Castiguemos la corrupción en las urnas

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Correo del Sur (Sucre Bolivia)

La Razón (La Paz Bolivia)

Trujillo Prensa (Trujillo Perú)

El Poder (Tarapoto Perú)

El Clarín (Cajamarca Perú)
La Verdad (Chiclayo Perú)

La corrupción sigue ganando terreno como un cáncer que hace metástasis día a día. A la fecha son varios los jefes de Estado y decenas de ministros, centenares de gobernadores y miles de alcaldes que, en las últimas décadas en el mundo, han sido objeto de investigación por comisión de diversos delitos y pocos de ellos sentenciados en los tribunales de justicia.

Cada año son más reveladores los movimientos ocultos detrás de los fondos del Estado de “servidores” de todo nivel en nuestros estados. La Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, y las demás instituciones fiscalizadoras y que velan por los intereses de la sociedad y el Estado, por lo general, tienen un papel complaciente que se expresa en la indiferencia y desidia que muestran cuando algún valiente denuncia. Esta conducta de nuestros servidores facilita y alienta la corrupción.

Odebrecht es un ejemplo reciente de megacorrupción, por casos de tráfico de influencias y lavado de activos, que llega a gran parte de América Latina e inclusive a Estados Unidos y África. Éstos han tenido efectos importantes en la política de cada país, al punto de producir la debacle de gabinetes y de presidentes como Alberto Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Dilma Rousseff, Otto Pérez Molina y últimamente Alejandro Toledo, sobre quien pesa orden de captura internacional para que cumpla la decisión judicial de prisión preventiva de 18 meses mientras es procesado. Otros casos de corrupción serán visibles a futuro, cuando sean recuperadas algunas instituciones democráticas, y vinculen a algunos actuales gobernantes de nuestra América.

El otro nivel de corrupción que campea, por ejemplo en gran parte de la Región Andina, es en los municipios a nivel de distritos, provincias y en los gobiernos regionales o departamentales. Aquel acto de corrupción que involucra la pérdida de 5.000 ó 15.000 soles, pesos o dólares, que por ser minucia no merece mayor atención de los órganos de control y fiscalización estatal y la prensa de investigación. Los actos de corrupción en “provincias” difícilmente serán vistos en la sede de Gobierno o Capital, a no ser que antes haya sangre, muerte o toque intereses de algún grupo económico transnacional afín al Gobierno de turno.

El centralismo imperante impide ver a los latinoamericanos que la corrupción no sólo está en las grandes urbes y que por su ubicación geográfica y sus montos la corrupción menuda no es trascendental. También reprime hacer una valoración objetiva del daño que se genera a la población que, entre otras cosas, es privada de servicios básicos que hoy constituyen universalmente derechos humanos (salud, educación, justicia, etc.) y convive con la impunidad al punto de asumir la corrupción como “normal”. Vivimos, en esa línea de situaciones, tiempos de descomposición del poder político, económico, burocrático y control e instrumentalización de instituciones clave del Estado. La red de corrupción judicial y sus vínculos con políticos en Perú, refleja esta pesadilla.

En esa perspectiva y valorando nuestro contexto de país, considerando que en varios se avecinan elecciones nacionales y subnacionales, es la población la llamada a desechar la mordaza, la pasividad y el miedo y asumir un papel de efectivo control al poder eligiendo bien. Ningún político corrupto merece representarnos y gobernarnos. Las urnas son la vía democrática para decidir si seguimos en la vía de la corrupción o para erradicarla de nuestra sociedad.

Conviene una reforma integral al sistema de justicia

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El Poder (Tarapoto Perú)

El Clarín (Cajamarca Perú)

Sólo a los corruptos les conviene tener en situación de crisis a las instituciones que hacen al sistema de justicia. Ni al Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, Policía Nacional, Defensa Pública, universidad, población, ni al propio Gobierno nacional, que hoy enfrenta un desgaste de legitimidad social sin precedentes por haber protagonizado los últimos escándalos de corrupción que “la justicia” aun no esclarece, les favorece ser valorados junto al Congreso, como las instituciones más ineficientes y corruptas del país.

Se percibe impunidad, una de las señas de falta de independencia en la función judicial, generada por servidores como César Hinostroza, Walter Ríos, Iván Noguera y otros que la población debe identificar, que han vaciado de contenidos funcionales a ámbitos clave de las instituciones del sistema de justicia. Vivimos en un contexto en el que algunos tribunales no garantizan nuestros derechos humanos y tampoco son contrapeso al ejercicio del poder económico y político corrupto y corruptor (actualmente) de los fujimontesinistas y sus aliados en el parlamento.

Pese a esta situación, aun no comprendemos que con jueces y fiscales independientes, emergentes de procesos convocantes plurales participativos y transparentes, nuestro país gana. No hemos desarrollado capacidad de participación ciudadana constructiva que oriente y promueva una genuina separación de poderes y el respeto entre los mismos; como forma de asegurar -políticamente- el poder y la legitimidad de un gobernante. Por lo general, todo lo agotamos en la denuncia y la crítica. Por eso considero que le conviene al gobierno del Presidente Martín Vizcarra, fortalecer y potenciar la institucionalidad judicial en orden, por qué no, de un nuevo proceso constituyente, para evitar un mayor desgaste social.

No reponer la función real del sistema de pesos y contrapesos, que ofrece el sistema de justicia, equivale a socavar el Estado de Derecho, derruir la división de poderes y afectar el sistema democrático. En esa línea, respaldo al  Presidente en su planteamiento de reforma judicial con referendo. Es lo más sensato para hacer creíble el mea culpa gubernamental respecto a la crisis judicial, que es estructural e histórica. La coyuntura favorece debido a que pocas veces, en democracia, una medida de este tipo ha encontrado un importante respaldo social. Las multitudinarias marchas “anticorrupción”, a nivel nacional, son expresión de esa urgente necesidad de cambio.

