crisis estructural, de todo el sistema judicial y no solo del Poder Judicial y Ministerio Público.

Ley que modifica el artículo 35 de la Constitución Política del Perú para regular el financiamiento de organizaciones políticas.

La Constitución actual, al regular la vigencia de las organizaciones políticas, es genérica y deja al Congreso, vía leyes de desarrollo constitucional, una tarea que nunca cumplió.

En esa medida, el texto sustitutorio de este artículo 35 constitucional, introduce cambios sustantivos en la regulación de su financiamiento, cuando establece que debe contar con fiscalización, control, aportes bancarizados y penalización si se acepta financiamiento ilegal de empresas como Odebrech.

"El financiamiento de las organizaciones puede ser público y privado. Se rige por ley conforme a criterios de transparencia y rendición de cuentas. El financiamiento público promueve la participación y fortalecimiento de las organizaciones políticas bajo criterios de igualdad y proporcionalidad". Añade que, "el financiamiento privado se realiza a través del sistema financiero con las excepciones, topes y restricciones correspondientes. El financiamiento ilegal genera la sanción administrativa, civil y penal respectiva".

En orden a lo expresado, respecto a esta reforma también mi VOTO es por el SI. No obstante, considero que la crisis política y de declive de nuestra institucionalidad democrática no se resuelve con leyes, es un asunto de hombres. Es el ser humano, nuestros políticos y nosotros que los elegimos, los que estamos fallando. No tenemos ciudadanía efectiva, aun somos sólo cifras.

Ley de reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República.

La actual Constitución en su artículo 90 regula que los integrantes del Congreso “se eligen por un período de cinco años”. La modificación constitucional establece que “los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo periodo, en el mismo cargo”. Entones de ganar el sí, respecto a esta pregunta del referéndum, no habrá reelección inmediata, sino después de un periodo congresal.

En esa línea, destaco y respaldo la renovación de la composición de nuestro Poder Legislativo; considerando que ésta medida contribuirá a la democratización de los partidos políticos, que se verán obligados a abandonar el continuismo de sus “vacas sagradas”, impulsará su evolución interna y la promoción de nuevos “cuadros”.

Se busca, con esta reforma, dinamizar y mejorar la relación de la población con la democracia y la política y ampliar las oportunidades para una participación ciudadana efectiva. Ojalá, este nuevo escenario a futuro, evite que elijamos nuevamente una composición mayoritaria de tiranía como la de los “fuji-montesinistas” y sus aliados “alanistas”; que siguen acechando nuestra precaria democracia. Por estas consideraciones mi VOTO, sobre esta reforma también es por el SÍ.

Ley que modifica diversos artículos de la Constitución Política de 1993 para establecer la bicameralidad dentro de la estructura del Congreso de la República.

En nuestro país la bicameralidad (la existencia de una cámara de diputados y una cámara de senadores en el Congreso) estuvo reconocida en la Constitución de 1979 y fueron los “fuji-montesinistas” los que la eliminaron con el autogolpe de estado del 5 de abril de 1992.

Paradígicamente es esta misma organización política y sus aliados “alanistas”, los que promueven su reincorporación constitucional; con el fin de generar opciones para mantener espacios de poder político. Han terminado por "desnaturalizar" la propuesta del Ejecutivo. De 30, que era la propuesta inicial, aumentaron a 50 el número de senadores. También fue retirado de la propuesta inicial que “los congresistas deben declarar sus intereses y patrimonios en forma pública, bajo responsabilidad, conforme a ley.”

La bicameralidad existe en distintos países y ha logrado mejorar la calidad de la producción legislativa del Congreso, al establecer la separación específica de funciones entre los diputados y senadores. Esta no es la visión que tienen la mayoría parlamentaria, por eso mi VOTO será por el NO.

El Perú, que es de todos y todas, está sitiado por organizaciones criminales que, desde sectores antidemocráticos del Congreso el Poder Judicial, el Ministerio Público, la prensa y el empresariado, asechan y conspiran para seguir beneficiándose y afirmándose en el poder. Por eso, respaldar las tres primeras medidas es lo sensato y conveniente para nuestro país.

Cuando la indiferencia resta

Publicado en:

Correo del Sur (Sucre Bolivia)

Los Tiempos (Cochabamba Bolivia)

El Clarín (Cajamarca Perú)

El Poder (Tarapoto Perú)

En varios de nuestros países existen peligros para la gobernabilidad democrática, por acción de gobernantes y políticos con perfiles populistas, autoritarios y ligados a la corrupción y la impunidad. A diferencia de otros tiempos, en los que el acceso a la información era un privilegio, ahora nuestra población conoce más y más y va tomando consciencia de esta situación. No obstante muy pocos lo expresan pública y libremente.

Si bien es cierto que opinar o callar son opciones, desde el plano legal derecho, debemos sopesar si nuestro silencio suma o resta –en tiempos de crisis– a la construcción de institucionalidad democrática y un país, entre otros aspectos, con ciudadanos y no meros números o estadísticas.

En ese sentido, respaldo la tesis que el verdadero poder no lo tienen nuestros gobernantes, sino las personas informadas, aquellas que eligen bien y controlan e interpelan las acciones de gobierno (en sus distintos niveles funcionales); sobre todo cuando éstas derivan de la arbitrariedad, el abuso, los excesos y la ilegalidad.

El poder conferido, cuando elegimos a una autoridad, debe ser controlado. Ese control es una prerrogativa de todos y todas y es un atributo de vivir en democracia. Debe ser realizado de modo permanente y persistente. No controlar a nuestros gobernantes (presidentes de Estado, presidentes regionales o gobernadores y alcaldes) da pie a la degeneración de la política y la destrucción de la democracia. De estas situaciones, que debemos repensar y superar con ejercicio de ciudadanía efectiva, que se expresan a través de diversos medios (prensa, mercado, instrumentalización de sectores en situación de vulnerabilidad, etc.), se alimentan los políticos mediocres y sin identidad de país, las dictaduras (de derecha centro o izquierda) disfrazadas de democracia a través de vías como la corrupción y la impunidad.

Me pregunto, en esa línea de reflexión siguiendo a Ken Follett, si los miembros de esta generación tendremos que lamentarnos no solo por las palabras y los actos odiosos de las malas personas que nos gobiernan, sino por los clamorosos silencios de las buenas. En ese mismo sentido, Martin Luther King, dijo que lo preocupante no es la perversidad de los malvados sino la indiferencia de los buenos.

No callemos, no caigamos en el plano de la indiferencia. Si bien es cierto ésta genera comodidad y, a lo mejor, proyección personal o familiar por sus beneficios, termina petrificando a los seres humanos al mostrarlos como autómatas, egoístas y sin responsabilidad y sensibilidad social, sin amor e identidad con la patria y como peso muerto de la historia.

Resulta comprensible que no todos estemos preparados para librar esta lucha contra el abuso de poder y las distorsiones que exhibe nuestra incipiente democracia. Pero no es aceptable que profesionales, que un día juraron cumplir reglas éticas y morales a favor de la construcción de un mundo mejor, ahora declinen y le den la espalda a una realidad que a todos y todas nos daña y aleja –cada vez más– del objetivo de país, que –penosamente– muchas de nuestras naciones aun no identifican.

Recuerda: ¡Nada es tan bueno para los políticos autoritarios y ligados a la corrupción y la impunidad que tu indiferencia…!

¡Fuera Chávarry!

Publicado en:

El Clarín (Cajamarca Perú)
El Poder (Tarapoto Perú)

¡Fuera Chávarry!, es una frase que sigue creciendo y cada vez adquiere más potencia social. Su mensaje refleja el repudio colectivo a una autoridad impuesta por grupos que se alimentan de la corrupción y la impunidad y traduce la impotencia de cientos de miles de peruanos que, aun creen en la política y la democracia como instrumentos posibles para la convivencia civilizada, sienten que el “sistema imperante” se burla al darles una persona con perfil delictivo como máxima autoridad del Ministerio Público; una institución clave para perseguir, en nombre de la sociedad y el Estado, el delito y servir como una de las bases del estado de Derecho.

Recordemos que el 7 de junio del año que transcurre, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos fue elegido como Fiscal de la Nación por la Junta de Fiscales Supremos (órgano de gobierno de mayor jerarquía del Ministerio Público compuesto por cinco fiscales) para el periodo de julio de 2018 a julio de 2021; sucediendo en el cargo a Pablo Sánchez Velarde. Lo eligieron los fiscales Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez. Chávarry votó a su favor.