No obstante, considero que las medidas que plantee el Ejecutivo al país deben ser el inicio de un proceso de diálogo nacional por una reforma integral del sistema de justicia y no sólo referirse al ámbito de jueces y fiscales; sino adoptar medidas consensuadas que alcancen a cada institución del circuito judicial. Un proceso participativo de corto mediano y largo plazo, con financiamiento asegurado, sin protagonismo mediático de sectores del Gobierno, con visión de país, actitud responsable del Legislativo, mirada técnica en su implementación, con liderazgos meritocráticos y de consenso social desde las instituciones del sistema de justicia;  un proceso convocante plural participativo y transparente que trasunte gobiernos, con dimensión y enfoques de política pública, derechos, género e interculturalidad, a fin de evitar “borrón y cuenta nueva” de quién ostente el poder. Estoy planteando que nuestro país desarrolle una política pública en materia judicial.

En esta perspectiva, de cara al éxito en el referendo planteado por el Presidente, habría condiciones para acuerdos entre los poderes, las instituciones no públicas y la población, para refundar la institucionalidad judicial. Es oportunidad para preservar el único marco institucional y legal que nos da seguridad y garantías.

En ese sentido, una genuina reforma judicial es tarea de los “sectores vivos” del país y no de cierto gobierno. Esta tarea requiere el concurso de todos, pues la independencia de poderes es una garantía del Estado de Derecho contenida en los tratados internacionales, en el constitucionalismo histórico y reciente y en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. Mal harían los políticos corruptos y corruptores en seguir la vía equivocada de no escuchar a la calle y a la “masa crítica” y profundizar en su intento de afianzar la captura e instrumentalización de la judicatura.

Ningún gobierno puede asumir una legitimidad democrática que el Derecho y la propia realidad empiezan a contrastar y contradecir y sería bueno que el Presidente Vizcarra tome y haga propia la bandera de la reforma integral al sistema de justicia.

Corrupción política y democracia

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El Clarín (Cajamarca Perú)

La Mula (Lima Perú)

Ahora que la corrupción acosa nuevamente y cuestiona la esencia de la política y la democracia, los que tenemos visión de país querido, en especial los jóvenes que se esfuerzan por mejorarlo, debemos comprender que la verdadera transformación de nuestro Perú y el mundo está en nuestras manos y no en la de los políticos y de algunos servidores públicos estratégicos en las estructuras del Estado.

Somos cada uno y la población en su conjunto los que, en ejercicio de ciudadanía efectiva, debemos repensar y reconstruir los contenidos y la esencia de la política como una de las vías, la más importante a lo mejor, de orientar la construcción de instituciones democráticas fuertes, con legitimidad social y mandatos que trasciendan coyunturas y gobiernos.

Urge, en ese sentido, aportar para que desde nuestra sociedad emerjan nuevos líderes sociales que, como Haya L.A.Sánchez Mariátegui y otros, entiendan la política como un sacerdocio, una misión, un servicio, una entrega, una docencia del desprendimiento, un trabajo del No Yo, un apostolado. 

Necesitamos espíritu en nuestra clase política, para que su entrega a los objetivos de sus pueblos sea colmada, pero además que tengan contenido de ideas, propuestas claras y preguntas de doctrinas. Debemos comenzar estudiando nuestra historia, para dilucidar qué ha cambiado desde los años germinales de los grandes debates en el siglo XX hasta hoy. Pasar por alto estos aspectos es sumar a la señal de nuestra decadencia como país.

Evitemos que las grandes preguntas se respondan en una fiscalía o ante un juez o una comisión investigadora. En esa línea, la política no debe quedarse en los periódicos, debe explorarse en los libros y en las líneas de los grandes maestros ¿Cuáles son hoy las preguntas de fondo que nos ayudarán a salir del hoyo en el que nos encontramos? ¿Las que leemos con pasmo en las portadas de los diarios? ¿Debemos volver atrás e inspirar nuestra acción en las interrogantes sobre el régimen económico que Haya, Mariátegui y Víctor Andrés Belaunde gestaron en la conciencia nacional? ¿Debemos resolver el gran reto geográfico que se planteó Belaunde Terry? ¿Y el espíritu de exploración y respuesta que se planteó el joven Riva Agüero de los “Paisajes peruanos? ¿Y las grandes dudas sobre la educación de los sabios pioneros?.

Así como no hay futuro sin jóvenes tampoco hay futuro sin política y democracia. Por eso, necesitamos regresar a las viejas grandes preguntas, porque de la ausencia de preguntas nace la sed mercantil de mercaderes haciendo política y el espíritu fenicio de la mayoría de nuestros políticos de las últimas décadas, el hambre de poder de las fugaces lumbres y la avidez de fortuna de otros tantos que los lleva por la senda de la corrupción.

En este contexto, nos corresponde definir ¿Qué papel debemos asumir para adecentar y centrar el debate sobre el futuro de la política y nuestra incipiente democracia? ¿Qué papel deben tener los partidos políticos para formar nuevas generaciones y regenerarse? y algo sustantivo ¿Qué puede aportar una ley de partidos para superar su crisis estructural?. No seamos una generación que se suceda sin fecundar.

La política es fundamental para la vida en democracia, pero necesitamos regenerarla. Ésta no debe ser más instrumentalizada y constituirse en combis electorales (alimentadas por el voto preferencial) que, por ejemplo, lleva a las organizaciones a preferir la participación de solventes postulantes a la de aquellos jóvenes que, desprovistos de recursos, solo tienen como sustento su capital intelectual.

La regeneración de la política, que planteamos, solo será posible si es que cambiamos los viejos patrones de juego y apoyamos el encumbramiento de nuevos valores, los jóvenes por ejemplo, de esos que en germen constituyen la base de la institucionalización de las organizaciones con vista a futuro. A ellos debemos formarlos en democracia, en Estado de Derecho, en pasión por la justicia social y en vocación por la libertad.

Los años venideros deben ser un tiempo de profilaxis y sanación social a partir de una conciencia limpia, una doctrina clara y una virtud sólida. Sólo así afrontaremos el bicentenario con la génesis de la esperanza ¿Estamos preparados para hacer política y contribuir a la construcción de democracia? La respuesta la debemos dar cada uno.

Es tiempo de enfrentar y ganarle a la corrupción judicial

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Expresión (Chiclayo Perú)

El Clarín (Cajamarca Perú)

El Poder (Tarapoto Perú)

Estoy entre quienes sienten indignación frente al nuevo “destape” de corrupción en nuestro Perú, esta vez de parte de jueces (César Hinostroza, Walter Ríos Montalvo, Emperatriz Pérez Castillo y José Luis Cavassa Roncalla) y consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura – CNM (Iván Noguera, Julio Gutiérrez, Guido Aguila y Orlando Velásquez Benites), que sigue exhibiendo a nuestro país como uno de incipiente institucionalidad y mayor corrupción e impunidad en la región.

Esta situación me lleva a compartir mis perspectivas sobre cómo enfrentar y derrotar a la corrupción judicial, desde los espacios y funciones en los que nos encontramos.

En primer lugar debemos hacer el esfuerzo de individualizar y exponer por su nombre y función, uno a uno, a los implicados en este y cualquier caso. No contribuimos a fortalecer la institucionalidad si caemos en  generalidades, al hablar de la justicia de los jueces o del Poder Judicial, debido a que dañamos la imagen de instituciones que son de todos y que resultan centrales en cualquier proceso de construcción de democracia. Debemos recordar siempre que las responsabilidades son individuales y no institucionales y si seguimos generalizando y no separando la paja del trigo, a los corruptos de los honestos, le hacemos un gran favor a aquellos políticos tendenciosos y a la corrupción en sí que se nutre y necesita instituciones débiles.

También considero que este es un buen momento, por las características del caso, para volver hablar de la necesidad de una reforma integral al Sistema de Justicia (interprétese en la extensión y significado de los términos que uso); más allá de que políticamente no haya condiciones. En ese sentido, ayuda afianzar la corriente de opinión que germina a favor de este proceso; el que podría tener respaldo más adelante cuando contemos con un efectivo y democrático contrapeso de poderes. Es importante que la población tome conciencia de romper con esa tara cultural de tolerancia a las formas diversas de corrupción y eso demanda tiempo y acciones sostenidas desde todos los espacios, principalmente los sociales. Nuestro Estado, debido al perfil de la mayoría de sus interlocutores, poco o nada hará para cambiar el estado de cosas.

En la línea de lo anterior, como tercera reflexión, considero que debemos demandar y promover una reforma judicial con participación social efectiva y no nominal, como ha ocurrido en los últimos “intentos”. Una reforma concebida como un proceso social plural e inclusivo de corto mediano y largo plazo, con enfoques más de orden técnico (el de política pública, de interculturalidad y de derechos, por ejemplo) y no basado en elementos políticos que, como sabemos, tienen carácter coyuntural y se basan en intereses de los gobiernos de turno en la lógica de controlarlos e instrumentalizarlos.

Finalmente, decir que mientras sigamos considerando que no somos parte del problema, no avanzaremos en la lucha contra el cáncer de la corrupción que sigue haciendo metástasis. Mientras no entendamos que las autoridades que tenemos son las que deseamos, porque de alguna forma llegaron al puesto que ocupan y alguien las eligió o designó, tampoco tendremos mejoras sustantivas en el perfil de nuestras autoridades. Somos parte del problema y la solución debe partir de cada uno, a través de un proceso educativo que genere ciudadanos. La corrupción está alcanzando nivel de institucionalización y expresa el estado de la salud de nuestra sociedad.

Planteo entonces llevar el abordaje de este problema a un nivel superior y no quedarnos en los lamentos y las acusaciones que, si bien es cierto ayudan a construir conciencia social, no resuelven un problema que tiene raíces culturales y expresiones de crisis estructural.

VIII Cumbre de las Américas

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La Razón (La Paz Bolivia)

Los Tiempos (Cochabamba Bolivia)
Expresión (Chiclayo Perú)

Sin Rodeos (Cajamarca Perú)

El Poder (Tarapoto Perú)

La Mula (Lima Perú)

Han transcurrido veinticuatro años desde la primera Cumbre en Miami en 1994 y seguimos siendo un continente de desigualdades ya que en casi todos los países prevalecen injusticias y deudas históricas por saldar. Nuestros gobernantes lo saben y un sector importante de la población lo permite y alientan por ignorancia o beneficios. Al sur del río Bravo, los casi 650 millones de habitantes en 33 países, vivimos en persistentes déficits de igualdad política y social, pero sobre todo de institucionalidad democrática; situación que favorece la concentración y abuso de poder, la corrupción y la impunidad.

Insistimos, por esta persistente situación, en la necesidad de crear y poner en vigencia mecanismos eficaces para el seguimiento de los principios de la Carta Democrática Interamericana (CDI) así como los convenios y protocolos que en materia de derechos civiles y políticos ha establecido el Sistema Interamericano; en la perspectiva de incorporar -de manera real- la participación social en los procesos de toma de decisiones en nuestros países y continente. El “Foro Ciudadano de las Américas” y la “Relatoría para la Democracia”, permanentes y con carácter vinculante, fortalecerían la democracia y la política en nuestras naciones. Propongo democratizar las decisiones que concentran los gobiernos y no de instrumentalizar la participación social a través de espacios formales, pero cada vez más restrictivos, y hacer creer que la “sociedad civil organizada” decide.

En ese sentido, “gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, reseña de la Cumbre de Lima, del 13 y 14 de abril, resultará inviable sin la vocación de los gobiernos para ejercitar los mandatos del artículo 27 de la CDI, referidos al papel de la OEA frente a la gobernabilidad, la buena gestión, los valores democráticos y el fortalecimiento de la institucionalidad política y de las organizaciones de la sociedad civil, a fin de asegurar la libertad y la justicia social; y del primer considerando de la Convención Interamericana contra la Corrupción “de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos”.

Por lo anterior, respaldamos a Luis Almagro cuando define que “la OEA no puede ser una Organización de uso neutral, la OEA tiene que ser la expresión del compromiso con el más pleno respeto de cada una de estas fundamentales herramientas e instrumentos que tiene la Organización”. Si los estados, a través de sus gobiernos, no han sido capaces de comprender y apoyar esta perspectiva, deben ceder espacio a la participación social informada inclusiva y plural a fin de construir otras formas de afirmar la gobernabilidad democrática -pero sin corrupción- en las Américas.