Desde entonces, e incluso antes, las acciones y omisiones funcionales de esta autoridad, han contribuido a profundizar la crisis en el sistema de justicia que ha impactado -dramáticamente- en la gobernabilidad del país, generando una coyuntura sin precedentes debido al abuso de poder del sector antidemocrático del Legislativo que lo protege con uñas y dientes. 

Sus diversos vínculos con el crimen organizado a nivel político, empresarial y ciertos jueces corruptos de las cortes de Lima, el Callao y de otras provincias estratégicas -económicamente- de nuestro país, no han sido todos judicializados ni esclarecidos, fundamentalmente, por esa protección que recibe de la alianza política “fujimontesinista” – “alanista” y también desde el sector nostálgico de la prensa que sirvió (vendiéndose) a la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos y sus aliados en las fuerzas armadas y el mundo empresarial. 

Esta protección fiscal de Chávarry, queda claro, sería a cambio de impunidad respecto a las imputaciones que pesan sobre la señora Keiko Sofía Fujimori Iguchi, el señor Alan García Pérez y otros políticos de mando medio, ligados a ellos, que en su momento hicieron gobierno como la señora Mercedes Rosalba Aráoz Fernández. No perdamos de vista además que el informe final en mayoría de la Comisión “Lava Jato”, presidida por otra congresista fujimorista Rosa Bartra Barriga (representante por La Libertad), encargada de investigar los presuntos sobornos pagados por la empresa Odebrecht a estos funcionarios peruanos, dictaminó el pasado 10 de noviembre excluir a García y Fujimori con el voto de 59 parlamentarios (fujimoristas y apristas y de la oficialista Aráoz Fernández) a favor.

Son tres las denuncias constitucionales contra Pedro Chávarry que siguen pendientes de debate, desde hace meses, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que preside el representante de Ica también del partido fujimorista, César Antonio Segura Izquierdo. La primera es la denuncia Nro 239, presentada el 21 de agosto por el congresista Gino Costa por la presunta infracción constitucional a los artículos 3, 39, 44 y 158 de la Carta Política (incluye los audios con su “hermanito” ahora detenido ex juez supremo César Hinostroza). La segunda denuncia es la Nro 248, de la legisladora de Alianza para el Progreso Gloria Montenegro por la presunta infracción al artículo 158 de la Constitución y la presunta comisión del delito de organización criminal; que fue presentada el 4 de setiembre y contiene el informe de la fiscal Sandra Castro que lo señala como posible miembro de la organización criminal “los cuellos blancos del puerto”. Una tercera denuncia es la Nro 262, promovida el 1 de octubre pasado por Amado Enco, procurador anticorrupción y responsable del proceso de extradición de España del capturado César Hinostroza, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y organización criminal. 

Tampoco han sido esclarecidos los vínculos de Chávarry con el congresista fujimorista por Lambayeque Héctor Virgilio Becerril Rodríguez, por el caso de los audios del Consejo Nacional de la Magistratura. 

Impunidad total, que le permite al fiscal Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, amenazar a cuanta autoridad judicial, fiscal o política que constituya un riesgo para él y sus aliados políticos, cuyos operadores conspiran y ejecutan al amparo de las inmunidades que ofrece ser parte de nuestro Congreso. Hasta ahora no ha dudado en amenazar y confrontar con el presidente Martín Vizcarra y su primer ministro, a la prensa independiente y al equipo especial de fiscales anticorrupción. Mención especial merece el acoso y amedrentamiento que intentan, él y sus aliados políticos y su prensa nostálgica, generar en el fiscal Domingo Pérez, el juez Richard Concepción y otros operadores y administradores de justicia democráticos e independientes.

A estas alturas nada de lo que digan los integrantes de esta organización criminal, resulta creíble. Sí es conveniente y necesario que Chávarry se vaya. Porque jamás podrá ser juez y parte, por el conflicto de intereses que tiene en esta trama delictiva.

¿ACASO PODRÍA EL FISCAL CHAVARRY INVESTIGARSE A SI MISMO?