Se estima que las empresas y los individuos pagarían 1.5 billones de dólares en sobornos cada año. Hoy la corrupción es considerada como la nueva amenaza transnacional. Es institucional y tiene raíces en la burocracia y la falta de transparencia que genera un tremendo impacto sobre la población en situación de vulnerabilidad, la política, la economía y el desarrollo.

En nuestra América existen estados en los que la rendición de cuentas es nominal, debido al declive de sus instituciones contraloras y fiscalizadoras, como consecuencia de la concentración del poder, el autoritarismo y el continuismo; y en otros casos, utilizando los instrumentos de la democracia, por conveniencia de los gobernantes de turno.

Frente a ello, se necesita una acción integral y colectiva de los Estados frente a un escenario de corrupción sistémica y global. La cooperación judicial bilateral y multilateral a través del fortalecimiento de su marco normativo puede ayudar hacer frente a este problema; considerando los objetivos de desarrollo sostenible adoptados por la comunidad internacional en la Agenda 2030. Las experiencias de la Unión Europea y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, son referentes.

Para que la Cumbre de Lima sea útil, los debates y acuerdos deben partir de la comprensión de que la corrupción altera los resultados previstos para las políticas públicas desviándolos hacia fines delictivos y que el ciudadano cada vez pierde más confianza en la política y el sistema democrático. También deben incentivar la transparencia y facilitar la participación de diversos sectores de la sociedad en la planificación e implementación de políticas nacionales y regionales. No hacerlo es seguirle negando, a la población, la posibilidad de lograr su desarrollo, el acceso a servicios básicos y el ejercicio de sus derechos.

No a la xenofobia judicial

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 La Mula (Lima Perú)

Correo del Sur (Sucre Bolivia)

La delincuencia, aunque mínima, constituye una de las principales causas de la xenofobia contra los peruanos en Bolivia. Esta lacerante realidad, que ninguno de los estados fronterizos aludidos se han esforzado por corregir, afecta progresivamente a mis connacionales que viven de su trabajo, en armonía con la sociedad y la ley.

La xenofobia es el miedo, rechazo u odio al extranjero. Se manifiesta desde el rechazo, el desprecio y las amenazas, hasta las agresiones físicas y asesinatos. Las últimas muertes que conozco son de Ricardo Laura en enero de 2013 en El Alto y de Freddy Carlos Cano en mayo de 1999 en La Paz, en ambos casos mientras estaban bajo la responsabilidad de la Policía.

Situaciones de este tipo ocurren por que, entre otras razones, no existe entre nuestros Estados una política migratoria coherente con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en esa medida los escasos mecanismos de control del tránsito, tráfico migratorio y protección fronteriza resultan obsoletos e insuficientes para limitar -principalmente- el acceso de criminales peruanos en territorio boliviano. En este contexto, ambos países tienen el deber de promover en su agenda bilateral la cooperación efectiva entre sus sistemas de inteligencia, de seguridad y persecución del delito (Sistema de Justicia). La delincuencia de peruanos en Bolivia existe porque desde hace décadas nuestros gobiernos lo permiten; más con sus omisiones que con sus acciones de cara a prevenirla combatirla y erradicarla. Por eso “la binacional”, para ser útil al Pueblo, debe centrarse en aspectos sociales sin descuidar lo económico.

En este marco, un plano de la realidad que está exhibiendo la xenofobia tiene que ver con la política del Estado boliviano de lucha contra la no violencia contra la mujer que, si bien es cierto constituye un logro concreto (en mi evaluación el mejor) del gobierno del Presidente Morales a favor de los derechos de la mujer, está colocando en la cárcel -y con la pena más alta- a cuanto peruano tiene el infortunio de verse envuelto en un proceso judicial de feminicidio. Existe un discurso punitivo predominante de algunos interlocutores del Gobierno Nacional, y sus rasgos xenófobos repercuten en policías, fiscales y en algunos jueces y periodistas. 

Cito dos casos: Renatto Cafferata Centeno y Jheysen Edilberto Vega Aguilar. El primero recibió en Santa Cruz, en primera instancia, una condena de treinta años y el segundo tiene más de tres años de prisión preventiva en Sucre y pedido fiscal de máxima pena. Ambos expedientes dan cuenta de que no se está cumpliendo elementos básicos del debido proceso y que si no fuese por los esfuerzos familiares, por lograr justicia justa, los procesados estarían librados a “su suerte”. Al Estado peruano, expresan las madres de los presos mencionados, “poco o nada les importa” la violación de los derechos humanos de sus súbditos en un Estado vecino, incumpliendo -con ello- su deber escencial y razón de existencia. El Gobierno Nacional de Bolivia conoce de estas vulneraciones, pero sus reacciones siguen siendo “tibias” frente a la magnitud del grave daño que se sigue generando.

En mis casi dos décadas de servicio al mejoramiento del Sistema de Justicia de Bolivia, de mi país y de otras naciones hermanas, he luchado para lograr una revalorización social positiva de los jueces y fiscales por ser pilares en la construcción de nuestra democracia. En esa medida, no puedo ser indiferente a casos concretos, como los que menciono, que dan cuenta de sistemas estatales perversos que discriminan y destruyen proyectos de vida.

Que la xenofobia no sea una característica más del Sistema de Justicia boliviano. Hago votos para que nuestros Estados pasen de ser entidades formales decorativas y hasta nominales, cuando se trata de derechos humanos, y que cumplan proactivamente con la protección y defensa de la persona humana, por ser su fin supremo; más allá de nacionalidades, chauvinismos y falsos patriotismos.  

Bolivia: Elementos para una agenda judicial

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 Correo del Sur (Sucre Bolivia)

Los Tiempos (Cochabamba Bolivia)

Nuevo Sur (Tarija Bolivia)

Marzo se aproxima y, en aras de no repetir lo ocurrido en el último quinquenio, conviene a las instituciones del Sistema de Justicia (Órgano Judicial, Tribunal Constitucional, Fiscalía General del Estado, Ministerio de Justicia y otras) difundir cuáles son los componentes de sus respectivas agendas, de cara a la sociedad y no divorciada de ella, en la perspectiva de contribuir a su fortalecimiento.

En coherencia a lo que hemos sostenido en los últimos años en el blog “Construyamos Justicia”, estas iniciativas y esfuerzos, desde lo público o privado, deberían inscribirse en el reto mayor de agendar oportunamente de modo técnico participativo y con pluralidad real, las acciones que el Sistema de Justicia necesita emprender para superar su crisis estructural. Nos referimos a la necesidad de promover y participar en una reforma judicial desde el enfoque de política pública evitando reformas cosméticas, mediáticas y coyunturales.

En este marco resulta importante lograr una propuesta de “reforma integral” que emerja del propio Órgano Judicial en acuerdo con las demás instituciones del Sistema de Justicia. Trabajar por cuenta propia debe ser el último recurso. Si en ese proceso se escucha y se promueve la participación social democrática, la institución judicial gana. La clave está en conocer a los posibles aliados y establecer acuerdos programáticos y con legitimidad. Las anteriores autoridades electas y designadas no propusieron al país agenda alguna y así, sin percatarse, contribuyeron a la crisis estructural de la Justicia, al permitir que sean las conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia Plural (una actividad política y no técnica), la hoja de ruta judicial. Esa historia se debe corregir.

Constituye error, en esa perspectiva, hacer gobierno y gestión judicial de puertas cerradas a lo social o sólo ser respaldadas por aquellas con afinidad política con el gobierno de turno, sin masa crítica y sin coordinación y colaboración interinstitucional a nivel judicial. También es un contrasentido el exacerbado sentido de pertenencia de instituciones que son de todos, que suelen desarrollar algunas autoridades. En esa línea, ayuda que las nuevas autoridades judiciales, en orden a los compromisos que asumieron frente a sus electores, generen condiciones para que, en lo posible, todas las voces sean escuchadas, en una lógica de democratización de la Justicia.

En Bolivia existe una importante cooperación internacional y nacional interesada en sumar al desarrollo institucional de todo lo que tiene que ver con los servicios de justicia, pero lo que falta es propuesta y claridad sobre lo que el Judicial necesita. Las instituciones judiciales tienen, en ese sentido, el deber de trabajar en sistema, porque sólo de ese modo podrán elaborar una propuesta para ponderar con los intereses de los órganos políticos que trascienda lo coyuntural. Esta cooperación, que es aun más necesaria en estos tiempos de ajuste económico y resistencia del Gobierno nacional a una mayor asignación presupuestal, no debe ser desdeñada y una seña que puede dar el Judicial para afirmar el diálogo entre las cooperantes y el Estado boliviano sería el inicio de la elaboración de la propuesta que planteamos y demandamos. En ese sentido, pude constatar -hace unos días- que hasta habría posibilidades incluso de tener apoyo de la cooperación internacional para la elaboración de esa propuesta integral de reforma al Sistema de Justicia.

En orden a lo anterior, se puede concluir que existen condiciones para que se retome la agenda judicial a partir de elementos aportes y compromisos concretos. La dimensión e impacto de las medidas que adopten, en pro del futuro judicial boliviano, está en manos de las nuevas autoridades judiciales ahora. Conspira contra la salud democrática de Bolivia si los años que siguen son de improvisación y falta de liderazgo en las instituciones judiciales y no se trasciende del discurso a la propuesta y acción concreta. Estos elementos son también, en esencia, ejercicio de autonomía e independencia judicial.

Existe un caudal de ayudas potenciales y una mirada cooperante para fortalecer la Justicia a partir de las iniciativas bolivianas, pero solo veremos un dique si no hay agenda. Que nuestra promesa de un país de justicia sea tal y no el recodo de un sueño que nunca fue, que nunca será.

Poder Judicial de Costa Rica: Un ejemplo a seguir

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 Correo del Sur (Sucre Bolivia)

Sin Rodeos (Cajamarca Perú)

El Poder (Tarapoto Perú)

Esta semana estuve nuevamente en Costa Rica, por invitación de la Corte Suprema, para compartir una conferencia sobre transparencia y predictibilidad judicial y litigio ético en su Congreso Anual 2017. En este marco aprecié los ostensibles avances que han logrado en su desarrollo institucional, especialmente en los planos de gestión gobierno y modernización judicial; que se reflejan en los elevados porcentajes de aprobación ciudadana a los distintos servicios judiciales (el segundo puesto en Iberoamérica). Un avance que no hubiese sido posible sin el apoyo democrático y respetuoso de los gobernantes de las últimas décadas y la función legislativa responsable y coherente con el marco constitucional y normativa internacional del Parlamento.

Es el Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial, reimpulsado cada seis años  (2013-2018), el marco para las acciones que orientan el proceso institucional hacia la constante mejora y la eficacia en el desempeño judicial, para ofrecer -a los casi cinco millones de costarricenses- un servicio accesible y de calidad.

El Poder Judicial, como parte del Estado costarricense, tiene una tradicional y firme independencia respecto a los otros poderes y es respetado por gobernantes y gobernados; en la medida que en las últimas décadas ha contribuido al fortalecimiento de la paz y la erradicación de la pobreza, en el marco de la promoción del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 (ONU 2015).

En Costa Rica, país que no tiene fuerzas armadas desde hace 69 años, el presupuesto del Poder Judicial representa el 5.6% del producto bruto interno nacional (promedio de la última década). El ciclo presupuestario permite que los jueces formulen una propuesta de gasto que se presenta a la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, el cual realiza un análisis y efectúa los ajustes necesarios para correr traslado al Legislativo en busca de su aprobación. En este país desde 1957, conforme a la Constitución, el presupuesto del Poder Judicial debe ser del 6%.

Los esfuerzos actuales, en lo tecnológico, están centrados en: avances en el expediente electrónico, inteligencia de negocios, apoyo de las tecnologías para lograr justicia abierta en el Poder Judicial, uso de las videoconferencias, interoperabilidad con otras instituciones (experiencias en depósitos judiciales, migración y extranjería), consulta de expedientes judiciales, envío de demandas y escritos, notificaciones judiciales por gestión en línea, solicitud de órdenes de apremio, solicitud de hoja de delincuencia de citas de tránsito de sentenciados en fuga de impedimentos de salida del país de información geo-referencial, servicios disponibles a través de tecnología móvil y guía integrada de oficinas, entre otras.

También pude apreciar que han perfeccionado los mecanismos de selección de jueces a través de un procedimiento meritocrático, la permanencia en el cargo a través de nombramientos por períodos relativamente largos, la autonomía financiera a través de recursos suficientes para personal e infraestructura, y la profesionalización del personal judicial. En esa medida, su autonomía presupuestaria les ha ayudado a aislar al Judicial de presiones externas (especialmente políticas) e internas y se ha consolidado una burocracia judicial con identidad propia, que lucha constantemente por reivindicaciones laborales.

Costa Rica tiene un PBI per cápita de 11.824,64 USD (2016), al igual que gran parte de los países latinoamericanos, sin embargo, hace más de cincuenta años, tomó decisiones que han colocado a sus instituciones, el Poder Judicial entre ellas, como modélicos de lo que se debe hacer. Un ejemplo a seguir por los pueblos latinoamericanos, en especial en aquellos donde existen gobernantes que se autoproclaman transformadores y revolucionarios. En Costa Rica los políticos pactaron estas medidas, las han sostenido en el tiempo junto a su Pueblo y ahora cosechan resultados.

Justicia boliviana: entrevista a jurista Eddie Cóndor Chuquiruna

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 La Mula (Lima Perú)

1. ¿Desde una perspectiva de reforma integral al Sistema de Justicia, que Usted insiste en promover en Bolivia, qué balance tiene de lo realizado en los en los últimos años, por las autoridades judiciales electas?

El balance es negativo. La transición hacia el desarrollo del modelo integrado de justicia plural, que la Constitución de 2009 reconoce a los bolivianos, no contó con instrumentos técnicos, como un plan estratégico de reforma integral al Sistema de Justicia, emergente de un proceso participativo plural e incluyente, que lo viabilice. Fue el Gobierno, con una presencia predominante del Ministerio de Justicia y la Asamblea Legislativa Plurinacional (con mayoría oficialista), los que concentraron y dirigieron la agenda judicial, en orden a sus tiempos prioridades e intereses.

Si las instituciones que hacen al Sistema de Justicia, hubiesen tenido la capacidad de hacer propuesta en materia de gestión y gobierno y en lo jurisdiccional, entre el primer y segundo año de su mandato, a lo mejor se hubiese evitado la mediática Cumbre Nacional de Justicia Plural, cuyas conclusiones, hoy, son la hoja de ruta de lo judicial; un grave error, en la medida que materializa la agenda política del Gobierno en lo judicial, situación que sigue agudizando la estructural crisis judicial.

En estos cinco años, el Sistema de Justicia brindó sus servicios sobre gran parte de las mismas estructuras organizativas del pasado, con el mismo recurso humano y con igual y/o menor presupuesto de hace diez años. Sólo se cambió de nombre a las instituciones y se dictó algunas normas sustantivas y adjetivas, algunas incoherentes y contradictorias con el marco constitucional, que sería buena ponerlas en debate público nacional para su adecuación constitucional.

2. ¿Qué debería ocurrir, considerando lo que señala, para sentar bases para una genuina reforma judicial?

Nuestros países necesitan líderes en las instituciones judiciales. Me refiero a autoridades con una fuerte y extendida legitimidad social a nivel nacional. Personas que además tengan conocimiento y experiencia en lo jurisdiccional gobierno gestión y realidad judicial; perfiles que de manera permanente y persistente creen propongan y aprueben las medidas que ayuden afianzar el desarrollo institucional e independencia del Sistema de Justicia. Este trabajo debe darse en coordinación con los otros órganos del Estado y no en una relación de sometimiento. Es un contrasentido, y conspira contra cualquier genuina reforma judicial, cuando los integrantes de los órganos políticos (los gobiernos de turno) consideran que dicho proceso es su patrimonio.

Se necesita además un acuerdo nacional por la justicia, un pacto político que emerja de un espacio plural y convocante que, a partir del enfoque de política pública, proponga al país, los componentes de la reforma en el corto, mediano y largo plazo. En el caso boliviano el Tribunal Supremo de Justicia tiene iniciativa legislativa y podría, vía este mecanismo constitucional, proponer algo así y con ello asumir liderazgo en la anhelada reforma.

3. ¿El Ministerio de Justicia y la Asamblea Legislativa Plurinacional, en estos años, sumaron o restaron a la crisis existente?

Tengo dos valoraciones al respecto: La primera me permite decir que el Gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional, en estos años, han demostrado no tener interés en apoyar el desarrollo de una auténtica reforma judicial; pese a tener una misma línea política que facilitaría enormemente el proceso. Si ese supuesto no corresponde, han demostrado incapacidad total, porque se han limitado a hacer parches normativos, la mayoría mediáticos, pese a que la Constitución les impone un esfuerzo mayor.

Esta realidad se expresa (para citar algunos ejemplos) en leyes como la 025, 073 y otras, que construyeron y aprobaron -coordinadamente- y que han vaciado de contenidos a la carrera judicial, régimen disciplinario de jueces y han limitado el fortalecimiento de la justicia indígena.

4. ¿Encuentra Usted una relación entre la elección de autoridades judiciales y la falta de reforma judicial?. ¿Puede ser una oportunidad para iniciar la reforma judicial, el contar con nuevas autoridades que resulten elegidas en diciembre?

Encuentro una relación directa entre la actual situación de la justicia, el perfil de las autoridades electas el año 2011 y la conducta del Gobierno y el Legislativo. Estos últimos, por falta de liderazgos de las nuevas autoridades, se apoderaron de la agenda judicial e impidieron que éstas, en su mayoría debilitados por los escándalos personales que generaron, propongan e implementen medidas trascendentes que afiancen su independencia. Las autoridades judiciales fueron limitadas a través de la imposición de un marco jurídico y presupuesto insuficientes, pero además por la designación de autoridades en el Ministerio de Justicia con perfil autoritario. Es bueno recordar que una vez posesionadas las actuales autoridades judiciales, éstas fueron abandonadas -a su suerte- por los órganos políticos, los que paradógicamente años después aparecieron criticando la situación y olvidando que son los causantes de gran parte de la crisis.

Este complejo escenario, que no debería repetirse, eleva aun más la valla a las nuevas autoridades judiciales que resulten elegidas en diciembre, porque les plantea el desafío de lograr consensos que permitan tener una agenda común con los demás órganos del Estado. Es una oportunidad, no obstante, que debe ser aprovechada desde el primer día de trabajo de las nuevas autoridades.

Queda claro que las experiencias exitosas de reforma judicial en el mundo, han superado estas barreras, que en el caso boliviano aun siguen latentes debido a la excesiva presencia de los órganos políticos en lo judicial.

5. Si la crisis judicial tiene (así se entiende de su análisis) como una de sus causas la elección popular de sus autoridades, ¿debe mantenerse o modificarse el mecanismo constitucional existente?

El mecanismo de elección popular de autoridades judiciales, que por cierto no comprendo porqué no involucró al Fiscal General, aun no ha sido puesto a prueba desde una lógica de construcción democrática de la justicia, esto es en orden al espíritu de la Constitución y a los estándares del derecho internacional sobre selección y nombramiento de “altas autoridades”.

Sí creo necesario que actual Gobierno debe comprender que no suma -en absoluto- al desarrollo de la independencia judicial, el acceso a sus servicios y la credibilidad social, si mantiene el mismo nivel de intromisión y manipulación del proceso de pre selección de candidatos. Si los políticos en gobierno siguen en esta misma lógica y conducta, habría que repensar el mecanismo y recrear uno que democratice -realmente- el acceso de las autoridades judiciales.

Para la población no sólo debe estar reservado el voto de los pre seleccionados, que debería ser informado, sino que se le debe promover y facilitar su participación durante todo el proceso, ya sea como candidatos (los que tienen mejores meritos) o siguiendo el mismo a través de veedurías y otros mecanismos de participación y control social técnico y no político.

6. Sólo es responsabilidad de autoridades judiciales, Gobierno Nacional y Asamblea Legislativa Plurinacional, la falta de reforma judicial?

La crisis de la justicia en Bolivia es estructural y superar sus déficits demanda la participación de gobernantes y gobernados. Son las autoridades judiciales las que deben liderar dicho proceso, en una relación efectiva de coordinación y respeto y en orden a las competencias de cada órgano del Estado y demás instituciones concernidas. Se debe trabajar en la construcción de coaliciones a favor de la reforma judicial.

La universidad debe abandonar su estado de comodidad indiferencia anomia y parálisis institucional, en relación a la estructural crisis judicial. Los colegios de abogados deben seguir siendo centro permanente de interpelación, de propuesta especializada y estar integrados por miembros con prácticas de litigio ético. Los medios de comunicación deben orientar su conocimiento al periodismo judicial y la población en general debe desarrollar cultura jurídica y judicial básica.

Es opción limitarse a la crítica descarnada o pasarse la vida de espectador. No obstante, las personas con ciudadanía activa y visión y prácticas democráticas buscan la forma de ser parte de cualquier proceso de mejora institucional; inclusive cuando las reglas de juego son desfavorables.

7. Para finalizar, a modo de conclusión, ¿qué recomienda a las autoridades judiciales actuales?

Que trabajen en la transición judicial, en aquellos aspectos que tienen que ver con lo jurisdiccional (casos y carga procesal), gobierno institucional y gestión de despachos, que toca el recurso humano con el que cuenta cada institución. Se debe evitar que haya pérdidas de tiempo y recursos económicos que no se tienen.

Las nuevas autoridades, que inicien funciones en enero de 2018, deberían encontrar instituciones con relativo orden, con planes básicos estructurados y presupuesto asignado. En esa medida, es su responsabilidad de las actuales autoridades generar esas condiciones, en coordinación con los sectores concernidos del Gobierno Nacional.

La sociedad debe ser vigilante de este importante momento y en ese cometido los medios de comunicación deben jugar un papel central; considerando que necesitamos desarrollar cultura judicial y jurídica en nuestros países.

Bolivia: Reforma judicial y elecciones 2017

Publicado en:

La Razón (La Paz Bolivia)
Los Tiempos (Cochabamba Bolivia)
Correo del Sur (Sucre Bolivia)
El País (Tarija Bolivia)

La reforma judicial no puede esperar más. Nueve años de nueva Constitución, doce del inicio del “proceso de cambio” y nada ha mejorado. Seguimos en un contexto de predominio de los órganos políticos frente a un Órgano Judicial y demás instituciones del Sistema de Justicia debilitados por sus propias acciones y omisiones frente al poder político. A partir de allí, el criterio es que las autoridades que resulten más votadas en la elección judicial 2017 lideren la reforma judicial, pero en orden a una estrategia de coordinación para la cooperación con el Ministerio de Justicia y la Asamblea Legislativa Plurinacional y no de imposición o sometimiento.

Este reto mayor es posible de superar si las nuevas autoridades reconocen la situación de crisis estructural de la justicia y promueven que similar ejercicio y reconocimiento, entre otros ámbitos, se realicen en la universidad pública y privada, en los gremios de abogados y medios de comunicación. De estos sectores, como consecuencia de ese proceso de mea culpa y autocrítica, deben surgir pautas que, sumadas a las de sociedad civil, ayuden agendar acciones que en un corto mediano y largo plazo transformen esas situaciones críticas en acceso efectivo a servicios de justicia justos. Insistimos en que no existe reforma judicial exitosa que no haya convocado a estos sectores y les permitiera ser parte importante y específica del proceso.

Bolivia no mejorará su insuficiente democracia, si sus políticos, el gobierno y otros sectores de poder no priorizan la reforma judicial y la promueven desde el enfoque de política pública. Deben comprender que resulta cada día más peligroso para la gobernabilidad del país que los jueces sigan perdiendo credibilidad y que el respaldo social del que deben gozar se vaya trocando en rechazo y desconfianza generalizada.

Las nuevas autoridades judiciales deberán expulsar del escenario de coordinación y cooperación interinstitucional aquellas formas de injerencia existentes. Les corresponderá también, por ser una necesidad, en ejercicio y lógica democrática, impedir que sigamos con reformas judiciales cosméticas, mediáticas y coyunturales.

Por la forma como la Asamblea Legislativa Plurinacional ha llevado a cabo el proceso de preselección de candidatos, será un imperativo generar legitimidad para las nuevas autoridades judiciales y es una oportunidad de lograrlo, el establecimiento de las alianzas que les planteo.

Proteger a las instituciones del Sistema de Justicia de las presiones que hemos presenciado estos últimos seis años y antes, pasa por generar un ámbito de participación ciudadana informado que transforme -haciendo-, cree y afiance mecanismos de control social de la Justicia. Pasa también por propiciar el liderazgo judicial en su propio proceso de reforma con la fuerza legitimadora, la cual sólo la puede dar la contribución de la sociedad civil y la validación social durante su transcurso.

Los órganos políticos (Gobierno y Congreso) deben servir al proceso de reforma integral del Sistema de Justicia, promoverlo facilitarlo respaldarlo y no más instrumentalizarlo; como ha ocurrido hasta hoy. Aun están a tiempo y las nuevas autoridades constituyen una oportunidad, antes de que los déficits democráticos cedan a una autocracia.

¡Los jóvenes a la política!

Publicado en:

Semanario Expresión (Chiclayo Perú)

Hoy recordé a Saúl Cóndor Medina y con él a Víctor Raúl Haya La Torre, porque ambos hicieron de la política un apostolado. Haya solía concluir que la verdadera misión es la que se reviste de corazón. Saúl demostró que solo la pasión que enraíza en nuestros actos e intenciones es la que nos forja para el reto de la buena política. Lo demás es espíritu acomodaticio e interés. El político genuino es el que comprende que su sacerdocio y su magisterio trascienden al poder efímero. Decía Haya: “Quienes han creído que la misión del aprismo es llegar a Palacio, están equivocados… la misión del aprismo es llegar a la conciencia del pueblo, antes que llegar a Palacio. A la conciencia del pueblo se llega… con la luz de una doctrina, con el profundo amor a una causa de justicia, con el ejemplo glorioso del sacrificio…”

Luis Alberto Sánchez también nos transmitió la sustancia de la política. El éxito no es alcanzar los pináculos deseables o el poder, es servir, “servir en cualquier capacidad. Realmente gozo sirviendo, me molesta mucho cuando no puedo servir. No me ha interesado mucho el sobresalir. … lo que me interesa es seguir sirviendo y seguir haciendo cosas”. Saúl vivió para servir a su San Gregorio y Agua Blanca en San Miguel Cajamarca.

Ahora que la corrupción acosa a América Latina y cuestiona la esencia de la política, los jóvenes que pisan en el umbral de la política deben memorizar estas frases y entender que la verdadera transformación del Perú y el mundo está en sus manos si es que entienden la política como una entrega, como una misión, como una docencia del desprendimiento, como un trabajo del No Yo. Pero el espíritu no es suficiente, debe ser una entrega colmada, con contenido de ideas y propuestas. Los jóvenes deben comenzar estudiando, para dilucidar qué ha cambiado desde los años germinales de los grandes debates en el siglo XX hasta hoy ¿Es una señal de nuestra decadencia como países que las grandes preguntas se respondan en una fiscalía o ante un juez o una comisión investigadora? La política no debe quedarse en los periódicos, debe explorarse en los grandes libros y en las líneas de los grandes maestros ¿Cuáles son hoy las grandes preguntas que se hacen los jóvenes? ¿Las que leen con pasmo en las portadas de los diarios? ¿Debemos volver atrás e inspirar nuestra acción en las interrogantes sobre el régimen económico que Haya, Mariátegui y Víctor Andrés Belaunde gestaron en la conciencia nacional? ¿Debemos resolver el gran reto geográfico que se planteó Belaunde Terry? ¿Y el espíritu de exploración y respuesta que se planteó el joven Riva Agüero de los “Paisajes peruanos? ¿Y las grandes dudas sobre la educación de los sabios pioneros?

No hay futuro sin jóvenes que vuelvan a las viejas grandes preguntas, porque de la ausencia de preguntas nace la sed mercantil y el espíritu fenicio, el hambre de fugaces lumbres, la avidez de fama. Los jóvenes deben entender, como Haya, Sánchez, Mariátegui y los Belaunde, que la política es un sacerdocio, una misión, un servicio; pero que fertilizarán la tierra solo si se acompaña de preguntas, de doctrinas, de propuestas claras.

¿Qué papel les toca a los jóvenes políticos para adecentar y centrar el debate? ¿Qué papel tienen los partidos políticos para formar nuevas generaciones? ¿Qué puede aportar una ley de partidos para que los jóvenes sean visibilizados?.

Por tal razón es pertinente mencionar que uno de los actuales temas de reforma en Perú y Latinoamérica es el de la crisis estructural de los partidos políticos. Muchos de estos son combis electorales (alimentadas por el voto preferencial) que lleva a las organizaciones a preferir la participación de solventes postulantes a la de aquellos jóvenes que, desprovistos de recursos, solo tienen como sustento su capital intelectual. Pero el intelecto no paga una campaña, la paga el financista al que lo mueve poco o nada el cambio, el ideal o el apostolado. La regeneración de la política solo será posible si es que cambiamos los viejos patrones de juego y apoyamos el encumbramiento de jóvenes valores, de esos que en germen constituyen la base de la institucionalización de las organizaciones con vista a futuro. A ellos debemos formarlos en democracia, en Estado de Derecho, en pasión por la justicia social y en vocación por la libertad.

El Perú a 196 años de vida independiente y otros países no se definen, han perdido el gesto de la pregunta, son países cuyas generaciones se suceden sin fecundar, por eso no tienen nuevos líderes con visión apostólica sino -en su mayoría- mercaderes haciendo política. La voz lapidaria de González Prada no tiene eco en la formación de una nueva intelectualidad, joven, potente, estremecedora, que nos arrastre y nos subvierta.

Los años venideros deben ser un tiempo para ellos, para los que postulen una conciencia limpia, una doctrina clara y una virtud sólida. Solo así afrontaremos el bicentenario con la génesis de la esperanza ¿Estamos preparados para una política en serio desde los jóvenes? La respuesta subyace como médula en el mensaje del maestro en el Politeama: “los troncos añosos y carcomidos produjeron ya sus flores de aroma deletéreo y sus frutas de sabor amargo. ¡Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutas nuevas! ¡Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra!”